Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - Sierra Leona: El estatuto del Tribunal Especial debe tipifica como delito todo reclutamiento de menores de 15 años

Índice AI: AFR 51/81/00/s Servicio de Noticias 202

20 de octubre del 2000 Documento Público


Sierra Leona: El estatuto del Tribunal Especial debe tipificar como delito todo reclutamiento de menores de 15 años


El Tribunal Especial para Sierra Leona debe estar facultado para procesar a todo el que haya reclutado a menores de edad en fuerzas y grupos armados, independientemente de que ello se hiciera de forma voluntaria o forzada, ha declarado hoy Amnistía Internacional.


La organización ha afirmado: «Toda forma de reclutamiento de niños menores de 15 años es delito conforme al derecho internacional. Por consiguiente, es inaceptable incluir sólo el secuestro y el reclutamiento forzado de niños menores de 15 años como delito procesable por el Tribunal Especial».


La oposición armada del Frente Revolucionario Unido y del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas han reclutado a millares de niños, muchos de los cuales fueron secuestrados y obligados a combatir. Por su parte, el Ejército de Sierra Leona y las Fuerzas de Defensa Civil, que combaten del lado del gobierno, también han reclutado de forma activa a grandes cantidades de niños durante el conflicto armado de Sierra Leona, que se ha prolongado a lo largo de nueve años.


En la actualidad, el proyecto de estatuto para el Tribunal Especial especifica entre las violaciones graves del derecho internacional humanitario sobre las que tendrá jurisdicción para actuar «el secuestro y reclutamiento forzado de niños menores de 15 años de edad en fuerzas y grupos armados con objeto de utilizarlos para participar activamente en las hostilidades». Esta limitación al secuestro y reclutamiento forzado de menores socava las normas internacionales, entre ellas la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, los Protocolos Adicionales de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tipifica como delito el «reclutar o alistar a niños menores de 15 años [...] o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades».


Amnistía Internacional ha afirmado: «Hay que enmendar el estatuto del Tribunal Especial para que cumpla el derecho internacional».


El Tribunal Especial estará facultado para procesar a «las personas a quienes cabe la mayor responsabilidad» de las violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho interno de Sierra Leona. El proyecto de estatuto establece además esa jurisdicción sobre los mayores responsables de tales delitos que tuvieran entre 15 y 18 años de edad en el momento de la comisión del crimen, medida que ha sido enérgicamente criticada por muchos de los que en Sierra Leona se ocupan del cuidado y rehabilitación de los niños soldados.


Amnistía Internacional cree que debe procesarse a todo responsable de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.


La organización mundial de derechos humanos ha declarado: «El Tribunal Especial debe centrarse en el procesamiento de quienes cometieron crímenes contra los niños y niñas, y especialmente en el de quienes reclutaron a niños, ya fuera de forma voluntaria o forzada. Asimismo, los adultos a cargo de quienes hubiera estado el control de los niños soldados deben ser procesados por los crímenes cometidos por esos niños».


En situaciones en las que han sido niños los que cometieron los crímenes, especialmente cuando se los ha aterrorizado y embrutecido, se plantean complejas cuestiones sobre su responsabilidad penal.


Amnistía Internacional ha manifestado: «Es muy poco probable que pueda procesarse a los niños soldados que fueron secuestrados, drogados u obligados bajo amenaza a cometer atrocidades, dado que actuaron bajo coacción».


Debe reconocerse la necesidad de justicia y de que se rindan cuentas que tienen las víctimas de abusos contra los derechos humanos y la sociedad en su conjunto. Puede haber casos en los que niños soldados con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años fueran conscientes de sus actos y cometieran crímenes sin estar bajo coacción o coerción, y podría ser adecuado que se les hiciera rendir cuentas por esos crímenes.


En todo caso de esa naturaleza, no obstante, las normas internacionales de justicia procesal para menores de 18 años son de vital importancia y deben cumplirse estrictamente. Esas normas establecen como prioridad «el interés superior del niño», reconocen las necesidades y vulnerabilidad especial de los menores y hacen especial hincapié en la rehabilitación y la reinserción social más que en el castigo.


El proyecto de estatuto para el Tribunal Especial establece unas disposiciones específicas para el procesamiento de los delincuentes menores de edad. Pero excluye también el encarcelamiento como castigo y estipula como contrapartida una serie de opciones alternativas como la supervisión y las órdenes de servicio comunitario, y se fomentan asimismo los programas de acogimiento, orientación, educación y formación profesional, así como otros programas de desarme, desmovilización y reinserción social de agencias para la protección de la infancia.


Información general


El 14 de agosto del año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1315 (2000) mediante la que se pide la creación de un Tribunal Especial independiente para procesar a los presuntos autores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como de delitos tipificados en el derecho pertinente de Sierra Leona que hayan sido cometidos dentro del territorio de Sierra Leona. La resolución solicita el secretario general de la ONU que negocie un acuerdo con el gobierno de Sierra Leona con el fin de crear ese Tribunal Especial y que presente un informe al Consejo de Seguridad sobre la aplicación de la resolución.


El pasado 4 de octubre del 2000 se presentó al Consejo de Seguridad el informe del secretario general de la ONU, junto con una propuesta de acuerdo con el gobierno de Sierra Leona y un proyecto de estatuto para el Tribunal Especial. En las próximas semanas se espera una respuesta del Consejo de Seguridad sobre este asunto.


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