Público

Amnistía Internacional

Liberia

Los civiles están expuestos a sufrir abusos contra los derechos humanos en el país y más allá de sus fronteras

1 de octubre de 2002

Resumen

Índice AI: AFR 34/020/2002/s

Desde el inicio de 2002, aproximadamente 200.000 liberianos han huido de sus hogares, convirtiéndose bien en desplazados internos o en refugiados en otros países. Muchos de ellos han sido víctimas de abusos contra los derechos humanos, como homicidios deliberados y arbitrarios, tortura, incluida la violación, secuestros y acoso, tanto en el contexto del conflicto armado librado en Liberia como en otros países de África Occidental.

En este informe se ofrece una perspectiva general de las cuestiones que suscitan preocupación en relación con la protección de los desplazados internos y los refugiados liberianos. En él se analizan las causas que han provocado el desplazamiento de habitantes a otras zonas del país, como los abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad liberianas y el grupo armado de oposición Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (Liberians United for Reconciliation and Democracy, LURD). Se describe además la situación de los refugiados liberianos una vez que han huido, cruzando las fronteras, a los países vecinos; se citan casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad de otros países de África Occidental, y se describe el peligro que supone para los refugiados la presencia de fuerzas de seguridad liberianas en tales países. En el informe se hace hincapié asimismo en la tensión existente entre los residentes locales y los refugiados en estos países.

La inseguridad provocada por el conflicto armado interno que azota Liberia desde 1999 ha dado lugar al desplazamiento interno de decenas de miles de personas, en un gran número de casos, sin protección eficaz alguna. Los combates se han intensificado durante 2002 y los civiles han sido objeto selectivo de abusos contra los derechos humanos y se han visto atrapados en el fuego cruzado. Cuando estas personas huyen, otras se adueñan de las pertenencias personales que dejan atrás; por otra parte, las familias se separan, lo que expone a las mujeres y a las niñas a sufrir explotación sexual y violencia. Además, la violencia y la inseguridad han dificultado el acceso por parte de los organismos humanitarios a un gran número de desplazados internos. A lo que hay que añadir que no existe un organismo específico dedicado a la protección general de los desplazados internos.

Desde el inicio de 2002, aproximadamente 70.000 liberianos han huido del país, la mayoría de ellos a dos países vecinos: Sierra Leona y Guinea, donde se han unido a grandes grupos de refugiados liberianos ya establecidos allí, aunque también se han desplazado a Costa de Marfil y Ghana. Los liberianos se muestran cada vez más reacios a huir cruzando la frontera debido a que los compatriotas que lo han hecho han sufrido penalidades y abusos contra los derechos humanos en los países de asilo. Según informes, los miembros de

las fuerzas de seguridad, especialmente los de Costa de Marfil y Guinea, han sometido a acoso a los refugiados liberianos. Se han recibido además numerosos informes de casos de refugiados a los que se ha denegado la entrada a países vecinos en la frontera, medida que constituye «devolución» (refoulement) y que viola el principio más fundamental del derecho internacional en materia de refugiados. En las zonas donde se encuentra concentrado un gran número de refugiados liberianos, los residentes locales, que temen que la presencia de los refugiados traiga la guerra y la inseguridad al país o bien los asocian indiscriminadamente con grupos armados de oposición, se han mostrado hostiles y violentos con ellos.

Algunos grupos concretos de refugiados corren además otros peligros: es el caso de los defensores de los derechos humanos, los miembros de la oposición política, otras personas consideradas críticas con el gobierno de Liberia y los miembros de los grupos étnicos krahn y mandingo.

Este informe contiene recomendaciones exhaustivas dirigidas al gobierno liberiano, al LURD, a los gobiernos de África Occidental, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la comunidad internacional a fin de que adopten medidas eficaces:

• para asegurarse de que se hace todo lo posible para poner fin a los abusos contra los derechos humanos que sufren los desplazados internos y los refugiados liberianos en África Occidental;

• para asegurarse de que los organismos internacionales abordan la protección de los desplazados internos en Liberia de forma más coordinada;

• para asegurarse de que los gobiernos pertinentes y el ACNUR ejercen una función decisiva en relación con la protección de los refugiados en África Occidental.

Este texto resume el documento titulado Liberia: Los civiles están expuestos a sufrir abusos contra los derechos humanos en el país y más allá de sus fronteras (Índice AI: AFR 34/020/2002/s), publicado por Amnistía Internacional e1 1 de octubre de 2002. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: <http://www.web.amnesty.org/web/news.nsf/thisweek?openview>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), MADRID, ESPAÑA

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Público

Amnistía Internacional

LIBERIA

Los civiles están expuestos a sufrir abusos contra los derechos humanos y más allá de sus fronteras

1 de octubre de 2002

Índice AI: AFR 34/020/2002/s

Distr: SC/CO/CC

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), MADRID, ESPAÑA

LIBERIA

Los civiles están expuestos a sufrir abusos contra los derechos humanos en el país y más allá de sus fronteras

Introducción

Los enfrentamientos entre el grupo de oposición Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (Liberians United for Reconciliation and Democracy, LURD) y las fuerzas de seguridad liberianas durante los últimos cuatro años han provocado nuevos desplazamientos masivos de civiles. Según cálculos realizados por organismos humanitarios, actualmente hay unos 450.000 liberianos desplazados en todo África Occidental. La población civil ha huido a otras zonas del país o fuera de sus fronteras para evitar ser víctima de ataques o quedar atrapada en el fuego cruzado. La preocupación existente, en lo que concierne a la protección de estos refugiados y desplazados internos, se agrava a medida que la situación en Liberia empeora. Al huir, los civiles se hacen especialmente vulnerables y sufren abusos contra los derechos humanos a manos de los dos bandos enfrentados. Entre otros abusos, han sido víctimas de alistamiento forzoso de menores de edad en las fuerzas combatientes, ejecuciones sumarias, homicidios deliberados y arbitrarios, tortura, incluidas violaciones, secuestros y reclusión en régimen de incomunicación sin cargos.

Amnistía Internacional sigue recibiendo informes que indican que se están cometiendo graves abusos contra los derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Este informe se centra en los peligros a los que se exponen los liberianos al desplazarse, bien a otras zonas de Liberia o a otros países africanos, y aborda casos concretos de liberianos que corren especial peligro.

Las organizaciones humanitarias internacionales calculan que unos 200.000 liberianos abandonaron sus hogares durante los siete primeros meses de 2002. De éstos, cerca de 130.000 han huido recientemente a otras zonas del país, sumándose a las decenas de miles de desplazados internos ya existentes. Los otros más de 70.000 liberianos que han abandonado sus casas en lo que va de año han huido del país: 30.000 lo han hecho a Sierra Leona, 25.000 a Guinea, 16.000 a Costa de Marfil y 2.000 a Ghana. Se han unido, respectivamente, a los 83.000 refugiados ya existentes en Guinea, los 122.000 que se encuentran en Costa de Marfil, los 11.000 que hay en Sierra Leona, y a un total aproximado de 15.000 que se hallan en Ghana, Senegal y Nigeria. Se trata del número más elevado de desplazados liberianos existentes desde que en 1997 concluyó el anterior conflicto armado.

