Amnistía Internacional

RUANDA

Alarmante reanudación de los homicidios

12 de agosto de 1996RESUMEN ÍNDICE AI: AFR 47/13/96/s

DISTR.: SC/CC/CO/GR (34/96)

Mientras las fuerzas de seguridad y los grupos armados continúan matando a civiles desarmados en Burundi, en la vecina Ruanda está produciéndose de nuevo una situación alarmantemente similar, cuando sólo han transcurrido dos años desde el genocidio que se cobró hasta un millón de vidas en ese país en 1994.

La primera mitad de 1996 se ha caracterizado por un fuerte aumento del número de homicidios cometidos por los miembros del Ejército Patriótico Ruandés (EPR) y por los grupos armados de oposición. La violencia contra los civiles desarmados se ha intensificado, especialmente entre los meses de abril y julio, cobrándose más de 650 vidas. Pero, dado que no se tienen noticias de lo ocurrido a muchas personas, el número exacto de víctimas puede ser considerablemente mayor. Otros casos simplemente no se denuncian.

En algunos casos, los indicios disponibles indican de forma abrumadora que los responsables son miembros del EPR; en otros casos apuntan hacia los grupos armados de oposición que, al parecer, están aliados con las fuerzas del anterior gobierno ruandés y la milicia interahamwe responsables de la matanza de cientos de miles de personas en 1994. Sin embargo, en numerosas ocasiones, es difícil determinar quién es el responsable de los recientes homicidios; muchos de estos ataques se atribuyen a un tercer tipo de responsables, a los que con frecuencia se denomina «agresores armados desconocidos» o «elementos criminales».

Amnistía Internacional cree que tanto el EPR como los grupos armados de oposición son responsables de los graves abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en Ruanda. Debe ponerse al descubierto la responsabilidad de ambos por los homicidios perpetrados y deben tomarse medidas para impedir que se cometan nuevos y graves abusos contra los derechos humanos. Este informe se centra en las violaciones del derecho a la vida y en las amenazas a la integridad física llevadas a cabo por ambas partes. Incluye ejemplos de homicidios producidos en los últimos meses (sobre todo entre abril y julio de 1996) para ilustrar la forma brutal en que, en su afán por destruir a quienes apoyan a sus adversarios, tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados están llevando a cabo matanzas de civiles.

En el clima que se vive actualmente en Ruanda,cada homicidio conlleva la posibilidad real de una represalia. El número de víctimas aumenta con cada incidente. Es necesario que se tomen medidas urgentes para impedir que se produzca una nueva espiral de violencia si queremos evitar que Ruanda sufra la repetición de su propio pasado reciente o que se convierta en un reflejo de la violencia que está destrozando a la vecina Burundi.

Este informe finaliza con una serie de recomendaciones que Amnistía Internacional insta a todas las partes implicadas a que pongan en práctica de forma inmediata. Amnistía Internacional teme que existan pocas probabilidades de que cesen los homicidios en Ruanda, a menos que el gobierno ruandés y quienes controlan a los grupos armados de oposición tomen medidas inmediatas para impedir nuevos abusos contra los derechos humanos. La comunidad internacional ─especialmente los gobiernos que tienen algún tipo de influencia sobre las partes implicadas, así como los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales de estos países que informan sobre Ruanda─ tiene la obligación de presionar para que se tomen medidas que impidan que se produzcan nuevas matanzas en Ruanda.

PALABRAS CLAVE: EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL 1 / HOMICIDIOS EN MASA 1/ GRUPOS ÉTNICOS 1 / DESAPARICIONES / TORTURA/MALOS TRATOS / IMPUNIDAD / CONDICIONES PENITENCIARIAS / MUERTE BAJO CUSTODIA / TESTIGOS / CAMPESINOS / REPRESENTANTES DE GOBIERNO LOCAL / JUECES / ABOGADOS / PROFESORES / ESTUDIANTES / COMERCIANTES / CONDUCTORES / MUJERES / NIÑOS / MENORES / AVANZADA EDAD / MINAS ANTIPERSONA / MILITARES / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / CONFLICTO ARMADO / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / VISITAS DE DELEGACIÓN / ACCIONES RECOMENDADAS /

Este informe resumen un documento titulado: RUANDA: Alarmante reanudación de los homicidios (Índice AI: AFR 47/13/96/s) publicado por Amnistía Internacional el 12 de agosto de 1996. Si desea más información o emprender alguna acción, debe consultar el documento completo

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE LA EDITORIAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional

RUANDA

Alarmante reanudación de los homicidios

12 de agosto de 1996

Índice AI: AFR 47/13/96/s

Distr: SC/CC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

ÍNDICE

I.INTRODUCCIÓN1

II.EL CONTEXTO2

III.EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES COMETIDAS POR LOS SOLDADOS DEL EPR3

III.1Modalidades de las ejecuciones extrajudiciales3

III.2Ejecuciones extrajudiciales durante las operaciones militares de «cerco y búsqueda»4

III.3Ejecuciones extrajudiciales de funcionarios locales6

III.4Ejecución extrajudicial de los detenidos7

IV.HOMICIDIOS DELIBERADOS Y ARBITRARIOS COMETIDOS POR LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN8

V.HOMICIDIOS COMETIDOS POR PERSONAS NO IDENTIFICADAS9

VI.LA REPRESIÓN DE LA VERDAD11

La manipulación de la comunidad internacional13

VII. RECOMENDACIONES14

RUANDA

Alarmante reanudación de los homicidios

I.INTRODUCCIÓN

Mientras las fuerzas de seguridad y los grupos armados continúan matando a civiles desarmados en Burundi, en la vecina Ruanda está produciéndose de nuevo una situación alarmantemente similar, cuando sólo han transcurrido dos años desde el genocidio que se cobró hasta un millón de vidas en ese país en 1994.

La primera mitad de 1996 se ha caracterizado por un fuerte aumento del número de homicidios cometidos por los miembros del Ejército Patriótico Ruandés (EPR) y por los grupos armados de oposición. La violencia contra los civiles desarmados se ha intensificado, especialmente entre los meses de abril y julio, cobrándose más de 650 vidas. Pero, dado que no se tienen noticias de lo ocurrido a muchas personas, el número exacto de víctimas puede ser considerablemente mayor. Otros casos simplemente no se denuncian.

En algunos casos, los indicios disponibles indican de forma abrumadora que los responsables son miembros del EPR; en otros casos apuntan hacia los grupos armados de oposición que, al parecer, están aliados con las fuerzas del anterior gobierno ruandés y la milicia interahamwe responsables de la matanza de cientos de miles de personas en 1994. Sin embargo, en numerosos ocasiones, es difícil determinar quién es el responsable de los recientes homicidios; muchos de estos ataques se atribuyen a un tercer tipo de responsables, a los que con frecuencia se denomina «agresores armados desconocidos» o «elementos criminales».

Amnistía Internacional cree que tanto el EPR como los grupos armados de oposición son responsables de los graves abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en Ruanda. Debe ponerse al descubierto la responsabilidad de ambos por los homicidios perpetrados y deben tomarse medidas para impedir que se cometan nuevos y graves abusos contra los derechos humanos. Este informe se centra en las violaciones del derecho a la vida y en las amenazas a la integridad física llevadas a cabo por ambas partes. Incluye ejemplos de homicidios producidos en los últimos meses (sobre todo entre abril y julio de 1996) para ilustrar la forma brutal en que, en su afán por destruir a quienes apoyan a sus adversarios, tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados están llevando a cabo matanzas de civiles.

