ÍNDICE AI: AFR 51/61/00/s Servicio de Noticias 144/00

Documento público

NO PUBLICAR ANTES DE LAS 00:01 horas GMT del 26 de julio del 2000

SIERRA LEONA: ACABAR CON LA IMPUNIDAD, UNA OPORTUNIDAD QUE NO HAY QUE PERDER

«Toda persona acusada de haber cometido abusos contra los derechos humanos en Sierra Leona debe ser procesada de forma creíble y efectiva y cumpliendo las normas internacionales de justicia procesal». Esto es lo que Amnistía Internacional ha manifestado en unos momentos en los que el Consejo de Seguridad de la ONU está analizando la solicitud de ayuda formulada por el gobierno sierraleonense para hacer que los autores de abusos contra los derechos humanos rindan cuentas por sus actos ante la justicia; el Consejo de Seguridad, tras la consideración de esa solicitud, debatirá también el texto provisional de una resolución para acabar con la impunidad en ese país.

Amnistía Internacional, en un informe que ha hecho público hoy, formula una serie de recomendaciones para el establecimiento de un mecanismo judicial que, bajo los auspicios de la ONU, se encargue de juzgar a los presuntos responsables de abusos contra los derechos humanos, especialmente crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, así como de fortalecer la capacidad nacional de Sierra Leona de juzgar con posterioridad a ese tipo de personas ante sus propios tribunales.

Tras nueve largos años de conflicto armado interno, el sistema judicial de ese país se enfrenta a enormes problemas cuando pretende hacer que los responsables de abusos rindan cuentas de sus actos ante la justicia; no obstante, la responsabilidad primaria de esa actividad recae básicamente en el gobierno.

Amnistía Internacional ha afirmado: «La ONU debe establecer, junto con las autoridades sierraleonenses, un proceso judicial de carácter internacional. Sin embargo, sin una considerable asistencia, también de carácter internacional, no será posible, en estos momentos, celebrar juicios que cumplan plenamente las normas internacionales de justicia procesal».

Un tribunal de esas características deberá estar compuesto por funcionarios judiciales sierraleonenses e internacionales. En todas las fases del proceso judicial deben participar una mayoría de magistrados, fiscales e investigadores internacionales como garantía esencial de independencia e imparcialidad. El tribunal, asimismo, deberá recibir una asistencia plena y sostenida de la ONU y beneficiarse de iniciativas de cooperación de Estados Miembros de la ONU en la provisión de conocimientos y experiencia judicial y otro tipo de ayudas.

Según Amnistía Internacional, «los procesos no deben centrarse específicamente en personas o partes concretas implicadas en el conflicto, dejando a otras al margen».

Debe establecerse una política procesal que no sea selectiva, y que sea equilibrada e independiente. Los juicios, además, habrán de centrarse en las personas que mayor responsabilidad hayan tenido en la comisión de abusos graves contra los derechos humanos desde que comenzó el conflicto en 1991, ya sean miembros del Frente Revolucionario Unido, del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, del ejército de Sierra Leona o de las Fuerzas de Defensa Civil, e independientemente de los cargos, posiciones o alianzas políticas que mantengan en la actualidad.

Ese mecanismo judicial debe tener jurisdicción para juzgar crímenes de carácter internacional, especialmente los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, así como otros crímenes de extrema gravedad según el derecho internacional, y siempre por actos cometidos desde el inicio del conflicto. Por otra parte, en el estatuto de ese mecanismo judicial debe integrarse, y aplicarse de forma inmediata y rigurosa, la asunción por parte de la ONU de que la amnistía del acuerdo de paz de 1999 no es aplicable en ningún caso a los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. La pena de muerte, vigente en el ordenamiento jurídico legislativo básico de Sierra Leona, debe excluirse como castigo dado que, en si misma, constituye una violación de los derechos humanos.

La celebración de los juicios en Sierra Leona es el mejor modo de garantizar que, además de hacerse justicia, se vea que se está haciendo justicia, se expongan ante el pueblo sierraleonense los hechos que se juzgan, y se contribuya al proceso general de reconciliación. No obstante, si ello no resultara factible por motivos de seguridad, los juicios deberán celebrarse en un país vecino que cuente con la infraestructura jurídica precisa.

De no ser posible la constitución de ese tribunal integrado por funcionarios judiciales internacionales y sierraleonenses, el Consejo de Seguridad de la ONU habrá de asegurarse de que a los autores de crímenes tipificados en el derecho internacional se los juzga mediante el establecimiento de un tribunal penal internacional, como se ha hecho en los casos de Ruanda y la antigua Yugoslavia.

Aunque ese proceso judicial se centre en los principales autores de abusos contra los derechos humanos, si realmente se desea acabar de una vez con la impunidad reinante habrá que investigar todos los abusos perpetrados contra esos derechos y determinar las responsabilidades oportunas para que se termine de rendir cuentas por ello.

Por consiguiente, Amnistía Internacional formula un llamamiento para que se constituya sin más dilación la comisión internacional de investigación que recomendó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos poco después de la firma del acuerdo de paz. Tal investigación habrá de garantizar la realización de indagaciones exhaustivas y rigurosas así como saldarse con el debido proceso de rendición de cuentas para todos los autores de abusos contra los derechos humanos.

En julio de 1999, cuando se firmó en Lomé, capital de Togo, el acuerdo de paz, la ONU y la comunidad internacional no abordaron efectivamente la cuestión de la impunidad para los abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha afirmado: «La comunidad internacional no puede perder de nuevo la oportunidad de lograr que se haga justicia a las víctimas de los horribles abusos contra los derechos humanos perpetrados en Sierra Leona».

La organización ha añadido: «Es de vital importancia arbitrar los medios por los que la ONU y los gobiernos de otros países puedan prestar su ayuda a las autoridades de Sierra Leona en su labor a largo plazo de investigación y procesamiento de los crímenes cometidos durante el conflicto y desde la firma del acuerdo de paz».

****************************************

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.