[NO PUBLICAR ANTES DEL 14 DE ENERO DE 1997]

Amnistía Internacional

RUANDA

SE OLVIDAN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPATRIACIÓN DE LOS REFUGIADOS

Enero de 1997 Resumen Índice AI: AFR 47/02/97/s

Distrib. SC/CC/CO/GR (03/97)

Se estima que entre el 15 y el 19 de noviembre de 1996 medio millón de refugiados ruandeses cruzaron la frontera entre Zaire y Ruanda de vuelta a su país. En los días siguientes decenas de miles hicieron lo mismo. Tras más de dos años en el exilio, finalmente se veían obligados a huir de la violencia creciente y de los abusos brutales contra los derechos humanos cometidos por todos los grupos implicados en el conflicto que estalló en el este de Zaire en octubre de 1996.

Varios gobiernos extranjeros y organizaciones intergubernamentales, incluidas las agencias de las Naciones Unidas con base en Ruanda, declararon su relativa satisfacción por la forma en la que se había producido la repatriación. Alentado al parecer por el silencio de la comunidad internacional, que no criticó la repatriación desde Zaire, el gobierno de Tanzania decidió en diciembre de 1996 expulsar también de su país a cientos de miles de refugiados ruandeses. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) colaboró en este retorno forzoso de refugiados ruandeses desde Tanzania.

Durante la repatriación, tanto desde Zaire como desde Tanzania, un problema más amplio ─el desprecio de los derechos humanos en Ruanda─ parece haber quedado en el olvido. Sin embargo, a mediados de diciembre de 1996 el número de detenidos recluidos sin juicio se acercaba a 90.000, entre los que se encontraban más de 1.000 que habían regresado de Zaire y Tanzania; el hacinamiento en muchos centros de detención seguía causando la muerte de los detenidos; persistían los arrestos arbitrarios y las «desapariciones». El gobierno de Ruanda apenas ha tratado de poner a disposición de la justicia a los miembros del Ejército Patriótico Ruandés, responsables de la matanza de cientos de civiles desarmados en operaciones militares de "acordonamiento y búsqueda" en 1996.

En este informe se resumen las conclusiones de una visita de Amnistía Internacional a Ruanda en noviembre de 1996, se ofrece una visión general del peligro de sufrir violaciones de derechos humanos a que se enfrentan los refugiados que regresaron a Ruanda a mediados de diciembre de 1996, y se recomiendan medidas para impedir estas violaciones.

Durante su visita a Ruanda, los delegados de Amnistía Internacional se reunieron con autoridades gubernamentales de alto nivel que aseguraron que se respetarían los derechos humanos, que los refugiados que regresaran no tendrían nada que temer, y que se tomarían medidas para mejorar la situación en lo tocante a los derechos humanos.

Estas promesas están en su mayoría todavía por cumplir. Para que sean realmente eficaces, estas medidas ─que ya serían tardías─ deberán ir acompañadas de reformas profundas y a largo plazo que garanticen un respeto duradero por los derechos humanos. Sin estas garantías, y en tanto sigan cometiéndose violaciones de derechos humanos en Ruanda, los temores de muchos refugiados a volver a su patria resultarán fundados.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Ruanda, de los países vecinos y de otros gobiernos, así como a las organizaciones intergubernamentales, a poner en práctica urgentemente sus recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos. Asimismo pide a la comunidad internacional que intensifique su seguimiento a largo plazo de la situación de los derechos humanos en Ruanda. Con el regreso de cientos de miles de refugiados y las perspectivas de retorno de muchos más, resulta imperativo llevar a cabo una evaluación exhaustiva e imparcial, en una perspectiva a largo plazo, de los peligros a los que se enfrentan quienes regresan.

PALABRAS CLAVE: REPATRIACIÓN FORZADA / REFUGIADOS / CONFLICTO ARMADO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / HOMICIDIOS EN MASA / DESAPARICIONES / DETENCIÓN ARBITRARIA / DETENCIÓN SIN JUICIO / MUERTE BAJO CUSTODIA / CONDICIONES PENITENCIARIAS / IMPUNIDAD / MILITARES / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / GOBIERNOS (OTROS) / ACNUR / DELEGACIONES / FOTOGRAFÍAS / TANZANIA / ZAIRE /

Este informe resume el documento de Ruanda: Se olvidan de los derechos humanos en la repatriación de los refugiados (Índice AI: AFR 47/02/97/s), publicado por Amnistía Internacional en enero de 1997. Quien desee más información o emprender alguna acción al respecto deberá consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Amnistía Internacional

RUANDA

SE OLVIDAN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPATRIACIÓN DE LOS REFUGIADOS

Enero de 1997

Índice AI: AFR 47/02/97/s

Distr: SC/CC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

RUANDA

SE OLVIDAN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPATRIACIÓN DE LOS REFUGIADOS

I. INTRODUCCIÓN

Se estima que entre el 15 y el 19 de noviembre de 1996 medio millón de refugiados ruandeses cruzaron la frontera entre Zaire y Ruanda de regreso a su país. Decenas de miles más regresaron en los días siguientes. Tras más de dos años en el exilio, estos refugiados se veían finalmente obligados a huir de la violencia creciente y de los abusos brutales contra los derechos humanos cometidos por todas las partes implicadas en el conflicto que estalló en el este de Zaire en octubre de 1996.

Los delegados de Amnistía Internacional que estuvieron en Gisenyi, en el noroeste de Ruanda, en noviembre de 1996 hablaron con muchos refugiados a los pocos días u horas de su regreso. Muchos se mostraban traumatizados, exhaustos y hambrientos. Algunos dijeron que estaban contentos de haber vuelto a su país, aun cuando era la violencia lo que les había forzado a regresar. Otros parecían atemorizados, sin saber qué les esperaba en Ruanda.

En este informe se resumen las conclusiones de la visita de Amnistía Internacional a Ruanda en noviembre de 1996, se ofrece una visión general del peligro de sufrir violaciones de derechos humanos que corren los que regresaron a Ruanda a mediados de diciembre de 1996 y se recomiendan medidas para impedir estas violaciones.

Varios gobiernos extranjeros y organizaciones intergubernamentales, incluidas las agencias de las Naciones Unidas que operan en Ruanda, declararon su relativa satisfacción con la operación de repatriación de noviembre. Alentado al parecer por el silencio de la comunidad internacional, que no criticó la repatriación desde Zaire, el gobierno de Tanzania decidió en diciembre de 1996 expulsar también de su país a cientos de miles de refugiados ruandeses.

