INFORME SOBRE KENIA - EN BUSCA DE JUSTICIA

Índice AI: AFR 32/25/97/s

NOTA DE EDAI: Este informe se publicará en la próxima revista de Amnistía Internacional de octubre-noviembre de 1997.

CONTRAPORTADA

Las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre Kenia son las siguientes:

- el uso de leyes represivas que violan las normas de derechos humanos internacionalmente acordadas

- torturas y malos tratos por la policía

- homicidios cometidos por la policía

- arrestos arbitrarios

- castigos crueles, inhumanos y degradantes

- la pena de muerte

- discriminación sistemática contra las mujeres

- acoso e intimidación de simpatizantes de partidos de la oposición, periodistas y activistas de derechos humanos

CUBIERTA INTERIOR

Amnistía Internacional es un movimiento mundial de voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos. Amnistía Internacional trabaja principalmente para:

– obtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir, de las personas encarceladas en cualquier parte del mundo a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, siempre que tales personas no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso;

– lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos;

– conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura y otros tratos crueles a los presos;

– acabar con las ejecuciones extrajudiciales y las «desapariciones».

Amnistía Internacional se opone también a los abusos de los grupos de oposición: a la toma de rehenes, a la tortura y homicidio de prisioneros, y a otros homicidios arbitrarios y deliberados.

Amnistía Internacional, reconociendo que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, se esfuerza por promover todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales mediante programas de educación en derechos humanos y campañas para que se ratifiquen los convenios internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacionales imparcial. Es independiente de todo gobierno, ideología política y credo religioso. Ni apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos trata de proteger. Lo que pretende en cada caso particular es proteger los derechos humanos, sea cual sea la ideología de los gobiernos o de las fuerzas de oposición o las convicciones de las víctimas.

Amnistía Internacional no clasifica a los gobiernos según su trayectoria en derechos humanos. No trata nunca de establecer comparaciones, sino que se esfuerza por poner fin a las violaciones de derechos humanos específicas de cada caso.

Amnistía Internacional cuenta con aproximadamente un millón de miembros y suscriptores repartidos entre 162 países y territorios. Tiene 4.273 Grupos locales formalmente registrados en el Secretariado Internacional de la organización, y varios miles de grupos escolares, universitarios, profesionales y de otra índole en más de 80 países de África, América, Asia, Europa y Oceanía. Para asegurar la imparcialidad, cada grupo trabaja en casos y campañas de cualquier país excepto el propio, seleccionados por su diversidad geográfica y política. La investigación sobre las violaciones

de derechos humanos corre a cargo del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. Ninguna Sección, Grupo o miembro ha de procurar información sobre su país, y ninguna Sección, Grupo o miembro tiene responsabilidad alguna en las acciones o declaraciones de la organización sobre su propio país.

Amnistía Internacional mantiene relaciones de trabajo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ecosoc); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco); el Consejo de Europa; la Organización de los Estados Americanos; la Organización de la Unidad Africana y la Unión Interparlamentaria (uip).

Amnistía Internacional se financia con las donaciones y suscripciones de sus miembros en todo el mundo. Ni solicita ni acepta financiación de ningún gobierno. Para salvaguardar la independencia de la organización, todas las contribuciones están estrictamente controladas por las directrices del Consejo Internacional de la organización.

KENIA: INFORMACIÓN GENERAL

Población

Unos 30 millones de habitantes. El suahili es el idioma oficial; se hablan el inglés y numerosos idiomas africanos. Hay más de 40 grupos étnicos diferentes en Kenia, y varias religiones, incluida la cristiana, la islamista, el hinduismo y religiones tradicionales africanas.

Información política

Kenia se independizó del Reino Unido en 1963 y hasta 1978 gobernó el país su primer presidente, Jomo Kenyatta. A partir de ese año Daniel arap Moi, líder del partido Unión Nacional Africana de Kenia (KANU).

En 1982 el gobierno de la Unión Nacional encabezado por el presidente Moi enmendó la Constitución para convertir a Kenia en un Estado de partido único; tras esta medida hubo un largo periodo de detenciones y torturas a personas sospechosas de oposición al gobierno. El impulso en favor de la democracia multipartidista se intensificó a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Finalmente, bajo una intensa presión nacional e internacional, el presidente Moi accedió en 1991 a modificar la Constitución para poner fin al régimen de partido único. Se celebraron elecciones multipartidistas, en medio de denuncias de irregularidades electorales, en diciembre de 1992. Sin embargo, desde entonces, a pesar de algunas mejoras en el campo de los derechos humanos, la represión generalizada de la oposición ha continuado. Antes de enero de 1998 tienen que celebrarse en Kenia elecciones presidenciales y legislativas. En 1996 Kenia se convirtió en miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

Normas de derechos humanos

Kenia se ha adherido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 1992 ratificó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en 1997 se adhirió a la Convención de la ONU contra la tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Kenia es también Estado parte de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.

Economía

En 1994, según estimaciones del Banco Mundial, el producto interior bruto de Kenia era de 260 dólares estadounidenses per cápita. El turismo es la principal fuente de divisas del país.

El ejército y la policía

En junio de 1995 las fuerzas armadas keniatas tenían 24.200 efectivos. Kenia recibe ayuda militar del Reino Unido y de Estados Unidos. La Policía Nacional, el Departamento de Investigación Criminal (DIC) y la Dirección de Información para la Seguridad (comúnmente conocida como el Departamento Especial) están regulados por la Ley de Policía. Kenia cuenta también con una fuerza de policía administrativa controlada por la administración provincial y con una fuerza paramilitar, la Unidad de Servicios Generales.

