Amnistía Internacional
Declaración pública conjunta

Índice AI: AFR 44/005/2008 (Público)
Fecha: 10 de abril de 2008

Nigeria: Detención al arbitrio del gobernador:

El Colegio de Abogados de Nigeria, diversas ONG nigerianas y Amnistía Internacional piden la excarcelación inmediata de Patrick Okoroafor

El Colegio de Abogados de Nigeria, varias ONG nigerianas y Amnistía Internacional han instado al gobernador del Estado de Imo, Sr. Ikedi Ohakim, a que deje en libertad de inmediato al Sr. Patrick Obinna Okoroafor¹, que tenía 16 años cuando fue condenado a muerte por un Tribunal de Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego el 30 de mayo de 1997. Actualmente Patrick Okoroafor se encuentra encarcelado en la prisión de Aba, estado de Abia, a pesar de una sentencia del Tribunal Superior del 18 de octubre de 2001 en la que se declaró la condena de muerte ilegal y nula. En la actualidad se halla recluido en aplicación de la sección 368.3 de la Ley de Procedimiento Penal, que permite dejar su encarcelamiento “al arbitrio del gobernador”. Su detención es indefinida y constituye una violación del derecho internacional

Patrick Okoroafor lleva casi la mitad de su vida bajo custodia. Tenía 14 años cuando fue detenido, en mayo de 1995, y llevado ante un tribunal por robo y secuestro, delitos que asegura que jamás cometió. La policía presentó posteriormente cargos contra él y otras seis personas por robo. Según su hermano, estando detenido, la policía arrancó a Patrick Okoroafor los dientes con unos alicates y lo colgó y lo golpeó. Ha explicado lo siguiente: “Patrick fue a la comisaría simplemente porque la policía quería inspeccionar un automóvil que nuestra madre había comprado a uno de los sospechosos. Entonces lo detuvieron. Intentamos que lo dejaran en libertad, pero la policía se negó”.

El 30 de mayo de 1997, a los 16 años de edad, Okoroafor y los otros seis acusados fueron condenados a muerte por el Primer Tribunal de Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego del estado de Imo, que les negó el derecho de apelación. Él y otro de los acusados, Chidiebere Onuoha, que tenía 15 años en el momento de su detención, elevaron una petición al administrador militar del estado de Imo para que les concediera un indulto en virtud de su edad. El administrador militar confirmó el 18 de julio de 1997 la condena de muerte de las seis personas acusadas junto con Okoroafor y conmutó a éste la suya por cadena perpetua. El 31 de julio de 1997, los seis condenados a muerte fueron fusilados en público. Onuoha tenía 17 años cuando lo ejecutaron.

A Patrick Okoroafor se le negó el derecho a un juicio justo. Nunca pudo interponer una apelación, derecho humano que está garantizado por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que Nigeria ratificó en 1983 y 1993, respectivamente. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Nigeria en 1991, también garantiza el derecho de apelación ante un órgano judicial superior independiente, pues dispone que la “decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley".

La Constitución de Nigeria de 1999 garantiza el derecho de apelación. En mayo de 2000, el Tribunal Superior del estado de Imo permitió al Sr. Okoroafor presentar una petición de auto de avocación con el fin de retirar el procedimiento y la sentencia del Primer Tribunal de Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego del estado de Imo y excarcelarlo. Sin embargo, no le concedió derecho pleno de apelación, por lo que la revisión del Tribunal Superior fue limitada.

El 18 de octubre de 2001, el Tribunal Superior resolvió que “la orden de condena de muerte dictada contra el solicitante por el 2º demandado el 30 de mayo de 1997 sea transferida a este tribunal y declarada ilegal y nula”. Sin embargo, en vez de dejarlo en libertad en virtud de esta decisión, el Tribunal Superior determinó que “en su lugar, el solicitante quede detenido indefinidamente al arbitrio del gobernador del estado de Imo”.
En noviembre de 2001, Okoroafor solicitó un indulto y su excarcelación. En su carta al gobernador del estado de Imo dijo: “el ritual judicial fue una pesadilla para mí, porque soy completamente inocente de los delitos que se me imputaron durante los procedimientos [...] he pasado estos años de encarcelamiento inmerecido llorando, rezando y leyendo”. El gobernador rechazó la solicitud en marzo de 2002.