Durante las operaciones de repatriación, tanto desde Zaire como desde Tanzania, parece haberse olvidado un problema de mayor envergadura: el desprecio de los derechos humanos en Ruanda. Sin embargo, ya a mediados de diciembre de 1996, el número de detenidos recluidos sin juicio había ascendido a unos 90.000, entre ellos más de 1.000 que habían regresado de Zaire y Tanzania; el hacinamiento en muchos centros de detención seguía causando la muerte de los detenidos; proseguían los arrestos arbitrarios y las «desapariciones». Además, el gobierno de Ruanda apenas ha emprendido acciones para llevar ante los tribunales a los miembros del Ejército Patriótico Ruandés (EPR) responsables de la matanza de cientos de civiles desarmados en operaciones militares de «acordonamiento y búsqueda» llevadas a cabo en fechas tan recientes como agosto de 1996.¹

En las entrevistas realizadas en los campos de refugiados de Zaire y Tanzania en 1995 y 1996, los refugiados manifestaron a Amnistía Internacional su temor a ser detenidos arbitrariamente, encarcelados en condiciones inhumanas o asesinados si volvían a Ruanda. Entre los factores que han impedido su regreso, tal como se ha documentado en informes anteriores de Amnistía Internacional², hay que mencionar la propaganda política y la intimidación física y psicológica por parte del ejército y de los dirigentes aliados con el anterior gobierno ruandés. Sin embargo, el temor a ser víctima de violaciones de derechos humanos en Ruanda ha sido otro factor importante que ha contribuido a la resistencia de los refugiados a regresar. Aún así, cientos de miles de refugiados se vieron forzados a regresar de Burundi en julio y agosto de 1996, de Zaire en noviembre de 1996, y de Tanzania en diciembre de 1996, sin que se les ofreciera opción alguna de protección.

Durante su visita a Ruanda, los delegados de Amnistía Internacional, y entre ellos el secretario general de la organización, se reunieron con autoridades gubernamentales de alto nivel para tratar sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda, y en particular sobre las condiciones que aguardaban a los refugiados que regresaban. Estas autoridades, incluidos el vicepresidente Paul Kagame, asesores del presidente y del vicepresidente, y varios ministros, aseguraron que se respetarían los derechos humanos. También dijeron a Amnistía Internacional que se habían dado instrucciones de que no se detuviera a nadie sin haber antes incoado un expediente contra esa persona, y afirmaron que se liberaría a algunos presos para aliviar el hacinamiento en los centros de detención y que se investigarían los casos concretos de violación de los derechos humanos. Algunas autoridades admitieron la existencia de detenciones erróneas, homicidios y malos tratos. Amnistía Internacional recibió con satisfacción las promesas de que los refugiados que regresen no tendrán nada que temer y de que se tomarán medidas para mejorar la situación de los derechos humanos.

Sin embargo, la mayoría de estas promesas están todavía por cumplir. Para que sean realmente eficaces, deberán verse acompañadas por amplias reformas a largo plazo que garanticen el respeto duradero por los derechos humanos. Sin tales garantías, y en tanto persistan las violaciones de derechos humanos en Ruanda, el temor de muchos refugiados a volver a su país estará justificado.

II. REGRESO MULTITUDINARIO DESDE ZAIRE

El retorno desde Zaire, según estimaciones, de medio millón de refugiados ruandeses en unos pocos días no fue voluntario. Fue cuestión de supervivencia. Unos refugiados que acababan de cruzar la frontera de Gisenyi, en el noroeste de Ruanda, a mediados de noviembre de 1996, declararon a Amnistía Internacional que sus campos habían sido atacados por grupos armados. Sus afirmaciones coincidían con las recabadas durante diferentes visitas de Amnistía Internacional a Zaire y Tanzania durante ese periodo. Amnistía Internacional ha publicado informas sobre graves abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes implicadas en el conflicto del este de Zaire.³

En medio del pánico, muchos refugiados se separaron de su familia. Hasta el día de hoy algunos no saben qué ha sido de sus hijos, padres o hermanos. De los cientos de miles que cruzaron la frontera de vuelta a Ruanda muchos eran niños que venían solos. Las agencias internacionales han logrado reunir a algunas familias, pero todavía se desconoce el paradero de muchos refugiados que huyeron adentrándose en los bosques de Zaire oriental.

Los retornados hablaron de enfentamientos armados entre los soldados zaireños y el grupo armado dirigido por los tutsis y conocido vulgarmente como banyamulenge y oficialmente como Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire (AFDL). Algunos manifestaron haber visto cómo soldados del EPR cruzaban la frontera procedentes de Ruanda ─tanto de Gisenyi como de Cyangugu─ y penetraban en el este de Zaire en octubre de 1996 en ayuda de la AFDL. Algunos periodistas también han declarado haber visto a soldados del Ejército Patriótico Ruandés cruzar la frontera de Gisenyi a Goma.

Algunos de los regresados hablaron de enfrentamientos entre la AFDL y soldados del anterior ejército ruandés y las milicias interahamwe, en gran medida responsables del genocidio perpetrado en Ruanda en 1994. Más de uno dijo que, tras los primeros combates, los soldados del anterior ejército ruandés y la milicia interahamwe huyeron hacia el norte y el oeste, acompañados de un gran grupo de refugiados descritos por algunos como «rehenes».

Muchos refugiados y zaireños murieron durante los combates, algunos a consecuencia de fuego cruzado y otros víctimas de ataques deliberados. La identidad de los homicidas no siempre se llegó a conocer. Un refugiado procedente del campo de Mugunga declaró haber visto unos cincuenta cuerpos de hombres, mujeres y niños, la mayoría con heridas de bala, en los alrededores del campo y en el bosque. Otros refugiados, así como algunos zaireños desplazados, murieron de hambre, agotamiento o enfermedad. Independientemente de la causa de muerte, quienes atacaron los campos y quienes se aprovecharon de los enfrentamientos militares para matar y dispersar a los refugiados fueron responsables de un gran número de muertes y de aterrorizar a cientos de miles de refugiados.

Eugène Ntwageneka, de veinticinco años de edad, volvió a Ruanda a mediados de noviembre con sus dos hermanos de veintidós y siete años, dejando a sus dos hermanos mayores en Zaire. Había huido del campo de Katale a los bosques tras escuchar fuego de fusil y ver tres cadáveres en el campo. Como otros miles de personas, llegó al campo de Mugunga y de allí pasó a Ruanda por Gisenyi.

Alphonse Nkulikiyinka, de cuarenta y seis años, abandonó el campo de Kahindo cuando éste fue atacado el 30 de octubre. Cruzando los bosques con su esposa y sus cinco hijos, el menor de tan sólo ocho meses, logró llegar a Sake y luego a Mugunga. Cuando llegaron a este último campo lo encontraron prácticamente vacío, ya que también había sido atacado. La familia llegó a pie a Goma el 18 de noviembre y finalmente cruzó la frontera con Ruanda.

