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ÍNDICE AI: AFR 30/11/98/s

3 DE DICIEMBRE DE 1998

DECLARACIÓN PÚBLICA

GUINEA-BISSAU

ES HORA DE PENSAR EN LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos siguen en peligro en Guinea-Bissau, que vuelve lentamente a la paz tras varios meses de guerra. Al aproximarse el 10 de diciembre, fecha en que se celebra el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional insta a todos aquellos que tienen que ver en la aplicación del acuerdo de paz del 1 de noviembre a que hagan un esfuerzo especial para proteger los derechos humanos.

El acuerdo de paz que firmarán el presidente João Bernardo Vieira y el general de brigada Ansumane Mané, jefe de los soldados rebeldes, no contiene ninguna disposición sobre derechos humanos. Amnistía Internacional insta a todos los que participen en la aplicación del acuerdo a que se ocupen de la cuestión de los derechos humanos como piedra angular de una paz duradera.

El gobierno y la Junta Militar, los que participaron en las negociaciones de paz, los miembros de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) y la comunidad de países de lengua portuguesa, las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (OUA), cuyos representantes también firmaron el acuerdo, todos ellos tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos durante la transición hacia la paz. Los civiles que promovieron activamente la búsqueda de la paz tienen también un papel que desempeñar en la promoción de la protección de los derechos humanos.

A pesar de que no se hace referencia alguna a los derechos humanos en el acuerdo de paz, aún es posible que los implicados acuerden medidas especiales para proteger estos derechos, algo necesario para el éxito de cualquier operación de mantenimiento de la paz. He aquí algunas de las recomendaciones más importantes hechas por Amnistía Internacional en cartas dirigidas a las partes del acuerdo y a los mediadores.

La Comisión Conjunta creada para aplicar el acuerdo de paz, compuesta por representantes del gobierno y de la Junta Militar, deben comprometerse firmemente a garantizar que se toman las siguientes medidas para proteger los derechos humanos:

∙Todos los responsables de hacer cumplir la ley deben respetar los derechos y libertades fundamentales definidos en la constitución de Guinea-Bissau y en las normas internacionales de derechos humanos.

∙El gobierno debe consultar con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en relación al despliegue de funcionarios internacionales de derechos humanos, que deberán estar facultados para investigar violaciones y llamar la atención sobre ellas a las autoridades pertinentes.

∙Deberá garantizarse a los activistas de derechos humanos de Guinea-Bissau la libertad de llevar a cabo su labor sin trabas.

∙La Comisión Conjunta debe recibir la ayuda de un experto independiente en derechos humanos que se asegure de que todas las decisiones que se tomen en materia de derechos humanos sean imparciales.

∙La Comisión Conjunta debe garantizar la liberación de los civiles arrestados únicamente bajo la sospecha de apoyar a la oposición política. Esta liberación debe ser supervisada por un organismo adecuado, como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Todos los detenidos durante el conflicto que estén acusados de algún delito tipificado en el Código Penal deben ser juzgados de forma inmediata y con las debidas garantías.

Los Estados de la CEDEAO que aportan contingentes a las fuerzas de mantenimiento de la paz (y las fuerzas de Senegal y de la República de Guinea que están en Guinea-Bissau) deben garantizar:

∙que se cumplen escrupulosamente las leyes y las normas del derecho internacional humanitario en todo momento, también en la detención de los presos y el empleo de la fuerza;

∙que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEDEAO disponen de mecanismos disciplinarios con poder para investigar las denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetrados por las tropas de mantenimiento de la paz;

∙que todo miembro del personal contra el cual el mecanismo disciplinario halle pruebas de haber participado en abusos contra los derechos humanos será suspendido inmediatamente y juzgado sin demora con las garantías que exigen las normas internacionales.

Amnistía Internacional también solicita que quienes han cometido violaciones de derechos humanos desde el inicio del conflicto sean puestos a disposición judicial y juzgados con las debidas garantías. Durante la lucha y durante la tregua, las fuerzas de seguridad de Guinea-Bissau y los soldados senegaleses torturaron a sus prisioneros y perpetraron homicidios motivados políticamente. Los rebeldes también hicieron prisioneros, algunos de los cuales fueron golpeados. El nuevo gobierno debe fijarse como tarea fundamental asegurarse de que, a diferencia de lo que era práctica habitual en el pasado, ningún funcionario queda impune tras cometer una violación de derechos humanos.

Información general

Guinea-Bissau se sumió en el conflicto en junio y julio de 1998 tras la sublevación de una gran facción del ejército, encabezada por el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general de brigada Asumane Mané. Las autoridades recibieron el apoyo de tropas de los países vecinos, Senegal y República de Guinea. El 26 de julio se firmó una tregua, confirmada el 25 de agosto, que fue rota en octubre. En pocos días, los rebeldes, ayudados por opositores armados al gobierno senegalés, consiguieron el control de la mayoría del país.

Durante los seis meses transcurridos desde el inicio del conflicto, muchos civiles, tanto dentro del país como entre la comunidad de refugiados, han hecho continuos esfuerzos para que las partes en conflicto se sentaran a conversar y han propuesto vías para garantizar para Guinea-Bissau un futuro en el que se respeten los derechos políticos, sociales y económicos.