SOMALIA

ACTUALIZACIÓN SOBRE UNA TRAGEDIA -

PROPUESTAS DE DERECHOS HUMANOS

30 DE ABRIL DE 1993 RESUMEN ÍNDICE AI: AFR 52/01/93/s

DISTR: SC/CO

En este documento se revisan los avances conseguidos a la hora de abordar la tragedia de derechos humanos que ha vivido Somalia, que ha provocado una respuesta internacional sin precedentes. Expone las propuestas de Amnistía Internacional para la protección a largo plazo de los derechos humanos básicos.

En diciembre de 1992, la ONU autorizó la "Operación Recuperación de la Esperanza", operación militar dirigida por EE UU para establecer unas "condiciones de seguridad para las operaciones de ayuda humanitaria en Somalia". La operación ha mejorado en parte la seguridad y ha ayudado de forma significativa a reducir las muertes causadas por el hambre. No obstante, los combates y las violaciones de derechos humanos perpetradas por los grupos políticos armados somalíes han continuado de forma intermitente en varias zonas del país en los cuatro primeros meses de 1993. El documento incluye información detallada sobre homicidios deliberados o arbitrarios cometidos por diversos grupos armados, y referencias a casos de presuntos homicidios ilegítimos perpetrados por soldados de las fuerzas internacionales.

Está previsto que el 1 de mayo de 1993, una de las operaciones de mayor envergadura de la ONU, UNOSOM II, sustituya a la operación anterior. Tiene como objetivo restaurar la paz, intentar la reconciliación política y reconstruir Somalia, después de más de dos décadas de dictadura represiva seguida de guerras civiles y hambre. No obstante, existe el riesgo de que al intentar mantener la paz entre los jefes militares somalíes y trabajar para proporcionar alimentos y asistencia médica a la población, se minimicen las cuestiones relacionadas con los derechos humanos fundamentales que subyacen al desastre.

En el último informe publicado después de muchos años de trabajo contra las violaciones de derechos humanos cometidas en Somalia, Amnistía Internacional está planteando nuevas recomendaciones prácticas para desarrollar medios de protección de los derechos humanos en este devastado país, donde no existe un gobierno central ni se gobierna según las leyes. La organización ha propuesto que se dote a UNOSOM II de contenidos específicos de derechos humanos, incluidos asesores y vigilantes civiles de derechos humanos para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos y establecer normas para el futuro.

Amnistía Internacional recomienda también en este informe que se lleve a cabo un estudio pormenorizado e imparcial de las violaciones de derechos humanos que llevaron a esta tragedia, y que se juzgue a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional reitera los llamamientos a todas las fuerzas somalíes para que pongan fin a los homicidios arbitrarios y otros abusos y a que adopten los objetivos de derechos humanos reconocidos internacionalmente, para que se pueda poner fin a los abusos y para que las salvaguardias y estructuras basadas en la supremacía de la ley puedan ser firmemente establecidas.

PALABRAS CLAVE: ONU1 / CONFLICTO ARMADO1 / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / TRABAJADORES DE AYUDA HUMANITARIA / DESAPARICIONES / DOCTORES / GRUPOS ÉTNICOS / GRUPOS POLÍTICOS / MUJERES / LÍDERES POPULARES / CLÉRIGOS - ISLAMISTAS / HOMBRES DE NEGOCIOS / CASTIGOS CORPORALES / EJECUCIÓN / JUICIOS / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / MUERTE BAJO CUSTODIA / MILITARES / SEGUNDOS GOBIERNOS / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS /

Esta hoja resume un documento titulado Somalia: Actualización sobre una tragedia - propuestas de derechos humanos (Índice AI: AFR 52/01/93/s), publicado por Amnistía Internacional el 30 de abril de 1993. Quienes deseen más información o emprender alguna acción al respecto deberán consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

SOMALIA

ACTUALIZACIÓN SOBRE UNA TRAGEDIA:

PROPUESTAS DE DERECHOS HUMANOS

30 de abril de 1993

Índice AI: AFR/52/93/s

Distr: SC/CO

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

SOMALIA

ACTUALIZACIÓN SOBRE UNA TRAGEDIA -

PROPUESTAS DE DERECHOS HUMANOS

Introducción

Ahora se está iniciando una nueva fase, tras la respuesta internacional sin precedentes ante la tragedia de derechos humanos que ha vivido Somalia a lo largo de los últimos dos años, y que ha tenido como consecuencia innumerables pérdidas de vidas humanas debido al hambre, y millares de homicidios deliberados de civiles. Desde principios de mayo de 1993, la ONU ha emprendido una de sus operaciones de mayor envergadura, con el objetivo de restaurar la paz, conseguir la reconciliación política y reconstruir Somalia, que es ya uno de los países más pobres del mundo, destruido por más de dos décadas de dictadura represiva.

