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12 de abril del 2000

Nigeria: al menos una muerte a medida que aumenta la tensión en la Región Ogoni

La violencia podría estar estallando de nuevo en la Región Ogoni, situada en el sureste de Nigeria, ha manifestado hoy Amnistía Internacional tras recibir informes según los cuales la policía ha matado a tiros al menos a una persona (posiblemente a más) y ha quemado casas. Se ha visto más policía en la zona y se ha prohibido el acceso de periodistas.

Según las autoridades estatales de Port Harcourt, capital del estado de River, el 11 de abril la policía fue a primeras horas de la mañana a K-Dere, pueblo de la zona del gobierno local de Gokana, para sofocar unos distubios intercomunitarios provocados por el enfrentamiento de los lugareños con los habitantes de una localidad cercana. Las autoridades han confirmado que la policía mató a un vecino, pero se tiene noticia de que fuentes policiales informaron de la muerte de cinco personas más. Ocho agentes de policía estuvieron retenidos algún tiempo y sufrieron lesiones graves.

Sin embargo, la información proporcionada por una organización comunitaria y de derechos humanos local parece indicar que la policía atacó K-Dere sin más motivo que la oposición de sus habitantes a un proyecto de construcción de una carretera por una empresa relacionada con la petrolera Shell.

Según el Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni ( Movement for the Survival of the Ogoni People, MOSOP), organización comunitaria que dirigía el escritor ejecutado Ken Saro-Wiwa, a primeras horas de la mañana del 11 de abril la policía comenzó a detener a personas sospechosas de oponerse al proyecto de construcción de la carretera y disparó y mató al joven de 18 años Barinaadua Jungle Gbaraka cuando intentaba escapar. Según informes, unos jóvenes del pueblo golpearon posteriormente a nueve agentes. De acuerdo con el MOSOP, horas más tarde regresaron a K-Dere decenas de policías armados, que mataron al menos a cinco personas y posiblemente a más y quemaron varias casas. Según los informes, la policía se llevó a las personas que estaban heridas o muertas. Se sabe que han sido detenidas al menos nueve personas y que decenas de habitantes de la zona han huido de allí.

«Parece haberse atacado a individuos específicos—ha explicado Amnistía Internacional—. Los informes recibidos indican que la policía iba acompañada de un alto cargo del gobierno local y de colaboradores que identificaban a los individuos a los que se debía agredir y las casas que se debían quemar».

Entre las casas destruidas se encontraba la de Ledum Mitee, abogado y dirigente actual del MOSOP, así como las de otros líderes comunitarios, incluidos dos jefes tradicionales. Ledum Mitee había sido absuelto junto con otras cinco personas del cargo de asesinato en unos juicios políticos contra partidarios del MOSOP que concluyeron con la condena y ejecución de Ken Saro-Wiwa y otros ocho ogonis en 1995. El jefe de la policía del estado dijo a la prensa que Ledum Mitee iba a ser detenido como sospechoso, y desde esta mañana esta siendo interrogado en la jefatura de policía.

El MOSOP ha negado expresamente que hubiera disturbios en la zona antes del ataque a K-Dere, y ha acusado a la policía de ayudar a imponer el proyecto de construcción de la carretera a quienes se van a beneficiar de él.

Amnistía Internacional insta a las autoridades nigerianas a garantizar que se pone fin de inmediato a los ataques contra K-Dere y que a los habitantes del pueblo detenidos, algunos de los cuales están heridos, según informes, se los protege de los malos tratos durante su detención y se les proporciona toda la atención médica necesaria. A la organización le preocupa un informe según el cual uno de estos detenidos, el pastor de la iglesia apostólica Deebari Zortee, fue golpeado. Se debe dejan en libertad a los detenidos si no están acusados de ningún delito ni van a ser juzgados con prontitud.

«Los gobiernos nigerianos tienen ante este tipo de sucesos un largo historial de inacción que no debe continuar —ha manifestado Amnistía Internacional—. El nuevo gobierno debe dar prioridad al inicio de una investigación exhaustiva e imparcial para determinar quién ha resultado muerto o herido y poner a disposición judicial a los autores de actos ilegales. De lo contrario parecerá que un gobierno civil no es más estricto que uno militar a la hora de pedir responsabilidades».

Según informes, a mediados de los años noventa, las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales y fomentaron la violencia intercomunitaria en la Región Ogoni. Aunque el nuevo gobierno civil que llegó al poder en mayo de 1999 creó un grupo de investigación de violaciones de derechos humanos para examinar las cometidas entre 1966 y mayo de 1999, los homicidio perpetrados por las fuerzas de seguridad en los últimos meses no parecen haberse investigado.

No se han hecho públicos los resultados de una investigación interna sobre los homicidios cometidos por el ejército en septiembre de 1999 en Yenagoa, capital del estado vecino de Bayelsa. Y en el caso de otros homicidios y de un ataque a Odi, localidad próxima a Yenagoa, lanzado por el ejército en noviembre de 1999, aparentemente como represalia por el asesinato de 12 agentes de policía, tampoco parecen haberse tomado medidas para poner a disposición judicial a los responsables, a pesar de que un comité de investigación del Senado llegó a la conclusión de que se había empleado fuerza excesiva.

Las últimas semanas han estado dominadas por la controversia sobre el proyecto de construcción de la carretera. El 23 de marzo fueron detenidos por protestar contra él seis jóvenes del pueblo de K-Dere, que estuvieron recluidos sin cargos durante varios días.

«Es evidente que la presión ejercida por algunas autoridades locales para que se invite a Shell a participar en un proyecto de desarrollo de la zona del gobierno local en Gokana, que es rica en petróleo, ha provocado tensiones entre los habitantes de la zona y las personas contratadas para el proyecto o que se benefician de él», ha declarado Amnistía Internacional.

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Si desean más información, llamen a la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido (tel.: +44 171 413 5566).