Amnistía Internacional

MOZAMBIQUE

Los derechos humanos y la policía

Abril de 1998 ÍNDICE AI: AFR 41/01/98/s

DISTR: SC/CC/CO/GR (17/98)

Como consecuencia de un plan para mejorar la protección de la integridad física y de la propiedad «... han disminuido de modo significativo el índice de criminalidad y la perturbación del orden público y de la normalidad hasta ahora. El departamento de formación profesional del cuerpo de policía constituye la base de este plan.» El presidente Joaquim Chissano en su discurso del Estado de la Nación el 13 de abril de 1998.

Mozambique está trabajando para introducir cambios en la fuerza de policía del país y convertirla en un cuerpo correctamente instruido y provisto del material adecuado, que respete los derechos humanos y preste un servicio a la población mozambiqueña. La labor de reestructurar y formar a la policía se ha puesto en marcha en el marco de un proyecto amparado por la ayuda internacional. Una disminución de la frecuencia de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía será un indicador importante del éxito de estas reformas. Este informe resume los problemas a los que se ha enfrentado la policía y las reformas en curso. Asimismo explica como las deficiencias existentes en la protección de los derechos humanos dentro de la policía han dado lugar a torturas, malos tratos, homicidios y «desapariciones» a manos de la policía. Este informe tiene por objeto hacer hincapié en la necesidad de reestructurar y formar a la policía para que se ajuste a las normas internacionales para la protección de los derechos humanos.

Durante los 10 primeros años de la independencia de Mozambique las fuerzas de seguridad disfrutaban de poderes casi ilimitados de arresto y detención, y el uso de la tortura tanto por la policía como por el ejército era muy frecuente. Las víctimas principales en aquel entonces eran presuntos miembros o simpatizantes del grupo de oposición armada Resistencia Nacional Mozambiqueña (Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO).(1) La policía recibía muy poca instrucción y se esperaba que apoyara el único partido político legítimo, el Frente para la Liberación de Mozambique (Frente para a Libertação de Moçambique, FRELIMO).

En los años ochenta, sin embargo, las presiones ejercidas por personas que formaban parte del gobierno condujeron a la introducción de reformas. Siguieron produciéndose violaciones de derechos humanos, pero al concluir la década, la práctica de la tortura era menos frecuente, y la flagelación, que se había introducido como pena judicial en 1983, se abolió en 1989. La pena de muerte, introducida en 1979, fue abolida en 1990.

En octubre de 1992 se puso fin a la guerra civil en Mozambique. El gobierno y la Resistencia Nacional Mozambiqueña habían acordado un proceso de paz cuyo cumplimiento sería vigilado por la Operación de Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ). Durante la presencia de las Naciones Unidas en el país los soldados de la ONU y la Policía Civil contribuyeron a contener la criminalidad. No obstante, al efectuarse la retirada de la ONU después de la elección de un nuevo gobierno en octubre de 1994 se produjo un aumento alarmante del índice de criminalidad. La diferencia entre ricos y pobres se acentuó con la implantación de una economía de libre mercado y la desmovilización de miles de soldados aumentó las ya altas cifras de desempleo. La abundancia de minas terrestres dificultaba el acceso a las tierras y los delincuentes obtenían armas con facilidad.

La ola de criminalidad desbordó a la policía, que carecía de recursos y se burlaba de las normas que regulaban su conducta. Son frecuentes los informes de torturas o malos tratos a detenidos. La policía también ha sido responsable de golpear, lesionar y matar a personas por medio del uso excesivo de la fuerza.

La persistencia de las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de la policía se debe a diversos problemas, tales como una formación deficiente y la falta de mecanismos adecuados para detectar y corregir conductas indebidas. Los criterios y procedimientos que se siguen para seleccionar personal son inadecuados y los recién contratados reciben una formación de seis meses a lo sumo. Existen medidas disciplinarias para castigar las infracciones del reglamento, en las que se han basado para despedir a muchos policías o para entregarlos a los tribunales. No obstante, los procedimientos de recepción y tramitación de denuncias presentadas por ciudadanos son inadecuados. Estos problemas se agravan por los retrasos en la administración de la justicia, que permite que los delincuentes anden sueltos y que los centros de detención se encuentren atestados de gente.

