ÍNDICE AI: AFR 51/003/2001/s Servicio de Noticias 73/01

24 de abril de 2001 Documento público

Sierra Leona: Es preciso reforzar la determinación de la comunidad internacional respecto a poner fin a la impunidad

Amnistía Internacional ha manifestado hoy su preocupación por la incertidumbre en torno a la financiación del Tribunal Especial para Sierra Leona tras anunciar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su decisión de que el tribunal esté financiado exclusivamente por contribuciones voluntarias en lugar de por el presupuesto ordinario de la ONU.

Amnistía Internacional ha declarado: «La investigación y el procesamiento de los delitos considerados como tales por el derecho internacional son una responsabilidad a la que debe hacer frente la comunidad internacional en su conjunto. El dejar que los costes de establecimiento y funcionamiento del Tribunal Especial dependan de las contribuciones de los Estados individuales pone en peligro la creación misma del tribunal».

La organización de derechos humanos ha añadido: «La demora en el establecimiento del tribunal provocada por la dificultad de conseguir una financiación adecuada transmite un mensaje ambiguo respecto al compromiso de poner fin a la impunidad. Mientras tanto, en Sierra Leona continúan los abusos contra los derechos humanos de la población civil».

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió en Ginebra el 20 de abril pedir a la comunidad internacional que respalde el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas para que se brinde apoyo económico y práctico al tribunal. Sin embargo, hasta el momento muy pocos países se han comprometido a hacerlo. En una reunión celebrada recientemente por la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU para hablar sobre la financiación del tribunal sólo estuvieron presentes representantes de 13 Estados, e incluso, de los que asistieron, parece ser que algunos manifestaron sus reservas sobre los costes previstos.

El imperativo expuesto por la Comisión de Derechos Humanos sobre el establecimiento y el mantenimiento de un Tribunal Especial encargado de procesar a los responsables de las atrocidades cometidas en Sierra Leona subraya la responsabilidad de todos los Estados a la hora de conseguir que el Tribunal Especial sea efectivo y viable, y esa responsabilidad debe cumplirse, entre otras cosas, garantizando una financiación adecuada y sostenida.

La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, tomada en agosto del año pasado, de establecer un Tribunal Especial encargado de juzgar a quienes tengan mayor responsabilidad en los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidos en Sierra Leona fue un importante paso para poner fin a la impunidad y ofrecer justicia a los numerosos miles de víctimas que durante los 10 años de conflicto armado de Sierra Leona han sufrido algunos de los abusos más graves jamás conocidos. El hecho de que la Comisión de Derechos Humanos adoptara la decisión del Consejo de Seguridad demuestra la determinación de la comunidad internacional en general.

Amnistía Internacional ha declarado: «No debe permitirse que esa determinación se debilite por la falta de disposición a hacer frente a todos los costes del tribunal».

Los Estados interesados volverán a reunirse en Nueva York el 25 de abril para considerar la posibilidad de establecer un comité de gestión que ayude a proporcionar una financiación adecuada para el Tribunal Especial.

Información general

En agosto del 2000, Amnistía Internacional manifestó su satisfacción por la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de establecer un Tribunal Especial para Sierra Leona, pero también ha manifestado repetidamente su preocupación por la inseguridad de la financiación de dicho tribunal. Para que el Tribunal Especial pueda llevar ante la justicia a quienes tienen mayor responsabilidad en las atrocidades cometidas durante el conflicto, es preciso resolver esta cuestión.

En principio, el secretario general de la ONU había insistido en que basar la financiación del Tribunal Especial exclusivamente en contribuciones voluntarias no era viable ni sostenible, y en todo momento ha advertido sobre la inconveniencia de establecer el tribunal sin contar con fondos suficientes y con la garantía de que habría fondos disponibles de forma continuada.

Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha mostrado intransigente en su recomendación de que el Tribunal Especial esté financiado por contribuciones voluntarias, en lugar de por contribuciones fijas procedentes del presupuesto ordinario. No obstante, reconociendo los riesgos que entraña establecer el tribunal sobre la base exclusiva de las posibles contribuciones voluntarias, el Consejo de Seguridad ha propuesto que el proceso de establecimiento del tribunal no dé comienzo hasta que el Secretariado de la ONU haya conseguido fondos suficientes para el establecimiento y para los primeros 12 meses de funcionamiento, así como el compromiso de que se cubrirán los gastos previstos durante otro año más.

El presupuesto estimado del tribunal durante tres años se ha fijado en 114 millones de dólares estadounidenses, en los que se incluyen los 30 millones de dólares necesarios para el establecimiento y el primer año de funcionamiento. El secretario general de la ONU ha pedido que los compromisos de financiación del tribunal se concreten antes de finales de mayo del 2001. También ha dicho que habrá que explorar medios alternativos de financiación si no se reciben suficientes contribuciones voluntarias.

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