Por otra parte, a principios de 2002 había unos 54.000 refugiados sierraleoneses en Liberia: 30.000 han regresado a Sierra Leona durante los últimos meses huyendo de la violencia, pero los 12.000 refugiados restantes siguen corriendo peligro a medida que empeora la situación en los territorios a lo largo de frontera.

En el periodo comprendido entre septiembre de 2000 y mediados de 2001, los refugiados y desplazados internos en la región de África Occidental sufrieron una catástrofe humana y una crisis de derechos humanos devastadora. Decenas de miles de refugiados sierraleoneses en Guinea fueron obligados a regresar a Sierra Leona cuando las fuerzas rebeldes sierraleonesas atacaron las zonas fronterizas de Guinea. Los ataques provocaron la reacción violenta del gobierno guineano hacia los refugiados sierraleoneses. En su huida de vuelta a Sierra Leona, muchos se vieron atrapados en el fuego cruzado o fueron objeto de abusos contra los derechos humanos por parte de los distintos grupos políticos armados que actuaban en la región, de las fuerzas de seguridad guineanas o de los residentes locales guineanos. Los refugiados y los desplazados internos en Guinea quedaron expuestos a sufrir abusos y en extrema necesidad de protección. Su situación se vio agravada por la lenta respuesta de la comunidad internacional a la crisis.¹

Desde el inicio de 2002, conforme prosigue el deterioro de la situación de derechos humanos en Liberia, se aprecian en el país algunos de los indicadores que condujeron a la crisis de Guinea a finales de 2000. Amnistía Internacional teme que la historia pueda repetirse: los refugiados y los desplazados internos se hallan en una situación de vulnerabilidad y corren claramente peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos. A la organización le preocupa además que la situación de seguridad, que empeora rápidamente, pueda tener consecuencias graves para toda la región de África Occidental, y que peligren las vidas y el bienestar de decenas de miles de civiles vulnerables si no se adoptan medidas para su protección.

Los problemas de seguridad interna en Liberia y las deterioradas relaciones que el gobierno de este país mantiene con otros de la región suponen una amenaza creciente para la estabilidad en África Occidental. El gobierno liberiano ha acusado a Guinea de respaldar al grupo de oposición LURD. Esto ha tensado las relaciones entre los dos países. Los intensos enfrentamientos entre el LURD y las fuerzas de seguridad liberianas a lo largo de la frontera entre Liberia y Sierra Leona han acrecentado la tensión existente entre los dos países y ponen en grave peligro la frágil paz recientemente lograda en Sierra Leona.

Otra señal cada vez más alarmante es la reciente inestabilidad en Costa de Marfil: al intento de golpe de Estado fallido que tuvo lugar el 19 de septiembre de 2002 le sucedieron combates en la capital, Abiyán; según informes, a 1 de octubre de 2002, ya había al menos 270 muertos, cerca de 300 heridos y unos 5.000 desplazados. La situación política cambiante ya ha dejado sentir sus efectos sobre los refugiados y otros extranjeros residentes en el país, especialmente sobre quienes se encuentran en las inmediaciones de Abiyán. Los enfrentamientos que han tenido lugar recientemente en la zona de Adamé, en Abiyán, han dejado sin hogar a 200 refugiados procedentes de Sierra Leona y Liberia: la policía incendió y redujo a cenizas sus viviendas al intentar descubrir a posibles disidentes. En una entrevista ofrecida al periódico francés Le Monde, Alain Toussaint, asesor del presidente marfileño, señalaba que algunos países, como Liberia y Sierra Leona, deseaban desestabilizar Costa de Marfil, y que entre los agitadores había africanos de habla inglesa. La xenofobia general existente hacia los ciudadanos extranjeros y los marfileños de ascendencia musulmana del norte podría conducir a que se asociase indiscriminadamente a los refugiados con los amotinados y, por consiguiente, se les hiciera objeto selectivo de abusos contra los derechos humanos.

Causas de los desplazamientos internos en Liberia

Las causas por las que la población se desplaza son variadas, aunque se deben primordialmente a la inseguridad provocada por los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales liberianas y el LURD. Los constantes ataques contra pueblos y ciudades perpetrados por ambos bandos han tenido un efecto devastador sobre la población civil liberiana. Los combates se han intensificado desde el inicio de 2002, con ataques frecuentes contra pueblos y ciudades densamente poblados. En estos ataques la población civil ha sido invariablemente víctima de abusos, se ha visto atrapada en el fuego cruzado y ha sufrido saqueos frenéticos y masivos.

Los civiles dejan sus viviendas de forma repentina para evitar que los maten o les hagan daño, y a menudo se quejan de las penalidades que sufren en su huida. Muchos parten cuando oyen disparos intensos, cuando un campo o un pueblo es atacado o cuando las fuerzas gubernamentales los inducen a escapar de las fuerzas rebeldes. A menudo los civiles se quejan de que en los puestos de control establecidos por el gobierno se los despoja de su dinero y sus pertenencias personales, con lo que quedan desprovistos de recursos para huir a condiciones más seguras. En los campos de desplazados internos hay un gran número de mujeres y niños de corta edad; esto se debe a que muchos muchachos y jóvenes han sido secuestrados y reclutados forzosamente por las fuerzas combatientes leales al gobierno. Así se ha provocado la separación de familias, exponiendo a las mujeres y a los niños a sufrir actos de violencia sexual y violencia de género, como la violación o la esclavitud sexual.

Los desplazamientos en gran escala también han derivado de los anuncios radiofónicos efectuados por el gobierno de Liberia advirtiendo a la población de ataques inminentes, a menudo, según parece, sin fundamento, con el objeto de que las fuerzas de seguridad puedieran saquear viviendas y propiedades abandonadas. El 13 de mayo de 2002, el gobierno anunció por la radio que los rebeldes estaban planeando otro ataque contra Buchanan, en el condado de Grand Bassa, en el centro de Liberia. Este aviso originó el desplazamiento de varios miles de civiles hacia el condado de Grand Gedeh, en el este de Liberia, quienes, según los informes, se preparaban para cruzar la frontera que separa Liberia y Costa de Marfil en caso de necesidad. Buchanan no fue atacado posteriormente.

Otra de las causas de la huida ha sido el hecho de que las fuerzas de seguridad liberianas dirigen sus ataques contra presuntos «disidentes» y les dan caza. Desde mayo de 2002 la población masculina de origen étnico mandingo ha sido el objetivo principal de las detenciones y reclusiones arbitrarias sin cargos llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad liberianas. Esto ha movido a un gran número de personas a huir del país, principalmente a Guinea y Costa de Marfil. Muchas han denunciado haber sufrido acoso en los puestos de control establecidos en las fronteras. También han buscado refugio fuera del país otras personas a las que se tenía por opositoras del gobierno, entre ellas, defensores de los derechos humanos, periodistas, opositores políticos, y en algunos casos, ex miembros del gobierno que han retirado su apoyo al actual gobierno.

Abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto armado

Amnistía Internacional ha recibido informes sobres casos de civiles que han sido objeto de homicidios, torturas, incluida violación, reclutamiento forzoso y detención arbitraria, o que se han visto atrapados en el fuego cruzado cuando intentaban huir de los enfrentamientos entre el LURD y las fuerzas de seguridad liberianas en el periodo comprendido entre abril y agosto de 2002.

Ejecuciones sumarias, homicidios deliberados y arbitrarios y amenazas de muerte

Durante los combates librados a mediados de abril de 2002 en Sawmill, área próxima a Tubmanburg, en el condado de Bomi, Liberia central, , Amnistía Internacional recibió informes que indicaban que se había detenido y ejecutado a hombres que se habían negado a luchar en el bando de las fuerzas de seguridad liberianas. El 19 de abril de 2002, Fofoe Kanneh, perteneciente a la etnia mandingo y ex miembro del Movimiento Unido de Liberación para la Democracia en Liberia (ULIMO-K, por sus siglas en inglés), antigua facción combatiente en la guerra civil de Liberia, fue detenido por las fuerzas de seguridad liberianas y llevado a Sawmill, primera línea de los enfrentamientos en aquel momento, donde lo obligaron a combatir. Cuando estaba allí, le dispararon en la parte posterior del cuello y el abdomen tres veces y, seguidamente, lo retiraron a rastras alejándolo de la carretera principal y lo dejaron morir. Según informes, dispararon contra él por haber hecho el siguiente comentario: «Si obligan a luchar a personas que no están dispuestas a hacerlo, estarán creando más rebeldes en su contra, porque es posible que éstos acaben uniéndose a los rebeldes. De veras no quiero volver a luchar, yo me ocupo de mis asuntos». A principios de abril se informó de que en Sawmill se había reclutado a 11 niños menores de 18 años para combatir en las filas de las fuerzas de seguridad liberianas. Se trataba de Christopher Bema, de 14 años de edad, Othello Kyne y Anthony Boima de 15, Osman Turay, Haji Gray y Francis Toe, de 16, y Ballah Davis y Machael Tarlue, de 17. Según se informó, cuatro de los 11 menores fueron ejecutados sumariamente por negarse a luchar.

El 15 de mayo, en Gardnersville, Paynesville y West Point, zonas suburbanas de la capital, Monrovia, las fuerzas de seguridad liberianas detuvieron y reclutaron forzosamente a 13 varones de edades comprendidas entre los 15 y los 31 años para que combatieran en sus filas. Varios de los reclutados escaparon cuando los conducían hacia la primera línea de combate en el noroeste del país. Algunos de los que escaparon informaron de que las fuerzas de seguridad liberianas habían ejecutado sumariamente a cuatro hombres que se habían negado a combatir. Los habían matado en la ciudad de Gbah, en la carretera que conduce a la localidad de Bo-Waterside, cerca de la frontera con Sierra Leona.

Por lo general, después de que el LURD o las fuerzas de seguridad liberianas invaden un pueblo y todos los residentes lo abandonan, se producen saqueos. A menudo se suceden episodios esporádicos de disparos ya que los miembros de ambos bandos se disputan los bienes saqueados, lo que expone aún más a los civiles al peligro de verse atrapados en el fuego cruzado. Muchos de estos bienes son trasladados a Guinea y vendidos a los soldados guineanos, según afirman los refugiados liberianos en dicho país. Según informes, los responsables de las fuerzas de seguridad liberianas han ejecutado sumariamente a personas, incluidos algunos de sus miembros, so pretexto de castigarlas por los saqueos. Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales al menos cinco personas fueron amenazadas con ser ejecutadas sumariamente por haber realizado saqueos durante los combates librados en Gbarnga bajo las órdenes de un alto cargo de la guardia presidencial del presidente Charles Taylor. Se trataba, según informes, de tres miembros de la guardia presidencial, Edward Karju, Alvin Zarwolo y David Kpantie, y de dos civiles, uno de ellos James Sassie, que fueron detenidos, atados y amenazados con ser ejecutados sumariamente. Pero los defensores de derechos humanos de la zona tuvieron conocimiento del suceso y ejercieron presión sobre las autoridades gubernamentales locales para que impidieran las ejecuciones.

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales en mayo de 2002 las fuerzas de seguridad liberianas quitaron la vida a 11 personas de origen mandingo en la ciudad de Gbaney y a otras 8 en la ciudad de Gbeka, ambas localidades cercanas a Gbarnga, en el condado de Bong.

Violencia sexual y de género, incluida la violación

Durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en Gbarnga a mediados de mayo de 2002 decenas de miles de civiles huyeron hacia el norte, en dirección a Ganta, en el condado de Nimba, cerca de la frontera con Costa de Marfil. Durante la huida, hasta 20 mujeres denunciaron que las fuerzas de seguridad liberianas les habían salido al paso y las habín violado el 9 de mayo de 2002. Amnistía Internacional ha recibido informes recientemente sobre al menos tres de estos casos: FK, de 21 años de edad, fue violada por un miembro de las fuerzas de seguridad liberianas detrás de la Escuela Metodista de Gbarnga; AG, de 19 años de edad, fue víctima de una violación en grupo por cuatro miembros de las milicias aliadas del gobierno en el interior del Instituto de Enseñanza Secundaria de Gboveh; y HF, de 33 años, estuvo secuestrada y retenida dos días durante los cuales un miembro de la Unidad Antiterrorista, grupo que forma parte de las fuerzas de seguridad liberianas, la violó repetidamente cerca de la Universidad de Cuttington.

Se han recibido informes asimismo sobre mujeres y niñas desplazadas y que huyen que han sido capturadas y obligadas a prestar servicios sexuales. Se sabe al menos de un caso de una niña de origen mandingo que fue separada de su padre por un alto funcionario cuando intentaban huir a Guinea cruzando la frontera. La niña se encuentra todavía retenida en el condado de Nimba.

Secuestro de civiles

Según informes, a mediados de mayo de 2002, el LURD secuestró en la ciudad de Tubmanburg, que era escenario de intensos enfrentamientos, a un grupo de unos 60 liberianos invidentes y al sacerdote católico británico a su cargo, el padre Gerry Jenkins. Dos semanas después, éste quedó en libertad, ileso, en Conakry, capital de Guinea, El grupo de invidentes fue hallado a finales de julio de 2002 cuando las fuerzas gubernamentales se hicieron con el control de Tubmanburg, arrebatándoselo al LURD. Un portavoz del LURD aseguró que no habían secuestrado al grupo, sino que lo habían ayudado a desplazarse a un lugar más seguro, lejos de los enfrentamientos. No obstante, aún no se han esclarecido los pormenores de las condiciones en las que los invidentes permanecieron recluidos.