Los derechos humanos deben ser una prioridad para la nueva Somalia. No obstante, existe el riesgo de que al intentar mantener la paz entre los jefes militares somalíes y sus numerosos grupos armados (muchos de los cuales son responsables de violaciones de derechos humanos) y trabajar para proporcionar alimentos y asistencia médica a la población, se conceda mucha menor importancia de la debida a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos fundamentales que subyacen al desastre.

En este informe, Amnistía Internacional revisa los progresos hechos en los cuatro meses pasados desde que, mediante la operación "Recuperación de la Esperanza", se envió a soldados estadounidenses y de otros países a Somalia, y establece nuevas propuestas para la protección a largo plazo de los derechos humanos básicos.

"Operación Recuperación de la Esperanza"

La "Operación Recuperación de la Esperanza" se inició en Somalia a principios de diciembre de 1992, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una operación militar encabezada por EE UU (UNITAF) para establecer unas condiciones seguras para las operaciones de ayuda humanitaria en Somalia, en virtud de la Resolución 794 (1992) del Consejo de Seguridad. Esta operación militar consistía en el envío de unos 37.000 soldados y oficiales expertos en logística, principalmente estadounidenses (de los cuales casi la mitad han sido retirados ahora), pero también incluía contingentes de más de 20 naciones. Fue una dramática respuesta producto del horror que suscitó en la comunidad internacional la gravedad de la situación de derechos humanos existente en Somalia, que parecía no tener remedio. La operación provocó controversias en algunas regiones, pero recibió el apoyo de organizaciones intergubernamentales africanas, árabes e islámicas.

A finales de 1991, el entonces Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, había descrito la crisis somalí como la peor crisis humanitaria del mundo. La crisis continuó a lo largo de 1992. En agosto de 1992, Amnistía Internacional afirmaba:

"La guerra civil, la inseguridad y la violencia anárquica existente en gran parte del país se combinan con la sequía y el hambre que asolan el Cuerno de Africa y amenazan a gran parte de la población somalí superviviente con nuevas pérdidas masivas de vidas humanas. El colapso del Estado somalí y su economía han intensificado las dificultades de los organismos internacionales de ayuda humanitaria a la hora de abordar esta grave crisis humanitaria. Sólo atajar el problema del hambre ha comprometido al Comité Internacional de la Cruz Roja en el mayor programa operativo que está llevando a cabo en la actualidad. Al menos una cuarta parte de la población de Somalia, de seis millones de habitantes, son ahora refugiados o viven como desplazados en su propio país" (Somalia: A Human Rights disaster, Índice AI : AFR 52/01/92).

Tan sólo cuatro meses después, la "Operación Recuperación de la Esperanza" llega a su fin. Está previsto que el 1 de mayo de 1993 sea sustituida por una operación más amplia de la ONU, UNOSOM II. Ésta será una de las mayores operaciones de este tipo llevadas a cabo por la ONU.

Hacia unas condiciones de mayor seguridad

La fuerzas de UNITAF que entraron en la capital, Mogadiscio, en diciembre de 1992, no hallaron ninguna resistencia inicial, pero después

se han visto expuestas a los disparos de los francotiradores, a acosos violentos y a disturbios ocasionales. Su éxito ha sido en parte menor a la hora de forzar el embargo de armas y el alto el fuego acordados en enero de 1993 entre los diferentes grupos armados, especialmente las fuerzas opuestas del general Ali Madhi y del general Mohamed Farah Aideed en Mogadiscio, y otras en Kismayu y en otras áreas. Las fuerzas de UNITAF han limitado sus operaciones al 40 por ciento del territorio del país y no han extendido sus actividades a la "República de Somalia", la parte norte del país, que declaró unilateralmente su independencia en mayo de 1991, pero que no cuenta con el reconocimiento internacional. No obstante, las fuerzas de UNITAF han facilitado mucho las operaciones de ayuda humanitaria, que han reducido enormemente las muertes a consecuencia de la desnutrición y el hambre, y han permitido que una mayor proporción de alimentos llegue a la población sin ser robados por las milicias armadas de los grupos políticos ni por los bandidos, a pesar de que la seguridad del personal y las propiedades de los organismos de ayuda humanitaria siguen gravemente amenazadas.