Jean-Oswald Nuyubuzi, de veinte años y antiguo estudiante, llegó a Ruanda con su familia el 17 de noviembre. Habían huido del campo de Mugunga tras un ataque con proyectiles y tras el estallido de las hostilidades entre las fuerzas del anterior gobierno ruandés y los banyamulenge. Fue testigo de los enfrentamientos y manifestó que muchos refugiados habían muerto a consecuencia de los disparos o en el ataque con proyectiles. Entre las víctimas estaba su amigo Jean-Marie Minyimimi, de veinticinco años de edad. Jean-Oswald Nuyubuzi y su familia habían pasado varios días en el bosque sin alimentos. Según dijo, habrían muerto si no hubieran regresado a Ruanda. Los delegados de Amnistía Internacional hablaron con él en un puesto de Gisenyi, donde él y otros muchos regresados se encontraban visiblemente exhaustos, hambrientos y en mal estado de salud. No habían recibido alimentos ni información sobre los medios de transporte a sus zonas de origen. La casa familiar de Jean-Oswald Nuyubuzi, en la comuna de Mutura, en Gisenyi, estaba ocupada por otra familia. Les habían dicho que tendrían que compartirla con los ocupantes ilegales e instalarse en el anexo. Antes de abandonar Ruanda en 1994, este joven había cursado estudios de literatura, y ahora confiaba en reanudarlos una vez de vuelta en su país.

Otro joven regresado manifestó que su madre, su abuela y su hermana de dieciocho años habían muerto durante los ataques al campo de Mugunga.

Amnistía Internacional habló con refugiados que habían llegado a sus lugares de origen en Gisenyi. En el sector de Rusiza, comuna de Mutura, un anciano que había regresado el 15 de noviembre describió su huida del campo de Kahindo. Él y otros miles habían huido al bosque. Muchos murieron allí. Había perdido a su esposa y a cinco niños, cuatro de ellos hijos propios y otro huérfano. El de menor edad contaba sólo tres años. Había cruzado la frontera solo y no tenía noticias de su familia. Temía que estuvieran muertos y no podía comprender por qué las organizaciones internacionales no hacían más por encontrar a quienes se habían dispersado por los bosques.

Amnistía Internacional también dialogó con ruandeses que habían regresado y con refugiados de Burundi en Cyangugu, en el sudoeste. Estas personas habían huido de Kivu Sur, en la parte oriental de Zaire, y describían ataques a los campos de refugiados de esa zona y homicidios de refugiados. Tharcisse Barutwanayo, refugiado procedente de Kayanza (Burundi) de veintidós años de edad, había huido de Zaire oriental a Ruanda por miedo a perder la vida. Interrumpiendo sus estudios, abandonó Burundi a finales de 1993, tras las matanzas generalizadas ocurridas allí. Había permanecido en Ruanda hasta julio de 1994, para huir luego a Zaire. Dijo que, desde el 15 de octubre de 1996, había habido combates entre los banyamulenge y las fuerzas de seguridad zaireñas en las cercanías del campo de Luvungi, cerca de Uvira. Había huido, con otros muchos refugiados de Ruanda y Burundi, hacia Bukavu, y luego a Chimanga. Allí presenció la matanza de refugiados de Ruanda y Burundi y de desplazados zaireños por soldados de la AFDL. He aquí su testimonio:

A las cinco de la tarde, los banyamulenge penetraron en el campo...Nos ordenaron acudir a un lugar concreto para una reunión en la que nos dirían cómo podíamos regresar. En total había unas setecientas personas en el campo. Unas cien accedieron a acudir a la reunión. Nosotros no lo hicimos, pues teníamos miedo de que nos mataran. Luego rodearon el campo de forma que nadie pudiera escapar. A las 5:45 bombardearon el lugar fijado para la reunión. También dispararon con sus armas a las personas que se habían reunido allí. Mientras tanto, los que habían cercado el campo abrieron también fuego sobre los que no habíamos acudido a la reunión. Muchos murieron. Cerca de mi tienda había unos veinte muertos, y dos más de entre nuestro pequeño grupo. De los setecientos habitantes del campo, menos de cien llegaron al campo de tránsito.

Finalmente, Tharcisse Barutwanayo logró pasar a la ciudad ruandesa de Cyangugu. Llevaba caminando cinco semanas. No sabía nada de su esposa, y su hijo pequeño había muerto de enfermedad. Temía ser repatriado a Burundi, donde prosiguen las matanzas por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos armados. En la frontera le habían dicho que los refugiados de Burundi serían repatriados a su país. Sus palabras a Amnistía Internacional fueron: «Estamos permanentemente entre la vida y la muerte».

La confusión general y la falta de información sobre quiénes exactamente han cruzado la frontera de Zaire a Ruanda ha facilitado que los autores de abusos contra los derechos humanos puedan ocultar sus crímenes. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 1996, Phocas Nikwigize, antiguo obispo de Ruhengeri (Ruanda), de más de setenta años, «desapareció» de Goma, en Zaire oriental, donde se había refugiado en 1994. Mientras se dirigía a la frontera con Ruanda, fue detenido por un grupo de hombres armados. No se ha sabido nada más de él, a ningún lado de la frontera, y se teme que haya muerto.

Otros muchos refugiados han muerto en Zaire oriental o han «desaparecido». Durante el mes de diciembre, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo testimonios de matanzas generalizadas de civiles en Kivu Norte y Sur, lo que indica que todavía se desconoce el alcance real de las violaciones cometidas en la zona.

III. EL REGRESO DEL ZAIRE

El regreso súbito de un número tan alto de refugiados en tan poco tiempo ha planteado importantes problemas prácticos y logísticos a las autoridades y organizaciones humanitarias de Ruanda.

No se intentó en ningún momento llevar a cabo un registro escrito de los cientos de miles de refugiados que cruzaban la frontera de vuelta a Ruanda. Aunque esto puede ser comprensible dada la gran cantidad de personas que regresaban, Amnistía Internacional teme que pueda constituir un serio obstáculo al seguimiento efectivo de la suerte que haya podido correr cada uno de estos individuos. La falta de constancia escrita, que no tiene lugar hasta que los refugiados llegan a sus lugares de origen, da pie a que se produzcan «desapariciones».

Pronto se hizo evidente para Amnistía Internacional y otros observadores presentes en Gisenyi entre el 15 y el 19 de noviembre que las autoridades ruandesas habían sustraído el control de la operación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a las organizaciones humanitarias no gubernamentales. Las autoridades requisaron vehículos pertenecientes a las agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias. La estrategia gubernamental era que los refugiados siguieran avanzando hacia sus lugares de origen lo más rápido posible, aun cuando se dirigieran a lugares muy alejados de la frontera. La explicación dada por las autoridades era que los intentos de los refugiados de detenerse a lo largo del camino podían suponer un problema para la seguridad.

