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ÍNDICE AI: AFR 49/03/96/s

27 DE FEBRERO DE 1996

SENEGAL: PERSISTE LA TORTURA CON IMPUNIDAD Y CONTINÚAN LOS ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EN CASAMANCIA

A pesar de los desmentidos oficiales, el uso de la tortura sigue estando extendido en Senegal. En Casamancia, al sur del país, centenares de personas, sospechosas de apoyar al movimiento separatista armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia (Mouvement des Forces démocratiques de Casamance, MFDC), han sido torturadas y retenidas sin juicio. Otras han «desaparecido» o han sido ejecutadas extrajudicialmente por el ejército senegalés.

En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional hace referencia al uso de la tortura con impunidad en Senegal y a otras violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco del conflicto de Casamancia, tanto por las fuerzas de seguridad senegalesas como por miembros armados del separatista MFDC.

La organización destaca la poca disposición de las autoridades senegalesas a llevar a cabo sin demora investigaciones imparciales y minuciosas, poner en manos de los tribunales a los responsables, proporcionar compensaciones a las víctimas y a sus familias o tomar medidas efectivas para evitar nuevas violaciones de derechos humanos.

Después de las amplias batidas realizadas en Casamancia por el ejército senegalés en abril de 1995, varios testigos vieron en la jefatura de la gendarmería en Nema (capital de la región de Casamancia) presos que sangraban o que se movían con gran dificultad. Estas acusaciones de tortura y otras igualmente graves sobre casos de tortura en Dakar y en otras regiones de Senegal se iban a examinar en la decimoquinta sesión del Comité contra la Tortura, reunido en Ginebra en noviembre de 1995. Desgraciadamente, el día anterior el gobierno senegalés anunció que no podía enviar una delegación a Ginebra. Amnistía Internacional emitió un comunicado lamentando esta ausencia e indicando la importancia de que la República de Senegal estuviera presente en la próxima sesión del Comité contra la Tortura, en abril de 1996, para informar al Comité de las medidas que las autoridades pensaban tomar para poner fin a la tortura en el país.

En el marco del conflicto de Casamancia, centenares de presuntos simpatizantes del MFDC han estado retenidos durante meses sin juicio. De abril a diciembre de 1995, el secretario general del MFDC, padre Diamacoune, estuvo bajo arresto domiciliario sin ninguna base legal. Unas 50 personas quedaron en libertad durante los tres últimos meses de 1995 gracias al esfuerzo de la Comisión Nacional para la Paz en Casamancia, que inició la recuperación del diálogo entre el gobierno y el MFDC. Sin embargo, más de 150 personas, la mayoría de ellas acusadas de amenazar la seguridad del Estado, permanecen retenidas sin juicio en Dakar, y hay aproximadamente otras 40 en la prison civile de Ziguinchor.

En general parece que la mayoría de los acusados y retenidos sin juicio no se encontraban en posesión de armas cuando fueron arrestados. Según algunas fuentes, las autoridades no los acusan de cometer actos violentos, sino sólo de portar el carnet del MFDC. Sin embargo, a menudo los separatistas han obligado a los agricultores a llevar este carnet. Amnistía Internacional afirmó que todos los que están retenidos sólo por sus opiniones políticas y contra los que no hay pruebas de que hayan participado en actos de violencia son presos de conciencia y deben quedar en libertad de forma inmediata e incondicional.

Según informes a los que ha accedido Amnistía Internacional y que coinciden en sus apreciaciones, el ejército senegalés ha sido el responsable en Casamancia de la «desaparición» o la ejecución extrajudicial de aldeanos desarmados que fueron detenidos en sus casas o durante operaciones de seguridad y a los que no se ha vuelto a ver desde entonces. Por ejemplo, en enero de 1995, Youba Badji, según parece líder local del MFDC, fue detenido por unos soldados en su aldea de Aniack. Al parecer derramaron plástico derretido sobre su cuerpo, lo colgaron y fue enterrado por los soldados.

Varias fuentes han informado de «desapariciones» tras arrestos llevados a cabo por soldados. En julio de 1995, seis jóvenes miembros del séquito de la reina Anna Sambou de Djiwante, representante tradicional del poder espiritual de Casamancia, fueron arrestados por unos soldados en Edjoungo y «desaparecieron». En agosto de 1995 unos soldados arrestaron a cinco personas en la aldea de Essaoute. No se ha vuelto a saber de ellas. También ha habido continuos informes sobre la existencia de fosas comunes en Niaguis y en el puente de Niambalang, donde según parece han sido enterradas clandestinamente muchas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

En ninguno de los casos que aparecen en el informe de Amnistía Internacional las autoridades senegalesas han iniciado investigaciones inmediatas e imparciales, permitiendo así que los responsables de los abusos gocen de impunidad.

En varias ocasiones la República de Senegal ha mencionado el hecho de que una ley de amnistía prohíbe efectuar investigaciones judiciales de los antiguos sucesos de Casamancia.

Amnistía Internacional afirmó que la interpretación que hacen las autoridades senegalesas de estas leyes de amnistía supone en la práctica una garantía de impunidad para los responsables de violaciones de derechos humanos. La organización declaró, además, que una ley cuyo efecto es ocultar la verdad e impedir que los culpables de delitos respondan de sus actos ante los tribunales es inaceptable.

Amnistía Internacional solicita a las autoridades senegalesas que, tanto en relación al extendido uso de la tortura como a las violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco del conflicto armado de Casamancia, tomen medidas urgentes que se ajusten a las normas internacionales y pongan fin a estos graves abusos contra los derechos humanos. Mientras que tales abusos continúen perpetrándose con impunidad y que no se tomen medidas para evitar que se produzcan nuevos casos, no hay motivos para prever una mejora en la situación de los derechos humanos.

El MFDC, por su parte, también ha cometido graves abusos, matando a aldeanos que se negaban a proporcionar comida o dinero y a civiles sospechosos de colaborar con las autoridades senegalesas.