En el clima que se vive actualmente en Ruanda, cada homicidio conlleva la posibilidad real de una represalia. El número de víctimas aumenta con cada incidente. Es necesario que se tomen medidas urgentes para impedir que se produzca una nueva espiral de violencia si queremos evitar que Ruanda sufra la repetición de su propio pasado reciente o que se convierta en un reflejo de la violencia que está destrozando a la vecina Burundi.

Este informe finaliza con una serie de recomendaciones que Amnistía Internacional insta a todas las partes implicadas a poner en práctica de forma inmediata.

II.EL CONTEXTO

Hasta estos últimos meses, la mayor parte de los homicidios de civiles desarmados en Ruanda se concentraba en las zonas de la parte occidental del país, fronterizas con Zaire. A partir de julio de 1996 continuaron los homicidios y las matanzas en las préfectures¹occidentales de Gisenyi, Kibuye y Cyangugu, pero también se extendieron a las zonas centrales del país, como las préfectures de Gitarama y Rural Kigali. También se han recibido informes sobre homicidios en la préfecture suroriental de Kibunga, cerca de la frontera con Tanzania, y, con menor frecuencia, en algunas otras préfectures.

Estos homicidios de civiles desarmados se producen con el telón de fondo de una mayor actividad insurgente de los grupos armados, cuya base se encuentra principalmente en Zaire, aunque también en Burundi y Tanzania. Estos grupos, que al parecer están formados por miembros de la milicia y las fuerzas del anterior gobierno ruandés, o están aliados con ellos, actúan desde las zonas que rodean los campos de refugiados que hay en estos tres países.²La presencia de estos campos de refugiados tan cerca de la frontera sigue representando una importante amenaza para la seguridad de los habitantes de Ruanda y de los propios refugiados, así como para la población local de ambos países.

Se rumorea que este año algunos grupos armados también han lanzado operaciones desde el interior de Ruanda. Según los informes, en junio de 1996, un grupo desconocido hasta la fecha que se autodenomina Pueblo Armado por la Liberación de Ruanda(PALIR) hizo pública una declaración en la que anunciaba la creación de un frente armado dentro del país, el Frente de Resistencia Interior (FRI). Amnistía Internacional no ha podido confirmar la existencia o naturaleza de este grupo.

Las posiciones de las partes en conflicto se han afianzado cada vez más. En respuesta a los informes que indican la continuación de la sublevación, el EPR ha aumentado su presencia en las zonas afectadas más directamente. Se han enviado refuerzos militares especialmente a las préfectures fronterizas con Zaire, en las que la población es mayoritariamente del grupo étnico hutu y suele sospecharse que sus habitantes colaboran o protegen a los insurgentes que realizan incursiones desde Zaire o Burundi. Se han organizado grupos de patrullas civiles para garantizar la seguridad por la noche, sobre todo en las orillas del Lago Kivu, y evitar los ataques de grupos que, al parecer, actúan desde la isla Idjwi, situada en el lado zaireño de la frontera.

En determinadas zonas, como en la préfecture de Cyangugu, fronteriza con Zaire por el oeste y con Burundi por el sur, se han recibido informes de enfrentamientos militares entre el EPR y los grupos armados de oposición, a veces con tiroteos prolongados y ataques de morteros. Por razones de seguridad, las zonas en las que se producen estos enfrentamientos suelen ser inaccesibles para los observadores independientes. Se desconoce el número total de víctimas entre los soldados y los insurgentes.

Sin embargo, los homicidios de los que se ocupa Amnistía Internacional son de distinto tipo: las víctimas son civiles desarmados. Entre ellos hay hombres, mujeres, ancianos, niños y bebés. Las víctimas pueden haber sido elegidas por su origen étnico, por venganza personal o porque se sospecha que colaboran con «el enemigo». Otras personas simplemente estaban en el lugar equivocado en un momento poco oportuno, como ocurre en los casos de personas muertas o gravemente heridas por minas terrestres. Algunas personas han sido asesinadas porque han intentado revelar la verdad acerca de los crímenes cometidos durante el genocidio de 1994 o de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo actualmente en Ruanda. Sin embargo, muchas de las víctimas son familias de campesinos que viven en zonas en las que se ha informado o se sospecha que hay infiltraciones; se encuentran atrapados en la violencia por ambos lados.

III.EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES COMETIDAS POR LOS SOLDADOS DEL EPR

III. 1Modalidades de las ejecuciones extrajudiciales

Durante la primera mitad de 1996, el número de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el EPR aumentó paralelamente al mayor número de ataques realizados por los grupos armados de oposición.³Aunque el gobierno ruandés ha reconocido que se producen casos aislados y ha garantizado a Amnistía Internacional que los soldados responsables de cometer violaciones de derechos humanos han sido detenidos, hasta el momento no se ha ocupado de las reiteradas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por los soldados del EPR ni ha impedido que se produzcan nuevos homicidios. Parece existir una cierta resignación ante lo que se describe como «la inevitabilidad de las bajas ocasionales en el contexto de las operaciones para combatir la sublevación». En realidad, es posible que se haya utilizado la necesidad de «luchar contra el enemigo» como un pretexto para eliminar a personas, o grupos de personas, cuya presencia o influencia se considera un obstáculo o una amenaza política para quienes están en el poder.

Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los soldados del EPR en 1996 han seguido diferentes modalidades. Decenas de personas han sido abatidas a tiros durante operaciones militares de «cerco y búsqueda». Algunos detenidos fueron muertos a tiros efectuados de cerca cuando, presuntamente, intentaban escapar, sin que se intentase detenerlas sin hacer uso de medios letales o se realizaran sólo intentos muy tímidos. En otros casos, personas como funcionarios locales y otras personas instruidas ─fundamentalmente hutus─ han sido asesinadas en circunstancias que han llevado a Amnistía Internacional a considerar que fueron seleccionadas especialmente por su posición social o política o incluso por su origen étnico. Al parecer, algunas personas también fueron víctimas de sus intentos de sacar a la luz o limitar las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades gubernamentales o de seguridad. No todas las personas contra las que las fuerzas de seguridad han actuado de esta forma han muerto. Muchas han sido detenidas, acusadas de haber participado en el genocidio, y se han unido a la población de más de 80.000 reclusos detenidos, en su mayoría sin cargos y todos ellos sin juicio, en prisiones y centros de detención terriblemente masificados.

También se han recibido informes sobre la participación de tropas del EPR en violaciones de derechos humanos en Burundi, sobre todo en la provincia noroccidental de Cibitoke. Diversas fuentes, entre ellas refugiados que huyeron de la zona debido a la violencia, informaron de que soldados del EPR colaboraron con las fuerzas de seguridad de Burundi en la matanza de civiles desarmados que se produjo en Cibitoke en junio de 1996.