A las organizaciones humanitarias no gubernamentales les dijeron que sólo podrían distribuir alimentos una vez que los regresados se hubieran registrado oficialmente ante las autoridades locales en sus lugares de origen, un procedimiento que podría durar al menos varios días. Así, los refugiados se vieron obligados a subsistir a base de raíces y hojas que hallaban junto a los caminos o de compartir el alimento que les proporcionaba la población local una vez que llegaban a sus zonas de origen. La distribución de bizcochos que algunas organizaciones internacionales llevaron a cabo a lo largo de los caminos dio lugar a más de una disputa entre los refugiados.

El 18 de noviembre, unos funcionarios ruandeses llegaron a un centro médico provisional establecido por la Cruz Roja y otras agencias junto a la frontera. Allí obligaron a unos trescientos cincuenta pacientes a subir a camiones, al parecer sin dar explicación alguna, y los trasladaron al anterior centro de tránsito del ACNUR en Nkamira, ahora bajo control de las autoridades ruandesas. Entre los pacientes había ancianos y personas discapacitadas, así como cerca de veinte madres con niños recién nacidos. Sólo se permitió permanecer temporalmente en el centro médico a los que estaban recibiendo medicación intravenosa o a los que podían sufrir enfermedades infecciosas graves.

Muchos de los refugiados que volvían a Ruanda ya estaban en malas condiciones físicas después de caminar durante varias semanas en Zaire huyendo de los combates. Al cruzar la frontera, no se les permitía descansar. Las autoridades ruandesas les obligaban a seguir caminando, en algunos casos hasta llegar a su lugar de origen, en otros a un punto de tránsito a más de 60 kilómetros de la frontera, donde a los que vivían todavía más lejos se les facilitaba un medio de transporte. En la noche del 19 de noviembre, los delegados de Amnistía Internacional contemplaron a decenas de miles de personas, incluidos mujeres y niños, marchando desde Gisenyi a Ruhengeri; eran muchos más y marchaban a un ritmo mucho más rápido que los de las noches anteriores.

A pesar de estos problemas, un portavoz del ACNUR declaró en Gisenyi el 18 de noviembre que «no hay indicios de que el gobierno esté obligando deliberadamente a la gente a seguir caminando». Cuando los periodistas le preguntaron por qué el ACNUR no había protestado por el cierre forzoso del centro médico, repuso que ése no era el papel del ACNUR. Al día siguiente declaró que «en conjunto, [la repatriación] se ha desarrollado sorprendentemente bien».

Aunque se permitió a la mayoría de los periodistas y organizaciones de derechos humanos el acceso a la zona fronteriza y a los emplazamientos situados a lo largo de los caminos, los soldados ruandeses amenazaron a tres periodistas locales que tomaban fotografías de los regresados en Gisenyi y de los soldados que obligaban a los refugiados a seguir andando en las cercanías del centro de tránsito de Nkamira. Los soldados confiscaron las películas a los periodistas.

IV. REPATRIACIÓN FORZOSA DE MILES DE REFUGIADOS RUANDESES DESDE TANZANIA

A comienzos de diciembre, el gobierno de Tanzania y el ACNUR emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que todos los refugiados ruandeses podían ya volver a su país sin peligro y que se esperaba que todos ellos hubieran partido antes del 31 de diciembre de 1996. Se estimaba que la población ruandesa refugiada en Tanzania superaba el medio millón. A diferencia de la población de refugiados en Zaire y Burundi, los refugiados en Tanzania habían podido vivir en un entorno relativamente seguro; sus campos no sufrían ataques y no se habían registrado incidentes importantes o violencia generalizada.

En el momento de redactar este documento, a mediados de diciembre de 1996, más de la mitad de los aproximadamente 550.000 refugiados ruandeses en Tanzania habían cruzado la frontera o se dirigían a ella, según nuestros informes. Se desconoce el paradero de los millares de personas que huyeron hacia el este o hacia países vecinos.

Amnistía Internacional considera que el comunicado conjunto del gobierno de Tanzania y el ACNUR y el retorno forzoso subsiguiente de cientos de miles de refugiados ruandeses incumple las obligaciones jurídicas internacionales de Tanzania para con los refugiados en su territorio, especialmente en lo que se refiere a la protección contra la repatriación forzosa. El comunicado conjunto, dirigido a los refugiados, no mencionaba ninguna opción alternativa para quienes siguen temiendo sufrir violaciones de derechos humanos en Ruanda. Fue una decisión sin precedentes que se apartaba de la línea de conducta del ACNUR en otras situaciones semejantes, en las que siempre se han tomado medidas para identificar a los que pudieran correr peligro en su país de origen. El tono del comunicado no dejaba duda de que los refugiados serían expulsados de Tanzania y, aunque circulaban informes de que se establecería un procedimiento de selección para los refugiados que tuvieran demasiado miedo de regresar, esa posibilidad no parece haber sido reconocida públicamente por el gobierno de Tanzania o por el ACNUR. De hecho, varios refugiados que se han negado a volver se encuentran retenidos en un campo cerrado de Mwisa. No se conoce si las autoridades tanzanas han iniciado algún procedimiento de selección para evaluar la situación de estas personas.

El ultimátum provocó el pánico entre los refugiados. Muchos huyeron de los campos de las cercanías de Ngara y se pusieron en marcha hacia el este, alejándose de la frontera, y hacia el norte, en dirección a Uganda. Desde el 14 de diciembre, aproximadamente, miles de refugiados fueron obligados por las fuerzas de seguridad de Tanzania a volver y encaminarse hacia la frontera con Ruanda. Se enviaron refuerzos militares a la zona y, según informes, los miembros de las fuerzas de seguridad de Tanzania penetraron en algunos campos para obligar a los refugiados a abandonarlos. Durante varios días, estas fuerzas negaron el acceso a los campos a la mayoría de las organizaciones humanitarias que habían estado ayudando a los refugiados, incluido el ACNUR. Según estos informes, en la zona de los campos cercanos a Ngara se vio a importantes autoridades del gobierno de Ruanda y a altos oficiales del ejército ruandés.

Amnistía Internacional está investigando los informes que indican que los miembros de las fuerzas de seguridad de Tanzania golpearon a algunos refugiados en las regiones de Ngara y Karagwe, y que prendieron fuego a una iglesia en el campo de Benaco con el fin de obligar a los refugiados a regresar a Ruanda.

Según los informes, cerca de tres mil refugiados huyeron de Tanzania a Uganda, la mayoría de ellos mujeres y niños. Amnistía Internacional considera preocupante que algunas autoridades gubernamentales de Uganda ─incluido el ministro de Gobierno Local, Jaberi Bidandi Ssali, citado en el periódico The New Vision el 18 de diciembre de 1996─ hayan declarado que no se permitirá a los refugiados permanecer en Uganda y que se les deportará a Tanzania o a Ruanda.

