AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI:        AFR 32/007/2005    (público)
Servicio de Noticias:         226/2005
17 de agosto de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR320072005

  Kenia: El gobierno debe respetar los derechos de los refugiados conforme al derecho internacional

Amnistía Internacional pide al gobierno de Kenia que se abstenga de practicar detenciones masivas y de expulsar a ciudadanos extranjeros, tras la expiración el 15 de agosto de 2005 del plazo para la inscripción de no ciudadanos. Dado que muchas personas carecen aún de los documentos de inscripción necesarios, a la organización le preocupa que puedan producirse detenciones arbitrarias. Por otra parte, si son devueltas a su país de origen, muchas personas podrían ser víctimas de violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, así como prisión sin juicio.

        La devolución de cualquier persona a un país o territorio donde pueda ser objeto de violaciones graves de derechos humanos constituiría un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Kenia en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos y sobre refugiados, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, de la OUA, de la que es parte Kenia.

        En abril de 2005, el ministro de Inmigración, Inscripción de Personas y Refugiados, Linah Kilimo, declaró que se consideraría que todas las personas que no fueran ciudadanas kenianas y que no estuvieran en posesión de los documentos de inscripción necesarios estaban ilegalmente en Kenia y, por tanto, serían expulsadas a sus países de origen. En un principio se fijó el 30 de junio de 2005 como plazo para la inscripción de no ciudadanos en Kenia, plazo que se amplió después hasta el 15 de agosto, lo que indicaba que el gobierno de Kenia estaba dispuesto a tener en cuenta la difícil situación de refugiados y migrantes.

        Sin embargo, Amnistía Internacional siente preocupación porque este plazo tampoco es suficiente para realizar el trámite de inscripción. La cuestión se complica aún más porque el gobierno no indica con claridad dónde se debe hacer dicha inscripción y qué documentos considera necesarios. Dado el gran número de personas que se han puesto en contacto con el ACNUR hasta la fecha, a Amnistía Internacional le preocupan también las inevitables dificultades que podría tener el ACNUR para evaluar todas las solicitudes. Habida cuenta de todos estos obstáculos, la organización teme que se devuelva a personas antes de que se hayan evaluado exhaustivamente sus solicitud de refugio.

        Amnistía Internacional reconoce que el gobierno keniano tiene el derecho a controlar la entrada, la residencia y la expulsión de ciudadanos extranjeros de su territorio, pero no puede hacerlo a expensas de los derechos humanos fundamentales de los refugiados o los migrantes, con independencia de su condición legal. Dadas las declaraciones del gobierno sobre el plazo del 15 de agosto y la posibilidad de que no todas las personas hayan logrado inscribirse o de que el ACNUR no haya evaluado sus solicitudes de refugio, la organización teme que los métodos que emplee el gobierno para ejercer su derecho a controlar sus fronteras, en forma de detenciones masivas y expulsiones de personas no inscritas antes del 15 de agosto, constituyan un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Kenia en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos y sobre refugiados.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Kenia:

-        Que se abstengan de practicar detenciones y expulsiones de no ciudadanos que carezcan de los documentos de inscripción necesarios después del 15 de agosto de 2005, dado que estas detenciones y expulsiones podrían derivar en violaciones de derechos humanos en gran escala;

-        Que respeten los documentos que facilita el ACNUR, incluidos los que garantizan que las solicitudes de asilo serán examinadas individualmente, lo que podría tardar varios meses;

-        Que garanticen que no se devuelve a nadie a un país donde podría ser víctima de violaciones graves de derechos humanos, con arreglo a las obligaciones contraídas por Kenia en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos y sobre refugiados, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, la Convención por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, de la OUA, de 1969 y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU;

-        Que garanticen que todas las personas que deseen pedir protección internacional tendrán acceso al ACNUR y no serán devueltas sin que se hayan evaluado sus solicitudes de la condición de refugiado en un procedimiento imparcial y satisfactorio, conforme a las leyes y normas internacionales de derechos humanos y sobre refugiados;

-        Que se aseguren de que todos los trámites de expulsión garantizan los derechos humanos fundamentales de todas las personas, incluidos el derecho a que se examine individualmente su caso, el derecho a que se le comunique una decisión en un idioma que entienda y el derecho a tener una oportunidad efectiva de recurrir contra la decisión de expulsión en una vista sin demora, imparcial e individual ante una autoridad judicial o similar.  

Información complementaria
En Kenia los refugiados deben vivir en campos de refugiados designados: Dadaab, cerca de la frontera con Somalia, y Kakuma, cerca de la frontera con Sudán. Kenia acoge a un total de aproximadamente 240.000 refugiados, procedentes sobre todo de Somalia y Sudán. Dadaab tiene una población de alrededor de 138.571 refugiados, casi todos llegados desde Somalia, mientras que la de Kakuma es de unos 87.100 refugiados, en su mayoría de Sudán. Sin embargo, existe también un número importante de refugiados que provienen de Etiopía, Eritrea y otros países vecinos de la región de los Grandes Lagos. Los cálculos sobre el número de refugiados que residen ilegalmente en Nairobi y otras ciudades varían entre 15.000 y 60.000. Estos refugiados son objeto de acoso constante por parte de la policía, a menudo con el fin de obtener sobornos.