El 20 de junio de 2002, el LURD perpetró un ataque contra el campo de refugiados de Sinje, situado a 80 kilómetros al noroeste de Monrovia. A causa de este ataque, según cálculos del ACNUR, cerca de 24.000 refugiados sierraleoneses y desplazados liberianos huyeron del campo, en dirección a Sierra Leona y a Monrovia. Durante el ataque el LURD saqueó y destruyó el campo y secuestró a cinco enfermeras que estaban trabajando para una organización no gubernamental liberiana, Cooperativa Internacional de Emergencias Médicas (MERCI, por sus siglas en inglés). Las enfermeras fueron liberadas cerca de la frontera con Guinea el 2 de septiembre de 2002 y quedaron al cuidado del ACNUR.

En muchos casos de abusos contra los derechos humanos que se han denunciado, no está claro si las fuerzas gubernamentales o el LURD han sido las responsables de esos abusos, dado que muchos combatientes no llevan uniforme u otra forma de identificación. Así ocurrió, por ejemplo, el 16 de julio de 2002, cuando al menos 20 civiles sierraleoneses fueron secuestrados en tres pueblos del distrito de Kailahun, en el este de Sierra Leona. Tras una investigación, funcionarios del Estado de Sierra Leona concluyeron que las Fuerzas Armadas de Liberia habían sido las responsables de los hechos. No obstante, a principios de septiembre de 2002 la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU informó de que el secuestro de civiles había sido llevado a cabo por el LURD. Se cuenta con muy pocas fuentes independientes de información en las zonas de combate, donde se cometen numerosos abusos. Por ello, a menudo resulta difícil obtener información verificable sobre tales abusos o atribuir responsabilidades.

Hostigamiento

Entre otros abusos contra los derechos humanos cometidos durante los combates en Gbarnga, las fuerzas de seguridad liberianas y el LURD fueron responsables de hostigamiento, destrucción de bienes, incendios provocados en viviendas, detenciones en puestos de control y robo de pertenencias personales de los civiles que huían. Durante el ataque perpetrado el 9 de mayo de 2002, las fuerzas de seguridad liberianas interceptaron a los civiles que trataban de huir y les pidieron que les mostrasen sus documentos de identificación y se los entregasen, imponiéndoles además una multa de 25 dólares liberianos. Además, detuvieron a los civiles que no llevaban documentos de identificación para interrogarlos. El 10 de mayo de 2002, las fuerzas de seguridad liberianas levantaron una barricada en el puente de San Juan, justo en las afueras de Gbarnga, en la carretera que lleva a Ganta. Al conocer la noticia, los civiles que huían se vieron obligados a esconderse entre la maleza y circunvalar la carretera para evitar ser hostigados en la barricada.

Función de la comunidad internacional

Desde el inicio del conflicto armado en Liberia en 1999, la protección de los desplazados internos se ha visto gravemente desatendida ya que no se ha creado un organismo concreto al que asignar tal responsabilidad. El ACNUR se ocupa de los desplazados internos cuando se cumplen tres requisitos fundamentales: que se haya emitido una autorización formal del secretario general de la ONU a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH); que el Estado afectado haya dado su consentimiento; y que se disponga de recursos económicos suficientes. La intervención del ACNUR en el caso de Liberia ha sido limitada. Se ha nombrado a tres encargados que tienen el cometido de emprender las acciones para la protección de los refugiados sierraleoneses y de los desplazados internos en Liberia acogidos en campos de refugiados. En 2002, el coordinador de las cuestiones humanitarias del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsó la creación de una coalición en materia de protección encargada de colaborar con organizaciones humanitarias en activo y con organismos de la ONU para facilitar la ayuda humanitaria a los desplazados internos. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta iniciativa y anima al PNUD y a la coalición creada a que colaboren estrechamente con el representante especial del secretario general de la ONU para Liberia, Abou Moussa, recientemente designado, en la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Liberia (UNOL) ayudándole a observar los abusos y las violaciones que se cometen, a informar públicamente de éstos y a adoptar inmediatamente medidas correctivas, según proceda.²

Abusos contra los derechos humanos a los que están expuestos los refugiados

Decenas de miles de liberianos, temerosos de permanecer en el país, han huido a Costa de Marfil, Ghana, Guinea y Sierra Leona en busca de seguridad. No obstante, cada vez son más reacios a huir a otros países ya que sus compatriotas han sufrido penalidades y abusos en los países de asilo. Según informes, los miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente los de Costa de Marfil y Guinea, han acosado a los refugiados liberianos. Hay numerosos informes de casos de refugiados a los que se ha devuelto a su país cuando se hallaban en la frontera de los países vecinos, medida que constituye devolución (refoulement), y que viola el principio fundamental del derecho internacional en materia de refugiados. En las zonas donde se encuentra concentrado un gran número de refugiados liberianos, los residentes locales, que temen que la presencia de los refugiados traiga la guerra y la inseguridad al país o bien los asocian indiscriminadamente con grupos armados de oposición, se han mostrado hostiles y violentos con ellos. Algunos grupos concretos de refugiados están expuestos a peligros adicionales: es el caso de los defensores de los derechos humanos, los miembros de la oposición política, otras personas consideradas críticas con el gobierno de Liberia y los miembros de los grupos étnicos krahn y mandingo. En algunos casos, según informes, ha habido tensión y violencia entre los propios liberianos en los campos de refugiados, muestra de las tensiones étnicas existentes.

Guinea

Si bien es difícil obtener cifras exactas, dado que se cree que miles de liberianos han entrado de forma ilegal en el país en el último año y no han sido inscritos oficialmente, en agosto de 2002 el ACNUR calculaba que en Guinea había acogidos unos 108.000 refugiados liberianos. De éstos, aproximadamente 25.000 han llegado durante el presente año, y se encuentran en centros de tránsito de Kuankon, Kola y Nonah.

La preocupación más acuciante en relación con los refugiados liberianos en Guinea es la tensión existente con la población local. En mayo de 2002, un gran número de refugiados liberianos cruzó la frontera y al acceder a una zona de Guinea contigua a la frontera, los residentes guineanos de la zona les negaron la entrada. Los residentes locales sienten hostilidad hacia los refugiados porque temen que éstos traigan la guerra a su país. La presencia de combatientes armados en los campos de refugiados y entre la población local guineana constituye una amenaza para la estabilidad en estas zonas donde está presente el recuerdo de la crisis desatada a finales de 2000. Los informes indican que entre los refugiados se ha encontrado a miembros del LURD y de las fuerzas de seguridad liberianas. Se han recibido informes según los cuales el LURD está reclutando a refugiados en sus filas. No obstante, a principios de septiembre de 2002, el ministro de Asuntos Exteriores guineano negó públicamente este hecho.³En algunos casos, las fuerzas de seguridad guineanas han cerrado la frontera a los refugiados en un acto que constituye devolución, en otros, han obligado a los refugiados al pago de sumas de hasta 1.000 dólares liberianos (equivalentes a 20 dólares estadounidenses) para permitirles el paso.