Al otro lado de la frontera, las autoridades ruandesas restringieron seriamente el acceso a la zona fronteriza e impidieron a muchas organizaciones no gubernamentales ayudar a los refugiados, si bien, según los informes recibidos, se registraron menos problemas de transporte y distribución de alimentos que en la repatriación de noviembre desde Zaire. Tampoco se llevó a cabo un registro escrito de los refugiados que cruzaban la frontera de Ruanda procedentes de Tanzania. Esto planteaba nuevamente problemas a la hora de llevar a cabo un seguimiento efectivo, y acrecentaba la posibilidad de que se produjeran «desapariciones». Dado que en la repatriación desde Tanzania no hubo la misma urgencia que en el caso de Zaire, se habría podido seguir un procedimiento adecuado de registro.

No ha sido éste el primer caso de repatriación forzosa de refugiados ruandeses desde Tanzania. Por ejemplo, el 22 de agosto de 1996, siete refugiados del campo de Lumasi ─Gervais Bigirabagabo, Boniface Birekeraho, Jean-Providence Gahutu, Léonidas Munyaneza, Laurent Mushimiyimana, Eugène Tugireyezu y Augustin Ukobizaba─, todos ellos intelectuales que desempeñaban un papel dirigente en el campo de refugiados, fueron arrestados por las autoridades tanzanas, retenidos durante dos días en la comisaría de policía de Kabanga y entregados a las autoridades ruandesas. Desde entonces han permanecido detenidos sin juicio en la gendarmería de Kibungo, en Ruanda oriental. Al parecer, no fueron detenidos por las autoridades tanzanas por participar en el genocidio cometido en Ruanda, sino porque habían reclamado una mayor seguridad en su país y un diálogo entre los refugiados y el gobierno ruandés. Habían enviado un memorándum al presidente de Tanzania en el que le pedían que usara su influencia para buscar una solución a la situación política de Ruanda y criticaban la posición de la Organización de la Unidad Africana respecto a la situación de los derechos humanos en Ruanda.

V. EL PELIGRO QUE CORREN LOS REFUGIADOS DE SUFRIR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS A SU REGRESO

En varias ocasiones Amnistía Internacional ha manifestado preocupación ante la pauta de violaciones de los derechos humanos en Ruanda, que incluyen en especial detenciones arbitrarias, reclusiones prolongadas sin cargos ni juicio en condiciones que constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, malos tratos, «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales por agentes del gobierno o de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional teme que los refugiados procedentes de Zaire y Tanzania puedan correr peligro de sufrir este tipo de violaciones de derechos humanos, y que puedan ser atacadas por la población local.

Quienes regresan al país no corren necesariamente mayor peligro de sufrir este tipo de violaciones que otros sectores de la población ruandesa. Sin embargo, muchos de los refugiados serán considerados sospechosos porque los autores del genocidio también se instalaron en los campos de refugiados de Zaire y Tanzania. Deberán tomarse medidas para que quienes no tomaron parte en el genocidio no sufran simplemente por haber huido del país en 1994.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los refugiados es el de los conflictos sobre la propiedad de casas y tierras. En muchos casos, la tierra que habían ocupado o de la que era dueños está en manos de otros. Su regreso desencadenará inevitablemente disputas sobre el derecho a las tierras y la propiedad de las casas. El gobierno ha puesto en marcha un plan de construcción de viviendas y ha dispuesto que los ocupantes ilegales deben abandonar las propiedades a las dos semanas del regreso del propietario. Sin embargo, no parece haber medios efectivos para garantizar el cumplimiento de esta norma o para resolver conflictos. Algunos de los regresados tienen que compartir su casa con los ocupantes ilegales; otros se instalan con amigos o familiares. Muchos están demasiado asustados como para reclamar sus propiedades. Durante 1995 y 1996, algunas personas que trataron de recuperar sus propiedades fueron detenidas, «desaparecieron» o aparecieron muertas. Estos abusos no siempre fueron obra de agentes del gobierno, pero lo cierto es que éste no se ha esforzado demasiado por ponerles fin. Desde noviembre de 1996, según informes recibidos, los ocupantes ilegales de algunas zonas están abandonando las propiedades pertenecientes a los refugiados regresados al país; en otras, por el contrario, se han negado a hacerlo, según los mismos informes.

1. Reclusiones sin cargos ni juicio y detenciones arbitrarias

De las aproximadamente noventa mil personas que se encuentran recluidas en Ruanda, la mayoría acusadas de genocidio, muchas han sido detenidas arbitraria e ilegalmente, a veces con escasas pruebas o incluso sin ellas. Amnistía Internacional ha recibido numerosos testimonios de detenciones arbitrarias y ha conversado con detenidos y familiares de detenidos durante 1996. Amnistía Internacional cree que muchos de los actualmente detenidos pueden ser culpables de crímenes cometidos durante el genocidio, pero que otros muchos son probablemente inocentes.

En estos últimos meses, se ha progresado en la reconstrucción del sistema judicial ruandés. Sin embargo, sigue habiendo motivos serios de preocupación. Amnistía Internacional ha expresado ante el gobierno de Ruanda sus preocupaciones por la posibilidad de que se celebren juicios sin las debidas garantías, con problemas tales como la ausencia de abogados defensores y dudas sobre la competencia, imparcialidad e independencia del personal jurídico. También ha cuestionado la prohibición de que expertos judiciales extranjeros trabajen a ciertos niveles del sistema judicial. Amnistía Internacional ha manifestado además repetidamente su oposición a la aplicación de la pena de muerte.⁴

Un caso de detención arbitraria es el de Abbé Jean-François Kayiranga, sacerdote de treinta y cuatro años de edad de la diócesis de Nyundo y antiguo maestro. Fue arrestado el 6 de noviembre de 1996 en Kivumu, en la prefectura de Kibuye, cuando acudió a registrarse para obtener su nuevo documento de identidad. El funcionario de la policía judicial, según informes recibidos, redactó una orden de arresto allí mismo y le detuvo basándose en una acusación no especificada de que había participado en el genocidio. Según diversas fuentes, Abbé Kayiranga es el único sacerdote de la diócesis de Nyundo que no salió del país en 1994 y fue alabado por los supervivientes por sus esfuerzos para salvar de la matanza a varias personas. Abbé Kayiranga permanece recluido en el centro de detención de Gitesi, cuyas condiciones son sumamente duras. En la noche del 22 al 23 de octubre de 1996, dieciséis detenidos murieron allí a causa del hacinamiento y la escasa ventilación.⁵

En noviembre de 1996, el gobierno de Ruanda anunció que se habían dado instrucciones a los funcionarios pertinentes para que no se llevaran a cabo arrestos arbitrarios y para que no se detuviera a nadie sin que se hubiera preparado de antemano un expediente sobre el caso. Parece que se ha hecho algún esfuerzo por cumplir estas instrucciones, si bien sigue sin estar claro qué significa el término «expediente». En muchos casos una sola denuncia contra un individuo parece suficiente para justificar un arresto, a pesar de las últimas instrucciones del gobierno.

