AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 46/021/2007 (Público)

Servicio de Noticias 123/07

28 de junio de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR460212007

Los derechos humanos deben estar en el centro de toda conversación entre el gobierno de Zimbabue y el Movimiento por el Cambio Democrático

Declaración conjunta de Amnistía Internacional, Foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabue y Abogados por los Derechos Humanos de Zimbabue

Tres meses después de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), celebrada el 29 de marzo de 2007 en Dar es Salaam (Tanzania), más de un centenar de organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil se han agrupado para pedir a los dirigentes de la SADC que exhorten al gobierno de Zimbabue a poner fin a las violaciones de derechos humanos que se cometen en ese país. En particular, hemos pedido al presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, que, en su calidad de mediador designado por la SADC, se asegure de que los asuntos relativos a los derechos humanos son prioritarios en cualquier acuerdo propuesto al gobierno de Zimbabue y el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), partido político de oposición.

Miembros de la oposición política y de organizaciones de la sociedad civil están sufriendo ataques en el contexto de una economía en grave declive y de un entorno cada vez más represivo en Zimbabue, en el cual el gobierno coarta con frecuencia los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, y los casos de tortura y violencia organizada con el apoyo del Estado van en aumento.

Al presidente Mbeki se le encomendó facilitar el diálogo entre el gobierno de Zimbabue y el MDC después del episodio de tortura y malos tratos infligidos por agentes de la Policía de la República de Zimbabue a dirigentes y miembros del MDC y de otras organizaciones de la sociedad civil el 11 de marzo de 2007. Activistas de derechos humanos y del MDC fueron detenidos por intentar asistir a un acto de oración en protesta por la prohibición de concentraciones y manifestaciones durante tres meses que había impuesto la policía en algunas zonas de Harare en aplicación del artículo 27 de la Ley de Orden Público y Seguridad.

Nos preocupa el hecho de que las detenciones y reclusiones arbitrarias, la tortura y la violencia organizada no hayan dejado de crecer en Zimbabue desde que tuvo lugar la reunión de la SADC.

Al menos 30 personas detenidas por motivos políticos el 28 de marzo de 2007 –entre ellas Paul Madzore, parlamentario por el MDC, y Dennis Murira, director de campaña electoral del MDC– permanecieron más de dos meses bajo custodia en espera de juicio; desde entonces se han retirado los cargos contra 18 de ellas.

Alec Muchadehama y Andrew Makoni, representantes letrados de las personas detenidas, fueron también detenidos, el 4 de mayo de 2007 a las puertas del Tribunal Superior, cuando acababan de entregar documentación judicial en favor de Amos Musekiwa, uno de los detenidos por motivos políticos. Hasta el 7 de mayo no fueron puestos en libertad bajo fianza.

El 8 de mayo, agentes de policía de Harare golpearon a un grupo de profesionales del derecho que se habían concentrado ante la sede del Tribunal Superior para protestar por la detención ilegítima de Alec Muchadehama y Andrew Makoni. Algunos de los representantes letrados, incluida Beatrice Mtetwa, presidenta de la Sociedad Jurídica de Zimbabue, fueron obligados por la policía a subir a un furgón policial y conducidos a una zona apartada donde, según informes, los golpearon. Después los dejaron en libertad.

El gobierno zimbabuense ha justificado la detención y reclusión arbitraria, la tortura y los malos tratos como respuesta a los ataques de presuntos simpatizantes de la oposición contra la policía. Pedimos al gobierno de Zimbabue que, como debe hacer con todos los presuntos actos delictivos, investigue de inmediato y con imparcialidad estos ataques, respetando los derechos de los presuntos autores, incluido el derecho a ser juzgado con las debidas garantías. Un episodio de violencia protagonizado por manifestantes no puede justificar en modo alguno que la policía haga uso excesivo de la fuerza o recurra a la tortura u otros malos tratos.

Nos parece preocupante también que, dos años después de que 700.000 personas –según cálculos– perdieran su hogar o su medio de subsistencia, o ambos, como consecuencia del programa de desalojos forzados masivos emprendido por el gobierno, cuyo nombre en clave era Operación Murambatsvina("Restablecer el orden"), el gobierno no haya procurado un recurso efectivo a las víctimas. La mayoría todavía necesita ayuda humanitaria urgente. La iniciativa de la SADC no debería olvidar a estas víctimas de violaciones de derechos humanos.

Estas preocupaciones en materia de derechos humanos están bien documentadas, por ejemplo en el informe de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre su visita de investigación a Zimbabue en 2002. A pesar de ello, el gobierno de Zimbabue no ha aplicado las recomendaciones fundamentales contenidas en el informe de la Comisión Africana y en su resolución, aprobada en su 38 periodo ordinario de sesiones, en noviembre de 2005.

La situación de los derechos humanos en Zimbabue requiere que los dirigentes de los países que integran la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral (SADC) actúen de inmediato. El presidente Mbeki y los demás dirigentes de la SADC deben transmitir al gobierno de Zimbabue el mensaje inequívoco de que no van a guardar silencio ante las violaciones de derechos humanos perpetradas en Zimbabue, y asegurarse de que el gobierno zimbabuense toma medidas inmediatas para respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en Zimbabue, lo que incluye acabar con el uso excesivo de la fuerza, la tortura y los malos tratos. Para resolver la crisis de Zimbabue es imprescindible que los autores de violaciones de derechos humanos respondan de sus actos y que las víctimas tengan acceso a la justicia. Todo intento de pasar por alto las necesidades de las víctimas dará al traste con una solución duradera.

En sus intentos de mediación, el presidente Mbeki y los restantes Estados miembros de la SADC no deben limitarse a buscar una solución política a corto plazo entre el gobierno de Zimbabue y el MDC, sino también una solución a largo plazo para la crisis de derechos humanos en el país. Algo que puede lograrse estableciendo un amplio proceso de consulta con las organizaciones de la sociedad civil de Zimbabue y asegurándose de que todas las partes interesadas tienen opción de contribuir al proceso.

Instamos al presidente Mbeki y a todos los Estados miembros de la SADC a que, en sus esfuerzos de mediación, se aseguren de que:

• todas las partes implicadas en el proceso de mediación aprueban un calendario y un marco de referencia, que incluya el respeto y la protección de los derechos humanos para todas las personas, el fin de la violencia organizada y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por Zimbabue en virtud de los marcos normativos sobre derechos humanos de la Unión Africana y las Naciones Unidas;

• el gobierno de Zimbabue pone fin de inmediato a su campaña de intimidación y acoso contra activistas de derechos humanos, dirigentes de la sociedad civil, miembros de partidos políticos de oposición y otros detractores de la política gubernamental;

• el gobierno de Zimbabue respeta íntegramente el derecho a la libertad de asociación, de reunión pacífica y de expresión, y revoca o modifica la legislación nacional para que esté en consonancia con las normas regionales e internacionales de derechos humanos, como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Zimbabue es Estado Parte;

• el gobierno de Zimbabue adopta medidas inmediatas para poner fin a las violaciones graves de derechos humanos y a la tortura y otros malos tratos por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad. Las autoridades correspondientes de Zimbabue deben investigar y obligar a rendir cuentas a los autores de violaciones de derechos humanos; y

• todas las personas que en la actualidad carecen de hogar como consecuencia de desalojos forzados masivos tienen acceso a ayuda humanitaria que incluya albergues de emergencia, alimentos, agua y asistencia médica. Las víctimas de un desalojo forzado tienen derecho a un recurso efectivo.

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