AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: AFR 44/034/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 250/03

31 de octubre de 2003

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR440342003

Nigeria: Los desalojos masivos en Lagos deben terminar

Amnistía Internacional pide al gobierno del estado de Lagos que impida más desalojos de los residentes en la zona de Ijora-Badiya, a las afueras de la ciudad de Lagos.

“Los derechos a la vivienda y a un juicio justo y de conformidad con el debido proceso deben ser respetados”, ha afirmado hoy, 31 de octubre, la organización.

Los desalojos masivos recientes de los residentes de la zona de Ijora-Badiya han afectado a más de 5.000 personas, y se teme que el total de afectados se eleve aún más si los desalojos se reanudan. Se calcula que se han destruido entre el 35 y el 40 por ciento de las viviendas de la comunidad.

El 16 de octubre, el gobierno del estado de Lagos comunicó a los residentes que debían abandonar sus hogares en 48 horas, y lo hizo sin la orden judicial de desalojo que exige la ley. Según el gobierno, la zona debía “sanearse”, ya que se considera foco de prostitución y robos.

Los desalojos comenzaron el 19 de octubre y se interrumpieron temporalmente la tarde del lunes 27 de octubre, sin que hasta ahora se hayan reanudado, según los informes. La operación tuvo lugar a pesar de que, según los informes, la comunidad tenía los títulos de propiedad de las tierras, ofrecidas por el gobierno federal en compensación por haberlos trasladado de otra zona de Lagos. Algunos de los afectados son también legítimos propietarios de tierras propiedad de la compañía de ferrocarril.

“Los desalojos ilegales de Ijora-Badiya violan el derecho a una vivienda adecuada, uno de los elementos del derecho a un nivel de vida adecuado, como reconoce el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que Nigeria es Estado Parte.

Los desalojos violan también el derecho al debido proceso, que garantiza la Constitución de Nigeria de 1999 y reconocen las normas internacionales de derechos humanos, como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Nigeria es Estado Parte. También violan el derecho a la protección frente a las injerencias ilegales en la vida privada, la familia y el domicilio, reconocido en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A Amnistía Internacional le preocupa la detención arbitraria de Debo William Ilurimi y Benson Ojutiwon, residentes en la zona de Ijora-Badiya, y de otras personas que puedan haber sido detenidas en relación con los desalojos.

“Los detenidos deben ser acusados sin demora de algún delito común reconocible y juzgados de acuerdo con las normas internacionales o quedar en libertad inmediatamente. Cualquier otra detención arbitraria que se produzca violaría los derechos humanos fundamentales de la persona, reflejados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, ha añadido Amnistía Internacional.

Información general

Los desalojos fueron efectuados por la Unidad Especial de Lagos para Delitos Ecológicos y Especiales con el apoyo de la policía, a pesar de estar pendiente la resolución judicial sobre la solicitud de un mandamiento para detenerlos, presentada por la organización de derechos humanos nigeriana Social and Economic Rights Action Centre.

Durante los desalojos, las fuerzas especiales de la policía detuvieron arbitrariamente a dos hombres, Debo William Ilurimi y Benson Ojutiwon, que intentaban evitar la demolición de sus casas en la zona de Ijora-Badiya, y los mantuvieron retenidos sin cargos en la comisaría de Alausa de Lagos. Los hombres quedaron en libertad bajo fianza el 24 de octubre. Uno de ellos, Debo William Ilurimi, sufrió lesiones en el ojo derecho al ser detenido, según informó la Social and Economic Rights Action Centre.

Los recientes desalojos deben considerarse bajo la perspectiva de un caso previo similar. En julio de 2000, la comunidad de Rainbow Town en Port Harcourt, estado de Rivers, quedó reducida a escombros por excavadoras enviadas por el gobierno del estado mientras la policía armada vigilaba la operación. Se calcula que hay casi un millón de afectados. El gobierno justificó los desalojos por razones de “renovación urbana” y no tenía ningún plan para reasentar o indemnizar a las víctimas. Además, los desalojos se produjeron a pesar de estar siendo objeto de un proceso judicial, lo cual vulnera el derecho a un juicio justo y al debido proceso que garantiza la Constitución de 1999.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 7, define el desalojo como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos".

Documento público

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