La policía carece de recursos suficientes en cuanto a instalaciones, vehículos y material. Los salarios bajos inducen a los agentes a cometer delitos y existen claros indicios de un problema más insidioso: la influencia que ejercen los delincuentes sobre la policía y dentro de la policía. En algunos casos, los mozambiqueños que habían perdido la confianza en la policía recurrieron al linchamiento de presuntos delincuentes.

Autoridades del gobierno y miembros de la Asamblea Nacional han reconocido la necesidad de introducir cambios. No obstante, la opinión pública ha sido una importante fuerza impulsora para el cambio. Las protestas de ciudadanos corrientes, la difusión de informes de violaciones de derechos humanos en los medios de comunicación y la labor de organizaciones no gubernamentales, especialmente la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos (Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, LMDH), han contribuido a acelerar el ritmo del cambio. Países que proporcionaban ayuda a Mozambique ejercieron presión adicional tras la muerte por arma de fuego de tres extranjeros en octubre y noviembre de 1996, uno de ellos un español que murió al alcanzarle una bala desviada del arma de un policía. En noviembre de 1996 fue nombrado un nuevo ministro del Interior que anunció planes de reforma entre ellos la lucha contra la corrupción en la policía.

Durante la operación del mantenimiento de la paz, el Programa de Desarrollo de la ONU fue el encargado de buscar ayuda entre la comunidad internacional para la reestructuración y formación de la Policía de la República de Mozambique (Polícia da República de Moçambique, PRM), integrada por aproximadamente 18.000 miembros, y de la policía paramilitar Policía de Intervención Rápida (Polícia da Intervenção Rápida, PIR),(2) integrada por varios miles de agentes, la mayoría de ellos ex soldados.

«... lo que estamos intentando hacer es lo siguiente: desarrollar una nueva mentalidad, una mentalidad de servicio» Almerindo Manhenje, ministro del Interior, en una entrevista sobre la actividad de las fuerzas del orden. Notícias, el 1 de enero de 1998

Después de mucho retraso, en junio de 1997 se firmó un acuerdo sobre un programa quinquenal en el que la Guardia Civil española colaboraría en la reestructuración del Mando General de la Policía y en la organización de un programa para formar a instructores de policía y para formar a entre 4.000 y 5.000 agentes de policía. España y los Países Bajos(3) han contribuido con un total de 11 millones de dólares estadounidenses al programa y el gobierno de Mozambique ha aportado 19.000 millones de meticales(4). Se necesitan más fondos para poder dar formación a todo el cuerpo de policía. Portugal también impartirá formación especializada a una parte de la policía en Portugal.

La urgencia de introducir reformas es manifiesta a juzgar por el número de casos de malos tratos o torturas inflingidos a presuntos delincuentes bajo custodia policial. También se han recibido informes de «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes. Los informes más específicos procedían de Maputo, donde los periodistas y la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos pueden llevar a cabo investigaciones. La Resistencia Nacional Mozambiqueña ha denunciado varios casos de detención arbitraria y malos tratos a sus simpatizantes a manos de la policía pero, en general, apenas hay indicios de que se produzcan detenciones o malos tratos por motivos políticos.

La tortura se utiliza para intimidar a los presos u obtener de ellos una confesión. En noviembre de 1996 unos trillizos de 19 años de edad fueron detenidos con relación con una denuncia presentada por el jefe de uno de ellos y estuvieron unas tres semanas recluidos en una comisaría en Matola, un barrio de las afueras de Maputo. José Zacarias Moçambiquefue esposado y recibió 18 latigazos. Sus hermanas, Ana y Leonor Zacarias Moçambiquefueron golpeadas y obligadas a mantener relaciones sexuales con presos varones. La Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos informó del caso al jefe provincial de policía de Maputo, que inició una investigación penal y se espera que el juicio de los agentes implicados se celebre en 1998.