El ACNUR ha previsto un plan de emergencia para recibir hasta 40.000 refugiados liberianos en Guinea durante el presente año, basándose en una valoración pormenorizada de necesidades y carencias elaborada en julio de 2002. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) está planeando abrir una oficina especial para esta cuestión en Nzérékoré que se encargue de vigilar la situación, de contribuir a coordinar la ayuda humanitaria y de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para mitigar la tensión existente entre las comunidades de acogida y los refugiados.

Sierra Leona

En Sierra Leona hay aproximadamente 59.000 refugiados liberianos, muchos de los cuales están viviendo en condiciones deficientes en los campos de refugiados.⁴Se calcula que 37.000 de ellos viven en campos cerca de Bo, al sur del país; 8.000 han sido acogidos en las ciudades, y 13.500 se encuentran en las zonas fronterizas de los distritos de Kailahun y Pujehun, en el este del país. La presencia de las fuerzas de seguridad liberianas y del LURD a lo largo de la frontera entre Liberia y Sierra Leona ha causado tensión en la zona. Según informes, a finales de julio de 2002 un grupo de hombres armados liberianos entró en Sierra Leona y secuestró a 28 civiles sierraleoneses. Se han recibido informes de ataques y saqueos de pueblos fronterizos perpetrados en Sierra Leona por liberianos armados. La inseguridad ha movido a Sierra Leona a cerrar sus fronteras para impedir una nueva infiltración de elementos armados, lo que ha dificultado aún más la huida hacia lugares seguros por parte de los refugiados que tienen legítimamente derecho a ello. (Las fronteras están abiertas actualmente.) Los liberianos que han intentado cruzar las fronteras han sido sometidos a trabajos forzados por sus compatriotas armados en esas zonas. Se han recibido informes que indican que existe hostilidad entre los residentes locales y los refugiados liberianos; que algunos liberianos están siendo recluidos sin cargos en prisiones de Sierra Leona; que un número desproporcionadamente elevado de mujeres y de niños liberianos está cruzando la frontera y entrando en Sierra Leona, lo que se debe, según informes, al hecho de que las fuerzas de seguridad liberianas han secuestrado y reclutado forzosamente a hombres jóvenes y muchachos menores de edad en las zonas fronterizas entre Liberia y Sierra Leona.

El gobierno de Sierra Leona y varias organizaciones internacionales han establecido un procedimiento de selección cerca de la frontera para separar a los elementos armados de los refugiados legítimos. Amnistía Internacional considera que se trata de un paso positivo y acoge con satisfacción esta iniciativa. Se debería llevar a cabo una evaluación durante la puesta en práctica del proceso con el objeto de determinar su eficacia y la viabilidad de su aplicación en otros países de África Occidental. El ACNUR calcula que antes de que concluya 2002 llegarán a Sierra Leona un total de 40.000 refugiados liberianos.⁵

De los 54.000 refugiados sierraleoneses que, según se calcula, llevan muchos años acogidos en Liberia, aproximadamente 30.000 han regresado a su país durante 2002. Unos 19.000 han regresado espontáneamente y el resto lo ha hecho, por tierra o por mar, con la ayuda del ACNUR. Los organismos humanitarios son partidarios de que el ACNUR organice una campaña más enérgica para alentar a los refugiados sierraleoneses restantes a regresar a su país y a asegurarse de que su retorno se realiza de forma voluntaria y en condiciones de seguridad.

Costa de Marfil

En la actualidad hay aproximadamente 91.000 refugiados liberianos viviendo en Costa de Marfil.⁶Se considera que unos 75.000 llegaron al país antes del 2002, y 16.000 lo han hecho en lo que va de año. La mayoría de ellos se encuentran en la Zona de Acogida de Refugiados de Danané, Guiglo y Tabou.

Los liberianos que huyen a Costa de Marfil han denunciado haber sufrido hostigamiento en gran escala por parte de las fuerzas de seguridad marfileñas, quienes, según informes, los obligan a pagar sumas de dinero y les roban sus pertenencias personales cuando los refugiados entran en el país. Muchos liberianos han señalado que se resistían a cruzar la frontera por temor a ser devueltos a su país si llevaban poco que ofrecer o no querer perderlo todo. Se han recibido informes asimismo que en zonas del norte tales como Danané indican que hay personal de seguridad del presidente Taylor, equipado con material de comunicación y que transmite información a Monrovia periódicamente.

El acoso e intimidación que sufren los liberianos a manos de las fuerzas de seguridad liberianas en Costa de Marfil han sido constantes desde 1999. En agosto de 1999, Amnistía Internacional documentó un caso de acoso e intimidación de hombres y mujeres de origen krahn a los que se había relacionado con altos mandos del ULIMO-K y el ULIMO-J, ex facciones que habían combatido en la guerra civil liberiana y enemigos acérrimos del presidente Taylor. Entre los casos más recientes cabe mencionar el de las amenazas dirigidas contra personas a quienes se considera opositoras del actual gobierno de Liberia. Los residentes de Gbargna que huyeron del ataque perpetrado el 9 de mayo de 2002 eran reacios a asentarse en Guiglo, zona en la frontera con Liberia asignada a los refugiados y dominada por los liberianos del grupo étnico krahn. Existen tensiones étnicas entre estos dos grupos porque a los residentes de Gbargna se los asocia con el presidente Taylor. El Frente Patriótico Nacional de Liberia y su líder, el presidente Taylor, residieron allí durante el conflicto armado que se libró de 1989 a 1997, y existe un antagonismo histórico entre el grupo étnico krahn y las personas asociadas al presidente Taylor.

Amnistía Internacional ha documentado casos de detenciones arbitrarias y reclusiones ilegítimas de refugiados liberianos de origen mandingo y krahn a manos de las fuerzas de seguridad marfileñas. El 5 de mayo de 2001, las fuerzas de seguridad marfileñas detuvieron a 19 liberianos (17 hombres y 2 mujeres) de origen krahn y mandingo que se dirigían a Guinea para inscribirse en un programa de reasentamiento. La policía marfileña dio el alto al autobús en el que viajaban y llevó a los 19 pasajeros a la prisión de Danané; Tras acusarlos de intentar entrar en Guinea para unirse a las fuerzas del LURD, los mantuvieron recluidos durante cinco días y el 10 de mayo de 2001 los trasladaron a Abiyán, capital de Costa de Marfil, para interrogarlos. En el trayecto a Abiyán, la policía les asestó golpes en la ciudad de Daloa. Estuvieron recluidos en Abiyán durante dos noches y posteriormente los volvieron a llevar a Danané donde permanecen recluidos. Este grupo lleva ya recluido arbitrariamente 16 meses sin cargos ni juicio, aunque dos de los hombres que lo formaban, Joseph Dweh y Cyfus Myers, han sido liberados. No obstante, más recientemente Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que en Danané hay un total de 32 liberianos encarcelados, al parecer debido a la misma causa. No se sabe con certeza la fecha en que fueron detenidos los otros 15 liberianos, ajenos al grupo del autobús.

