19 de diciembre de 2001

Índice AI: AFR 46/007/2001/s

Servicio de Noticias 225/2001

Zimbabue: Ante la intensificación de los abusos contra los derechos humanos, Amnistía Internacional insta a la Commonwealth a adoptar una postura más severa

Con motivo de la teleconferencia del 20 de diciembre del Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth, Amnistía Internacional reitera su petición de que toda posible influencia internacional se centre en persuadir al gobierno de Zimbabue para que ponga fin a su actitud de intimidación y violencia política.

«La situación se agrava día a día en Zimbabue a medida que se aproximan las elecciones presidenciales —ha manifestado la organización—. El gobierno de Robert Mugabe está decidido a continuar en el poder a toda costa, incluso cometiendo actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, agresiones y homicidios contra todo el que se cruce en su camino. No es una cuestión de reforma agraria, sino de tortura desenfrenada, utilizada por el Estado y sus secuaces para aplastar la disidencia».

Una delegación de Amnistía Internacional ha realizado recientemente una visita al país y se ha entrevistado con víctimas de torturas y palizas, activistas de derechos humanos, granjeros y trabajadores agrícolas, así como con miembros del partido en el poder, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (UNAZ-FP); el grupo de oposición Movimiento por el Cambio Democrático (MCD), y el ejército y la policía de Zimbabue.

Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que el gobierno zimbabuense está utilizando una milicia informal, pero financiada por el Estado, compuesta de ocupantes de tierras, «veteranos de guerra» y partidarios de la UNAZ-FP, para cometer atrocidades contra los trabajadores agrícolas y desplazarlos y agredir a miembros y a presuntos miembros de la oposición.

Homicidios

Uno de los casos más alarmantes es el de Augustus Chacha, joven activista del MCD que iba a entrevistarse con la delegación de Amnistía Internacional y fue hallado muerto en un embalse de Gonye, pueblo próximo a la ciudad de Mberengwa. No se han formulado acusaciones contra nadie en relación con su homicidio, que, en opinión de su familia, se cometió por motivos políticos.

Tortura

La delegación se entrevistó también con víctimas de tortura de la zona de Chimanimani, en el nordeste de Zimbabue. A mediados de noviembre de 2001, un grupo de «veteranos de guerra» y de partidarios de la UNAZ-FP, coordinado presuntamente por la Organización Central de Información (OCI), secuestraron y torturaron a un hombre que posteriormente expresó a la delegación su deseo de permanecer en el anonimato. Golpearon al hombre y a un amigo suyo con los puños y con látigos y cables eléctricos hasta hacerles perder el conocimiento; orinaron sobre sus caras, y les arrojaron arena a los ojos mientras les interrogan en relación con sus actividades en el MCD. Cuando ambos volvieron en sí, sus torturadores los colocaron en la carretera, bajo los neumáticos de un Landrover, y los amenazaron con pasar sobre ellos si no juraban lealtad a la UNAZ-FP.

Detenciones arbitrarias

Los activistas de la oposición han sido sometidos también a detenciones y enjuiciamientos por motivos que Amnistía Internacional considera políticos. En noviembre y diciembre de 2001 fueron detenidos en Bulawayo unos 20 dirigentes y miembros del personal del MCD en relación con el secuestro y asesinato de Cain Nkala, líder de la sección local de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Liberación Nacional de Zimbabue. Amnistía Internacional condena este homicidio cometido por razones políticas y pide que se realice una investigación imparcial y exhaustiva sobre todos los homicidios políticos perpetrados en el país. El Tribunal Superior de Justicia de Zimbabue ha escuchado el relato de cuatro de los detenidos —Kethani Sibanda, Remember Moyo, Sazini Mpofu y Gilbert Moyo – sobre cómo fueron torturados por la policía para que confesaran su implicación y la de otros seis miembros del MCD, incluido el miembro del parlamento por este grupo Fletcher Dulini Ncube. Durante su encarcelamiento, la salud de este último se ha deterioró rápidamente. Perdió la vista en ambos ojos y dejó de oír por un oído por no recibir alimentos adecuados ni las medicinas que necesitaba para su diabates.