Las fuerzas de UNOSOM II continúan sufriendo problemas de seguridad, especialmente en relación con los grupos combatientes en el centro y el suroeste de Somalia y con la seguridad de las operaciones de los organismos de ayuda humanitaria. Al menos una docena de trabajadores de ayuda humanitaria de la ONU, del comité Internacional de la Cruz Roja y de diversas organizaciones no gubernamentales internacionales y somalíes han muerto en los últimos nueve meses, la mayoría de ellos, si no todos, según informes, a manos de grupos pertenecientes a la Alianza Nacional Somalí (SNA) del general Aideed. Las fuerzas de UNITAF han abatido a tiros a varios somalíes en incidentes en los que la oposición violenta parece haber sido amenazada, y sus propias fuerzas han sufrido algunas bajas. El combate más duro entre somalíes se produjo en Kismayu a fines de febrero de 1993, cuando el control de la ciudad fluctuaba entre las fuerzas del general Mohamed Said Hersi "Morgan" (dirigente del Frente Nacional Somalí, SNF, y yerno del anterior jefe del Estado, presidente Siad Barre) y las fuerzas del coronel Ahmed Omar Jess (dirigente de la sección del Movimiento Patriótico Somalí, SPM, que forma parte de la alianza del general Aideed). A finales de diciembre de 1992, el puerto de Kismayu, en el sur del país, fue el escenario de una matanza a sangre fria de centenares de civiles pertenecientes a los clanes Majarten, Warsangeli y Dulbahante, perpetrada por el SPM, integrado por miembros del clan Ogaden (aunque estos cuatro clanes pertenecen al clan Darod, más extenso), poco después de que las fuerzas de UNITAF llegaran a la localidad. En febrero de 1993 hubo nuevos combates entre miembros de clanes en Kismayu, a pesar de la presencia de fuerzas de UNITAF en aquel lugar. Al parecer, UNITAF tampoco logró poner fin a las hostilidades en el centro de Somalia entre grupos de la SNA y el Frente Somalí Democrático de Salvación, que controla la región del noreste.

Progresos hacia la reconciliación política

La operación inicial de la ONU en Somalia (UNOSOM), que empezó en abril de 1992, fue de mucha menor envergadura que UNITAF y se limitó al mantenimiento y consecución de la paz, pero las actividades de la ONU en favor de la reconciliación política continuaron a lo largo de la posterior intervención militar. La ONU ha convocado varias reuniones de grupos armados somalíes y de diversos representantes e individuos somalíes, incluidos grupos islámicos, organizaciones de mujeres, ancianos de clanes, comités de ayuda humanitaria e intelectuales en el exilio, con el fin de promocionar la reconciliación nacional y de devolver a la normalidad a Somalia, con nuevas instituciones de gobierno aceptables para todos los somalíes.

A pesar de las constantes violaciones del acuerdo de alto el fuego firmado por los grupos combatientes en enero de 1993, se han hecho lentos progresos hacia un acuerdo político, a pesar de que no se puede confiar en las meras declaraciones de intenciones efectuadas por los principales jefes militares, cuyas acciones han traicionado frecuentemente sus palabras. En marzo de 1993, se celebró en Addis Abeba una Conferencia de Reconciliación Nacional auspiciada por la ONU en la que 15 grupos políticos armados decidieron establecer un Consejo Nacional de Transición como autoridad política y legislativa para Somalia durante un periodo de dos años. El Consejo Nacional de Transición (TNC) establecerá departamentos administrativos para asuntos civiles, sociales, económicos y humanitarios y nuevos consejos en las 18 regiones previamente designadas. No obstante, el tema de la República de Somalia sigue sin resolverse, desde que el Movimiento Nacional Somalí que encabeza el gobierno provisional establecido allí boicoteó la reunión y el posterior acuerdo. Otros temores sobre el TNC posiblemente dominado por la alianza de la SNA del general Aideed, fueron expresados inmediatamente por un grupo de intelectuales somalíes excluidos del TNC, que afirmaron: "De ninguna manera debe el destino de los somalíes continuar en manos de los jefes militares despiadados cuya función ha sido cualquier cosa menos constructiva".