Ghana

Si bien Ghana no linda con Liberia, el ACNUR calcula que este país acoge a 13.000 refugiados liberianos. Desde el inicio de 2002, aproximadamente 2.000 nuevos refugiados se han unido a los numerosos casos ya existentes. Varios miles de refugiados están viviendo en la capital, Accra, aunque la mayoría se encuentra en el campo de Buduburam, situado a más de 64 kilómetros al este de Accra.

El problema de los ataques contra refugiados por motivos políticos ha afectado especialmente a Ghana debido a la presencia de fuerzas de seguridad liberianas en el país. Se ha acosado, hostigado y dado muerte a varios defensores de los derechos humanos y opositores al gobierno liberianos. En septiembre de 2000, ocho empleados del periódico The New Democrat y uno de Star Radio buscaron seguridad en Ghana; en abril de 2001, 16 líderes estudiantiles de la Universidad de Liberia huyeron también a ese país con el mismo objetivo. Ambos grupos abandonaron Liberia tras ser objeto de acoso, encarcelamiento, tortura y amenazas a manos de las fuerzas de seguridad liberianas por manifestar abiertamente sus opiniones. Desde que han llegado a Ghana, viven atemorizados por la presencia de las fuerzas de seguridad liberianas.⁷Los empleados de The New Democrat han recibido cartas en las que se les advierte del peligro que corren en Ghana y se les comunica que las autoridades liberianas están creando una red regional para mantener vigilados a los políticos, periodistas y activistas de derechos humanos huidos de Liberia. Además de aconseja a los liberianos incluidos en estas categorías que se mantengan alejados de los lugares públicos, especialmente del campo de refugiados de Buduburam. De todos es sabido que tal campo constituye la base de la red de vigilancia establecida por el gobierno liberiano.

La mayoría de los ataques por motivos políticos y contra la seguridad que se han denunciado ha tenido lugar en el campo de Buduburam. Las tensiones entre los residentes ghaneses, la policía ghanesa y los refugiados liberianos, que habían ido en aumento desde principios de 2001, han provocado varios incidentes. En noviembre de 2001, un refugiado liberiano acogido en el campo de Buduburam resultó muerto, y durante ese mismo mes, aunque en un incidente que no guarda relación, Michael Lahai, de la Universidad de Liberia, fue atacado por un hombre armado no identificado que estaba visitando el campo y resultó gravemente herido. Con posterioridad a la agresión, Michael Lahai ha recibido amenazas de muerte procedentes de liberianos no identificados.

El 18 de diciembre de 2001, Augustine Morlue, líder estudiantil, fue agredido y lesionado por un hombre armado no identificado en el campo de Buduburam. Posteriormente no ha tenido acceso a atención médica adecuada, por lo que sus lesiones han empeorado. El 1 de enero de 2002, Joseph Jugbor, periodista de The New Democrat, recibió un disparo y hubo de ingresar en un hospital.

En la noche del 12 de abril de 2002, Esther Marconi, ciudadana liberiana de ascendencia krahn cuyo esposo había servido en las Fuerzas Armadas de Liberia durante el conflicto armado en el país, fue agredida con un arma blanca por un hombre liberiano no identificado a través de la ventana del lugar donde residía en el campo de refugiados. La agresión le seccionó una vena de una mano y le provocó cortes profundos en dos dedos. La hemorragia le hizo perder el conocimiento y finalmente, a la mañana siguiente unos vecinos la llevaron al hospital local pero, pese a la gravedad de la herida, no recibió atención hasta última hora del día siguiente. Esther Marconi ha perdido el uso de la mano lesionada y sigue precisando atención médica. Es madre de seis hijos y una albañil cualificada, pero actualmente no puede desempeñar su oficio. Amnistía Internacional cree que la agredieron por motivos políticos: en 1996 había presenciado la muerte de su esposo a manos del Frente Patriótico Nacional de Liberia, y posteriormente, el mismo día, la muerte de su cuñado a manos de un miembro de dicho grupo por negarse a cumplir la orden de lamer la sangre de su hermano, que yacía muerto, ante ellos. Tras estos dos incidentes, Esther Marconi huyó con sus hijos a Ghana en busca de seguridad. Cree que su agresor pertenecía a las fuerzas de seguridad liberianas y sigue sintiéndose en peligro.

Según informes, el 21 de agosto de 2002 varios hombres armados no identificados entraron en el campo de Buduburam y mataron a un comerciante ghanés, apuñalaron a un liberiano, y secuestraron y violaron a una adolescente de 16 años, a la que sacaron del campo y violaron ocultos en la maleza.

La falta de seguridad en el campo de Buduburam suscita honda preocupación en Amnistía Internacional. El campo tiene una extensión de algo más de 58 hectáreas y acoge a más de 20.000 refugiados. En él hay un total de 10 agentes de seguridad ghaneses que, según los refugiados, no están bien repartidos por el campo sino que se concentran únicamente en algunas zonas. La escasez de personal de seguridad permite la entrada y salida libre de personas al campo, entre las que hay miembros de las fuerzas de seguridad del presidente Taylor que han sido responsables de muchas de las agresiones sufridas por los refugiados.

El 25 de abril de 2002, el general de división Alfred T. Glay, de origen krahn y miembro de la unidad especial de seguridad del ex presidente Samuel Doe, murió en circunstancias sospechosas. La policía ghanesa detuvo a varios liberianos en relación con el presunto asesinato quienes, según se sabe, están estrechamente vinculados al presidente Taylor.

Al problema de la protección de los liberianos en Ghana hay que añadir la negativa del gobierno ghanés a reconocer su condición de refugiados. Cuando el grupo de periodistas y líderes estudiantiles citado más arriba llegó a Ghana, sus componentes siguieron todos los procedimientos adecuados para solicitar asilo, inscribiéndose en la Junta de Refugiados en Ghana y en los registros del ACNUR.⁸No obstante, ha transcurrido más de un año y las autoridades ghanesas no han atendido todos los casos. Al no tener reconocida la condición de refugiados, los liberianos siguen corriendo grave peligro y no pueden acceder a la ayuda humanitaria y la protección normalmente dispensada por el ACNUR. Corren constantemente el riesgo de ser devueltos a su país, pese a que sus vidas estarían en grave peligro en caso de ser obligados a regresar a Liberia. Según parece, el gobierno ghanés no ha cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional sobre refugiados según los cuales ha de protegerlos y ayudarlos. Amnistía Internacional teme que el gobierno de Ghana no haya recibido suficiente respaldo del ACNUR en el país debido a la falta de ayuda internacional a los refugiados liberianos.