KENIA: En busca de justicia — Informe de Amnistía Internacional

(Índice AI: AFR 32/25/97/s), publicado en septiembre de 1997

Portada: Un manifestante es perseguido por un agente de la policía antidisturbios, que disolvió por la fuerza una manifestación estudiantil pacífica organizada en protesta por la muerte, en circunstancias sospechosas, del líder estudiantil Solomon Muruli en febrero de 1997. © AP

ISBN: 0 86210 270 7

LA TRAICIÓN DE LA CONFIANZA

Kenia recibe la visita de numerosos turistas, atraídos por su impresionante paisaje y su exótica fauna. Los intereses comerciales y políticos internacionales consideran desde hace largo tiempo a Kenia como un país estable en un continente asolado por las crisis. El pueblo de Kenia, no obstante, ha pagado un alto precio por la continuidad política. La élite gobernante ha usado la intimidación y la represión para acallar la disidencia y mantener su poder. El sistema de justicia no defiende los derechos básicos de los ciudadanos y la corrupción es una práctica generalizada. Los incidentes de violencia callejera han aumentado al tomarse la gente la justicia por su mano.

La frecuente brutalidad policial queda impune la mayor parte de las veces. La policía golpea de forma habitual a los detenidos y algunos presos han sido objeto de continuas torturas. La policía ha atacado violentamente a manifestantes pacíficos y presuntos delincuentes desarmados han sido abatidos a tiros incluso a pesar de no suponer amenaza alguna para la vida.

A pesar de que se han producido mejoras en la situación de los derechos humanos desde finales del decenio de los ochenta y de la introducción de un sistema político multipartidista en 1991, el gobierno ha continuado reduciendo al silencio a las personas que mantienen una actitud crítica hacia su política. En el periodo previo a las elecciones de 1997, varias concentraciones en favor de la democracia han sido violentamente disueltas. El acoso y la intimidación no sólo se han dirigido contra los políticos de oposición y sus seguidores, sino también contra periodistas y activistas de derechos humanos. Las organizaciones que trabajan para fomentar la concienciación sobre los derechos humanos y cívicos figuran entre los que han visto su trabajo obstaculizado por las autoridades. Los derechos humanos fundamentales de los keniatas que intentan trabajar por una sociedad mejor se han visto limitados por leyes que deben ser derogadas o modificadas porque violan normas acordadas por toda la comunidad internacional.

El gobierno de Kenia no es inmune a las presiones. En respuesta a campañas llevadas a cabo por la vigorosa comunidad keniata de derechos humanos y por organizaciones internacionales, las autoridades han prometido respetar los derechos humanos. Han firmado tratados internacionales de derechos humanos y han procesado a algunos agentes de policía por delitos contra los derechos humanos.

Aún queda un largo camino por recorrer. Los que gobiernen Kenia en los próximos años deben llevar ante la justicia a cualquiera que abuse del poder oficial y viole los derechos humanos. Deben poner en marcha un amplio programa de reformas constitucionales y legales. Deben también apoyar Sen lugar de reprimirSa las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan para mejorar el respeto por los derechos humanos. Sólo entonces las promesas del gobierno se traducirán en realidades para el pueblo de Kenia.

Pie de foto: La policía y las fuerzas de seguridad impiden en Nairobi que más de 10.000 personas se unan a la marcha en favor de la democracia. Mayo de 1997

Tortura y malos tratos

DE LOS ARCHIVOS DE AI...

Josephine Nyawira Ngengi, declarada defensora de los derechos humanos, fue detenida en mayo de 1994. Durante los interrogatorios la golpearon con porras, tablas y barras de hierro, y después la obligaron a tumbarse en el suelo mientras un agente se subía encima de ella.

Estuvo detenida por cargos falsos de robo con violencia hasta su absolución en marzo de 1996. Cuando regresó a su hogar, su hijo de cuatro años no la reconocía. Desde entonces ha sido intervenida quirúrgicamente de una hernia que desarrolló como consecuencia de su larga estancia en la cárcel.

Lomurodo Amodoiera un pastor de 17 años de edad que vivía en el remoto distrito de Turkana, en el norte del país. Se encontraba al lado de una carretera, esperando a su hermano, cuando fue detenido por dos agentes de la policía administrativa porque un desconocido le había acusado de haberle robado esa misma semana. Le llevaron a la comisaría de policía de Lokichokio el 5 de mayo de 1997. Aquella fue la última vez que su familia (foto superior) lo vio con vida. Sus familiares intentaron visitarle, pero no les permitieron entrar en la comisaría. Tras dos días de búsqueda desesperada, finalmente encontraron su cuerpo en el depósito de cadáveres de Lodwar, a 160 kilómetros de distancia.

La autopsia policial no determinó la causa de la muerte, pero su familia insistió en que se llevara a cabo otra autopsia. Según los resultados de esta segunda autopsia, el joven de 17 años había sido golpeado y había muerto por estrangulamiento y lesiones en la cabeza. El jefe de policía del distrito dijo a los delegados de Amnistía Internacional que un policía había sido detenido y acusado de la muerte, pero al parecer aún estaba en libertad y no había ningún registro judicial en el que constara ningún cargo en su contra.

Geoffrey Ndungu Gichuki era uno de los cuatro jóvenes que quedaron inválidos como consecuencia de los malos tratos que les infligieron unos agentes del Departamento Especial en el bosque de Dundori, cerca de Nakuru, en diciembre de 1994. Los cuatro formaban parte de un grupo de 67 hombres detenidos unos días antes y acusados de celebrar una reunión ilegal. Les ataron a unos árboles y les golpearon. Según informes, al menos otros 13 fueron torturados. Estuvieron seis días sin que les curasen las heridas. Para entonces, Geoffrey Ndungu Gichuki había desarrollado una gangrena y cuando le llevaron al hospital le tuvieron que amputar el brazo.

