Público

Amnistía Internacional

GUINEA-BISSAU

Los derechos humanos,

bajo el fuego enemigo

Julio de 1998

Índice AI: AFR 30/04/98/s

Distr.: CC/SC/CO/GR (28/98)

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

GUINEA-BISSAU

Los derechos humanos,

bajo el fuego enemigo

El violento conflicto que tiene lugar en el Estado de Guinea-Bissau, en África Occidental, iniciado el 7 de junio de 1998, ha generado alrededor de trescientos mil desplazados internos y unos trece mil refugiados, de una población total de 11 millones de personas. Los dos bandos opuestos del conflicto, una facción de las fuerzas armadas leal al ex jefe del estado mayor de las fuerzas armadas, general de brigada Asumane Mané, y tropas leales al gobierno, así como tropas senegalesas que ayudan al gobierno de Guinea-Bissau, han cometido violaciones de derechos humanos e infringido las leyes humanitarias. La protección de la vida y la integridad física de los no combatientes es uno de los principios esenciales de las leyes humanitarias. Amnistía Internacional pide a todos los implicados en el conflicto, a los gobiernos de Guinea-Bissau y de Senegal, así como a la junta militar rebelde, que acaben con las torturas y con los homicidios deliberados y arbitrarios que se están produciendo. La organización también ha pedido a los representantes de la comunidad internacional que están intentando poner fin al conflicto que insistan en el respeto a los derechos humanos.

Los combates empezaron tras la destitución del general de brigada Asumane Mané como jefe del estado mayor de las fuerzas armadas por el presidente João Bernardo "Nino" Vieira el 6 de junio de 1998. Ya lo habían suspendido de sus funciones en enero de 1998, porque el gobierno lo consideraba sospechoso de implicación en operaciones de suministro de armas a grupos separatistas de la región senegalesa de Casamancia. Al mismo tiempo, en diciembre de 1997 y enero de 1998 el gobierno detuvo también a más de veinte personas, entre ellas soldados y civiles de Guinea-Bissau y civiles senegaleses a los que consideraba sospechosos de implicación en el tráfico de armas. Esto provocó un aumento de la tensión dentro de las fuerzas armadas, muchos de cuyos miembros ya estaban insatisfechos por el bajo nivel de los salarios y las deficientes condiciones de trabajo. Muchos manifestaron su apoyo al general de brigada Asumane Mané tras su destitución y protagonizaron una rebelión armada.

En virtud de un acuerdo de seguridad firmado entre los gobiernos de Guinea-Bissau, Senegal, la República de Guinea y Gambia en octubre de 1997, tropas de Senegal y de la República de Guinea están ayudando al gobierno de Guinea-Bissau a sofocar la rebelión armada. El conflicto ha tenido ya efectos devastadores, aunque se desconoce el número de muertos. Las personas desplazadas por el conflicto han sufrido una grave escasez de alimentos y de suministros de medicamentos y a menos que se restaure pronto la paz no habrá tiempo de plantar la próxima cosecha de arroz. Se teme la aparición de epidemias, especialmente al cólera. Los bombardeos en Bissau, la capital, han reducido muchos edificios a escombros.

Abusos contra los derechos humanos cometidos por todos los bandos contendientes

Poco tiempo después del inicio de los combates se interrumpieron las comunicaciones con Guinea-Bissau y se hizo muy difícil vigilar si se estaban respetando los derechos humanos. No obstante, más recientemente, Amnistía Internacional ha recibido informes que sugieren que las fuerzas que luchan del lado del gobierno, incluidas las tropas senegalesas, están cometiendo de forma generalizada abusos contra los derechos humanos, entre ellos torturas y homicidios deliberados y arbitrarios, y palizas a los prisioneros que están en manos de los soldados rebeldes. Según estos informes, algunos críticos o supuestos opositores al gobierno han sido amenazados de muerte. Los rebeldes tienen detenidos a más de doscientos civiles y los someten a brutales palizas. Algunos refugiados han contado a Amnistía Internacional que han visto cadáveres u oído hablar de personas a las que han matado deliberadamente asaltantes desconocidos. Al parecer, a algunas las mataron para robarlas, a otras posiblemente las consideraban sospechosas de apoyar al bando opuesto en el conflicto y a otras puede que las matasen por enemistades personales.

Según informes, varias personas se han ocultado, temiendo un posible arresto por las fuerzas gubernamentales. Entre ellas hay miembros de una comisión parlamentaria de investigación sobre suministro de armas a través de la frontera septentrional de Guinea-Bissau a los separatistas rebeldes de la zona senegalesa de Casamancia. Al parecer, la comisión de investigación ha hallado pruebas de la implicación de altos funcionarios del gobierno en este tráfico de armas. Se teme también por la seguridad de otras personas que han criticado al gobierno, entre ellas periodistas y activistas de derechos humanos.