En enero de 1997 cuatro agentes de policía fueron condenados a siete años de prisión cada uno por torturar a Franque Luís Tchembenehasta causarle la muerte. La víctima, chófer, había sido detenido en junio de 1996 y acusado de robar un vehículo a su jefe. Fue llevado a la Séptima Comisaría de Policía, en Maputo y allí lo golpearon brutalmente durante varias horas y lo arrojaron a un estanque de agua sucia al cual efectuaron disparos. Representantes de la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos visitaron la comisaría de policía e insistieron en que Franque Luís Tchembene fuera llevado a un hospital. Murió unos días más tarde como consecuencia de las torturas a las que fue sometido. La Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos divulgó el caso y la comisión parlamentaria de derechos humanos pidió al ministro del Interior que informara acerca de las medidas que se estaban tomando para investigar el caso.

Continuaron produciéndose torturas a lo largo de 1997, como revelan los siguientes casos escogidos. Según informes, Maria José Camachofue golpeada brutalmente por la policía en Maputo en el mes de marzo. Un vecino la había acusado de construir un muro ocupando parte de una calle y cuatro agentes de policía, que actuaban sin autorización judicial, llegaron a su casa y empezaron a derribar el muro. Cuando Maria José protestó, la esposaron y la golpearon hasta que se desmayó. La policía la llevó a que la viera un médico pero no permitió que su hija la acompañara.

En agosto Intepa Faquemurió en una celda de una comisaría de policía en Nacala-Porto, provincia de Nampula. Él y otros miembros de su familia fueron detenidos y golpeados después de ser acusado uno de ellos de haber robado un aparato de video. Según informes recibidos, la policía le introdujo un palo por la garganta a Intepa Faque, provocándole una grave hemorragia. Intepa Faque murió dos horas más tarde. Al parecer, la investigación policial que se está llevando a cabo no ha concluido.

De acuerdo con la información recibida, en octubre Crescêncio Sergio Muchangafue abatido a tiros por la policía, que antes le había sometido a torturas brutales. Él y otras 14 personas, entre ellas mujeres y niños, habían sido recluidas en la Primera Comisaría de Policía en Matola, Maputo, en relación con el robo de un vehículo gubernamental. Al menos cinco de los detenidos fueron brutalmente golpeados y a dos de ellos por lo menos los llevaron a la ribera del río Matola de noche donde los enterraron hasta el cuello en la arena y efectuaron disparos cerca de sus cabezas. Además, Crescêncio Sergio Muchanga fue arrastrado por un vehículo en movimiento al que estaba sujeto por una cuerda atada a sus muñecas. Le volvieron a llevar a la Primera Comisaría de Policía con vida. Posteriormente representantes de la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos vieron su cuerpo en el depósito de cadáveres con lo que parecían ser impactos de bala en el cuello y el tórax. Se llevó el caso ante la Procuraduría General de la República pero aún no se han dado a conocer los resultados de investigación alguna.

Peter Mashaba, empresario de Swazilandia y Edward Plaatjies, sudafricano, fueron detenidos al cruzar la frontera desde Swazilandia a Mozambique en el puesto fronterizo de Namaacha en diciembre de 1997 y fueron sometidos a torturas. Les informaron de que los consideraban sospechosos de haber entrado ilegalmente en Mozambique. La policía quemó a Peter Mashaba con cigarrillos y cerillas en el abdomen, la espalda y la zona púbica. A causa de los golpes que sufrió se le inflamó la cara; las esposas y los grilletes con barras, muy ceñidos, le dejaron cicatrices en las muñecas y los tobillos; y no podía caminar bien debido a las quemaduras. Posteriormente a los dos hombres los trasladaron de la ciudad fronteriza de Namaacha a la sección de máxima seguridad de la Prisión de Machava en Maputo. A pesar de que, como norma general, a los detenidos se les ha de llevar ante un juez instructor en las veinticuatro horas siguientes a su detención a Peter Mashaba y Edward Plaatjies los retuvieron durante más de dos semanas antes de llevarlos ante los tribunales el 5 de enero de 1998. El juez de primera instancia resolvió que se les pusiera en libertad a la espera del juicio. Pese a ello, no fueron liberados hasta el 22 de enero de 1998, fecha en que se retiró la acusación.