CLIMA DE TERROR

«Me dijeron que limpiara la sangre del suelo con la lengua.»

Más de un año después de los sufrimientos que padeció, Samuel, de 19 años de edad, relata detalladamente las espeluznantes torturas a las que le sometió la policía keniata. Quiere que el mundo sepa exactamente lo que le ocurrió. Durante dos meses, dos veces al día le llevaban a una cámara de torturas, le desnudaban y le golpeaban por todo el cuerpo. Había 12 o 13 trece hombres, todos vestidos con traje. Cuatro de ellos llevaban a cabo la tortura y el resto miraban y aplaudían. Le ataban cable eléctrico alrededor de los testículos y después tiraban de él una y otra vez por espacio de unos tres minutos. El dolor era insoportable.

Samuel fue una de las decenas de personas de Kenia occidental detenidas en 1995, acusadas de pertenecer a un oscuro movimiento clandestino y recluidas alrededor de un año. La mayoría de ellas fueron torturadas.

Cualquier persona detenida en Kenia corre el riesgo de ser torturada o maltratada. La policía golpea de forma habitual a los presuntos delincuentes, especialmente a los que son pobres y carecen de dinero para pagar sobornos ni presentar denuncias. Los golpes cesan sólo cuando el sospechoso accede a «confesar».

A veces los efectos son tan obvios que no pueden ser ignorados. Siete personas comparecieron ante un tribunal de Nyahururu en septiembre de 1996 con heridas recientes, aún abiertas. Su abogado manifestó que parecía que habían sufrido un accidente de automóvil. Según informes, uno de ellos tenía los genitales aplastados, un brazo roto y heridas en la cabeza. El juez encargado del caso ordenó una investigación médica.

Ciertos grupos corren un riesgo especial. Muchas detenidas han sido violadas bajo custodia. Se encarcela a niños Sespecialmente a niños de la calle, de los cuales miles viven en NairobiS, que sufren abusos a manos de otros presos y de la policía y los guardianes de la prisión.

Los presos políticos son sometidos frecuentemente a continuas torturas. Generalmente los opositores muy conocidos no son torturados físicamente, pero los activistas políticos de base, especialmente los que pertenecen a grupos étnicos considerados antigubernamentales, sufren torturas tan brutales que algunos han quedado inválidos.

Suba Churchill Mechack, activista estudiantil, fue detenido cuatro veces a finales de 1995 y torturado durante los interrogatorios. «Tres hombres del Departamento Especial [cuyos nombres mencionó] me desnudaron y me torturaron. Intentaron arrancarme las uñas de los pies con unas tenazas, me golpearon las rodillas con un martillo y me retorcieron los dedos con llaves inglesas.» Sufrió heridas internas durante largo tiempo.

En los últimos años las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y la prensa keniata han denunciado una y otra vez la práctica de la tortura en Kenia. Los gobiernos que proporcionan ayuda a Kenia también se han ocupado del asunto. Esta presión ha llevado al gobierno keniata a tomar algunas medidas.

En febrero de 1997 un nuevo director general de la policía ordenó públicamente a todos los agentes de policía que dejaran de golpear a los sospechosos durante los interrogatorios y de acosar a los periodistas. Al mes siguiente, Kenia se adhirió a la Convención contra la Tortura, de la ONU, tratado legalmente vinculante que proscribe la tortura y somete a Kenia al escrutinio de los demás Estados partes de la Convención. En un proceso celebrado en marzo de 1997, que supuso un acontecimiento decisivo, tres agentes de policía de Embu fueron sentenciados a diez años de cárcel por torturar a un preso hasta la muerte en 1994.

Estas medidas parecen haber reducido en cierta medida los casos de tortura. No obstante, es necesario hacer mucho más. Días después de la declaración del director general de la policía, tres jóvenes comparecieron ante un tribunal del distrito de Thika con hematomas y vendajes y sin poder andar por sí mismos. Su abogado afirma que fueron torturados por un oficial de policía.

Los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad llevan muchos años cometiendo torturas en Kenia. Miembros de las Juventudes de la KANU también han detenido ilegalmente y torturado a personas. El clima de impunidad que hace pensar a estas personas que pueden torturar a sospechosos sin recibir ningún castigo no se disipará sólo a base de palabras. Es necesario que los que tienen la autoridad actúen con firmeza, y eso no suele ocurrir.

Muertes bajo custodia

Cada año, varios keniatas mueren a consecuencia de brutales torturas. Las cifras sobre ese tipo de muertes bajo custodia varían, pero Amnistía Internacional cree que al menos cinco personas murieron como resultado de torturas en 1996. La violencia ha continuado. En marzo de 1997 Ali Hussein Ali murió en Wajir, provincia nororienteal, tras ocho días de interrogatorio. En la autopsia se hallaron pruebas de golpes brutales.

Amodoi Achakar Anamilem fue torturado hasta la muerte bajo custodia policial en julio de 1996. Tras una considerable presión de la iglesia local y de organismos de derechos humanos, el fiscal general ordenó que se llevara a cabo una investigación sobre su muerte y en abril de 1997 se anunció finalmente una investigación. No obstante, los agentes de policía presuntamente responsables aún están en activo. Según activistas locales de derechos humanos, ha habido una operación de encubrimiento por parte de la policía y de la administración del distrito.

Todas las denuncias de torturas deben ser investigadas a fondo y los responsables llevados ante los tribunales de acuerdo con las obligaciones contraídas por Kenia en virtud de las leyes internacionales. La responsabilidad incumbe a las autoridades, no a las víctimas. Hasta que las máximas autoridades no tomen medidas enérgicas contra los torturadores, las celdas de las comisarías de Kenia seguirán siendo escenario de una horrenda brutalidad.