Obligaciones relativas a la protección de los desplazados internos y los refugiados

En este contexto, son aplicables tres campos decisivos del derecho internacional: las normas internacionales de derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los refugiados, incluidos los Principios Rectores de los desplazamientos internos. No cabe duda de que no se han respetado derechos humanos considerados fundamentales con arreglo al derecho internacional, como el derecho a la vida, a no sufrir torturas como la violación, y a no ser sometido a detención arbitraria. Estos derechos están consagrados en instrumentos de distinto ámbito, internacional y regional, y en las constituciones de los distintos Estados de África Occidental. Estas normas y tratados se aplican igualmente a los desplazados internos y a los refugiados de los distintos países de la región.

Proteger y ayudar a los refugiados es responsabilidad de los Estados de la región de África Occidental, incluido Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona, la totalidad de los cuales han ratificado la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África. El principio fundamental que vertebra el sistema internacional de protección de los refugiados es el de no devolución (non refoulement): no se debe devolver a nadie a un país donde corra peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos. Los Estados que actualmente acogen a refugiados liberianos violan habitualmente este derecho. Por ello, es decisivo que se respete este derecho y que esta cuestión se aborde con carácter urgente.

El ACNUR debe proteger a los refugiados, debe actuar, y se le debe permitir que actúe, en todas las circunstancias. Debe desplegar suficiente personal cualificado en las zonas de afluencia masiva. Su presencia contribuiría a aliviar las tensiones existentes entre la población local y los refugiados, a garantizar que se preserva el carácter civil de los campos de refugiados, a identificar a las personas que corren peligro en el país de asilo, a remitir causas para el reasentamiento puntualmente, y a vigilar y denunciar los abusos contra los derechos humanos para impedir que se produzcan. Además, el ACNUR debe ofrecer suficiente ayuda y protección a los refugiados y a los desplazados internos que impida que las mujeres y los niños más desprotegidos caigan en la prostitución y la esclavitud sexual. El informe publicado conjuntamente por el ACNUR y la organización Save the Children, del Reino Unido, en febrero de 2002 hacía hincapié en muchos de estos motivos de preocupación.⁹

Más de 100.000 liberianos se han desplazado a otras partes de Liberia durante el 2002 a causa del recrudecimiento de la violencia en el país. Hay cientos de miles de desplazados a los que los organismos humanitarios no pueden acceder. Los Principios Rectores de los desplazamientos internos, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998, suponen el marco de normas internacionales que deben aplicarse para garantizar la protección de toda persona desplazada en su propio país.¹⁰Los Principios Rectores reafirman derechos aplicables de forma no discriminatoria, tales como el derecho de los desplazados a buscar seguridad en otra parte del país, a abandonar el país, a solicitar asilo en otro país y a recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro.¹¹

En particular, los Principios Rectores confirman que si bien la responsabilidad primaria de proporcionar protección y asistencia a los desplazados internos corresponde a las autoridades nacionales, las organizaciones humanitarias internacionales también «tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados internos. Se insta a las organizaciones internacionales a que presten especial atención a las necesidades de protección y a los derechos humanos de los desplazados internos a la hora de prestarles ayuda. Organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los organismos humanitarios internacionales y el Programa Mundial de Alimentos han estado prestando ayuda urgente a los liberianos desplazados, en la medida en que así lo ha permitido la precaria situación de la seguridad en el país durante los últimos meses.

Motivos de preocupación concretos relativos a la protección

En la Nota anual sobre Protección Internacional del ACNUR para el año 2002, el Alto Comisionado informa de los principales problemas de protección surgidos durante el año y fija las metas y los objetivos resultantes de las Consultas Mundiales sobre la Protección Internacional llevadas a cabo durante el 2001 y 2002.¹²El Programa de Protección subraya como principal motivo de preocupación la seguridad de los refugiados. Entre las preocupaciones concretas que atañen a África Occidental subrayadas en la nota están: la seguridad de los refugiados y la separación del personal armado de la población refugiada, la prevención del reclutamiento de soldados entre los refugiados, y la prevención de la violencia basada en la edad, el sexo y el género.

Naturaleza civil de los campos de refugiados

Amnistía Internacional reconoce que la comunidad internacional, incluidos los gobiernos de la región y los organismos humanitarios internacionales, han aprendido de la trágica experiencia vivida en Guinea durante el 2000 y 2001 a asegurarse de que los campos de refugiados se sitúen lejos de las fronteras del país. Tanto en Guinea como en Sierra Leona, los campos se hallan actualmente ubicados a una distancia suficientemente alejada de la frontera con Liberia. No obstante, sigue suscitando honda preocupación la infiltración de grupos de milicias o elementos armados entre los refugiados en el momento en que cruzan las fronteras o al ser trasladados a zonas más seguras, y el problema requiere mayor atención. Es vital que se identifique y separe a los elementos armados para garantizar la naturaleza civil y humanitaria de los campos de refugiados. Tal proceso debe ser realizado por las autoridades locales en los países de asilo pertinentes conforme a un procedimiento justo vigilado por el ACNUR.

Responsabilidad y repartición de la carga

La protección y asistencia a los refugiados atañe asimismo a la comunidad internacional; esta responsabilidad no debe recaer únicamente sobre los Estados de acogida, especialmente en los casos de entradas masivas. Se debe respaldar al ACNUR en su mandato de dispensar protección internacional a la población refugiada y de impulsar soluciones duraderas a sus problemas. Los grandes donantes deben compartir esta responsabilidad y ofrecer apoyo económico y material a los gobiernos de acogida y al ACNUR para que mantengan y protejan a los refugiados durante el tiempo que requieran ayuda internacional. En el Programa de Protección se reitera la importancia vital de la solidaridad internacional.

El ACNUR se financia a través de contribuciones internacionales. La fondos destinados específicamente al programa del ACNUR para África Central y Occidental en el 2002 ascienden a 72,4 millones de dólares estadounidenses. En lo que va de año, el ACNUR ha recibido el 38,8 por ciento de esta cantidad. Además, el ACNUR ha solicitado con motivo de la crisis una financiación urgente de 10,4 millones de dólares estadounidenses para destinarlos a los refugiados procedentes de Liberia, cantidad que prácticamente ha recibido ya en su totalidad. No obstante, el empeoramiento constante de la situación de la seguridad en Liberia y Costa de Marfil puede mover al ACNUR a solicitar fondos adicionales.

Soluciones duraderas

Si bien Amnistía Internacional insta a que con carácter prioritario se adopten medidas inmediatas en el ámbito nacional e internacional para restablecer la seguridad y la protección en Liberia, la organización considera asimismo que, cuando no se disponga de una solución duradera dentro de la región de África Occidental, la comunidad internacional debe aumentar la capacidad de reasentamiento en terceros países de aquellas personas que siguen corriendo peligro en el país al que han huido. Por otra parte, se debe dotar de recursos suficientes al ACNUR para que identifique y tramite adecuadamente los casos de reasentamiento.