En enero de 1998 la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos recibió información acerca de un grupo de 13 presos que afirmaban haber sufrido torturas después de ser detenidos en relación con el hallazgo, en agosto de 1997, de 12 toneladas de hachís en el puerto de Quissanga, en la provincia de Cabo Delgado. Los detenidos fueron apresados en diferentes localidades y conducidos a Pemba, la capital de provincia. Afirmaron que los habían torturado para forzarles a confesar o a atribuir la responsabilidad de los presuntos delitos a los otros detenidos. Nueve de los detenidos declararon que los habían obligado a permanecer de pie por períodos de entre doce horas y tres días sin alimentos ni agua limpia. Varios manifestaron haber sido sometidos a diversas amenazas: los apuntaron con un arma en la cabeza, los amenazaron con hacer daño a sus familiares, y los amenazaron con colgarlos de los pies. No se había llevado a cabo ninguna investigación acerca de las denuncias de tortura cuando comenzó el juicio ante el Tribunal Provincial de Cabo Delgado en Pemba en el mes de marzo. Durante el juicio, un agente de policía negó haber torturado a uno de los acusados. En abril de 1998 se declaró culpable de tráfico de drogas a 12 acusados y se les condenó a penas de entre ocho y veinticuatro años. Otros siete acusados fueron absueltos.

Según informes, una persona «desapareció» cuando estaba bajo custodia un batallón de la policía de Moamba en la carretera que conduce a Sudáfrica. Abdul Motay otros varones jóvenes habían sido detenidos en un club nocturno en mayo de 1996. Se habían desplazado al club en cuatro coches de los que se incautó la policía. La policía condujo a los jóvenes y sus vehículos a la base del batallón, los interrogó acerca de un automóvil robado (no uno de los cuatro vehículos incautados, sino otro), y después los puso en libertad, comunicándoles que podrían recuperar los coches incautados cuando devolvieran el vehículo robado. Posteriormente la policía les devolvió tres de los coches, pero no pudo dar cuenta del cuarto coche y la familia de Abdul Mota continuó intentando localizarlo. En junio de 1996, de acuerdo con la información recibida, a Abdul Mota se le vio por última vez subiéndose a un coche acompañado de un miembro del batallón que más tarde negó cualquier participación en la «desaparición». Se desconoce la suerte que ha corrido Abdul Mota, pero se teme que esté muerto.

Se cree que Issufo Alyy Carlos Cossa«desaparecieron» cuando permanecían bajo custodia. Fueron detenidos en junio de 1997 y acusados de haber robado una motocicleta. La esposa de Issufo Aly manifestó que una semana más tarde cuatro miembros de la Policía de Investigación Criminal lo llevaron a casa esposado a medianoche y exigieron una cantidad de dinero que ella les entregó, creyendo que así podría salvarle la vida a su esposo. Durante los 10 días siguientes, la esposa de Issufo Aly intentó verle pero no le dieron permiso para hacerlo. Casi tres semanas después de su detención, cuando la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos pidió información acerca de los detenidos se les comunicó que los dos hombres habían fallecido en un accidente de tráfico. Posteriormente la policía declaró a la prensa que se habían escapado de un vehículo policial que les conducía a los tribunales. Cuando se redactó este informe la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos no había recibido ninguna explicación satisfactoria de lo acontecido a los dos hombres.

La policía ha cometido abusos cuando realizaba su trabajo de mantenimiento del orden en manifestaciones y huelgas. En mayo de 1996 unos estudiantes universitarios fueron golpeados por miembros de la Policía de Intervención Rápida durante una huelga para exigir mejores condiciones de estudio. La policía irrumpió en el campus universitario una mañana temprano cuando los estudiantes se preparaban el desayuno, detuvo a cuatro de ellos, los golpeó y luego los puso en libertad. Un estudiante inválido sufrió lesiones en los brazos, la espalda y la cabeza a causa de una paliza y tuvo que ser trasladado al hospital. No se tienen noticias de ninguna investigación acerca de estas denuncias.

« ... Hay ciertas normas que han de ser respetadas. ¿ En qué circunstancias debe un agente ir armado y usar el arma? Son preguntas que estamos estudiando y ... temas sobre los que habrá que instruir a los reclutas nuevos...» Entrevista con Almerinho Manhenje, ministro del Interior. Notícias, el 1 de enero de 1998.