III. 2Ejecuciones extrajudiciales durante las operaciones militares de «cerco y búsqueda»

En julio de 1996 se produjeron varias matanzas de civiles desarmados durante las operaciones de «cerco y búsqueda» destinadas a descubrir presuntos insurgentes y miembros de las fuerzas del anterior gobierno y de la milicia interahamwe. Amnistía Internacional reconoce la necesidad del gobierno ruandés de detener a las personas que han cometido delitos de lesa humanidad y que siguen infundiendo temor a la población de Ruanda. Sin embargo, esto no debe significar que las fuerzas del gobierno tengan libertad para utilizar medios letales contra personas desarmadas que no representan una amenaza mortal en el momento de las operaciones.

Algunos altos cargos del Estado han hecho declaraciones que intentan justificar o disculpar estas violaciones de derechos humanos. Han afirmado de forma expresa que se realizarían operaciones militares en las zonas en las que se hubieran producido ataques a civiles. El 4 de julio de 1996, en un discurso conmemorativo del segundo aniversario de la victoria del Frente Patriótico Ruandés sobre las fuerzas del anterior gobierno, el general de división Paul Kagame, vicepresidente y ministro de Defensa, anunció que debían tomarse medidas para poner fin a las matanzas llevados a cabo por los responsables del genocidio y que «debemos encontrar una solución cueste lo que cueste [...]. Es importante que se utilicen todos los medios legales para detener esto. Está claro que habrá muertos y heridos. Esto es indudable y nadie debe tener miedo de ello.» El presidente, el ministro del Interior y otros altos cargos han realizado declaraciones públicas similares.

Cuando se llevan a cabo las ejecuciones extrajudiciales, la cadena de mando no siempre está clara. Sin embargo, aunque no se hubieran dictado órdenes expresas desde los niveles superiores, los altos cargos del gobierno y de las fuerzas de seguridad deben asumir la responsabilidad última de castigar a los responsables y garantizar que se impiden tales homicidios.

Entre el 5 y el 13 de julio de 1996 se calcula que murieron 170 personas ─civiles en su inmensa mayoría─ en diversos lugares de las préfectures noroccidentales de Gisenyi y Ruhengeri, durante operaciones realizadas por el EPR en búsqueda de insurgentes en la zona. A continuación se ofrece un resumen de estos homicidios.

Según los informes, los días 5, 9 y 10 de julio veintidós personas murieron en el secteur de Muhungwe, commune Karago, en Gisenyi. Los días 9 y 10 de julio alrededor de 100 personas murieron en diferentes secteurs en las communes de Giciye (Gisenyi) y Nyamutera (Ruhengeri). Según los informes, soldados del EPR dispararon a las víctimas porque sospechaban que eran infiltrados, pese a que entre ellos había niños pequeños. Un hombre contó que sus cuatro hijos habían muerto; el más pequeño tenía sólo 10 años. Según los informes, a muchas de las víctimas les dispararon mientras intentaban huir. Los soldados detuvieron a otras personas ─incluido un grupo de unos 3.000 hombres─ y les recluyeron en un espacio reducido, donde les negaron el agua y la comida. Algunos contaron que soldados del EPR les habían propinado patadas y golpeado brutalmente. Los interrogaron y los obligaron a denunciar a los infiltrados en la zona. No está claro qué le ocurrió a todos los que fueron detenidos de esta forma. Se sabe que algunas personas fueron liberadas, otras murieron y se supone que hay personas que aún están detenidas; de otras personas no se han tenido noticias.

El 13 de julio, en el secteur de Bayi, commune de Ramba, al menos 47 civiles murieron durante una operación militar. Después de un ataque en el que un soldado del EPR murió abatido a tiros (al parecer por infiltrados que escaparon), los soldados del EPR rodearon a un grupo de campesinos que estaban trabajando la tierra y los mataron a todos a tiros. Entre las víctimas había tres niños y dos bebés. Las autoridades afirmaron que las víctimas habían quedado atrapadas en un fuego cruzado entre los soldados del EPR y los infiltrados.

Estas operaciones se llevaron a cabo tras diversos ataques que, según los informes, realizaron los insurgentes contra objetivos militares y civiles a finales de junio y principios de julio, entre ellos un ataque en la commune de Giciye ─al parecer perpetrado por un grupo armado de oposición─ en el que se calcula que murieron 28 personas (véase el apartado IV más adelante).

Desde julio de 1996, el número de homicidios ha aumentado bruscamente en la préfecture de Kigali Rural, commune de Rushashi. El 2 de julio, nueve personas murieron durante una operación de búsqueda del EPR en el secteur de Gatare. La operación comenzó a primera hora de la mañana, en diversos secteurs diferentes. Al parecer se intensificó al detener unos miembros del EPR a dos personas que, según los informes, eran miembros del ejército del régimen anterior; una de esas personas escapó posteriormente. Mientras interrogaban a los habitantes de la zona sobre la presencia de estos dos hombres en el lugar, algunos soldados del EPR detuvieron a ocho hombres y los llevaron a una plantación de plátanos, donde los abatieron a tiros. También se dio muerte a un noveno hombre, que presuntamente había proporcionado alojamiento a los dos soldados del ejército del régimen anterior. Esta operación de inspección se llevó a cabo una semana después de que unos atacantes armados no identificados mataron a ocho personas en la misma commune (véase el apartado V más adelante). Es posible que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el EPR se produjeran como represalia por estos homicidios anteriores cometidos en la misma zona. Sin embargo, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que haya indicios de que las personas que murieron a manos del EPR hubieran participado en los homicidios anteriores o supusieran una amenaza para la vida de alguien en aquel momento.

Los días 10 y 11 de abril de 1996, al menos 40 personas murieron en diversos lugares de la préfecture de Gisenyi, tras la muerte de un soldado del EPR que fue abatido a tiros por un individuo armado en el puesto militar de Muramba, en la commune de Satinskyi. Entre las víctimas había al menos nueve detenidos del centro de detención comunal de Muramba, que, según los informes, murieron a manos de soldados del EPR el 10 de abril. El 11 de abril, más de 30 civiles murieron durante las operaciones militares de búsqueda posteriores en las communes de Gaseke y Satinsky. El día siguiente, el 12 de abril, unos soldados dispararon al aire en el mercado de Gatega, sembrando el pánico, aunque no se produjeron muertes. Sin embargo, esa misma mañana, Patricie Banguwiha, una comerciante local, fue asesinada en su casa; según los informes, los responsables fueron unos soldados que también saquearon su vivienda.

El 7 de abril de 1996, ocho civiles (tres hombres, cuatro mujeres y un bebé) murieron en el secteur de Kavumu, commune de Gisovu, en la préfecture de Kibuye, tras la muerte de un soldado del EPR, abatido a tiros por un atacante desconocido. Según las autoridades, las ocho personas murieron en el tiroteo que se produjo entre los soldados del EPR y miembros de interahamwe. Sin embargo, los testigos afirmaron que las víctimas murieron por los disparos que realizaron los soldados del EPR contra la multitud que huía. Los civiles que murieron fueron Alphonsine Barekayo, Espérance, Pélagie Mukaremera, Myavu, Félicité Nyirahabimana, Semayira, Sibomana y un bebé de 18 meses.

El 4 de abril de 1996, treinta y cuatro personas murieron en la commune de Rutsiro, en la préfecture de Kibuye, tras el presunto descubrimiento por parte de soldados del EPR de una reunión secreta de presuntos miembros de la milicia interahamwe. Entre las víctimas hubo 17 civiles, entre ellas dos niños de 12 y 15 años y dos bebés.