En la República de Somalia, económicamente devastada, ha habido también guerras entre clanes y tensiones políticas, pero no a tan gran escala. La ONU propone una prolongada operación para eliminar centenares de minas colocadas en 1988 por el ejército del presidente Siad Barre, al mando del general "Morgan", durante la guerra contra el opositor Movimiento Nacional Somalí (SNM), en la cual murieron millares de civiles a manos de las fuerzas gubernamentales.

Es posible que en Somalia sólo se pueda conseguir y mantener la paz mediante acuerdos entre los diversos jefes militares y los grupos armados que han creado la inseguridad. Pero la reconciliación, la reconstrucción, y la prevención de nuevas violaciones de derechos humanos también necesitan la participación y el apoyo de los grupos somalíes comprometidos con la paz y los derechos humanos y que tienen sus raíces en la sociedad civil, no sólo los grupos armados.

UNOSOM II

El secretario general de la ONU, el doctor Boutros Boutros Gali propuso un programa de la ONU para Somalia sin precedentes, que fue aprobado mediante la resolución 814 (1993) del Consejo de Seguridad el 26 de marzo de 1993. Se acordó la fecha del 1 de mayo de 1993 para transferir la operación de UNITAF de nuevo a la ONU para el establecimiento de una operación única de consecución de la paz, que se llamará UNOSOM II. Se aprobó para un periodo inicial de seis meses y sólo los primeros meses costará 300 millones de dólares estadounidenses. Se tratará de una operación militar dirigida por la ONU con 20.000 soldados y 8.000 funcionarios de apoyo de 30 países (muchos de los contingentes actuales de UNITAF, reforzados por la fuerza de respuesta rápida de EE UU), que tendrá como objetivo poner fin a todas los combates en el país. La fuerza UNOSOM II está autorizada, en virtud de la resolución 814, a usar la fuerza para alcanzar este objetivo, y para desarmar y desmovilizar a todos los grupos armados. También establecerá una fuerza de paz somalí (proceso que ya ha comenzado) y ayudará al establecimiento de una Constitución y de unas instituciones gubernamentales, legislativas y judiciales, que no existen actualmente. Existen planes para un futuro trabajo de ayuda humanitaria y construcción, en el que participarán organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, incluidas las que ayudan a los refugiados y a las personas desplazadas a regresar a casa sin correr riesgos. En marzo de 1993, La Conferencia de la ONU para la Ayuda Humanitaria a Somalia garantizó donaciones de 130 millones de dólares estadounidenses para un programa diseñado por el Departamento de Asuntos Humanitarios de la ONU.

El programa de UNOSOM II cubrirá toda Somalia. Respecto al tema de la República de Somalia, en el norte, el Secretario General de la ONU ha afirmado que la actuación de UNOSOM en el norte no perjudicaría en absoluto la decisión de los somalíes sobre su futuro nacional. El gobierno provisional establecido para dos años en la República de Somalia en mayo de 1991 termina su mandato en mayo de 1993 y aún no se sabe, en vista de los divergentes y a veces extremadamente conflictivos puntos de vista mantenidos por los grupos políticos basados en clanes sobre la forma de gobierno central y liderazgo político apropiados para la zona, qué posición adoptará el nuevo gobierno de la República de Somalia sobre la operación de la ONU.

El Secretario General de la ONU, en su informe de principios de marzo de 1993, afirmó que la ONU no decidiría qué estructuras políticas deberían crearse en Somalia en general, pero afirmó la necesidad de un gobierno representativo democrático a nivel nacional y regional, elegido mediante elecciones libres y limpias, y la observancia de las normas de la ONU respecto a los derechos humanos y la justicia.

El programa de UNOSOM II está diseñado para que se lleve a cabo una transición progresiva: una vez que la seguridad esté consolidada, se establecerán las instituciones civiles, incluida la transmisión de las responsabilidades en lo relativo al mantenimiento de la ley y el orden de la fuerza militar de la ONU a la fuerza de policía somalí.