El 15 de noviembre de 1996 ─el día que en los refugiados comenzaron a regresar de Zaire─ se informó de que en la sede de al menos una comuna de Kigali se había publicado una lista con los nombres de las personas muertas durante las matanzas de 1994 y, a su lado, los nombres de los supuestos responsables.

En diciembre de 1996 el gobierno hizo pública una lista de 1.946 nombres de individuos sospechosos de haber desempeñado un papel importante en el genocidio ─Categoría 1 de sospechosos. ⁶Esta lista se basaba en informaciones facilitadas por fiscales de diferentes partes del país. Según informes, varias de las personas citadas en la lista han sido detenidas. No está claro qué pruebas concretas existen contra cada una de las personas allí citadas.

Al escribir este documento, según nuestros informes, más de mil refugiados que regresaron de Zaire y Tanzania habían sido arrestados. Asimismo se informa que muchos han sido víctimas de malos tratos durante el arresto o la reclusión. Todavía se desconocen los cargos excatos en su contra. El ritmo de detenciones de refugiados que regresan parece haber aumentado en la primera mitad de diciembre. Según los informes recibidos, algunos de los detenidos figuran en la lista gubernamental de sospechosos de la Categoría 1. Fuentes independientes confirmaron a Amnistía Internacional que entre los refugiados que habían vuelto se encontraban individuos que se sabía que habían participado en las matanzas de 1994. Entre los detenidos en noviembre y diciembre figuran varios antiguos funcionarios locales, como alcaldes y consejeros, empleados gubernamentales y antiguos miembros de las fuerzas armadas ruandesas. Las autoridades han manifestado que en algunos casos se ha detenido a ciertos individuos por su propia seguridad, para protegerlos de posibles venganzas, y que algunos incluso han pedido ser detenidos.

Cabe esperar que se produzcan nuevas detenciones a gran escala a medida que los regresados comiencen a registrarse para obtener nuevos documentos de identidad. El ritmo de arrestos se aceleró acusadamente en abril y mayo de 1996, al comenzar este proceso de registro, en virtud del cual todos los ciudadanos ruandeses deben obtener nuevos documentos de identidad al volver a su comuna de origen e identificarse ante las autoridades locales.

Según informes recibidos, algunos ciudadanos han sido arrestados sin explicación alguna. Por ejemplo, el 10 de diciembre Origène Rutayisire, antiguo director de escuela de treinta y cinco años de edad, fue detenido en la sede de la comuna de Nkuli, en la provincia de Ruhengeri. Se desconoce el motivo de su detención. Había estado refugiado en el campo de Katale, en Zaire, y había vuelto a Ruanda el 22 de noviembre.

Phocas Habimana, economista de cincuenta y cuatro años, y su esposa Gaudence Nyasafari-Habimana, socióloga, volvieron de Zaire en noviembre de 1996. Diez días después de su regreso, Phocas Habimana fue detenido. Actualmente se encuentra recluido en Ruhengeri. Poco después de su detención, la vivienda de su esposa fue atacada por hombres armados que robaron todas sus pertenencias. Phocas Habimana y Gaudence Nyasafari-Habimana habían trabajado como asesores del anterior gobierno, él como asesor de economía y ella como directora de la Oficina Nacional de Población.

Los miembros del antiguo ejército tiene muchas probabilidades de ser considerados sospechosos. El 19 de noviembre de 1996, los delegados de Amnistía Internacional presenciaron una reunión en la sede de la comuna de Rwerere, en Gisenyi, entre las autoridades civiles y militares locales y un grupo de treinta y tres antiguos miembros de las fuerzas armadas ruandesas recientemente regresados de Zaire. El discurso oficial a estos antiguos soldados consistió fundamentalmente en mensajes de tranquilidad y reconciliación, pero también se les indicó explícitamente que los antiguos soldados serían los primeros sospechosos si se produjeran incidentes o actos violentos en su zona.

Tras el regreso a Ruanda de unos setenta y cinco mil refugiados procedentes de Burundi en julio y agosto de 1996, las autoridades ruandesas y los representantes de organizaciones internacionales señalaron que «sólo en torno al uno por ciento» de los regresados habían sido detenidos y que muy pocos habían sido acusados de violaciones de derechos humanos en Ruanda. Sin embargo, en noviembre de 1996 se informó de que más de dos mil de los regresados de Burundi estaban detenidos sin cargos ni juicio en condiciones de hacinamiento. La mayoría estaban en Butare, donde las condiciones de algunos centros de detención constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Entre los regresados detenidos se encontraban muchos intelectuales y funcionarios locales del gobierno anterior.

2. Condiciones de reclusión que constituyen un trato cruel, inhumano o degradante

A medida que aumente el número de detenciones, las condiciones en cárceles y centros de detención de toda Ruanda seguirán empeorando. Si no se toman medidas inmediatas para reducir el hacinamiento, cabe esperar que se produzcan nuevas muertes bajo custodia. En noviembre de 1996, las condiciones en zonas como Gisenyi, donde el hacinamiento había sido menor que en otras partes del país, habían empeorado notablemente. El hacinamiento y la falta de instalaciones en los centros de detención de otras prefecturas seguían siendo muy preocupantes. En Kibuye, 39 detenidos murieron en dos incidentes diferentes en mayo y octubre de 1996. Según informes, a lo largo del año otros detenidos murieron a causa de las intolerables condiciones en otras prefecturas, incluida la Rural de Kigali, una de las zonas a las que están regresando numerosos refugiados. A finales de septiembre de 1996, tres detenidos que habían regresado a Ruanda en meses anteriores murieron de asfixia, según los informes, en un centro de detención en Butare, sólo unos días después de su detención.

Aún no se han cumplido las promesas pronunciadas repetidamente por el gobierno durante todo 1996 de que los niños menores de catorce años, los ancianos y los enfermos serían puestos en libertad. Algunas autoridades gubernamentales reconocen que los comités de selección creados para liberar a los detenidos contra los que no existen pruebas suficientes no están funcionando debidamente y deben ser disueltos. Sin embargo, tampoco se ha creado ningún otro mecanismo alternativo.

También siguen denunciándose malos tratos, normalmente palizas, a los detenidos por parte de los agentes de seguridad en diversas zonas del país. Varios detenidos han muerto a consecuencia de estos malos tratos.