Las fuerzas del gobierno han detenido a civiles; algunos fueron puestos en libertad poco después, otros permanecieron detenidos. Según informes, la mayoría de los detenidos han sido torturados. Entre los civiles detenidos por las fuerzas del gobierno están Ezequiel Ferreira, ingeniero de comunicaciones, que fue detenido el 15 de junio de 1998 bajo sospecha de pasar información a los rebeldes. Según los informes, lo llevaron al cuartel militar de Amura, en el centro de Bissau. No se ha vuelto a saber nada de él. Asumane Fati, miembro del partido político de oposición Unión para el Cambio (União para a Mudança, UM), fue detenido el 4 de julio de 1998 y acusado de criticar al presidente João Bernardo ''Nino'' Vieira. Había salido de su casa para intentar encontrar alimentos cuando un soldado lo arrestó y lo llevó a una celda del cuartel central de la policía. Allí lo golpearon por todo el cuerpo con un cinturón de un uniforme militar. Uno de los golpes le laceró el oído derecho. Lo pusieron en libertad después de la paliza. Poco después de iniciarse el conflicto, Asumane Fati había organizado una petición solicitando un final pacífico para la crisis y creía que ese había sido el motivo de su detención. Edmundo Antero Luis Alsama "Yala", ingeniero de construcciones civiles, fue detenido el 6 de julio de 1998 por la policía municipal en Bissau y llevado al cuartel central de la policía, donde lo tienen recluido. Según informes, lo torturaron. Su detención se produjo cuando unos soldados rebeldes se acercaron a su padre, Duke Djassy, oficial militar de alta graduación retirado, y le pidieron que se uniese a la rebelión, pero al parecer él se negó diciendo que era demasiado viejo para luchar. Edmundo Antero Luis Alsama "Yala" continúa detenido en la comisaría central de policía. Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los que han sido detenidos, entre ellos los arrestados en diciembre de 1997 y principios de 1998 como sospechosos de suministrar armas de contrabando a los rebeldes de Casamancia. En el pasado se ha torturado a personas detenidas en relación con asuntos delicados desde el punto de vista político. La ocasión más reciente fue cuando se torturó durante los interrogatorios a personas detenidas a finales de 1997 y principios de 1998 bajo sospecha de pasar armas de contrabando a los rebeldes de Casamancia.

Las tropas senegalesas que apoyan al gobierno de Guinea-Bissau han cometido violaciones de derechos humanos. Algunos refugiados han informado de que los soldados senegaleses han cometido violaciones de derechos humanos: han violado a mujeres, han golpeado a civiles que no les entregaban su dinero u otras pertenencias y han recluido a personas en un edificio de una parte de la ciudad conocida como Pequeño Moscú (Pequeno Moscovo) y las han golpeado para obtener información. Según informes, a finales de junio de 1998 unos soldados senegaleses detuvieron a un hombre en Pequeño Moscú, le ataron las piernas y los brazos con una cuerda, lo golpearon brutalmente y después le untaron el cuerpo con una sustancia que le quemó la piel. Logró huir y los transeúntes lo ayudaron y lo llevaron a un hospital. Amnistía Internacional ha recibido en anteriores ocasiones informes que indicaban que soldados senegaleses habían usado esta forma de tortura en la región senegalesa de Casamancia. Según informes, la sustancia usada es una mezcla de plástico fundido y gasolina.(1)

En otro caso ocurrido también a finales de junio de 1998, un soldado senegalés disparó contra dos guardias de seguridad que custodiaban la embajada de Estados Unidos, matando a uno de ellos e hiriendo al otro. Los dos guardias de seguridad desarmados estaban sentados en un bando de madera cuando un grupo de soldados senegaleses pasó por delante de ellos. Según un informe sobre el suceso, uno de los soldados senegaleses se volvió de repente y abrió fuego sin previo aviso con una ametralladora. Los dos guardias de seguridad estaban en su puesto todos los días desde hacía dos semanas.

Se cree que los rebeldes tienen retenidos a más de doscientos civiles extranjeros, la mayoría de ellos senegaleses. Hay alrededor de veinte civiles extranjeros más procedentes de Liberia, Nigeria y Sierra Leona que están recluidos separados de los anteriores. Según informes, a los presos los han atado y los han golpeado con cañones de armas.

Personas de Guinea-Bissau y representantes de los gobiernos angoleño y portugués han hecho esfuerzos para restaurar la paz entre el gobierno de Guinea-Bissau y los rebeldes. El 4 de julio de 1998, miembros de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (ECOWAS) que habían mantenido una reunión en Costa de Marfil publicaron una declaración reafirmando su apoyo al gobierno electo de Guinea-Bissau y al respaldo que ya le habían otorgado los ejércitos de la República de Guinea y de Senegal.

Las leyes internacionales obligan a los implicados en la contienda a proteger la vida y la seguridad personal de los prisioneros y de las personas que no toman parte activa en las hostilidades. El artículo común 3 a cada uno de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 afecta a todas las partes implicadas en un conflicto. Prohíbe, entre otras cosas, los atentados contra la vida y la seguridad corporal, en particular todos los tipos de homicidio, así como los tratos crueles y degradantes y la tortura. Guinea-Bissau se adhirió a los Convenios de Ginebra en 1974. Además, las leyes internacionales de derechos humanos, entre ellas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, prohíbe el uso de la tortura y la privación arbitraria de la vida en todas las circunstancias. La prohibición de la tortura es un derecho no derogable y no puede suspenderse ni siquiera durante un estado de excepción o una guerra.

Amnistía Internacional ha pedido a todas las partes implicadas en el conflicto que respeten los derechos humanos. La organización pide a la comunidad internacional, especialmente a los que participan en negociaciones de paz, que convenzan a las partes de la necesidad de cumplir las disposiciones del artículo común 3 de los Convenios de Ginebra. También les insta a garantizar a que cualquier acuerdo de paz que se ponga en marcha sirva para establecer el respeto a los derechos humanos, y que incluya mecanismos para proteger y vigilar estos derechos.

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(1) Véase Senegal: Climate of terror in Casamance(Índice AI: AFR 49/01/98) de marzo de 1998.