Los derechos humanos

En su informe de agosto de 1992 sobre el desastre de derechos humanos en Somalia, Amnistía Internacional informó sobre la situación de violaciones de derechos humanos durante el gobierno del presidente Siad Barre, de 1969 a 1991, que había llevado a una desastrosa situación a principios de 1992. La organización afirmaba en su informe que la guerra civil y la violencia anárquica habían llevado, sólo en Mogadiscio, a la muerte de más de 10.000 personas, desde que Siad Barre fue derrocado por las fuerzas del Congreso Somalí Unido del general Aideed en enero de 1991. El colapso del Estado y de la economía habían intensificado los problemas de los organismos de ayuda humanitaria en su intento de evitar nuevas muertes masivas a causa del hambre. El informe daba cuenta también de los homicidios cometidos durante 1992 por las fuerzas del general Aideed, y citaba el testimonio de un superviviente de una matanza de civiles desarmados en la región de Gedo, en el suroeste, en abril y mayo de 1992. Las fuerzas del general Aideed mataron, torturaron o mutilaron a ancianos, mujeres y niños y violaron en grupo a mujeres, porque pertenecían al clan Marehan de Siad Barre. En ocasiones anteriores y de nuevo meses después en 1992, fuerzas del clan Marehan (el Frente Nacional Somalí) encabezadas por el general "Morgan" habían cometido atrocidades casi idénticas contra miembros de los clanes Hawiye, Rahanwein y Digil, que apoyan al general Aideed.

Amnistía Internacional hizo un llamamiento a todos los grupos políticos en agosto de 1992 "para que tomaran medidas inmediatas con el fin de acabar con los homicidios deliberados y arbitrarios y con la tortura y las mutilaciones, para que se comprometieran a trabajar por los derechos humanos de todos los somalíes, independientemente del clan al que pertenezcan o de sus opiniones políticas". La organización los instó a que "condenaran sin reservas los homicidios deliberados y arbitrarios y los graves abusos que se han producido y a que se comprometieran a observar las normas humanitarias mínimas incluidas en los Convenios de Ginebra... las cuales exigen que todos los que no participen activamente en las hostilidades, incluidos los civiles y los combatientes heridos o que se han rendido, deben recibir un trato humano".

En su mayor parte, parecía que el llamamiento de Amnistía Internacional había sido ignorado por los grupos armados, que habían cometido muchos abusos el año anterior o incluso en años previos. Posteriormente en 1992 muchos más civiles murieron en el suroeste en combates intermitentes entre el Frente Nacional Somalí y la alianza del general Aideed. Una destacada víctima de la guerra entre clanes fue el doctor Mohamed Ahmed Warsame, ginecólogo somalí, secuestrado en Mogadiscio el 11 de noviembre de 1992 por pistoleros leales, según informes, al general Aideed, y al que no se ha vuelto a ver. Esto ocurría sólo unas horas después de regresar del exilio y reincorporarse a una clínica de maternidad de SOS Kinderdorf, organización austriaca de ayuda humanitaria. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1992, soldados del SPM leales al coronel Omar Jess mataron de forma deliberada a centenares de miembros desarmados de los clanes opuestos "Harti" del clan Darod, entre ellos a dirigentes religiosos islámicos, hombres de negocios, profesionales, miembros ancianos de clanes, mujeres y niños. El 2 de enero de 1993, Sean Devereux, empleado de UNICEF y ciudadano británico, fue abatido a tiros por pistoleros no identificados en Kismayu, debido, al parecer, a su crítica a los homicidios perpetrados allí el mes anterior.

Según informes, también ha habido violaciones de derechos humanos en la República de Somalia desde que el SNM llegó al poder en mayo de 1991, incluida la aplicación, ante la demanda de algunos grupos religiosos islámicos nuevos, de ciertas penas incluidas en la legislación islámica (Sharia) que constituyen castigos inhumanos y degradantes y, como tales, están prohibidos por la legislación internacional. Se ha azotado a mujeres por contravenir las estrictas normas islámicas sobre el vestido, por vender alcohol y por delitos sexuales. El 8 de enero de 1993, cinco mujeres fueron lapidadas públicamente hasta la muerte en Hargeisa por adulterio. Fueron detenidas por un grupo islámico el 4 de enero, puestas bajo custodia policial y juzgadas por un "tribunal" islámico informal el 7 de enero. No tuvieron asistencia letrada. No están claros los detalles del caso, pero según un relato, las cinco mujeres admitieron haber cometido adulterio, pero negaron que el "tribunal" tuviera autoridad alguna para juzgarlas. Fue liberada una mujer que negó haber cometido el delito. Las otras cinco fueron condenadas a muerte en virtud de disposiciones de la ley islámica. No les permitieron apelar contra la sentencia o veredicto. Al día siguiente, a las cinco mujeres condenadas las sacaron al exterior, las introdujeron en agujeros hechos en el suelo, las enterraron hasta el cuello y una muchedumbre congregada por el grupo religioso que las había detenido las apedreó hasta la muerte. Ni los dirigentes de la República de Somalia ni el SNM intervinieron en ninguna fase de estos acontecimientos. Después de las lapidaciones, las fuerzas de seguridad del SNM detuvieron a Sheikh Dahir, Ahmed Yunis y otras quince personas implicadas en el incidente. Aún se encuentran detenidas, a pesar de las manifestaciones populares que tuvieron lugar tras su detención, en las que pedían su liberación. Hasta ahora ninguna de estas personas ha sido llevada a juicio en ninguno de los casos.

La Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 26 de marzo de 1993, haciendo notar con profundo pesar y preocupación los continuos informes de violaciones de la legislación internacional, pidió que se investigaran y juzgaran los casos de violaciones graves de la legislación internacional, y reafirmó que los responsables de tales actos debían dar cuenta de sus actos individualmente.

Desde enero de 1991, cuando fue derrocado el gobierno de Siad Barre, los abusos cometidos por los grupos políticos armados encabezados por determinados jefes militares y que actuaban arbitrariamente en ausencia de cualquier autoridad del gobierno central, centraron las cuestiones de derechos humanos. Ali Mahdi, presidente de USC, afirmó ser el presidente provisional de Somalia, pero su milicia, integrada por miembros de subclanes, sólo controlaba algunas zonas de Mogadiscio, mientras las fuerzas del subclan del presidente de USC, general Aideed, y otras milicias compuestas por miembros de subclanes controlaban otras zonas de la ciudad. en otras zonas del suroeste y centro de Somalia, surgieron dos "coaliciones" opuestas, vinculadas a Ali Mahdi y al general Aideed, respectivamente, pero excepto en el noreste, donde el DFSS afirmó haber establecido una estructura quasi gubernamental, no había instituciones gubernamentales ni supremacía de la ley. En algunas zonas, grupos armados identificables, como el SNF y el SPM integrados por miembros de clanes, ejercían el poder y en Mogadiscio algunos grupos islámicos informales mantenían, al parecer, el poder para imponer la Sharia (legislación islámica), pero ninguno de estos grupos desarrollaron estructuras administrativas o judiciales reconocibles. En la República de Somalia, en 1991, se creó una estructura gubernamental central encabezada por el SNM y basada en la participación en el poder de varios clanes, pero se había fragmentado a principios de 1992, a pesar de que parecían existir administraciones regionales integradas por miembros de diferentes clanes.

A pesar de la ausencia de un gobierno central y de la supremacía de la ley, los jefes militares que dirigían los grupos armados que han cometido violaciones de derechos humanos masivas contra los propios somalíes, la mayoría debido a la pertenencia de las víctimas a un clan determinado, deben responder de estos delitos. Esto debe ser así si los abusos fueron cometidos como consecuencia de órdenes específicas en una cadena de mando, o si los líderes fomentaron o toleraron implícitamente fomenta o tolera los delitos, o porque los líderes no controlaban a sus seguidores, que dependían de ellos para obtener armas y alimentos. En la caótica situación

económica existente, los miembros de estos grupos armados mataron y saquearon con impunidad.

Ahora es especialmente necesario que se tomen todas las medidas posibles para prevenir que los jefes militares y sus grupos armados o antiguos miembros de las fuerzas gubernamentales de Siad Barre vuelvan a cometer violaciones de derechos humanos, durante la operación UNOSOM II y cuando ésta termine, en 1993 o más tarde.