III.3Ejecuciones extrajudiciales de funcionarios locales

Entre los funcionarios locales que han sido asesinados figuran variosadministradores de distrito, administradores de sector, funcionarios judiciales y otras personas que ocupaban cargos en la comunidad local.

El 7 de julio de 1996 ─cinco días después de la operación de inspección del 2 de julio descrita anteriormente─ 18 personas fueron asesinadas en las communes de Rushashi y Tare, en la préfecture de Kigali Rural. Estos homicidios no formaban parte de una operación de búsqueda. Las víctimas fueron seleccionadas específicamente en tres ataques distintos pero relacionados entre sí que se produjeron en el espacio de una hora. Entre las víctimas hubo varios funcionarios locales, así como sus familiares y compañeros de trabajo: Vincent Munyandamutsa, administrador de distrito de la commune de Rushashi; Laurent Bwanacyeye, director de la escuela secundaria de Rwankuba; Léopold Murekezi, jefe de estudios de la escuela secundaria de Rwankuba; Théobald, el conductor de la escuela; Carine, profesora de escuela primaria; Floribert Habinshhuti, ayudante del fiscal en Rushashi; su esposa Emilie Kayitesi, su hijo Eric Habinshuti e hija Ernestine Ingabire (ambos asistían a la escuela primaria); su sobrino Olivier Uwimana; su cuñada Egidia Ingabire, y su primo Eugène Surwumwe.

A excepción de Vincent Munyandamutsa, todas las víctimas murieron cuando regresaban de una ceremonia de ordenación sacerdotal en Rulindo, en la commune de Tare. Viajaban en dos coches distintos cuando sufrieron una emboscada en dos lugares diferentes y les abatieron a tiros. Cuatro personas murieron en una emboscada y trece en la otra. Testigos locales independientes creen que fueron soldados quienes les mataron.

Vincent Munyandamutsa también había sido invitado a la ceremonia, pero no pudo asistir. Murió apuñalado a tres kilómetros de su casa, cuando regresaba en una motocicleta después de una reunión en un centro comercial. Los testigos contaron que los soldados les impidieron intervenir. Minutos antes del ataque se había visto a unos soldados en la carretera que conducía a su casa; según los habitantes de la localidad, esta no era normalmente una ruta de patrulla. Según los informes, en las semanas previas a este ataque, Vincent Munyandamutsa había sido amenazado y acusado de colaborar con la milicia interahamwe, pese a que el gobierno le había concedido un premio por proteger a su commune del genocidio de 1994. Al parecer, Vincent Munyandamutsa se había opuesto tanto a las violaciones de derechos humanos cometidas con el anterior gobierno ruandés como a las cometidos con el actual.

Aunque a menudo se abandonan los cuerpos de las víctimas en el lugar donde caen, a veces se intentan ocultar los abusos. Por ejemplo, Elie Dusabumuremyi, ex profesor y administrador de distrito de Nyabikenke, en la préfecture de Gitarama, «desapareció» el 11 de julio de 1996 cuando se dirigía a su casa tras asistir a una reunión con funcionarios locales.⁴No se le ha visto desde entonces. En la zona en la que se oyeron sus gritos, los habitantes de la localidad encontraron rastros de sangre, pero no se encontró su cuerpo. En las cercanías se vieron dos camiones militares que transportaban soldados; al parecer, le estaban esperando y le tendieron una emboscada. Los habitantes de la localidad que intentaron correr hacia el lugar fueron detenidos por disparos. Se teme que Elie Dusabumuremyi esté muerto; deja a su mujer y a su primer hijo recién nacido.

Las autoridades del gobierno han informado de que han iniciado investigaciones sobre este y otros incidentes. Todavía no se conocen las conclusiones de estas investigaciones.

III.4Ejecución extrajudicial de los detenidos

Durante los últimos, se han repetido los homicidios de detenidos cometidos por las fuerzas de seguridad. La mayor parte de estos homicidios se han producido mientras los detenidos se encontraban recluidos en los centros comunales de detención (cachots) antes de ser trasladados a las prisiones centrales.

El incidente más importante se produjo durante la noche del 19 al 20 de mayo de 1996, cuando al menos 46 detenidos murieron en un ataque al centro comunal de detención de Bugarama, en la préfecture de Cyangugu. El número real de víctimas puede ser mayor ya que, al parecer, no todos los detenidos estaban registrados. Los detenidos murieron a causa de las heridas causadas por los disparos y las granadas. Las autoridades culparon de los homicidios a los infiltrados, que en los últimos días habían atacado la zona previamente en dos ocasiones: el 18 de mayo atacaron el centro de detención y la oficina comunal de Karengera y liberaron a varios detenidos; y el 19 de mayo atacaron la oficina comunal de Nyakabuye. Las autoridades afirmaron que los infiltrados intentaban liberar a los detenidos de Bugarama y que arrojaron granadas al centro de detención durante el enfrentamiento con los soldados del EPR.

Sin embargo, parece poco probable que los infiltrados hubieran atacado a los detenidos a los que, al parecer, intentaban liberar. Por otro lado, se informó de que sólo un soldado del EPR resultó herido. Según algunos informes ─posteriormente retirados de la circulación por las autoridades─ los guardas habían amenazado a los detenidos poco antes del presunto ataque y les habían obligado a confesar que formaban parte de la milicia interahamwe. Al parecer, los guardas dispararon a algunos presos, mientras que otros murieron a causa de las granadas que fueron arrojadas a través de las ventanas de las celdas. Los observadores de derechos humanos de la ONU y de las organizaciones locales de derechos humanos que visitaron el lugar informaron de que los indicios en el centro de detención indicaban que el ataque se había realizado desde el interior; no había nada que indicara que el ataque se hubiera lanzado desde el exterior del edificio. Al parecer, es posible que estas ejecuciones extrajudiciales de detenidos hayan sido una represalia de los soldados del EPR por los ataques que hemos descrito anteriormente llevadas a cabo por sus adversarios.

Ha habido otros casos de presos abatidos a tiros realizados a corta distancia por soldados o guardas de la prisión, presuntamente cuando intentaban escapar. Según los informes, se han producido varios de estos casos, especialmente en las préfectures de Kibuye y Gitarama. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que el gobierno haya iniciado investigaciones sobre estas muertes. Los presos ─la mayor parte de los cuales están detenidos basándose en vagas acusaciones de haber participado en el genocidio─ son tildados de «genocidas», dando a entender que, dado que ellos son homicidas, su muerte no es un asunto grave. Aparte de violar el derecho básico a la vida, esta actitud no tiene en cuenta el hecho de que estos detenidos no han sido acusados ni juzgados y que, por lo tanto, no han sido declarados culpables; es más, muchos de ellos han sido detenidos tras denuncias no fundamentadas.