Condiciones en las prisiones

Las condiciones de vida en las 78 prisiones que existen en Kenia son tan lamentables que un juez del Tribunal Superior de Kenia las ha llamado ''cámaras de la muerte''. Las celdas inmundas, en las que los presos viven hacinados, carecen de mantas y de las instalaciones sanitarias básicas. Los presos no reciben alimentos adecuados, ropa ni asistencia médica. Las enfermedades abundan y la tasa de mortalidad es enormemente elevada. Las cifras oficiales son escasas, pero en octubre de 1995 un ministro del gobierno afirmó que más de 800 presos habían muerto en los primeros nueve meses del año.

Azotamiento

El azotamiento es una pena cruel, inhumana y degradante y como tal está prohibida por los tratados internacionales de derechos humanos. No obstante, los tribunales keniatas continúan imponiendo los azotes como castigo para muchos delitos, incluido el robo con violencia y la violación, además de penas de cárcel. Muchas de las víctimas de azotamiento han sido condenadas tras juicios injustos, en los que no dispusieron de asistencia letrada.

Pie de foto: La policía reprime con gases lacrimógenos a manifestantes en favor de la democracia. Uhuru Park, Nairobi, mayo de 1997

HOMICIDIOS COMETIDOS POR LA POLICÍA

Centenares de keniatas han muerto en los últimos años a manos de las mismas personas que se supone deben protegerles: la policía.

El número de homicidios indica o bien que la policía actúa siguiendo una política de «tirar a matar» tolerada por los mandos Slo cual niegan las autoridadesSo bien que está fuera de control.

Agentes de policía mal pagados e indisciplinados han sobornado, detenido y maltratado a personas que no podían pagarles, atacado violentamente a manifestantes pacíficos y disparado a sospechosos desarmados con munición real. Algunas víctimas de homicidios policiales han muerto bajo custodia como consecuencia de torturas. Otros han sido abatidos a tiros por la policía incluso a pesar de que no suponían amenaza alguna. Varios opositores políticos del gobierno han muerto en circunstancias sospechosas.

Según la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (CDHK), organización local no gubernamental, 316 personas murieron a manos de la policía entre 1994 y 1996. Estas cifras incluyen sólo casos de los que tiene constancia la CDHK, que cree que la cifra real es más elevada.

El director general de la policía respondió a una campaña emprendida por la CDHK contra los homicidios policiales. Afirmó que «en los pocos casos en los que se ha descubierto que agentes de policía se han excedido en el cumplimiento de sus funciones, se han tomado medidas adecuadas.»

Esta afirmación es simplemente falsa. Stephen Muthuo Kahara, predicador cristiano laico, tenía sólo 21 años cuando fue abatido a tiros por la policía administrativa en octubre de 1996. Una noche, al oír los gritos de su vecino, al que estaban atacando, acudió en su ayuda junto con otros habitantes del pueblo. Según informes, le dispararon a quemarropa cuando yacía herido en el suelo al lado de la carretera.

La policía también disparó e hirió de gravedad a su hermano, Gichere, cuando intentó rescatarle. Un agente de policía de Kiambu afirmó que los dos eran miembros de una banda armada, y los agentes de policía que les dispararon nunca fueron prendidos.

En diciembre de 1996, tres estudiantes universitarios fueron abatidos a tiros en dos sucesos diferentes durante manifestaciones estudiantiles. Los homicidios provocaron protestas generalizadas y peticiones de dimisión del jefe superior de policía. Éste fue posteriormente sustituido. Se anunció que se llevaría a cabo una «investigación a fondo». Doce agentes de policía fueron acusados en relación con uno de los sucesos y se inició una investigación en relación con el otro.

No obstante, el número de homicidios ilegítimos cometidos por la policía no ha disminuido. La CDHK registró 11 homicidios policiales sólo en las dos primeras semanas de 1997.

En marzo de 1997, Anthony Chege, estudiante, fue abatido a tiros por agentes de policía cuando iba por la calle con dos amigos. Murió de camino al hospital. Sus dos amigos fueron brutalmente golpeados por la policía, que los tuvo siete días detenidos.

DE LOS ARCHIVOS DE AI:

Solomon Muruli, líder estudiantil de la universidad de Nairobi, lo prendieron fuego (lo quemaron vivo) en su habitación del campus en febrero 1997, a consecuencia de lo cual murió.

En noviembre de 1996 lo secuestraron y detuvieron durante cinco días, y después lo abandonaron inconsciente en el recinto de una iglesia. Afirmó que sus secuestradores lo habían interrogado acerca de sus vínculos con Safina (partido político no registrado) y que estaba seguro de que eran agentes de policía.

En los meses siguientes, Solomon Muruli vivió en un constante estado de temor. Recibía amenazas de muerte y creía que le estaban siguiendo. Dos semanas antes de morir dijo a las autoridades universitarias que temía por su vida. Justo una semana antes de su muerte identificó a un oficial de la policía en una rueda de identificación como uno de los hombres que le habían secuestrado.

Janai Robert Orina, activista estudiantil, estaba en su cuarto curso en la universidad de Moi, cerca de Eldoret, cuando lo expulsaron por apoyar una huelga nacional llevada a cabo por profesores universitarios en 1994. Desde entonces ha estado intentando presentarse a los exámenes. A pesar de un orden dictada por el Tribunal Superior de Eldoret para que las autoridades de la universidad le permitieran presentarse a los exámenes, no le han dejado hacerlo. Las autoridades universitarias se han negado a proporcionarle copias de documentos académicos esenciales y referencias. Amnistía Internacional cree que ha sido elegido como blanco debido a sus esfuerzos por representar a sus compañeros y mejorar su situación.

