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ÍNDICE AI: AFR 47/04/98/s

26 DE ENERO DE 1998

Ruanda: el presidente ugandés instiga al homicidio

Las recientes manifestaciones del presidente ugandés Yoweri Museveni en favor de la ejecución de los autores del genocidio ocurrido en 1994 en Ruanda son deplorables y sólo servirán para perpetuar el ciclo de amargura y venganza en la región de los Grandes Lagos, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

«El número actual de homicidios, que afectan tanto a personas sospechosas de haber participado en el genocidio como a supervivientes de éste, es ya intolerable ‒ha manifestado la organización‒. Esta instigación, especialmente viniendo de un destacado líder político, podría ser interpretada fácilmente por algunos como un llamamiento a los ciudadanos ruandeses corrientes para que maten a quienes consideren que participaron en el genocidio».

Según informes, durante una visita a Ruanda el 11 de enero, el presidente Museveni dijo a los alumnos de la Universidad Nacional de Ruanda, en Butare, que los organizadores del genocidio «deben ser ahorcados y cuanto antes mejor... Si ustedes matan a seis de mis hijos, estén seguros de que yo los mataré a ustedes. Si el gobierno no lo hace, lo haré yo mismo».

Estas declaraciones fueron seguidas de otros comentarios similares realizados por el presidente Museveni el 21 de enero en una conferencia sobre Burundi celebrada en Arusha, Tanzania. Al parecer, Museveni declaró que las Naciones Unidas debían ejecutar a los condenados [por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda] por el genocidio de Ruanda para evitar un ciclo de violencia. Según los medios de comunicación, Museveni dijo: «la comunidad internacional debe ahorcarlos; y cuanto antes mejor. El crimen mereció la pena capital y el castigo debe ser la pena capital. O lo hace la ONU, o lo hace el gobierno de Ruanda, o lo hacen las familias».

Ya se han producido numerosos casos de homicidios de hutus cometidos por tutsis, que acusan a las víctimas de haber matado a miembros de sus familias. El llamamiento del presidente Museveni podrían interpretarlo también los miembros de las fuerzas de seguridad ruandesas en el sentido de que tienen el respaldo de la comunidad internacional si ejecutan sumariamente a personas a quienes acusan de participación en el genocidio. En los últimos meses, grupos armados hutus han matado también a cientos de civiles tutsis desarmados. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que no hay ningún pretexto para que continúen estos homicidios.

«Comprendemos la ira y los deseos de venganza de la población ruandesa, dada la escala de las atrocidades cometidas durante el genocidio. Sin embargo, matar a los que matan no es lo mismo que hacer justicia. En ninguna circunstancia se debe permitir o instigar a los familiares de las víctimas ni a ninguna otra persona a que se tome la justicia por su mano», ha afirmado Amnistía Internacional.

Al presidente Museveni se le reconoce haber reconstruido el Estado ugandés principalmente mediante el diálogo con los opositores, después de que los regímenes anteriores asesinaran a cientos de miles de ellos.

«Las declaraciones del presidente Museveni sobre Ruanda parecen contradecir su experiencia en Uganda ‒ha dicho Amnistía Internacional‒. Parece sugerir que debe haber reconciliación en Uganda, pero venganza en Ruanda».

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que los autores del genocidio y de otras violaciones graves de derechos humanos en Ruanda comparezcan ante la justicia de conformidad con las normas internacionales de imparcialidad, y con exclusión el uso de la pena de muerte. La organización considera que el gobierno ruandés debe abstenerse de usar la pena de muerte y, por el contrario, imponer penas de prisión proporcionales a la gravedad de los delitos a todos los que sean declarados culpables de genocidio y de otros crímenes contra la humanidad.

«Nos agrada que varios altos cargos del gobierno y del poder judicial de Ruanda hayan manifestado su oposición a la pena de muerte, así como su creencia de que seguramente las ejecuciones van en contra del espíritu de reconciliación ‒ha declarado Amnistía Internacional‒. Los líderes del mundo y los amigos de Ruanda deben aprovechar ahora esta oportunidad para apoyar a estas personas en la difícil tarea de proteger los derechos humanos en el país y fomentar un debate abierto sobre la pena de muerte como una cuestión de derechos humanos».

Información general

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte viola derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La ONU es partidaria de abolir la pena de muerte y, de hecho, el estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda le prohíbe imponer la pena capital.

En 1997, los tribunales ruandeses han condenado a muerte a más de 100 personas. Muchos de los primeros juicios celebrados contra personas acusadas de genocidio y de otros crímenes contra la humanidad se han celebrado sin garantías. Gran parte de los procesados carecieron de abogado y no tuvieron la oportunidad de pedir la declaración de testigos de la defensa o de cuestionar los testimonios de los testigos de la acusación. En estas circunstancias, las peticiones de ejecuciones aumentan el riesgo ya inherente de ejecutar a inocentes. El carácter irrevocable de la pena de muerte causa especial preocupación, dada la pauta de detenciones arbitrarias. Por otra parte, el sistema judicial está aún en proceso de reconstrucción y todavía no han entrado en vigor las garantías jurídicas habituales.

En Uganda hay más de 1.000 presos condenados a muerte, y en 1997 se impusieron al menos 12 condenas a la pena capital.