Supresión del derecho de reunión

La delegación de Amnistía Internacional fue también testigo de la supresión selectiva del derecho de reunión. El 22 de noviembre, la policía detuvo a 33 personas que pretendían celebrar una manifestación pacífica en una calle de Harare en contra de la propuesta de reforma de la legislación electoral de Zimbabue. La policía antidisturbios armada agredió con porras a los manifestantes y los detuvo por interrumpir la circulación, cargo que se modificó posteriormente por el de violencia pública. Días más tarde, un grupo de «veteranos de guerra» celebró una marcha por el centro de Harare escoltados por dos vehículos de la policía. Ésta había dado ya muestras similares de falta de imparcialidad el 16 de noviembre, cuando escoltó a los «veteranos de guerra» que arrasaron el centro de Bulawayo, golpeando a los transeúntes e incendiando la sede local del MCD.

Amenazas al poder judicial y a los medios de comunicación

Amnistía Internacional considera también motivo de gran preocupación el menoscabo de la independencia del poder judicial y las amenazas a los medios de comunicación independientes, incluidas las detenciones arbitrarias de periodistas y los intentos de impedir la circulación de sus periódicos. El gobierno ha intentado también legitimar actos ilegales de represión promulgando leyes draconianas, como la Ley de Seguridad y Orden Público, que permite la detención por tiempo indefinido, y el proyecto de Ley de Libertad de Información y Protección de la Intimidad de 2001, que trata como delito el periodismo no autorizado por el Estado.

«Es preciso reconocer claramente que las constantes violaciones graves de derechos humanos que se cometen forman parte de una compaña política para eliminar la oposición y garantizar la victoria de la UNAZ-FT en las elecciones presidenciales—, ha manifestado Amnistía Internacional, reiterando el llamamiento que hizo tras el anuncio del acuerdo alcanzado en septiembre en Abuja bajo los auspicios de la Commonwealth—. La celebración de unas elecciones libres y justas en 2002 dependerá de lo que haga el gobierno de Zimbabue para crear un ambiente en el que todas las personas, incluidos los candidatos y los partidarios de la oposición, puedan expresar libremente sus ideas políticas, organizar reuniones pacíficas y hacer campaña sin temor a la violencia».

Amnistía Internacional reconoce que la Commonwealth se toma muy en serio la situación en Zimbabue, pero cree que la declaración hecha al final de la visita de octubre de 2001 al país se suavizó mucho debido a la presión de las autoridades zimbabuenses. Esa declaración no refleja la crisis patente y cada vez más grave de la situación de los derechos humanos en el país.

Los datos recogidos por la delegación de Amnistía Internacional que ha visitado Zimbabue indican claramente que el gobierno no está respondiendo a la presión internacional ejercida para que cumpla con sus obligaciones internacionales y regionales, incluida la de tomar medidas efectivas para poner fin a las intimidaciones y agresiones de la milicia financiada por el Estado contra activistas de la oposición, granjeros, trabajadores agrícolas y otros ciudadanos zimbabuenses.

Amnistía Internacional ha manifestado que la Commonwealth debe enviar a Zimbabue observadores del proceso electoral lo antes posible y en mayor cantidad que el año pasado, para compensar la prohibición oficial de los observadores de la Unión Europea y de grupos electorales internacionales.

Información general

El Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth se estableció en 1995 para vigilar el cumplimiento de la Declaración de Harare de 1991, en la que se exponen los principios básicos de la organización, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el imperio de la ley y la independencia del poder judicial.

Tras incluir la situación de los derechos humanos en Zimbabue como punto extraordinario del programa de la reunión de marzo de 2001 del Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth, ésta debía recibir permiso para visitar el país. Los motivos de preocupación de la organización se reiteraron en la reunión de septiembre de 2001 del Grupo. Una iniciativa presentada ese mismo mes por el presidente Obasanjo, de Nigeria, dió como resultado el acuerdo de Abuja entre el gobierno de Zimbabue y la Commonwealth, en el que se prometió el respeto del imperio de la ley y el fin de las invasiones de tierras a cambio del envió de fondos británicos para apoyar el proceso de reforma agraria.

El 11 de diciembre de 2001, el presidente Robert Mugabe anunció la celebración de elecciones presidenciales en marzo de 2001. En una alocución que constituyó el primer mitin electoral de la UNAZ-FT, instó a sus partidarios a «moverse como una máquina militar y avanzar [...] tenemos que salir de este congreso transformados. Este congreso debe transformarnos en soldados de la UNAZ-FT».

\ FIN

Documento público

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