Actualmente se teme por su vida. Junto con otros seis dirigentes estudiantiles emitió un comunicado público en abril de 1997, en el que afirmaba que les habían estado vigilando de cerca constantemente. Dos de los líderes estudiantiles habían recibido amenazas telefónicas en medio de la noche en un seminario para jóvenes sobre el cambio constitucional.

Represión del Estado

DE LOS ARCHIVOS DE AI:

Veintiún miembros de la organización de derechos humanos Libertad para los Presos Políticos (LPP), fueron detenidos en Nairobi en julio de 1996 (véase más arriba). Fueron acusados de organizar una reunión sin autorización, de incitación a la violencia y de desobedecer las leyes. Su ''delito'' fue su intento de asistir a unas jornadas culturales de tres días que habían organizado en memoria de su secretario general, Karimi Nduthu, que había sido asesinado en circunstancias sospechosas cinco meses antes. Les negaron la libertad bajo fianza y permanecieron 19 días recluidos en condiciones penosas.

Miembros de la CDHK han recibido enormes presiones para que abandonasen sus actividades legítimas en favor de los derechos humanos. Miembros de esta organización han sido detenidos y golpeados por la policía. La policía ha disuelto regularmente reuniones y manifestaciones. Sin dejarse intimidar, el 25 de enero de 1997 la CDHK inició una campaña contra los homicidios policiales. Wafule Buke, miembro de la plantilla de la CDHK, fue arrestado mientras repartía panfletos (la foto que aparece más abajo muestra el arresto) y estuvo seis horas detenido. Otro miembro de la plantilla, Thiong'o Kagicha, acudió a protestar a la comisaría y fue golpeado por un oficial de policía, que le hirió en una pierna. El lugar en el que iba a presentarse la campaña fue acordonado por 50 policías antidisturbios, pero los activistas de derechos humanos burlaron a las fuerzas de seguridad y celebraron el acto en otro lugar.

Hubo más detenciones de miembros de la CDHK durante la campaña. En abril de 1997 se organizó una protesta después que la policía mató a tiros a Anthony Chege (véase el apartado sobre homicidios cometidos por la policía). Miembros de la CDHK planearon llevar el ataúd de Anthony por las calles Nairobi antes del entierro. Unas 100 personas se reunieron ante el edificio del Parlamento y rezaron. La policía intervino y se llevó a unas 80 personas a la comisaría central de policía. Maina Kiai, director ejecutivo de CDHK, fue interrogado por espacio de unas tres horas y después fue puesto en libertad.

Esta decidida campaña ha producido algunos resultados. En abril de 1997 un ministro del gobierno anunció que la policía administrativa dejaría de llevar armas de fuego y que la policía ordinaria no llevaría munición real cuando estuviera de servicio. Sin embargo, esto no ha sido aún aplicado ni en la ley ni en la práctica.

Susan Musoke es fotógrafa. En febrero de 1997 estaba destinada como corresponsal del Daily Nationen el centro de jefes de Mathari, informando sobre retrasos y extorsión en la publicación de nuevos documentos de identidad. Según fotografiaba a la gente que estaba guardando cola fue atacada por policías administrativos armados, que la arrebataron la cámara y destruyeron la película. «Me golpearon dos policías. Uno me golpeó en la cara, con tal fuerza que me mareé. Ella y un colega estuvieron retenidos una hora y media y después fueron puestos en libertad sin cargos.

El abogado Juma Kiplengi trabaja en favor de su comunidad nómada, integrada por unas 20.000 personas, que afirman que les han privado de la indemnización que les prometieron cuando los desalojaron de sus tierras a principios de 1970. La comunidad Endorois ocupa zonas de Baringo Central, distrito electoral del presidente Moi, y del distrito adyacente de Baringo Sur. Juma Kiplengi ha recibido amenazas de muerte y ha sido detenido y acusado de ser miembro de una sociedad ilegal. En febrero de 1997 la policía intentó registrar la oficina jurídica en la que trabaja.

Koigi wa Wamwere, destacado opositor, ex parlamentario y fundador de la Organización Nacional Democrática y de Derechos Humanos, ha sido encarcelado en repetidas ocasiones. En octubre de 1995 fue condenado junto con otras dos personas tras un juicio claramente injusto a cuatro años de prisión y a seis azotes con vara. Anteriormente había sido acusado de intento de robo con violencia, sentencia que conlleva la pena de muerte obligatoria, pero tras una campaña concertada en su favor los cargos le fueron reducidos los cargos. Koigi wa Wamwere dijo: «Cuando AI declaró que éramos presos de conciencia, supimos que sería muy difícil para el gobierno hacer lo peor. Y si teníamos que morir, moriríamos pero al menos el mundo sabría que eramos inocentes.» Amnistía Internacional cree que los cargos fueron inventados y que la verdadera razón de su arresto fueron sus críticas al gobierno. Actualmente está en libertad bajo fianza con el fin de recibir tratamiento médico en el extranjero.

REPRESIÓN Y RESISTENCIA

En teoría, Kenia es un Estado democrático en el que los keniatas gozan de libertad de expresión y asociación. En la práctica, muchos de los que critican al gobierno han sido acosados, intimidados o sufrido un trato aún peor.

Políticos de la oposición y sus seguidores han sido detenidos arbitrariamente, interrogados y maltratados. La policía ha interrumpido o disuelto, a veces violentamente, reuniones celebradas por partidos políticos, grupos eclesiales y organizaciones cívicas y de derechos humanos. Los críticos del gobierno también sufren el acoso de las autoridades, como redadas policiales en sus hogares y negocios, aumento de los impuestos, negación de contratos con el gobierno y destituciones de cargos gubernamentales.