En enero de 1998 alrededor de doscientas cincuenta guardias de seguridad que trabajan para Wackenhut, empresa de seguridad con sede en Estados Unidos, se pusieron en huelga. Según informes, los directivos de la empresa llamaron a la policía alegando que habían sido atacados por algunos de los guardias. Poco después de su llegada, la policía abrió fuego, matando a uno de los guardias. Un guardia tuvo que ser hospitalizado para que le extrajeran una bala de la policía y, según informes, al menos otros dos fueron golpeados por la policía.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno de Mozambique con el fin de que garantice que las reformas que se están llevando a cabo en la política y procedimientos policiales incluyen: la adaptación del marco legal para que cumpla íntegramente con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos que tratan sobre las labores de mantenimiento del orden; mecanismos sólidos y eficaces para garantizar que la policía rinde cuentas ante la ley y ante la comunidad en general(5); y una formación completa en materia de derechos humanos.

Especialmente, Amnistía Internacional insta a las autoridades a :

C garantizar que el marco legal establece la filosofía y la naturaleza de la labor de la policía y hace alusión específica a la responsabilidad de la policía para con el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos;

C modificar el reglamento de la policía de conformidad con las disposiciones de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos pertinentes y que el reglamento esté reconocido por la ley.(6) El reglamento debe incluir una disposición que exija a los agentes informar de violaciones de derechos humanos y establezca que aquellos que lo hicieran fueran protegidos de represalias;

C crear un sistema de denuncias independiente y eficaz accesible al público;

C desarrollar un medio de participación ciudadana en las tareas de las fuerzas del orden y aceptar que la vigilancia de la policía por órganos independientes, por ejemplo por organizaciones no gubernamentales, es una aportación no solo legítima sino también valiosa para garantizar que la policía «representa a la comunidad en su conjunto, y obedece y responde ante ella».(7)

Asimismo, la organización pide a las autoridades que en el plan de formación de la policía se incluya:

C un conocimiento profundo de los principios de derechos humanos contenidos en las normas y leyes nacionales e internacionales y la capacidad de aplicar estos principios en la práctica;

C una evaluación regular y cursos de repaso periódicos sobre la aplicación continuada de los principios de derechos humanos;

C participación ciudadana en la formación de la policía en materia de derechos humanos así como en la vigilancia del cumplimiento de lo aprendido.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a la comunidad internacional para que preste su apoyo a Mozambique en sus esfuerzos por establecer unas fuerzas de policía eficaz que cumpla con los principios internacionales de derechos humanos.

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(1) La Resistencia Nacional Mozambiqueña fue responsable de graves abusos contra los derechos humanos, como la mutilación.

(2) La Policía de Intervención Rápida fue creada para llevar a cabo tareas de protección y control de masas durante importantes actos públicos o en situaciones de crisis, pero en la práctica destacamentos de la PIR han intervenido en situaciones que requerían una labor policial normal.

(3) Se han hecho ajustes considerables en el proyecto desde que se comenzó a perfilar a mediados de 1995 cuando algunos países más como Dinamarca, Francia, Noruega, Rusia, Sudáfrica, Suecia, el Reino Unido, y Zimbabue, se mostraron interesados en brindar su apoyo. El coste del proyecto original estaba fijado en 32 millones de dólares estadounidenses.

(4) En el momento de redactar el informe el tipo de cambio es 11.495 meticais = 1.00 dólares estadounidenses.

(5) En el Acuerdo General de Paz para Mozambique se presentó un interesante plan de responsabilidad democrática. Dos comités integrados por una representación de la comunidad cuyos miembros serían nominados en partes proporcionales por el gobierno, por la Resistencia Nacional Mozambiqueña y por ciudadanos destacados. Su tarea consistiría en vigilar la conducta y la imparcialidad de la policía normal y de la policía de seguridad respectivamente. Por desgracia, se retrasó mucho su creación y no recibieron fondos ni formación suficientes. Fueron disueltos después de las elecciones. Las autoridades policiales de Mozambique han tratado de consultar a la comunidad sobre cuestiones relacionadas con las fuerzas del orden pero no existe un sistema establecido de consulta o vigilancia ciudadanas.

(6) El reglamento actual, que se reconoce que es obsoleto, está basado en una «orden de servicio» del año 1987 del Ministerio del Interior (Ordem de Serviço N° 5/GMI/87).

(7) Código de Conducta las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, párrafo introductorio (a).