3. «Desapariciones»

Amnistía Internacional ha documentado varias «desapariciones» ocurridas en 1995 y 1996. La participación de agentes gubernamentales no está clara en todos los casos. Sin embargo, a la organización no le consta que el gobierno haya hecho públicos los resultados de sus investigaciones sobre estas «desapariciones» o haya tomado medidas preventivas para impedir que se repitan.

Por ejemplo, el 2 de agosto de 1996, Venant Ntirampeba, ciudadano de Burundi y empleado de SINELAC, una empresa pública de propiedad conjunta de Ruanda, Burundi y Zaire, «desapareció» en Cyangugu. Según informes, había sido amenazado por varios colegas tras el golpe de estado de Burundi del 26 de julio. El 2 de agosto, el jefe de inmigración de Cyangugu, dos soldados del EPR y un colega le llevaron hacia la frontera, alegando que necesitaba un nuevo visado. No se le ha vuelto a ver.

El 4 de mayo de 1996, Cyprien Gakuba, padre de tres hijos con residencia en Kigali, «desapareció» en Byumba, a lo largo de la carretera que va al norte desde Kigali. El autobús en el que viajaba fue interceptado por soldados del EPR que obligaron a Cyprien Gakuba y a otros pasajeros a descender del vehículo. A continuación los soldados ordenaron al conductor que prosiguiera la marcha. No se ha vuelto a ver a Cyprien Gakuba.

Amnistía Internacional considera especialmente preocupante que los regresados puedan ser víctimas de «desapariciones», dada la falta de registro en la frontera o en los lugares de tránsito. Estos temores se ven reforzados por el inevitable caos que se deriva de unos desplazamientos tan multitudinarios.

4. Homicidios

En agosto de 1996, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Ruanda: Alarmante reanudación de los homicidios, que describía la matanza de centenares de civiles desarmados por soldados del EPR y por grupos armados de oposición aliados del anterior ejército ruandés y de la milicia. A Amnistía Internacional no le consta que el gobierno de Ruanda haya publicado los resultados de sus investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por sus propias fuerzas. El comandante del EPR al mando de las operaciones de acordonamiento y búsqueda en Ruhengeri, en las que se produjo la matanza de más de ciento cincuenta personas en julio y agosto de 1996, ha sido transferido a la prefectura oriental de Kibungo, según nuestros informes. Kibungo es una de las principales zonas a las que están regresando los refugiados de Tanzania.

Los informes indican que, a mediados de diciembre, el teniente coronel Ibingira, del EPR, estaba siendo juzgado por un tribunal militar en relación con la matanza en abril de 1995 de varios miles de personas en Kibeho. Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción esta medida y ha instado al gobierno a que ponga también a disposición de la justicia a los oficiales del EPR que hayan participado desde entonces en otros homicidios de civiles.

Las matanzas por parte de miembros del EPR y los ataques atribuidos a grupos armados de oposición han continuado esporádicamente. El 27 de octubre de 1996, Judith Mukabaranga, alcaldesa de Nyakabuye, en Cyangugu, fue muerta en su propio domicilio junto a su hermana menor, Rose, y dos visitantes, la joven Francine y el muchacho de quince años de edad Jean-de-Dieu. Se cree que los autores del crimen eran miembros de la milicia con base en Zaire o Burundi. Estos mismos milicianos organizaron un ataque contra el centro de detención cercano y liberaron a un centenar de detenidos. Según informes, al menos un soldado del EPR y dos detenidos murieron en el enfrentamiento.

Desde el comienzo del retorno multitudinario de refugiados desde Zaire en noviembre de 1996, Amnistía Internacional ha recibido información sobre diversos homicidios

de refugiados que regresan. En la madrugada del 9 de diciembre, un soldado visitó a seis familias de Kicukiro, en Kigali ─según informes, regresadas de Zaire─ y ordenó a seis hombres que le siguieran a la oficina del sector. A llegar a ella, abrió fuego contra ellos. Tres de ellos, Gafaranga, Gatera yNtihabose murieron, se nos informa, en el acto. Los restantes, Bagaragaza, Rwabuyonza y Mugarura, resultaron gravemente heridos. Se cree que el soldado pensaba que habían participado en el genocidio. Según nuestros informes, un soldado ha sido detenido en relación con el incidente.

También se denunciaron otros homicidios de refugiados que regresan, o de civiles locales a manos de refugiados retornados, en noviembre y diciembre en diferentes partes de Ruanda. Amnistía Internacional está investigando estos casos.

VI. COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA REPATRIACIÓN FORZOSA DE REFUGIADOS

Amnistía Internacional encuentra sumamente preocupante el papel desempeñado por la comunidad internacional, en particular el ACNUR, en la condonación de la repatriación forzosa de refugiados a Ruanda por parte de los países vecinos. En mayor o menor medida, el ACNUR ha cooperado en las operaciones de repatriación desde Burundi, Zaire y Tanzania.

El estatuto del ACNUR confía a éste la función de proteger a los refugiados y asistir a los gobiernos en la repatriación voluntaria de sus ciudadanos. En otros muchos documentos, incluidas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR, se subraya la importancia de garantizar que la repatriación es genuinamente voluntaria. El ACNUR ha declarado que la voluntariedad de la repatriación desempeña un papel crítico en la protección de los refugiados. La participación del ACNUR en la repatriación desde Tanzania, en concreto, contraviene este principio básico.

Un elemento central de la política del ACNUR y de otras organizaciones intergubernamentales ha sido una evaluación de la situación de los derechos humanos en Ruanda que no tiene en cuenta toda la información disponible. Amnistía Internacional cree que el ACNUR, aun reconociendo la existencia de violaciones de los derechos humanos en Ruanda, ha seguido declarando que en general la vuelta de los refugiados no presenta riesgos y ha rebajado el grado de peligro a que pueden enfrentarse algunos refugiados a su regreso. La evaluación del ACNUR parece basarse en informes elaborados por UNHRFOR(Operación de las Naciones Unidas sobre el Terreno en relación con los Derechos Humanos en Ruanda) y por las propias oficinas sobre el terreno del ACNUR. Algunos informes de UNHRFOR incluyen información detallada sobre violaciones de los derechos humanos, pero este extremo no aparece reflejado en las declaraciones públicas del ACNUR. Esta falta de reconocimiento del nivel real de violaciones de derechos humanos ha tenido consecuencias dramáticas para los refugiados en los países vecinos, y ha tenido como consecuencia última su expulsión masiva.