También se han producido algunas muertes de detenidos como consecuencia de unas condiciones penitenciarias que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. En julio de 1996, la población reclusa ascendía a más de 80.000 personas. El aumento de los arrestos masivos desde abril de 1996, relacionado con el inicio de una operación de inscripción para solicitar el carnet de identidad, provocó un mayor hacinamiento en los centros de detención de toda Ruanda. Se produjo un deterioro notable en las condiciones de los centros comunales de detención, dado que muchas prisiones centrales, con un número de internos varias veces superior a su capacidad real, no podían aceptar nuevos traslados. Los delegados de Amnistía Internacional que visitaron Ruanda en mayo de 1996 investigaron la muerte de veintidós detenidos producida el 11 de mayo en el centro comunal de detención de Kivumu, en la préfecture de Kibuye. Las autoridades afirmaron que las muertes se produjeron debido a un enfrentamiento entre los detenidos. Tras visitar el centro de detención y hablar con los detenidos que presenciaron las muertes, Amnistía Internacional cree que los veintidós detenidos murieron como resultado de la falta de aire y del calor extremo en las celdas terriblemente masificadas. Los guardas de la prisión se negaron a abrir la puerta, aunque oyeron a los detenidos gritar pidiendo aire y agua. Entre las víctimas, todos ellos hombres, estaban Rucekeri Gasekero, Ruwanzabo, Shirigame y Safari.

Se han detectado condiciones similares en otros centros de detención en Kibuye y en varias préfectures, entre ellas Butare y Kibungo. Dado que los centros comunales de detención siguen llenándose y aumenta el número de detenciones, es de temer que se produzcan nuevas muertes de detenidos.

IV.HOMICIDIOS DELIBERADOS Y ARBITRARIOS COMETIDOS POR LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN

Los grupos armados de oposición han seguido cometiendo homicidios deliberados y arbitrarios de civiles desarmados, a menudo en el contexto de las incursiones fronterizas que se intensificaron en la primera mitad de 1996. Entre las víctimas ha habido personas indefensas como ancianos, niños y bebés. Casi siempre los matan por la noche, a menudo en sus hogares. Algunos de estos homicidios se caracterizan por unos métodos especialmente brutales. Las víctimas son mutiladas y, según los informes, algunas son decapitadas.

A menudo se describe a las víctimas de estos ataques como «supervivientes del genocidio» o «testigos», término con que se denomina a los miembros del grupo étnico tutsi que permanecieron en Ruanda durante el genocidio cometido de abril a julio de 1994 y que probablemente han presenciado homicidios cometidos durante ese período por el ejército y la milicia del gobierno anterior, dominados por los hutus. Es posible que este no sea el único motivo de estos ataques. Algunos de los homicidios se atribuyen a casos de venganzas personales. También es posible que algunos formen parte de un plan a largo plazo de las fuerzas leales a los anteriores dirigentes ruandeses cuyo objetivo sería primero desestabilizar gradualmente y finalmente derrocar al gobierno actual.

A continuación se citan algunos ejemplos de estos homicidios.⁵Amnistía Internacional ha recopilado información sobre otros homicidios atribuidos a grupos armados de oposición, además de los que se citan a continuación.

En la noche del 27 de junio de 1996, veintiocho personas murieron, entre ellas varios niños, y seis resultaron heridas en la préfecture de Gisenyi, en la commune de Giciye, secteur de Nyamugeyo, cellule de Kiruma, y en el secteur de Rubare, cellule de Kinihira. Las víctimas fueron atacadas con pistolas, granadas, machetes y garrotes por unos 30 atacantes que se dividieron en tres grupos. Al parecer, entre las víctimas había supervivientes tutsis del genocidio de 1994, así como varios refugiados tutsis que habían vivido en Zaire durante décadas y que habían regresado recientemente a Ruanda. Entre las víctimas estaban Furaha, Kabanyana, Gahuru, Gasominari, Gatari, Kayitare, Nyirantege, Ndayambaje, Nyirabasirimu, Murwanashyaka, Munyangabe, Mukarusagara y su bebé de un año, Kimonero, Rubuza, Rudahunga, Rwagasore, Rwamunigi, Nyirangofero, Nzitonda, Senga y Muhundaza. Entre los heridos había dos ancianos, Mvutse, de 67 años, y Bushati, de 64, así como tres niños: Bagega, de ocho años, Nkurunziza de 19 meses, y un bebé de dos semanas, Musabyimana, cuyo cuerpo estaba lleno de metralla. Los supervivientes del ataque afirman que reconocieron a algunos atacantes por vivir en la zona, incluido un hombre que, al parecer, era soldado del ejército del anterior gobierno ruandés. Informaron de que los responsables, así como algunos vecinos que podían haber aportado su testimonio sobre el ataque, huyeron de la localidad después de la matanza y no regresaron al día siguiente.

A última hora de la tarde del 18 de junio, en la préfecture occidental de Kibuye, un soldado del EPR y al menos 13 civiles, incluidos algunos niños, murieron en Bunyamanza, en el secteur de Gitsimbwe, commune de Rwamatamu. Según los informes, tres niños y un bebé resultaron heridos. Entre los que murieron estaban Séraphine Uwanpinka, Callixte Kabandana, Vestine Nikuze, Concessa Nyiransabimana, Consolata Habumugisha, Anastasie Mukandamira, Claude Tuyisenge, Ruyonza, Mahoro, Ngendahimana, Mutungirehe, Berthe, Saveri y Kayitare. Los supervivientes del ataque manifestaron que habían reconocido las voces de algunos de los atacantes y que las habían identificado como pertenecientes a vecinos suyos antes del genocidio. Según los informes, los atacantes, cuyo número se calcula en torno a las 40 personas, se habían dividido en varios grupos y habían distraído la atención de la patrulla militar local simulando atacar otra zona.

El número de víctimas causadas por las minas terrestres también ha aumentado durante 1996. La mayor parte de estos incidentes se han producido en zonas de Ruanda fronterizas con Zaire y se cree que son obra de simpatizantes del anterior gobierno ruandés que actúan en esta zona o desde Zaire.

Por ejemplo, el 25 de enero de 1996, Jean de Dieu Dushimiramana, estudiante de 24 años, pisó una mina que había sido colocada en la entrada de los baños del edificio donde estaba preparando sus exámenes en la commune de Kayobe, préfecture de Gisenyi. La mina le amputó un pie; murió en el hospital ese mismo día.

En marzo de 1996, la explosión de una mina en la commune de Ramba, también en Gisenyi, mató a tres hombres de veinte y tantos años que se dirigían en un microbús a la ceremonia de toma de posesión de un nuevo administrador de distrito.

El 20 de abril de 1996, una mina explotó debajo de un coche y mató a cuatro hombres en la cellule de Mushesha, secteur de Gitambi, commune de Bugarama, en la préfecture de Cyangugu; las víctimas fueron Emmanuel Munyantwali, administrador de sector de Nzahaha y tres empleados de la compañía estatal de cemento: Jean-Pierre Kompanyi, Védaste y Segasagara.

El temor que estos homicidios deliberados y arbitrarios ha infundido en la población tutsi ha hecho que algunos tutsis hayan huido de sus hogares. En diversas zonas, los tutsis que temen por su seguridad, en algunos casos tras recibir amenazas, han abandonado sus casas y han buscado refugio en edificios públicos locales.