Leyes represivas

Las autoridades usan una serie de leyes represivas para restringir los derechos humanos de los keniatas. La Carta de Derechos incluida en la Constitución establece los derechos más básicos, pero también permite que estos derechos sean restringidos o ignorados por el gobierno en una gran variedad de circunstancias.

La Constitución permite al presidente declarar el estado de excepción publicando un aviso en el Boletín Oficial y otorga al presidente amplios poderes de patrocinio político.

La Constitución también discrimina a las mujeres, a pesar del compromiso político de Kenia con la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, acordadas por los gobiernos del mundo en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en 1995.

Kenia se ha adherido a varios tratados internacionales de derechos humanos (véase cubierta interior). El adecuar las leyes de Kenia a estas normas requiere amplias reformas legales. La Constitución debe reforzarse para que garantice los derechos humanos en toda circunstancia, y se debe facultar a los tribunales para que sean los guardianes de la Constitución. La legislación no debe permitir la restricción arbitraria de la libertad de expresión, asociación y reunión. Las siguientes leyes son algunas de las que deben ser enmendadas o derogadas:

- La Ley de Mantenimiento de la Seguridad Pública, que permite la detención indefinida sin juicio y restricciones de la libertad de circulación;

- La Ley sobre Difamación y algunas secciones del Código Penal que tratan sobre la sedición y se usan para restringir arbitrariamente la libertad de expresión y se han usado para detener a opositores al gobierno por cargos falsos;

- La Ley de Autoridades Locales, que permite los arrestos arbitrarios y autoriza a los jefes de las administraciones locales restringir la libertad de circulación y otros derechos;

- La Ley de Sociedades, que restringe la libertad de asociación e impide que las organizaciones, incluidos los sindicatos y los partidos políticos, se registren oficialmente.

Arrestos en masa

La policía keniata irrumpe con regularidad en las zonas pobres y detiene a numerosas personas. Muchas son detenidas de forma arbitraria simplemente por estar en un determinado lugar en un momento determinado. La policía elige como blanco a los pobres, a las mujeres, a los niños de la calle y a los refugiados, y los acusa de estar borrachos y de crear desórdenes, de venta ambulante, de vagabundear, de prostitución o de ser extranjeros ilegales. Los recluyen en celdas policiales, donde muy pocos tienen acceso a un abogado, bien porque carecen de medios económicos o porque no conocen sus derechos. Pocas veces obtienen la libertad bajo fianza y muchos son juzgados con toda celeridad y declarados culpables y condenados rápidamente a pagar multas o a cumplir penas en una de las superpobladas e insalubres prisiones de Kenia.

Partidos de oposición

El gobierno de Kenia se vio obligado a abandonar el régimen de partido único en 1991 debido a una combinación de presiones internas y externas. Ha habido algunas mejoras en la situación de los derechos humanos, los partidos de oposición han sido legalizados y se han celebrado elecciones. No obstante, los políticos de oposición, entre ellos parlamentarios, han sufrido un serio acoso policial.

El partido político de oposición Safina ha sido una de las principales víctimas del acoso. Le ha sido negado el registro oficial, sus reuniones han sido disueltas, sus publicaciones confiscadas y sus partidarios atacados. En febrero de 1997 la policía antidisturbios atacó a partidarios de Safina en un mercado de Nyeri. Periodistas y activistas de Safina recibieron latigazos y golpes con porras y dos parlamentarios SPaul Muite and Kiraitu MirungiSlos persiguieron y los golpearon. La policía negó todos los hechos, a pesar de los numerosos testigos presenciales. Njehu Gatabaki, miembro del partido de oposición Foro para la Restauración de la Democracia-Asili (FORD) y editor de la revista semanal Financefue detenido en mayo de 1996. A pesar de su mala salud lo tuvieron detenido en una celda infestada de mosquitos durante nueve días y lo hicieron dormir sobre cemento frío. Aún está acusado de sedición como consecuencia de un artículo publicado en abril de 1995.

Según se acercaban las elecciones de abril de 1997 se intensificó la violencia contra los políticos de la oposición. En el transcurso de una semana en abril de 1997 hubo una serie de incidentes en los que miembros del Parlamento fueron acosados por la policía. Raila Odinga, del Partido Nacional de Desarrollo de Kenia (PNDK) y Oburu Odinga, de FORD-Kenya resultaron heridos cuando la policía disolvió una reunión en Eldoret. Charity Kariuki Ngilu, del Partido Democrático, que había sido golpeado por la policía en noviembre de 1996, fue asediado en su casa por la policía. El 14 de abril el guardaespaldas del presidente de FORD-Kenya, Michael Kijana Wamalwa, resultó herido como consecuencia de disparos efectuados por policías armados que intentaban evitar la apertura de una oficina de FORD-Kenia en Kakamega.

Esfuerzos de reforma

La policía ha disuelto violentamente una serie de manifestaciones en favor de la democracia. A principios de mayo de 1997, por ejemplo, unos 2.000 policías armados y agentes paramilitares impidieron a más de 10.000 personas asistir a una manifestación en favor de la democracia que iba a celebrarse en Kamakunji, barrio de Nairobi. Sus métodos fueron brutales: muchos participantes en la concentración fueron golpeados con látigos y porras, y algunos heridos de gravedad. La concentración fue convocada por la coalición no gubernamental Asamblea de la Convención Nacional, alianza de partidos de oposición, grupos de derechos humanos, líderes religiosos y otros, que está ejerciendo presión para que se lleve a cabo la reforma de la Constitución.

