AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

13 de octubre de 2009

Nigeria: Las fuerzas de seguridad usan la violencia contra manifestantes

Amnistía Internacional condena el uso de fuerza excesiva que algunos miembros de las fuerzas de seguridad hicieron el 12 de octubre en la comunidad rivereña de Bundu, en Port Harcourt, estado de Rivers. Al menos 3 personas murieron y 11 resultaron heridas de gravedad cuando unas fuerzas combinadas de la Fuerza Especial Conjunta y la policía utilizaron armas de fuego para dispersar a una multitud.

Las autoridades gubernamentales, acompañadas por unos 40 soldados y policías fuertemente armados, acudieron a la comunidad de Bundu el 12 de octubre para evaluar el valor de unas estructuras designadas para demolición. Grupos de hombres, mujeres y niños hicieron frente a los soldados y policías, mientras se manifestaban contra las demoliciones previstas y bloqueaban la entrada a la comunidad.

Según testigos presenciales, dos vehículos blindados cargaron contra la multitud. A continuación, los soldados y policías empezaron a disparar. La mayoría dispararon al aire, pero varios, según los informes, dispararon directamente contra la multitud que los rodeaba. Al parecer, algunas balas perdidas entraron en casas, comercios y automóviles; un hombre ha dicho a Amnistía Internacional que su hermana recibió un disparo en la pierna mientras estaba en el interior de la casa. Algunas de las personas que recibieron disparos huyeron, según los informes, metiéndose en el agua y escondiéndose en los manglares. Once personas han recibido tratamiento en el hospital por heridas de bala. Amnistía Internacional ha recibido también informes que indican que los soldados golpearon a varias personas.

Unos 23 hombres fueron detenidos y comparecieron el 13 de octubre ante el tribunal de primera instancia núm. 4 en Port Harcourt, donde fueron acusados de conspiración, alteración de la paz de la comunidad y destrucción de propiedad pública. A continuación fueron enviados, en espera de juicio, a la prisión de Port Harcourt.

Según las autoridades del estado de Rivers, las fuerzas de seguridad, al entrar en la comunidad, recibieron disparos de personas que “se aprovechaban de la situación de desgobierno de la zona rivereña de Bundu”, y se vieron obligados a utilizar sus armas para defenderse. Según la información recibida por Amnistía Internacional, los manifestantes no utilizaron armas de fuego. Ningún soldado ni agente de policía resultó herido.

Era la segunda vez en una semana que el gobierno trataba de entrar en la comunidad para evaluar el valor de las estructuras. En el primer intento, el 6 de octubre, los miembros de la comunidad les impidieron el acceso.

Amnistía Internacional pide al gobierno federal y los gobiernos estatales que garanticen que las fuerzas de seguridad sólo utilizan la fuerza de manera que cumpla el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. El uso intencionado de fuerza letal sólo está permitido cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Amnistía Internacional insta al gobierno a investigar sin demora cualquier muerte o lesiones derivadas del uso de armas de fuego por parte de la policía y la Fuerza Especial Conjunta. Los sospechosos de hacer uso excesivo de la fuerza deben ser procesados en juicios justos, de acuerdo con las normas internacionales, y sin recurso a la pena de muerte.

Información complementaria

Este incidente se ha producido tan sólo una semana después de que muchos grupos armados del Delta del Níger aceptaran la amnistía ofrecida por el presidente Yar Adua y entregaran sus armas. Muchos de ellos regresaron a sus comunidades, incluidos los de Bundu.

La comunidad de Bundu es una de las comunidades rivereñas más grandes de Port Harcourt. El gobierno estatal está en proceso de demoler las casas de varias comunidades rivereñas, y ha estado pagando indemnizaciones a los propietarios, pero sin ofrecer viviendas alternativas. Quienes no son propietarios de sus casas o comercios o no pueden demostrar que lo son, no reciben indemnización alguna, ni tampoco vivienda alternativa.

El gobernador Ameachi ha anunciado muchas veces la demolición de todas las comunidades rivereñas “para sanear y eliminar las actividades delictivas”. La última comunidad demolida hasta ahora, en agosto de 2009, fue la de Njemanze. Muchas personas que vivían en ella no han recibido una vivienda alternativa adecuada. La siguiente comunidad amenazada de demolición es Abonnema Wharf.

Los desalojos no deben llevarse a cabo hasta que se hayan explorado todas las demás alternativas factibles, se haya llevado a cabo una consulta auténtica con las comunidades afectadas y se hayan establecido salvaguardias de procedimiento adecuadas. Sin embargo, muchas de las personas que se enfrentan a desalojo forzado afirman que la consulta gubernamental sobre los desalojos planeados no fue adecuada. El gobernador Ameachi ha anunciado que sólo indemnizará a los propietarios, y no a los arrendatarios o a los propietarios de edificaciones construidas sin permiso. Según ONU-Hábitat, al menos 200.000 personas se verán afectadas si el gobierno del estado de Rivers sigue adelante con la demolición de todas las comunidades rivereñas.

FIN/