V.HOMICIDIOS COMETIDOS POR PERSONAS NO IDENTIFICADAS

Numerosos homicidios de civiles han sido llevados a cabo por personas o grupos armados cuya identidad es difícil de comprobar. Las teorías sobre la identidad de los responsables y las razones de estos ataques son abundantes y las versiones de un mismo hecho son con frecuencia contradictorias. Hay quien piensa que los atacantes no identificados son miembros de la milicia interahamwe o soldados del ejército del anterior gobierno ruandés que atacan desde campos de refugiados de países vecinos o que se han infiltrado en el interior de Ruanda. Otras personas creen que algunos de estos homicidios han sido cometidos o instigados por miembros del EPR o por individuos armados aliados con el EPR. Sin embargo, pocas personas se atreven a exponer esta teoría públicamente. También hay quien piensa que los responsables son delincuentes armados cuyo motivo principal es el robo. A veces se puede deducir la identidad de los responsables a partir de la de las víctimas, pero aún así es posible que haya explicaciones contradictorias acerca de por qué se ha actuado contra determinadas personas.

Sea cual sea la verdad en cada caso, el resultado es que en muchas partes de Ruanda se está aterrorizando, matando o mutilando a civiles que no han participado en el conflicto armado, incluidos niños pequeños y ancianos. La creciente confusión que rodea a estos ataques lleva a que las investigaciones sean difíciles y a que los responsables sepan que hay pocas probabilidades de que sean procesados.

En los ejemplos mencionados a continuación, Amnistía Internacional no ha podido atribuir la responsabilidad de los homicidios de manera concluyente. Sólo investigaciones independientes e imparciales pueden determinar si el responsable es el EPR o los grupos armados de oposición.

En la tarde del 24 de junio de 1996, ocho miembros de una familia de campesinos murieron en la préfecture de Kigali Rural, commune de Rushashi, secteur de Minazi, cellule de Nyabitare. Las víctimas fueron: Languida Nyiramakuba, Simon Butururu, un anciano granjero, su esposa Sopie Mukandutiye, su hijo Jean-Paul Rubuzandekwe y su nuera Nyirabugorem así como sus tres hijas Mukampamira, Nyirabazimaziki y Daria Uriwenuwe. Los únicos supervivientes del ataque fueron un niño de 12 años y una niña de 6 meses. Un grupo de hombres armados vestidos con uniformes militares, cuya identidad no se ha determinado, mató a las víctimas en sus casas con pistolas y bayonetas. Algunas personas creen que las víctimas eran supervivientes del genocidio y que es posible que al menos algunas de ellas fueran seleccionadas por haber denunciado a determinadas personas por crímenes cometidos durante el genocidio. Otras personas consideran que los motivos de los homicidios fueron conflictos sobre posesiones o propiedades.

El 27 de junio y el 2 de julio, al menos otras tres personas fueron abatidas a tiros en circunstancias poco claras en dos incidentes aparentemente independientes en la misma commune de Rushashi.

El 18 de julio, doce personas, entre ellas varios niños, murieron en la commune de Kibilira, en la préfecture de Gisenyi. Amnistía Internacional no ha podido averiguar la identidad de los responsables. Algunos fueron descritos como miembros del ejército del anterior gobierno ruandés; se desconoce la identidad de los demás.

El número de homicidios de funcionarios locales aumenta de semana en semana. Del mismo modo, en muchos de estos casos existen dudas sobre la identidad de los responsables. Algunas fuentes afirman en Ruanda que estos ataques son llevados a cabo por grupos armados hutus posiblemente contra funcionarios a los que acusan de colaborar con el gobierno, dominado por los tutsi. Otras fuentes indican que algunos homicidios los cometen u ordenan las fuerzas de seguridad o el gobierno ruandés.

En la tarde del 10 de mayo, unos hombres no identificados vestidos con uniformes militares abatieron a tiros a Anne-Marie Mukandoli, administrador de distrito de la commune de Karengera, en la préfecture de Cyangugu, cuando se encontraba sola en su casa. Fue designada para el cargo de administrador de distrito hacia finales de 1995. Según los informes, dos de sus vecinos fueron detenidos tras el asesinato por no haber intervenido al oír el sonido de los disparos.

En las primeras horas de la mañana del 20 de mayo, unos atacantes no identificados arrojaron dos granadas al dormitorio de André Nvumba, ─magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murambi, en la préfecture de Byumba─ y de su esposa cuando estaban durmiendo. Una de las granadas explotó, destrozando la cama e hiriendo de gravedad a Catherine Mukamusoni, que tiene profundas heridas en las piernas y en los pies y es posible que no pueda volver a caminar sin ayuda. André Nvumba sufrió heridas leves en un pie. Los motivos del ataque no están claros. Según los informes, la pareja había recibido amenazas y había sido hostigada por miembros de la milicia interahamwe incluso antes de que comenzara el genocidio en abril de 1994. Es posible que André Nvumba haya sido víctima de este ataque por su colaboración con las autoridades actuales. Por otro lado, existe la posibilidad de que el ataque estuviera relacionado con su cargo de magistrado en el que se había ocupado de temas delicados.

VI.LA REPRESIÓN DE LA VERDAD

La confusión que rodea a los ataques como los descritos anteriormente no es casual. En parte parece deberse al resultado de los intentos de proteger a los miembros de las fuerzas gubernamentales que han llevado a cabo violaciones de derechos humanos. En determinados casos de presunta participación de miembros del EPR en violaciones de derechos humanos, ha habido una campaña de desinformación para dificultar las investigaciones independientes y ocultar la verdad.

Ha resultado extremadamente difícil determinar el porcentaje exacto de homicidios perpetrados durante los últimos meses por el EPR y el de aquellos cuyos responsables son las fuerzas del gobierno anterior o los miembros de la milicia interahamwe. Esta dificultad se deriva en parte de la naturaleza de los ataques y en parte de la aparentemente deliberada ocultación llevada a cabo por el gobierno. En ocasiones, las autoridades militares han denegado o han aplazado el acceso de los investigadores independientes a los lugares donde se han cometido los homicidios, afirmando que la zona era insegura. En algunos casos, es posible que se hayan destruido las pruebas antes de permitir el acceso.

La percepción de la opinión pública, influida por los informes de los medios de comunicación tanto de dentro como de fuera de Ruanda, es que los grupos a los que se denomina interahamwe son responsables de todos o casi todos los homicidios recientes y que la mayor parte de las víctimas son «supervivientes del genocidio» o «testigos». El gobierno de Ruanda se ha dado prisa en denunciar muchos de los homicidios en cuanto que se cometían, afirmando que eran obra de la milicia interahamwe o que los civiles se vieron atrapados en el fuego cruzado entre la milicia interahamwe y el EPR. Las pruebas que confirman estas afirmaciones son a veces escasas. En algunos casos, estas denuncias públicas (por ejemplo, tal como las que realiza Radio Ruanda, controlada por el gobierno) parecen estar deliberadamente calculadas para adelantarse a las sospechas de participación del EPR, presentando los homicidios como ataques de los adversarios armados del gobierno. Amnistía Internacional cree que deben llevarse a cabo investigaciones independientes para determinar de quién es la responsabilidad de cada incidente a menos que existan pruebas indiscutibles sobre la identidad de los responsables.

