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ÍNDICE AI: AFR 32/32/98/s

4 DE DICIEMBRE DE 1998

Kenia: el gobierno dice a los keniatas que deben «olvidar» las torturas

Amnistía Internacional está sorprendida e indignada por la declaración del comandante Marsden Madoka, ministro de Estado de Kenia encargado de la seguridad interna, quien dijo ayer a los keniatas que debían «olvidar» los actos generalizados de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

Previamente a esta declaración, el gobierno de Kenia había admitido por primera vez que la tortura es una práctica generaliza entre las fuerzas se seguridad keniatas.

«En la semana del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohíbe explícitamente las torturas y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, es indudable que los políticos keniatas están intentando restar valor al sufrimiento de las personas que han sufrido tortura y menoscabar sus derechos humanos para permitir que los torturadores gocen de impunidad», ha manifestado Amnistía Internacional.

El hecho de que el gobierno haya admitido que la tortura es una práctica generalizada en Kenia no causa ninguna sorpresa a Amnistía Internacional. En marzo de 1998, la organización expuso a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) el caso de Geoffrey Ngungu Gichuki y de más de otros 150 miembros del grupo religioso mungiki que fueron detenidos cuando se disponían a celebrar el día de la independencia de Kenia en 1994.

Cuando Geoffrey Ngungu Gichuki estuvo bajo custodia en el Departamento Especial de la Policía, unos agentes lo colgaron de un árbol, con los brazos tan fuertemente atados como para impedir la circulación de la sangre y con la cabeza sujeta con una cuerda al tronco del árbol, y lo golpearon por todo el cuerpo. A causa de las torturas, sufrió lesiones muy graves en el brazo derecho y al final tuvieron que amputárselo a la altura del hombro porque tenía gangrena. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, a Geoffrey Ngungu Gichuki no se le imputó nunca ningún delito, y sus torturadores continúan en activo.

La impunidad de torturadores cuya identidad se conoce es un fenómeno corriente en Kenia. Ali Hussain Ali murió a causa de golpes recibidos en marzo de 1997 en una comisaría de policía de Wajir, en el nordeste de Kenia. En junio de 1998, un magistrado declaró responsables de la muerte a dos policías y a un cabo del ejército; sin embargo, los tres continúan en libertad a pesar de reiteradas peticiones formuladas al fiscal general Amors Wako por la familia de la víctima, así como por medios de comunicación y por organizaciones de derechos humanos.

«Los casos de personas como Geoffrey Ngungu Gichuki y Ali Hussain Ali y el hecho de que sus torturadores gocen de impunidad ilustran la necesidad urgente de que el gobierno keniata cumpla las obligaciones que le impone la Convención contra la Tortura, de la ONU, tratado que ratificó en febrero de 1997», ha declarado Amnistía Internacional.

En una carta dirigida en 1997 al gobierno keniata, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura señaló que las fuerzas de seguridad parecían utilizar la tortura con muchos fines, entre ellos intimidar a detenidos, impedir el activismo político y obtener «confesiones» y «regalos» En un informe de 1997 titulado Kenia: Detención, tortura y profesionales de la salud (índice AI: AFR 32/01/97/s), Amnistía Internacional recomendó que las autoridades keniatas aplicaran un programa exhaustivo de medidas para combatir la tortura, entre ellas la prevención de la detención y la reclusión arbitrarias, el establecimiento de estrictos controles en los procedimientos de interrogatorio, la investigación de todos los informes de violaciones graves de derechos humanos y la realización de una investigación completa sobre el empleo de torturas por las fuerza de seguridad de Kenia.

La aparente impunidad de que gozan el Departamento Especial y otras secciones de la policía es un importante obstáculo para la justicia en Kenia. Amnistía Internacional pide que se retire de su cargo a todos los agentes de policía y de seguridad sospechosos de haber cometido actos de tortura y que se realicen con prontitud investigaciones completas e imparciales sobre todas las denuncias de tortura. Es necesario hacer públicos los resultados de tales investigaciones, poner a disposición judicial y juzgar sin demora a los responsables de las torturas e indemnizar a las víctimas si procede.

«La declaración de que los numerosos y constantes actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad en Kenia se deben olvidar sin más constituye un manifiesto intento de negar a los ciudadanos keniatas sus derechos humanos fundamentales —ha manifestado Amnistía Internacional—. Además, si se olvida la tortura, ¿qué otros abusos va permitir el gobierno cometer impunemente a las fuerzas de seguridad?».