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del jueves 3 de septiembre de 1992

MALAWI: LA POLICÍA EFECTÚA DETENCIONES EN MASA PARA

REPRIMIR LA REVOLUCIÓN DEL FAX

Amnistía Internacional ha afirmado que en los últimos meses en Malawi se ha procedido a la detención de centenares de personas en un intento del gobierno de poner fin a la contestación sin precedentes de la oposición.

Desde mayo de 1992, la policía viene realizando registros en oficinas y domicilios particulares en busca de seguidores del movimiento multipartidista. A veces, como en la sección informática del Banco Nacional de Malawi, se ha detenido a todo el personal de una oficina, simplemente porque la policía sospechaba que se habían empleado las fotocopiadoras para reproducir documentos en defensa del pluripartidismo. Cualquier persona que tenga un fax puede sufrir el acoso de la policía debido a que se ha utilizado este medio para enviar mensajes antigubernamentales.

En el informe que publica hoy, la organización internacional de derechos humanos ha dicho que muchas personas siguen detenidas sin cargos, en centros atestados de presos, y que muchos han sido torturados.

"El gobierno se está enfrentando a una oposición inesperada y su respuesta es la represión", ha manifestado Amnistía Internacional. "Tenemos informes de casos como los de 285 personas hacinadas en un celda pequeña, de personas recluidas a las que colocan grilletes, de fuertes palizas y descargas eléctricas. A una mujer la desnudaron y la golpearon con una picana eléctrico para ganado. También se está dando una situación aterrador de muertes bajo custodia.

Malawi tiene un régimen unipartidista, al frente del cual se encuentra el doctor H. Kamuzu Banda, en calidad de presidente vitalicio. Son varias las penas previstas para cualquiera que intente ejercer el derecho a la libertad de expresión. En respuesta a las críticas internacionales a su historial de derechos humanos, el gobierno recientemente liberó a varios presos políticos que llevaban mucho tiempo recluidos, entre ellos uno que llevaba 27 años en la cárcel. Sin embargo, los disidentes activos siguen siendo encarcelados sin cargos o procesados por sedición.

El debate abierto sobre el futuro político del país se remonta a la carta pastoral que publicaron en marzo de este año los obispos católicos del país. La carta, que fue leída en las iglesias del país y de la cual se imprimieron 16.000 copias, criticaba el historial de derechos humanos del gobierno y solicitaba una mayor democracia. El gobierno declaró que la carta era sediciosa y en la actualidad constituye un delito poseer una copia.

Dirigentes del partido gobernante amenazaron públicamente a los obispos con la ejecución y la empresa que imprimió la carta sufrió un atentado con explosivos. Desde entonces se ha detenido a muchas personas más, lo cual ha provocado un gran hacinamiento en la cárceles. Esto podría ser una táctica deliberada de malos tratos por parte de las autoridades. Hay informes que indican que las autoridades carcelarias se han negado a permitir a los reclusos vaciar los cubos que utilizan para sus necesidades, a consecuencia de lo cual las celdas se han inudnado de orina y excrementos. A los detenidos políticos les obligan a limpiar el excremento con sus propias manos.

Entre las víctimas de la represión figuran decenas de oficinistas, miembros de grupos religiosos, estudiantes y sindicalistas. El veterano dirigente sindical, Chakufwa Chihan, por ejemplo, fue detenido en abril cuando intentaba pronunciar un discurso. Durante su reclusión le colocaron grilletes, le aislaron del mundo exterior y la policía desatendió en varias ocasiones la orden de hacerle comparecer ante el juez. Finalmente, le acusaron de sedición y le pusieron en libertad bajo fianza. Sin embargo, a los cuatro días volvieron a recluirlo tras ser detenido por la policía. Parece ser que las autoridades pretenden presentar más cargos de sedición.

"El gobierno ha adoptado algunas medidas para mejorar el respeto por los derechos humanos, y posiblemente son más de 60 los presos políticos puestos en libertad este año. Sin embargo, las detenciones constantes restan valor a estas medidas. Tienen que acabar y el gobierno debe dar los pasos necesarios para evitar estos abusos en lo sucesivo.

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