Por otra parte, evidentemente existe la necesidad de que el comportamiento de las fuerzas internacionales sea controlado por mecanismos apropiados e imparciales, en lo que se refiere a su cumplimiento de los derechos humanos reconocidos universalmente. Cuando las fuerzas internacionales de UNITAF entraron en Somalia en diciembre de 1992, las normas legales que gobernaban las acciones de estas tropas extranjeras se basaban en las leyes humanitarias internacionales, principalmente en los Convenios de Ginebra relativos al comportamiento durante la guerra, y en las leyes que gobiernan las acciones de las fuerzas armadas en sus propios países. Hasta fines de abril de 1993, cuando llegó a su fin la primera fase de la intervención internacional autorizada por la ONU, decenas de somalíes han sido abatidos a tiros y algunos han estado, al parecer, detenidos durante breves periodos por varios contingentes nacionales de las fuerzas de UNITAF, a pesar de que no tenían poderes específicos de arresto y detención. Durante algún tiempo no estuvo claro si estas fuerzas llevaron a cabo investigaciones internas sobre estos incidentes. En marzo y abril de 1993, las autoridades militares estadounidenses investigaron la muerte a consecuencia de disparos de un joven somalí y decidieron no formular cargos, pero un soldado estadounidense fue declarado culpable por un tribunal militar celebrado por las fuerzas de Estados Unidos destacadas en Somalia de ataque con agravantes contra dos civiles somalíes, y las autoridades militares canadienses están investigando aún dos incidentes en los que participaron soldados canadienses -la muerte de un civil somalí bajo custodia, al parecer como consecuencia de una paliza, y el homicidio presuntamente ilegítimo de otro civil somalí.

El éxito o el fracaso de esta extraordinaria intervención internacional en la tragedia de derechos humanos que vive Somalia tendrá importantes efectos en la situación de los derechos humanos en Africa y en otros lugares en los próximos años. La protección y el control de los derechos humanos deben, por tanto, ser prioridades en cualquier plan para el futuro de Somalia. Esto es esencial para cuando se encargue de mantener la ley y el orden una fuerza de policía nacional recién constituida y entrenada. Sería peligroso que en las nuevas fuerzas de seguridad hubiera individuos que hubieran cometido violaciones de derechos humanos en el pasado.

Las propuestas de derechos humanos de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha instado a la ONU a que añada componentes específicos de derechos humanos a UNOSOM II. Los objetivos de la ONU en Somalia incluyen claramente tanto la protección de los derechos humanos como el establecimiento de disposiciones constitucionales y legales, y otra instituciones para proteger los derechos humanos en el futuro. Entre estos objetivos figura la creación de una fuerza de policía somalí, para establecer la supremacía de la ley y hacer respetar las leyes de acuerdo con los principios y las prácticas internacionalmente aceptado para la protección de los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la recomendación efectuada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 8 de marzo de 1993 para designar un experto en derechos humanos independiente para que ayude al representante del Secretario General de la ONU en Somalia a desarrollar un "programa a largo plazo de servicios de asesoramiento para el restablecimiento de los derechos humanos y de la supremacía de la ley, incluida una Constitución democrática, así como la celebración en un futuro de elecciones periódicas y transparentes por sufragio universal y voto secreto". La Comisión recomendó también que se cree una unidad de derechos humanos que asista a UNOSOM II "en la promoción y protección de los derechos humanos y en el fomento del respeto a las leyes humanitarias, así como en la aplicación de las recomendaciones del experto independiente".

En el pasado, Amnistía Internacional ha publicado en diversas ocasiones sus propuestas para proteger los derechos humanos en Somalia, por ejemplo, en sus informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno del presidente Siad Barre: Somalia - A long term human rights crisis (1988) y Somalia - Report on an Amnesty International visit and current human rights concerns (1990).

Amnistía Internacional ha hecho las siguientes propuestas a la ONU y a la comunidad internacional para la protección actual y futura de los derechos humanos básicos del pueblo somalí:

1) Asesores de derechos humanos

Debe crearse un grupo internacional de asesores civiles de derechos humanos que trabajen en estrecho contacto con las fuerzas de UNOSOM II, con otras fuerzas extranjeras y con la nueva fuerza de policía somalí. Este grupo debe tener responsabilidades específicas para asesorar y entrenar a estas fuerzas en relación con la aplicación de las leyes humanitarias y las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (y las directrices para la aplicación efectiva del Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley) y los principios sobre la eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (y el manual de la ONU sobre estos principios).

2)Vigilancia de los derechos humanos

Debe crearse un grupo independiente e imparcial de vigilantes de los derechos humanos que reciba denuncias y reúna informes de violaciones de derechos humanos y de las leyes humanitarias, que investigue todos esos informes, y cuando sea pertinente, los trasmita a las autoridades adecuadas de la ONU u otras para que se emprenda una investigación y se tomen con prontitud medidas correctivas, y que publique sus conclusiones en relación con esos informes con regularidad y sin dilación.