En algunos casos, parece probable que la responsabilidad de los homicidios atribuidos públicamente a los grupos de oposición corresponda al EPR, como ocurrió con el homicidio de al menos 46 detenidos en el centro comunal de detención de Bugarama, en Cyangugu (véase el apartado III.4)

La tendencia de culpar a los miembros de la milicia interahamwe de todos los ataques y de describir a la mayoría de las víctimas como «supervivientes del genocidio» o «testigos del genocidio» ha tenido un efecto de gran alcance. El gobierno y sus partidarios utilizan los medios de comunicación oficiales para culpar a los miembros de la milicia interahamwe de casi todos los homicidios. Los informes independientes posteriores que indican que estos homicidios fueron en realidad ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del EPR o por grupos aliados con las fuerzas de seguridad son desacreditados sin que, al parecer, se lleve a cabo ninguna comprobación. Algunas organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y algunos representantes de gobiernos extranjeros también difunden la información de los medios de comunicación oficiales.

Las personas y organizaciones que se encuentran en Ruanda y se atreven a denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales son objeto de reiteradas intimidaciones, amenazas, detenciones y otras formas de hostigamiento, y son tildadas pública y personalmente de «genocidas» o de defensores de la milicia interahamwe. Las víctimas más frecuentes de estas acusaciones son los miembros de organizaciones de derechos humanos, los periodistas y los funcionarios judiciales. La creciente represión contra la libertad de expresión ha tenido un efecto devastador sobre los activistas de derechos humanos y otras personas en Ruanda que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos. Los que han desafiado esta represión y siguen denunciando la situación de los derechos humanos en el país viven en un estado de constante temor por su vida. Cada vez son más las personas que no se atreven a hacer declaraciones públicas después de ver detenidas, atacadas o muertas a otras personas simplemente por expresar sus opiniones. Las organizaciones extranjeras que señalan a agentes o partidarios del gobierno como responsables de los homicidios cometidos en Ruanda son tachadas de simpatizantes de los responsables del genocidio o «revisionistas».

La manipulación de la información sobre lo que ocurre en Ruanda ha conseguido fomentar el temor de la población a los ataques de la milicia interahamwe, aumentando así el nivel de desconfianza dentro de las comunidades. Algunos altos cargos del gobierno han pronunciado discursos en la radio nacional pidiendo a la población que les ayuden a atrapar a los infiltrados.

Amnistía Internacional cree que no deben escatimarse los esfuerzos para identificar y procesar a los responsables de estos ataques. Sin embargo, hay que intentar firmemente proteger a las personas desarmadas para que no sean víctimas de homicidios, ataques o detenciones durante el proceso, así como establecer salvaguardias contra esos abusos. El clima que existe en Ruanda actualmente está provocando que se presenten falsas denuncias y podría alentar más a que la gente se tome la justicia por su mano, especialmente en las zonas en las que hay más infiltrados.

Al parecer, en este contexto, las actividades de determinadas asociaciones de supervivientes del genocidio han llevado a un aumento de los abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional comprende la necesidad que tienen las organizaciones locales ruandesas de trabajar en favor de la protección de los sectores vulnerables de la sociedad que vieron cómo exterminaban a sus familias durante el genocidio, y cree que algunas de estas organizaciones están jugando un importante papel tras la tragedia de 1994. Sin embargo, algunas de las asociaciones que han surgido más recientemente, y que al parecer están cercanas a las autoridades gubernamentales, han contribuido a la campaña de desinformación. Estas asociaciones han llamado la atención justamente sobre casos en los que los supervivientes del genocidio han sufrido persecución, pero han dejado implícito que estos son los únicos tipos de homicidios que se producen. Algunas de estas organizaciones han negado o intentado justificar las violaciones de derechos humanos cometidas por el EPR y otros partidarios o fuerzas gubernamentales. Han presionado fuertemente al gobierno para que tome medidas duras ─que implican violaciones de derechos humanos─ contra presuntos insurgentes o infiltrados y lo han acusado de no ofrecer suficiente protección a los sectores tutsis de la comunidad. Tales declaraciones no sólo hacen caso omiso de las graves violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por las fuerzas del gobierno sino que parecen legitimar las violaciones de derechos humanos contra los hutus. Se está tergiversando el recuerdo del genocidio con fines políticos. Esto tiene el efecto negativo de marginar a los hutus y a otras personas que no participaron en el genocidio.

Algunos de estos grupos de supervivientes han jugado un papel destacado en denunciar a personas como participantes en el genocidio. Esto ha llevado a numerosas detenciones arbitrarias sin que se haya exigido a los denunciantes que confirmen sus acusaciones ni se haya permitido a los acusados rebatir las razones de su detención. En algunos casos, las denuncias han llevado a la muerte de los acusados. En un caso denunciado en mayo de 1996, un hombre que se presentó para inscribirse para que le expidieran su carnet de identidad en la commune Kibilira, en Giyensi, fue acusado por un grupo de supervivientes tutsis de ser miembro de la milicia interahamwe. Los soldados lo mataron a golpes.

Amnistía Internacional ha trabajado incesantemente para que las personas que presuntamente participaron en el genocidio de 1994 sean procesadas. Lamentablemente, más de dos años después y con más de 80.000 personas bajo custodia, para las víctimas y los detenidos que son inocentes la posibilidad de que se haga justicia sigue siendo remota. Todos los detenidos tienen el derecho a ser acusados y juzgados de acuerdo con procedimientos que sean justos e imparciales y basados en pruebas suficientes, de conformidad con las normas internacionales. Amnistía Internacional siente preocupación porque las personas cuya culpabilidad no ha sido determinada por un tribunal de justicia están siendo sometidas a un castigo ilegal. Se están perdiendo pruebas e información fundamentales, tales como la identidad de las personas que llevaron a cabo las detenciones, con lo que disminuye la posibilidad de que se celebren juicios justos o incluso de que un tribunal de justicia imparcial dicte condenas. Amnistía Internacional apela a las autoridades ruandesas para que pongan fin a la práctica del encarcelamiento como sustituto de la justicia o como arma para la represalia.

La manipulación de la comunidad internacional

Los intentos de ocultar la responsabilidad del gobierno en determinadas violaciones de derechos humanos han influido en la percepción internacional de la situación de los derechos humanos en Ruanda. Las radios y televisiones internacionales informan sobre los homicidios de tutsis supervivientes y de testigos del genocidio, pero los medios de comunicación guardan un silencio casi total en relación con los homicidios de civiles hutus cometidos por el EPR. Al no existir información a la que se pueda acceder libremente respecto a estas violaciones de derechos humanos se confirma la percepción de algunos gobiernos extranjeros, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación de que las violaciones de derechos humanos de las fuerzas del actual gobierno son insignificantes. El resultado es que numerosos gobiernos, consciente o inconscientemente, están haciendo la vista gorda ante el surgimiento de una nueva crisis en materia de derechos humanos en Ruanda. Por ejemplo, en la reunión de junio de 1996 del Consejo de Ministros de la Organización para la Unidad Africana (OUA) en Yaundé, la capital de Camerún, no se adoptó un borrador de resolución sobre Ruanda, en el que se incluían preocupaciones sobre las condiciones carcelarias y una petición al gobierno ruandés para que iniciase rápidamente el juicio de los detenidos, debido a las objeciones de los representantes ruandeses, que impidieron el consenso. Según los informes, la delegación ruandesa afirmó que la situación en Ruanda estaba bajo control y no merecía ser objeto de debate o de una resolución de la OUA.

