Índice AI: AFR 29/05/91/s

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GUINEA

LOS DERECHOS HUMANOS SIGUEN SIN PROTECCIÓN

Los derechos humanos fundamentales siguen sin recibir protección en Guinea, siete años después de la promesa del entonces nuevo gobierno de poner fin a las violaciones de los dirigentes anteriores, ha declarado Amnistía Internacional hoy.

Al publicar un nuevo informe sobre el país, la organización afirmó: "Los opositores políticos han seguido sufriendo persecución y prisión, y continúan llegando a la organización informes de tortura. Mientras no se implanten las salvaguardias legales adecuadas, seguirán produciéndose abusos en Guinea."

El informe relata violaciones de derechos humanos desde 1984, cuando un gobierno militar asumió el poder tras la muerte del presidente Sekou Touré. El nuevo gobierno prometió terminar con las violaciones que habían tenido lugar durante los 26 años que estuvo Sekou Touré en el poder. Sin embargo, afirma Amnistía Internacional, "un año después empezaron a reproducirse las situaciones del pasado, en que los presos eran torturados y 'desaparecían'. Las cuestiones que planteamos al gobierno no han recibido respuesta y cada año se dan a conocer nuevos casos de violaciones de derechos humanos".

Año tras año salen a la luz nuevos casos de tortura; a pesar de ello, el gobierno no adopta medida alguna para impedir la detención en régimen de incomunicación, durante la cual, los presos pasan largos periodos a merced de la policía de seguridad. El año pasado, algunos de los refugiados que huían de la violencia de Liberia fueron torturados en Guinea. En 1989, un joven de 17 años murió mientras se encontraba bajo custiodia policial, al parecer como consecuencia de torturas. Seis personas murieron al abrir fuego la policía durante una violenta manifestación de protesta por su muerte. Se han dado otros casos de homicidios que el gobierno no ha criticado: al menos cinco personas murieron y varias decenas resultaron heridas el año pasado cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra estudiantes que se manifestaban.

El gobierno no ha dado aún razón de 63 personas que "desaparecieron" tras un intento de golpe de Estado que tuvo lugar en 1985. Unas 340 personas fueron sometidas a juicios que carecían totalmente de garantías; 201 de ellas fueron condenadas. El gobierno asegura que todos los condenados se encuentran ya en libertad, pero se desconoce la suerte que han corrido 63 de ellos.

"Nadie sabe lo que ha sido de ellos. Parecen haberse desvanecido en el silencio", ha afirmado Amnistía Internacional.

Otros opositores políticos han sufrido también la conculcación de sus derechos humanos. Guinea fue un Estado unipartidista desde 1958 hasta 1984. El gobierno actual sigue sin permitir los partidos políticos y quienes se oponen a él siguen enfrentándose a detenciones y procesos, e incluso a detención sin cargos y torturas.

El principal partido de la oposición, que ha tratado de establecerse de forma abierta, es la Agrupación del Pueblo Guineano, (Rassemblement du peuple guinéen, RPG). Amnistía Internacional lleva registrando detenciones de supuestos miembros de este partido desde 1988.

En mayo y junio de 1991, varias personas fueron arrestadas con motivo del regreso del secretario general del RPG, Alpha Condé, a Guinea. Cinco miembros del partido fueron detenidos dos días después de su regreso por organizar una reunión en la que él debía hablar. También fueron arrestados un periodista y un fotógrafo.

Unas 60 personas, entre las que se encontraba el hermano de Alpha Condé, fueron detenidas un mes después. Diez fueron procesadas pero solamente una fue condenada. Otro miembro del RPG estuvo detenido unos días en octubre. El propio Alpha Condé acabó por abandonar el país.

En octubre, siete obreros de Kamsar fueron condenados a penas de cárcel por tratar de organizar una huelga. Llevaban ya dos meses en prisión preventiva esperando el juicio y actualmente están libres mientras se resuelve un recurso.

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno d Guinea para que adopte medidas básicas para la protección de los derechos humanos. Entre ellas debe figurar el derecho de todos los detenidos a comparecer ante el juez poco después de su arresto, algo que ya establece la ley pero que no ocurre en la práctica. Unida a una limitación estricta de la detención en régimen de incomunicación, esta medida sería un paso crucial para terminar con la tortura. La organización está presionando también para que se realicen investigaciones sobre las muertes y "desapariciones" provocadas por las fuerzas de seguridad.