Recomendaciones

La crisis de Liberia tiene claramente consecuencias para la región que requieren soluciones internacionales y regionales. Es significativo que esta crisis se haya desatado por no haberse abordado eficazmente los abusos masivos contra los derechos humanos cometidos en Liberia durante los últimos años. Amnistía Internacional ha formulado numerosas recomendaciones a los gobiernos de la región de África Occidental, a los grupos políticos armados y a la comunidad internacional en relación con los pasos que deben darse para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales. Las recomendaciones que se incluyen en este documento se basan en las formuladas anteriormente y las complementan y están dirigidas a combatir la naturaleza concreta de la actual crisis.

Se deben adoptar medidas inmediatas para poner fin a los abusos de los derechos humanos que se ejercen contra los desplazados internos y los refugiados liberianos en África Occidental y se debe garantizar una mayor protección continua para estas poblaciones para impedir que sufran nuevos abusos en el futuro. La responsabilidad principal de acabar con los abusos y violaciones de derechos humanos recae sobre el gobierno de Liberia, el LURD y todos los Estados de la región de África Occidental que acogen a refugiados liberianos, incluidos Sierra Leona, Guinea, Ghana y Costa de Marfil. Amnistía Internacional considera, no obstante, que el ACNUR, sus asociados y la comunidad internacional también son responsables y tienen una función importante que desempeñar.

Pasos para acabar con los abusos contra los derechos humanos de los desplazados internos y los refugiados

1. Los gobiernos de África Occidental y la cúpula del LURD deben dejar claro a todas las fuerzas gubernamentales y a los combatientes del LURD que no se tolerará ningún abuso contra los derechos humanos de los desplazados internos y los refugiados; que se llevará ante los tribunales de justicia a los responsables; y que se deben observar escrupulosamente las normas internacionales de derechos humanos, el derecho humanitario y la normativa internacional sobre refugiados.

2. Todas las fuerzas gubernamentales de los países de África Occidental deben poner fin de inmediato a los ataques deliberados y selectivos contra desplazados internos y refugiados sospechosos de respaldar a las partes enfrentadas en el conflicto armado.

3. Las fuerzas gubernamentales de Liberia y los combatientes del LURD deben liberar a todos los civiles secuestrados, y especialmente a las mujeres y los niños. Se debe liberar inmediatamente a todos los menores utilizados como combatientes o asociados de alguna forma con las fuerzas combatientes y se debe garantizar el cese de estos secuestros.

4. Todos los gobiernos de África Occidental deben investigar sin demora y de forma eficaz, exhaustiva e imparcial todas las denuncias de abusos contra los derechos humanos y deben poner a los responsables a disposición judicial para su enjuiciamiento conforme a las normas internacionales de imparcialidad procesal.

5. Todos los gobiernos de África Occidental deben respetar las normas internacionales relativas a los refugiados y a los desplazados internos, en concreto, la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, así como las normas jurídicas internacionales contenidas en los Principios Rectores de los desplazamientos internos, de la ONU, incluido el principio de garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a los destinatarios en condiciones de seguridad.

6. Todos los gobiernos de África Occidental y el LURD deben colaborar estrechamente con el ACNUR y la comunidad internacional para poner fin a los abusos contra los derechos humanos, especialmente en relación con los principios de protección de los refugiados, incluido el principio de no devolución (non-refoulement), que debe respetarse en todas las circunstancias.

7. El gobierno liberiano y el LURD deben trabajar con organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), para asegurarse de que no se induce, coacciona u obliga de cualquier otra forma a los desplazados internos a regresar a zonas donde puedan correr peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos, respetándose los Principios Rectores de los desplazamientos internos.

Se debe hacer todo lo posible por crear un entorno protegido y seguro, y esto debe hacerse de forma asociada con todas las partes afectadas

1. La comunidad internacional debe dotar de recursos al ACNUR para que ayude a los gobiernos de la región a impartir formación general a todas las fuerzas de seguridad sobre normas internacionales de derechos humanos y normas y tratados en materia de refugiados.

2. Todos los gobiernos de África Occidental deben colaborar con el ACNUR para preservar el carácter civil y la naturaleza humanitaria de todos los campos de refugiados; vigilar la identificación y separación de los elementos armados de la población refugiada; y, garantizar que se crean nuevos campos en lugares adecuados y seguros y de forma tal que todos los refugiados estén adecuadamente protegidos e inscritos en registros, y que las necesidades de protección de las mujeres, niños y grupos vulnerables son plenamente satisfechas, entre otras formas, consultando a los refugiados, en concreto a las mujeres, sobre la protección y ayuda que precisan.

3. El ACNUR y el CICR deben llevar a cabo una evaluación continua de los procedimientos de identificación y separación de elementos armados de la población refugiada.

4. Debe haber una presencia suficiente de personal internacional de la ONU y de otros organismos internacionales dedicados a actividades de vigilancia sobre el terreno que garantice que se permite a los refugiados y desplazados internos circular y desplazarse a zonas más seguras dentro del país o a abandonar el país sin ser acosados o intimidados por las fuerzas de seguridad.

5. Todos los gobiernos de África Occidental deben colaborar con el ACNUR para garantizar que se satisfacen plenamente las necesidades de protección y de ayuda humanitaria de los refugiados en la región y que cualquier retorno espontáneo se realiza de forma segura y digna.

6. El ACNUR y las organizaciones pertinentes que están trabajando en Liberia sobre cuestiones relativas a los desplazados internos deben documentar y denunciar los abusos contra los derechos humanos que sufren los refugiados y los desplazados internos, especialmente las violaciones y demás formas de violencia sexual, de forma tal que se facilite asimismo la prestación de ayuda continua y adecuada, incluida atención psicológica y servicios sociales.

Es decisivo que se garantice una financiación continua y prolongada del sistema de protección de los desplazados internos y los refugiados en África Occidental

1. La comunidad internacional, incluidos los Estados donantes de ayuda, debe garantizar su compromiso constante con la búsqueda de soluciones duraderas de integración local y reasentamiento en los países de la región.

2. Se debe dotar de suficiente respaldo económico y político al ACNUR y a las organizaciones pertinentes en Liberia que estén trabajando sobre cuestiones relativas a los desplazados internos a fin de que pueda aplicarse eficazmente el mandato de protección en toda la región.

3. La comunidad internacional debe ofrecer ayuda adecuada y constante a los refugiados y a los desplazados internos que han sido víctimas de abusos contra los derechos humanos, especialmente de violación y otras formas de violencia sexual. Esta ayuda incluirá el acceso a los servicios de atención psicológicos y sociales, al tratamiento médico y al asesoramiento jurídico.

4. La comunidad internacional debe respaldar iniciativas, como la Oficina de las Naciones Unidas para el África Occidental y la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Liberia (UNOL), destinadas a establecer una presencia de vigilancia independiente e imparcial de la situación de los derechos humanos en Liberia y en el resto de la región, con clara autoridad para vigilar el respeto de los derechos humanos de la población civil, incluidos los refugiados, en general, y los que regresan a sus hogares y los desplazados internos, y para hacer públicos sus informes con carácter periódico.