Es posible que la culpabilidad que siente la comunidad internacional por no haber evitado el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994 explique también su disposición a aceptar los informes de nuevos homicidios cometidos por las fuerzas que llevaron a cabo el genocidio y su reticencia a condenar -o incluso a reconocer- las actuales violaciones de derechos humanos que está cometiendo el actual gobierno ruandés. Algunos incluso parecen creer que el alcance de las matanzas llevadas a cabo por el gobierno ruandés dirigido por los hutus en 1994 puede disculpar el menor número de abusos o represalias llevadas a cabo por el gobierno dirigido por los tutsis. La comunidad internacional debe intentar conseguir información independiente acerca de la situación actual de los derechos humanos en la que basar su valoración. Debe recordársele los graves riesgos que conlleva hacer caso omiso de las advertencias previas de un empeoramiento rápido de la situación de los derechos humanos en un país donde las tensiones políticas y étnicas continúan siendo muy intensas, y no debe olvidar el coste incalculable de haber ignorado estas advertencias con el anterior gobierno ruandés.

VII. RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional teme que es improbable que se ponga fin a los homicidios en Ruanda a menos que el gobierno ruandés y quienes controlan a los grupos armados de oposición tomen medidas inmediatas para evitar nuevos abusos contra los derechos humanos. La comunidad internacional, especialmente los gobiernos extranjeros que tienen influencia sobre las partes implicadas, así como los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales de estos países que informan sobre Ruanda, también tienen el deber de presionar para que se tomen medidas que impidan nuevas matanzas en Ruanda.

Recomendaciones al gobierno ruandés y a los funcionarios de las fuerzas de seguridad

-dar órdenes inmediatas y públicas a todos los miembros de las fuerzas de seguridad indicando que los homicidios de civiles desarmados o soldados cautivos suponen una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y que no se tolerarán;

- garantizar que estas órdenes se cumplirán en todo momento;

- llevar a cabo investigaciones sin demora, independientes e imparciales de todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales u homicidios deliberados o arbitrarios y hacer públicas sus conclusiones;

- garantizar que los responsables de haber llevado a cabo u ordenado ejecuciones extrajudiciales o «desapariciones» serán puestos a disposición judicial en un plazo razonable de tiempo y que su juicio cumplirá las normas internacionales y no recurrirá a la pena de muerte;

-investigar las denuncias de homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por grupos armados de oposición, incluso solicitando la colaboración de las autoridades de los países vecinos, con el fin de identificar a los responsables y procesarlos.

-proporcionar protección a los sectores más vulnerables de la población, sin tener en cuenta su filiación étnica o política, profesión u origen;

-establecer salvaguardias contra las detenciones arbitrarias y garantizar que se presentarán pruebas suficientes contra una persona antes de detenerla;

-abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan incitar a la población a realizar denuncias falsas o actos de violencia;

-garantizar que se protegerá de las violaciones de derechos humanos a los activistas de derechos humanos y que se les permitirá hacer uso de la libertad de expresión sin temor a ser detenidos, sometidos a malos tratos, sufrir «desaparición» o ser ejecutados extrajudicialmente;

-garantizar la libertad de acceso a los lugares de los homicidios y otras violaciones de derechos humanos ─inmediatamente después de que hayan ocurrido los incidentes─ a investigadores independientes, incluidos miembros de organizaciones ruandesas de derechos humanos y observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Recomendaciones a los dirigentes de los grupos armados de oposición

-ordenar inmediatamente a las personas bajo sus órdenes que pongan fin a la comisión de homicidios deliberados y arbitrarios de civiles desarmados. Dejar claro que no se tolerarán estos abusos contra los derechos humanos.

-investigar y denunciar los homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por quienes están bajo sus órdenes e informar públicamente de las medidas adoptadas para evitar nuevos homicidios de civiles desarmados;

Recomendaciones a los gobiernos extranjeros y a las organizaciones intergubernamentales

-intentar conseguir información independiente y equilibrada sobre la situación actual de los derechos humanos en Ruanda;

-reconocer que tanto las fuerzas del gobierno como los grupos armados de oposición están cometiendo graves abusos contra los derechos humanos en Ruanda;

-instar a la Operación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ruanda (HRFOR) a que lleve a cabo investigaciones independientes y exhaustivas con el fin de determinar la responsabilidad de los homicidios en Ruanda; hacer un llamamiento para que los resultados se hagan públicos y se distribuyan ampliamente tanto en Ruanda como fuera del país con el fin de contribuir a proporcionar información objetiva e imparcial y a seguir alentando a las autoridades ruandesas a que tomen medidas para evitar nuevos homicidios; instar a que estos informes eviten la utilización de un lenguaje ambiguo en los casos en los que existan indicios claros de responsabilidad por abusos concretos contra los derechos humanos; hacer un llamamiento para que la HRFOR haga un seguimiento de todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales con el gobierno ruandés y que hagan públicos los resultados de las investigaciones y el nivel de colaboración del gobierno ruandés;

-instar a las autoridades ruandesas a que realicen investigaciones independientes sobre los homicidios de civiles perpetrados tanto por las fuerzas de seguridad como por la oposición armada e insistir en que los resultados de estas investigaciones se hagan públicos para que la opinión pública, tanto en Ruanda como fuera del país, pueda tener una visión real y exacta de la situación actual de los derechos humanos y para que se puedan tomar medidas para procesar a los responsables;

-utilizar su influencia sobre el gobierno ruandés y los grupos armados de oposición para instarles a que eviten nuevos homicidios de civiles desarmados;

-utilizar su influencia sobre el gobierno ruandés para instarle a que garantice que se protegerá de las violaciones de derechos humanos a los activistas de derechos humanos y a que puedan hacer uso de la libertad de expresión y llevar a cabo investigaciones sin temor;

-alentar a las organizaciones intergubernamentales de las que sean miembros a tomar en serio el deterioro de la situación de los derechos humanos en Ruanda y promover medidas que ayuden a evitar nuevas violaciones de derechos humanos en el país.

Recomendaciones a los medios de comunicación internacionales y

a las organizaciones no gubernamentales

-reconocer que en Ruanda tanto las fuerzas del gobierno como los grupos armados de oposición están cometiendo graves abusos contra los derechos humanos;

-ayudar a la comunidad internacional a conseguir información sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en Ruanda;

-tomar medidas para denunciar estos abusos y promover medidas correctivas, presionando a los responsables de la toma de decisiones en su propio país para que utilicen su influencia para poner fin al deterioro de la situación de los derechos humanos en Ruanda.

INTERNO (Sólo para miembros de AI)Índice AI: AFR 47/13/96/s

Distr.: SC/CC/CO/GR

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RUANDA

Alarmante reanudación de los homicidios

ACCIONES RECOMENDADAS

Por favor, asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias de este documento y de que se archiva debidamente para futuras consultas. Les rogamos, además, que lleven a cabo el mayor número posible de las siguientes acciones recomendadas.

Pedimos a las Secciones que distribuyan ampliamente el documento externo adjunto a periodistas, funcionarios del propio gobierno y organizaciones no gubernamentales del propio país.

En la Acción de Respuesta Rápida sobre Burundi pueden encontrar acciones recomendadas más pormenorizadas. Les rogamos se remitan a la Actualización número 3, Índice AI: AFR 16/23/96, que incluye una parte de acción sobre Ruanda.

En la acción CAFRAN número 3/96, Índice AI 47/14/96, los Grupos pueden encontrar acciones recomendadas más pormenorizadas.

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