Índice AI: AFR 30/009/2001/s Servicio de Noticias 110/01

27 de junio de 2001 Documento público

Guinea-Bissau: ataque sostenido contra la libertad de expresión

Amnistía Internacional ha expresado hoy preocupación por el hecho de que en Guinea-Bissau se ha producido un nuevo ataque contra la libertad de expresión al formularse cargos de difamación contra dos periodistas. Durante los últimos meses se ha hostigado y detenido a otros periodistas por criticar la política del gobierno o informar sobre cuestiones que las autoridades consideran confidenciales.

«La libertad de expresión es un derecho fundamental proclamado tanto en la Constitución guineana como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Guinea-Bissau es Estado Parte. El gobierno debe adoptar medidas inmediatas para poner fin a la detención arbitraria y el hostigamiento de periodistas y poner a disposición judicial a los responsables de estos abusos», dice Amnistía Internacional.

En el caso más reciente, João de Barros, propietario del periódico Diário de Bissau, fue detenido en su domicilio el domingo 17 de junio de 2001 por miembros de la policía de seguridad del Estado. Al día siguiente, esta misma fuerza detuvo a Athizar Mendes, periodista del Diário de Bissau, en dependencias del periódico.

Al parecer, no se habían emitido órdenes judiciales para la detención de estos dos hombres, a los que se imputa publicar un artículo en el que se criticaba la corrupción y el mal uso de fondos públicos por parte del gobierno. Asimismo, se han recibido informes que indican que la detención de Athizar Mendes podría estar relacionada también con otro artículo que había escrito anteriormente acerca de la breve detención del ex jefe de la policía de seguridad del Estado, ocurrida en junio.

João de Barros y Athizar Mendes estuvieron recluidos en dependencias del Servicio de Seguridad del Estado (Serviço de Segurança do Estado), que forma parte del Ministerio de Administración Interna (Interior). Los dos quedaron en libertad bajo fianza el 19 de julio de 2001, y están en espera de juicio por cargos de difamación y calumnia. Estos delitos son punibles con periodos de hasta un año de cárcel o con multas. Se ha ordenado a ambos periodistas que se presenten ante el tribunal regional de Bissau cada dos semanas.

Información general

Estas detenciones y actos de hostigamiento forman parte de un cuadro generalizado que se ha ido arraigando desde la llegada al poder del presidente Kumba Ialá, en febrero del 2000. Desde entonces, y en especial durante los últimos meses de este año, los periodistas se han convertido en blanco de amenazas y detenciones arbitrarias. Entre los incidentes más recientes están los que se refieren a continuación:

– El 27 de enero de 2001, Bacar Tcherno Dolé, periodista de la radio nacional y del semanario No Pintcha, fue detenido y pasó dos días recluido sin cargos por informar de un ataque lanzado por rebeldes casamantinos en la zona de São Domingos, en Guinea-Bissau, a lo largo de la frontera con la provincia meridional senegalesa de Casamancia. Bacar Tcherno Dolé fue detenido por agentes de policía y miembros de las fuerzas armadas que lo sometieron a intimidación durante la aprehensión y el interrogatorio.

– El 15 de febrero la policía detuvo a Athizar Mendes y a un fotógrafo y un chofer del Diário de Bissau; los mantuvieron recluidos 24 horas y les confiscaron las cámaras fotográficas. Los tres hombres habían acudido a la jefatura de la policía de seguridad del Estado, donde estaban detenidos varios miembros del cuerpo diplomático de Guinea-Bissau, para escribir un artículo sobre esa detención.

– El 14 de marzo, Adolfo Palma, corresponsal de la agencia de noticias portuguesa Lusa, se enfrentó con cargos de difamación presentados por un miembro de la oficina del Presidente. Adolfo Palma había informado de que el 17 de febrero de 2001 se había detenido a cuatro personas por sospecha de participar en una conspiración para derrocar al gobierno. El miembro de la oficina del Presidente alegó que se había detenido solamente a tres personas. Adolfo Palma no ha sido sometido a juicio.

– Durante una conferencia de prensa celebrada a principios de marzo, el vice-fiscal general aconsejó a los periodistas presentes que practicaran la «autocensura». La conferencia se había convocado tras unos debates mantenidos en los medios de comunicación guineanos acerca de algunos hechos ocurridos en noviembre del 2000 que tuvieron como consecuencia la muerte del general Ansumane Mané en circunstancias controvertidas y la detención de cientos de militares y algunas figuras políticas civiles. Las autoridades acusaban al general Mané de conspirar para derrocar al gobierno, y a los detenidos, de participar en la conspiración. No obstante, ninguno de los más de 200 militares y políticos detenidos entonces ha sido acusado formalmente de un delito, y unos 25 militares siguen recluidos sin cargos ni juicio.

– El 30 de marzo, un debate que se celebraba en vivo en la Rádio Bombolom acerca de los hechos de noviembre del 2000 y el conflicto armado de 1998-1999 fue interrumpido por un militar de alta graduación. Según informes, el militar acusó a la Rádio Bombolom de fomentar la inestabilidad y la guerra y amenazó con bombardear el edificio en caso de guerra.

Estos ataques a la libertad de expresión parecen indicar que el gobierno no ha cumplido su promesa de proteger y fomentar los derechos humanos, entre ellos el derecho fundamental a la libertad de expresión.

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