Han transcurrido más de seis años desde que el Tribunal Superior dictara su sentencia y Okoroafor continúa en la prisión de Aba, esperando a que lo dejen en libertad. Su larga estancia en la cárcel ha tenido consecuencias graves para su salud: padece asma, y las autoridades de la prisión afirman que “sus ataques de asma se han vuelto tan frecuentes y peligrosos para su vida que su permanencia en prisión no le beneficia desde el punto de vista médico, pues su estado empeora día a día.”

Okoroafor no tenía que haber sido condenado a muerte jamás, porque era un niño menor de 18 años en el momento del delito del que fue declarado culpable. Las normas internacionales disponen que los menores de 18 años no deben ser condenados a muerte. El Tribunal Superior del estado de Imo resolvió posteriormente que la condena de muerte era ilegal y nula. No se le impuso una condena determinada de prisión, y su reclusión en la prisión de Aba “al arbitrio del gobernador” constituye de hecho detención indefinida. Su permanencia en prisión es el resultado de un injusticia y una forma de detención arbitraria. Instamos, por tanto, al gobernador del estado de Imo a que lo deje en libertad.

Información complementaria
Hay alrededor de 800 condenados a muerte en Nigeria. A unos 200 se les impuso la pena antes de 1999 sin derecho de apelación.

Los Tribunales de Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego, establecidos en virtud del Decreto 5/1984 sobre Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego (Disposiciones Especiales), negaban a los acusados el derecho de apelación. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha determinado en dos demandas -Constitutional Rights Project v Nigeria (in respect of Wahab Akamu, G. Adega and others), Complaint 60/91, y Constitutional Rights Project v Nigeria (in respect of Zamani Lekwot and 6 others), Complaint 87/93- que el Tribunal de Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego y el Tribunal Especial de Disturbios Civiles violaron el derecho de apelación garantizado por el artículo 7.1 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos..

Después de 1999 se restableció la jurisdicción de los Tribunales Superiores de los estados, que reconocen el derecho de apelación ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo. Sin embargo, en numerosos casos no se ha informado a los condenados de este derecho o se han extraviado sus expedientes, y en muchos otros no han podido presentar nunca una apelación por no disponer de medios económicos o no contar con asistencia letrada.

En 1999, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos aprobó en su 26º periodo ordinario de sesiones, celebrado en Kigali, Ruanda, una resolución en la que pedía a todos los Estados que mantenían la pena de muerte que consideraran la posibilidad de “establecer una suspensión de las ejecuciones de la pena de muerte”. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que se pedía “una moratoria de las ejecuciones, con miras a abolir la pena de muerte”. Nigeria votó en contra de ella.

Se siguen imponiendo condenas de muerte, y en 2006 fueron ejecutadas al menos siete personas. Diversas ONG de Nigeria, Amnistía Internacional y varias comisiones gubernamentales han determinado que el sistema nigeriano de justicia penal no puede garantizar un juicio justo en los casos de pena de muerte. El Grupo de Estudio Nacional sobre la Pena de Muerte reconoció en 2004 que "un sistema que quite vidas debe primero impartir justicia”, por lo que recomendó establecer una moratoria de la pena de muerte “hasta que el sistema nigeriano de justicia penal pueda ofrecer garantías fundamentales de justicia y del debido proceso en las causas por delitos penados con la muerte y reducir al máximo el riesgo de que se ejecute a inocentes”. La Comisión Presidencial de Reforma de la Administración de Justicia reiteró esta conclusión en mayo de 2007 y pidió “una moratoria oficial de las ejecuciones hasta que el sistema nigeriano de justicia penal pueda ofrecer garantías fundamentales de justicia y del debido proceso en las causas por delitos penados con la muerte.” La Comisión determinó que el “gobierno federal no pude hacer ya caso omiso de los problemas sistémicos de que adolece desde hace mucho tiempo nuestro sistema de justicia penal”.


Firmado:
Acceso a la Justicia (Access to Justice)
Amnistía Internacional
Centro para el Desarrollo, el Constitucionalismo y la Defensa de la Paz (CD-COPA)
Organización de Libertades Civiles (CLO)
Proyecto de Derechos Constitucionales (CRP)
Servicio de Derecho de los Derechos Humanos (HURILAWS)
Proyecto de Defensa y Asistencia Jurídicas (LEDAP)
Consorcio de Recursos Jurídicos (LRC)
Colegio de Abogados de Nigeria (NBA)
Acción por la Rehabilitación y el Bienestar de los Presos (PRAWA)
Centro de Investigación y Documentación de Defensoras (WARDC)

Documento público

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