Posteriormente ese mismo mes, la policía arrojó gases lacrimógenos contra miles de personas que rezaban pacíficamente en una concentración en Uhuru Park, Nairobi. La policía y las fuerzas de seguridad golpearon después a transeuntes, así como a manifestantes y saqueadores. La prohibición de los seminarios de educación cívica para informar a los keniatas de sus derechos ha sido una característica del periodo preelectoral. El 21 de abril de 1997, por ejemplo, la policía disolvió un seminario de la Comisión Católica de Justicia y Paz en Kalokot, Lodwar. Llegaron algunos agentes con seis miembros de la policía administrativa. Ocho personas fueron detenidas y varias golpeadas. En abril de 1997 se supo que las órdenes para evitar los programas de educación en derechos humanos procedían de los niveles más altos, cuando un funcionario del distrito de Lokichokio mencionó una circular confidencial de la Oficina del Presidente.

En junio de 1997 el presidente Moi acusó a una coalición de ONG de ser la fachada de una organización clandestina de oposición. Algunos miembros de esta ONG fueron posteriormente interrogados por la policía.

Periodistas

Los periodistas han sufrido ataques de la policía y de miembros de las juventudes de KANU. Han sido detenidos y sus cámaras han sido destruidas. Algunos periódicos de oposición han sido confiscados y algunas imprentas han sido desmanteladas o bombardeadas.

Evans Kanini sufre el acoso de la policía desde hace años debido a su trabajo, especialmente a sus reportajes sobre violencia étnica promovida por el gobierno en el valle del Rift a principios de la década de los noventa. En febrero de 1996 fue declarado culpable de provocar disturbios tras escribir un artículo acusando a la policía de golpearle y de robar dinero. En abril fue atacado por miembros de las juventudes de KANU. Fue repetidamente seguido por la policía y un agente del gobierno le acusó de actividades subversivas. En diciembre de 1996 fue despedido del Daily Nationdespués de 15 años de servicio. En marzo de 1997 le advirtieron de que había una trama para asesinarlo. Cuando fue a la comisaría de policía de Eldoret a informar sobre el hecho, en vez de tomarle declaración la policía le encerró durante 12 horas.

El poder judicial

El presidente designa al fiscal general y al presidente del Tribunal Supremo. Los magistrados que han tomado decisiones políticamente impopulares han sido trasladados a zonas remotas. El poder judicial ha sido criticado por estar indebidamente influido por el gobierno, aunque varios magistrados han desestimado confesiones obtenidas mediante coacción.

El presidente Moi ha afirmado que los tribunales no deben interferir en disputas de tierras o en temas relacionados con los partidos políticos o las universidades. El fiscal general ha dicho que ésos eran los puntos de vista del presidente Moi, pero que en Kenia el poder del presidente es tal que no puede ser ignorado.

Se ha impedido a los magistrados asistir a reuniones sobre asuntos judiciales. En 1996 y 1997 el presidente del Tribunal Supremo prohibió a delegaciones de jueces y magistrados viajar a las conferencias de la Sociedad Judicial de África Oriental. También se han restringido dentro de Kenia los seminarios sobre cuestiones jurídicas.

Los abogados están entre los que han sido víctimas de la represión del Estado. Raphael Wang'ondu Kariuki fue torturado por la policía en 1995 y aún sufre mareos y dolores.

«Recibir bofetadas, patadas y golpes a plena luz del día y en público causa traumas emocionales inimaginables.»

Paul Muite, parlamentario, febrero de 1997

«El gobierno... ha tomado nota con gran preocupación de las actividades de las ONG que se dedican a la educación cívica. Estas organizaciones suponen una amenaza para la seguridad del Estado y sus actividades deben ser limitadas.»

Circular, Oficina del Presidente

Pie de foto: Detención de Wafule Buke, miembro de la plantilla de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia en abril de 1997

Pena de muerte / Tiempo para el cambio

Pena de muerte

En Kenia hay más de 700 personas condenadas a la pena capital. Desde hace nueve años no se han recibido informes de ejecuciones, pero muchos presos condenados a muerte han perdido la vida a consecuencia de condiciones penitenciarias espantosas.

Los presos condenados a muerte han sido declarados culpables tras juicios claramente injustos. Algunos fueron condenados sobre la base de declaraciones extraídas mediante torturas. Otros se confesaron culpables mediante coacción. Muchos no tenían un abogado que les ayudase.

La pena de muerte es preceptiva según el código penal para los delitos de traición, asesinato, robo con violencia e intento de robo con violencia. Sólo los acusados de asesinato y traición son juzgados por el Tribunal Superior, y reciben ayuda del Estado para pagar un abogado si no disponen de medios para contratar uno por su cuenta. De los casos de robo con violencia e intento de robo con violencia se ocupan los tribunales de primera instancia, en los que no hay asistencia letrada. Como consecuencia de ello, muchos presos han sido condenados a muerte sin haber tenido asistencia letrada, lo cual constituye una violación de las normas internacionales. En varios casos las autoridades han detenido a opositores políticos acusándoles de delitos punibles con la pena capital (para los que no existe la libertad bajo fianza).

KENIA: HA LLEGADO LA HORA DEL CAMBIO

Los keniatas están demandando cambios. Defensores de los derechos humanos de muchos sectores sociales y de muchas zonas del país exigen una reforma de los derechos humanos sin dejarse intimidar por los riesgos a los que deben hacer frente. Las elecciones son una época de cambio y proporcionan oportunidades a los que trabajan en favor de los derechos humanos. Se puede presionar a los políticos para que adquieran compromisos en relación con los derechos humanos y se puede instar a los gobiernos recién elegidos a cumplir sus promesas electorales. Las elecciones de 1997 en Kenia ofrecerán ese tipo de oportunidad. El cambio debería haberse producido hace mucho. Durante demasiado tiempo los keniatas han sufrido una brutalidad policial generalizada y la represión sistemática de los críticos del gobierno. El historial de derechos humanos de Kenia está manchado con leyes represivas, torturas, malos tratos y homicidios policiales.