3) Redacción de una nueva Constitución y de nuevas leyes

La ONU debe proporcionar expertos independientes para prestar asesoramiento en la redacción de artículos sobre derechos humanos en una nueva Constitución para Somalia y la incorporación de garantías y salvarguardias de derechos humanos a la nueva legislación, inspirándose en las normas de la ONU en el campo de los derechos humanos, prevención del delito y justicia criminal.

4) Formación en derechos humanos

La ONU debe instituir un programa vigoroso de información pública sobre derechos humanos (ya autorizado por el Consejo de Seguridad) que incluya formación específica de derechos humanos para la policía, los agentes de seguridad y los funcionarios de prisiones (como se menciona más arriba) y también para funcionarios, jueces y abogados.

5) Establecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos

La ONU debe iniciar un estudio llevado a cabo por investigadores independientes e imparciales, y en conjunción con los mecanismos temáticos apropiados de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en relación con la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones" y la detención arbitraria, de la pauta de violaciones de derechos humanos existente en Somalia en las dos últimas décadas, y del informe sobre las causas profundas del reciente desastre de derechos humanos. El estudio debe, entre otras cosas, reunir pruebas de los ciudadanos en Somalia y en otros lugares, con vistas a establecer un "foro de la verdad" dentro del país con el objetivo a largo plazo de prevenir que vuelvan a producirse esos abusos. Debe haber disposiciones que garanticen que no se volverá a permitir a los responsables de violaciones de derechos humanos que ocupen ningún cargo de responsabilidad desde el que puedan cometer abusos, por ejemplo tener poder de arresto y detención o estar al mando de unidades armadas o de centros de detención.

6) Procesamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos

La ONU debe extender esas investigaciones con vistas a llevar ante los tribunales, de acuerdo con la normativa internacional sobre juicios con las debidas garantías, a las personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de la legislación humanitaria internacional, incluidos funcionarios del gobierno del presidente Siad Barre y dirigentes de grupos políticos activos posteriormente, siguiendo el principio reconocido internacionalmente según el cual no debe haber impunidad para tales delitos ni para los responsables de ellos, dondequiera que estén. Con el fin de hacer esto, la ONU deberá facilitar la creación de una institución nacional o internacional capaz de llevar a cabo esos procesamientos así como de proporcionar a los acusados un juicio que satisfaga la normativa internacional.

7) Apoyo a los derechos humanos

La comunidad internacional debe proporcionar seguridad y apoyo material a las actividades de los ciudadanos somalíes que quieran promover los derechos humanos, durante la operación de la ONU y cuando ésta termine. Esto debe incluir grupos encargados de vigilar las violaciones de derechos humanos, grupos que formulen propuestas para prevenirlas, y otros que asuman la tarea de conseguir que la sociedad somalí conozca mejor y respete más los principios de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha renovado también el llamamiento que dirigió en agosto de 1992 a todos los grupos políticos, militares y civiles somalíes:

"Por el futuro de los derechos humanos para todos los ciudadanos somalíes, independientemente del clan al que pertenezcan o de sus opiniones políticas, Amnistía Internacional solicita pública y explícitamente a todos las partes que adopten los objetivos de derechos humanos reconocidos internacionalmente para que se pueda poner fin a los abusos y para que las salvaguardias y estructuras basadas en la supremacía de la ley puedan ser establecidas firmemente."

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RESUMEN

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ACCIONES RECOMENDADAS

Por favor, asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias de este documento, y de que se archiva debidamente para futuras consultas.

Rogamos a los encargados de prensa de las Secciones, que deberían haber recibido ya un punto del Servicio de Actualización Semanal que contiene un resumen de este informe, hagan llegar a periodistas, a las publicaciones especializadas en Africa y a otros contactos pertinentes este documento EXTERNO para su difusión. Hemos pedido a los grupos de coordinación de Somalia que se pongan en contacto con los encargados de prensa de su Sección para que intenten suscitar el interés de los periodistas que informarán sobre la sustitución de UNOSOM I por UNOSOM II el 1 de mayo, para que incluyan referencias al informe y a las propuestas de AI sobre derechos humanos.

GRUPOS DE COORDINACIÓN DE SOMALIA

Emprendan las acciones recomendadas incluidas en la circular que enviamos a los grupos de coordinación de Somalia el 23 de abril de 1993.