Las autoridades ruandesas, algunos gobiernos extranjeros y las agencias de las Naciones Unidas citan con frecuencia la situación de los refugiados de Burundi, que volvieron a Ruanda en julio y agosto de 1996, como prueba de que los que regresen al país nada tienen que temer. Aunque el ACNUR y UNHRFOR reconocieron que el retorno inicial en julio de 1996 de más de quince mil refugiados ruandeses desde Burundi fue forzoso, describieron el regreso posterior de unos sesenta mil refugiados más en agosto de 1996 como voluntario.

Amnistía Internacional cree que la gran mayoría de los refugiados de Burundi habían dado muestras de escasa voluntad de volver hasta que varios de ellos fueron amenazados violentamente por las fuerzas de seguridad de Burundi, cinco murieron por los disparos de soldados burundeses en los alrededores de un campo de refugiados, y más de quince mil de sus compatriotas fueron repatriados por la fuerza por las autoridades de Burundi con la plena colaboración de las autoridades de Ruanda. Según informes recibidos, algunos refugiados fueron amenazados con ser detenidos si se negaban a abandonar Burundi. Unos treinta de ellos estaban ya detenidos, sujetos a malos tratos y tortura. Previamente, en abril de 1996, el líder del campo de refugiados de Magara había «desaparecido» tras haber sido conducido a la frontera. Se piensa que murió a manos de las fuerzas de seguridad de Burundi.

Amnistía Internacional lamenta profundamente que, bajo las presiones de las autoridades de Ruanda, los países vecinos y los gobiernos donantes, el ACNUR haya sacrificado algunos principios básicos de protección a los refugiados. Amnistía Internacional confía en que este cambio de política no sentará precedente en relación con la futura protección de refugiados de Ruanda o

de cualquier otro país.

VII. RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Ruanda, de los países vecinos y de otros gobiernos, así como a las organizaciones intergubernamentales, a poner en práctica urgentemente las siguientes recomendaciones. Pide además a la comunidad internacional que intensifique su seguimiento a largo plazo de la situación de los derechos humanos en Ruanda. Dado que son cientos de miles los refugiados que han regresado y que es posible que regresen muchos más, resulta imperativa una evaluación plena e imparcial del peligro que corren al hacerlo. Esta evaluación debe basarse en una apreciación de los hechos a largo plazo, ya que para juzgar el nivel de seguridad no basta con analizar lo ocurrido en sólo unas semanas inmediatamente posteriores a la vuelta de los refugiados.

1. Al gobierno de Ruanda

Amnistía Internacional insta al gobierno ruandés a poner fin a las violaciones de los derechos humanos y a tomar medidas para impedir su repetición. En concreto, debe:

- Permitir el acceso inmediato a la zona fronteriza a las organizaciones humanitarias que deseen ayudar a los refugiados que retornan al país.

- Poner fin a las detenciones arbitrarias e ilegales.

- Garantizar que los juicios de los acusados de participación en el genocidio se celebran con todas las garantías acordadas internacionalmente, sin recurrir nunca a la pena de muerte.

- Garantizar que se pone a disposición de la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones». Hacer públicos los resultados de sus investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales de civiles desarmados cometidas por el EPR en 1995 y 1996.

- Impartir instrucciones a los agentes de seguridad y al personal de prisiones en el sentido de que no se tolerarán los malos tratos a los detenidos, y dejar claro que los responsables de malos tratos serán destituidos y procesados.

- Tomar medidas inmediatas para aliviar el hacinamiento en las prisiones y centros de detención, liberando a los detenidos contra los que no se tienen pruebas, o se tienen pruebas muy escasas, así como a los niños, ancianos y enfermos.

- Garantizar el cumplimiento de las normas legales sobre devolución de tierras y propiedades a sus legítimos dueños, y que éstos no tengan que renunciar, por sentirse intimidados, a reclamar sus derechos.

2. A las autoridades de países que reciben a refugiados ruandeses

- Que permitan a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos acceso sin límites a las zonas donde se encuentran los refugiados y los desplazados internos.

- Que pongan fin a la repatriación forzosa de refugiados y garanticen que no se obliga a los refugiados que aún no han regresado a volver a Ruanda en contra de su voluntad.

- Que insistan en que se les faciliten pruebas claras e independientes de que se respetan los derechos humanos en Ruanda antes de enviar de vuelta a los refugiados. Y que, una vez que su vuelta parezca segura, se establezca un procedimiento de solicitud de asilo para cualquier refugiado que siga negándose a volver a su país.

3. A los gobiernos extranjeros

- Que condenen públicamente la repatriación forzosa en masa desde Tanzania, Zaire y Burundi. Que insten a éstos y otros gobiernos de la región, así como a la AFDL en Zaire oriental, a abstenerse de expulsar a ningún otro refugiado.

- Que faciliten a los países de la región que reciben refugiados apoyo financiero y logístico adecuado.

- Que estimulen al gobierno ruandés a poner en práctica medidas que reduzcan la probabilidad de violaciones de los derechos humanos.

- Que ayuden al gobierno ruandés a garantizar el respeto por los derechos humanos, por ejemplo facilitando expertos jurídicos que ayuden en los juicios de los acusados de genocidio.

4. Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

- Que proteste públicamente por los graves abusos contra los derechos humanos sufridos por los refugiados, en especial la repatriación forzosa en masa desde Tanzania, Zaire y

Burundi.

- Que investigue los informes de abusos contra los derechos humanos cometidos en Zaire oriental durante los ataques a los campos de refugiados protegidos por el ACNUR.

- Que garantice que la repatriación es voluntaria, y que los que temen legítimamente volver y los que no han cometido crímenes contra la humanidad se vean protegidos y gocen de asilo.

- Que garantice que quienes retornan voluntariamente lo hacen con seguridad y de una manera digna.

- Que prosiga y refuerce el programa de seguimiento de los refugiados que regresan a Ruanda y garantice la protección a largo plazo de dichos refugiados contra posibles violaciones de derechos humanos.

- Que proteste ante las autoridades de Ruanda por los casos de violaciones de los derechos humanos de los refugiados que regresan y reclame medidas para remediar la situación.

5. A la Operación de las Naciones Unidas sobre el terreno en relación con los Derechos Humanos en Ruanda

- Que siga emitiendo informes públicos periódicos, incluyendo en ellos las medidas tomadas por el gobierno ruandés para impedir nuevas violaciones de los derechos humanos. En estos informes también debe incluirse la evaluación por UNHRFOR de las garantías con que se celebran los juicios de los acusados de genocidio y de los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de los derechos humanos.

- Que prosiga y refuerce el programa de seguimiento de los refugiados que regresan a Ruanda, al menos durante 1997, y garantice la protección a largo plazo de dichos refugiados contra posibles violaciones de derechos humanos.

- Que colabore más estrechamente con las organizaciones locales de derechos humanos y contribuya a reforzar su capacidad para investigar e impedir las violaciones de estos derechos.