Las autoridades han acosado e intimidado a políticos de la oposición, activistas estudiantiles, periodistas y defensores de los derechos humanos. Las condiciones de la prisiones son espantosas. Los tribunales imponen penas crueles e inhumanas y centenares de personas se consumen sentenciadas a muerte. Es hora de apoyar el valiente trabajo de los que luchan por una sociedad mejor en Kenia. Las autoridades keniatas responden a la presión nacional e internacional concertada, tal como demuestra la historia reciente. La solidaridad internacional puede ayudar a que las cosas cambien. Únase a nosotros en nuestra campaña mundial para promover un mayor respeto por los derechos humanos en Kenia.

Pie de foto: Líderes religiosos, miembros de partidos de oposición y activistas de derechos humanos encabezan una manifestación en favor de la democracia en la que participaron 10.000 personas y que fue violentamente disuelta por la policía. Nairobi, mayo de 1997.

CUBIERTA INTERIOR: ACCIÓN EN DEFENSA

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Delegados de Amnistía Internacional se entrevistaron con representantes del gobierno de Kenia y dirigentes de la oposición, con activistas de derechos humanos, grupos profesionales, líderes religiosos y miembros de la comunidad internacional durante una visita de dos semanas realizada en junio de 1997. Alarmados por la potencial confrontación violenta, los delegados pidieron que se emprendiera un verdadero diálogo dentro de Kenia, pero fueron acusados por el gobierno de «incitación».

Amnistía Internacional cree que la siguiente acción es necesaria para aumentar la protección de los derechos humanos en Kenia.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Kenia:

- Que garantice los derechos humanos básicos de los ciudadanos keniatas derogando o enmendando las leyes y la Constitución para adecuarlas a las normas de derechos humanos internacionalmente acordadas. Kenia se ha comprometido a cumplir estas normas.

- Que proteja a los keniatas contra la tortura, los malos tratos y los homicidios cometidos por la policía poniendo fin a la detención en Regimen de incomunicación y garantizando que se investigan todas las denuncias de torturas, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales y que los responsables son llevados ante los tribunales. Por otra parte, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, como los azotes y las ejecuciones, deben ser abolidos.

- Que garantice que se permite a todos los keniatas ejercer sus derechos humanos básicos, incluida la libertad de expresión, asociación y reunión.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional:

- Que envíe observadores de derechos humanos a Kenia, especialmente a las zonas rurales, hasta después de las elecciones.

- Que condene públicamente las violaciones de derechos humanos que se cometen en Kenia.

- Que aumente la presión sobre Kenia para adecuar sus leyes y prácticas a las normas internacionales que Kenia se ha comprometido a cumplir.

Amnistía Internacional pide a las empresas que mantienen vínculos con Kenia:

- Que condenen públicamente las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Kenia y que planteen las preocupaciones sobre los derechos humanos en Kenia en sus contactos con el gobierno keniata.

- ue promuevan el respeto por los derechos humanos en Kenia por medio de sus propias prácticas.

Amnistía Internacional ha pedido a las organizaciones humanitarias y de ayuda al desarrollo que trabajan en Kenia:

- Que protejan de los abusos contra los derechos humanos a las ONG locales con las que trabajan.

- Que incluyan la promoción de los derechos humanos como objetivo en sus actividades.

- Que condenen públicamente las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Kenia y planteen sus preocupaciones sobre los derechos humanos en Kenia en sus contactos con el gobierno keniata.

Qué puede usted hacer

Ayude a fomentar el conocimiento sobre la realidad de la vida en Kenia

Difunda las publicaciones de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos humanos en Kenia. Plantee la cuestión a cualquier organización pertinente con la que estén en contacto. Escriba cartas a la prensa sobre violaciones de derechos humanos en Kenia.

Inste al gobierno a que actúe

Escriba a su gobierno. Pida a los ministros que usen su influencia con el gobierno de Kenia y en los organismos intergugernamentales para presionar en favor de la reforma de los derechos humanos.

Inste a su gobierno a que en sus contactos con el gobierno keniata condene públicamente las violaciones de derechos humanos que tienen lugar el Kenia.

Inste al gobierno a que haga todo lo posible por proteger a los keniatas que están haciendo campaña en favor de la reforma de los derechos humanos.

Apoye a los defensores de los derechos humanos en Kenia.

Escriba cartas de apoyo a los grupos de derechos humanos de Kenia, con los cuales puede contactar a través de:

The NGO Council,

PO Box 48278,

Nairobi,

Kenia.

Establezca vínculos con los grupos de derechos humanos keniatas. Ofrezca a poyo moral y solidaridad internacional práctica.

Inste al gobierno kenita a que proteja los derechos humanos

Además de escribir a su propio gobierno, también puede escribir a :

President of the Republic of Kenya,

Office of the President,

PO Box 30510,

Nairobi,

Kenia.

Inste al presidente a que promueva y proteja los derechos humanos en Kenia tomando las medidas expuestas más arriba.

Únase a nuestra campaña.

Póngase en contacto con la oficina de Amnistía Internacional en su propio país y pregunte cómo puede ayudar. Cuanta más gente se una a la campaña en favor de los derechos humanos en Kenia, más posibilidades tiene ésta de ser un éxito.

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN ÁFRICA

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