AMNISTÍA INTERNACIONAL

Carta abierta

Índice AI: AFR 52/002/2002/s

Servicio de Noticias 206/02

13 de noviembre de 2002

Somalia: Sin derechos humanos no hay paz duradera

Carta abierta de Amnistía Internacional a los participantes

en las conversaciones de paz

Eldoret, Kenia

En memoria de Starlin Arush, defensora de los derechos humanos somalí trágicamente muerta en Nairobi, al parecer a manos de ladrones armados, cuando se disponía a asistir a las conversaciones de paz; y de los millares de civiles inermes (hombres, mujeres y niños) que fueron asesinados por facciones armadas durante las guerras civiles que se sucedieron durante 11 años tras la desintegración del Estado somalí en 1991 o anteriormente, durante el periodo de 21 años en el que Siad Barre ocupó el poder.

Ahora que el Proceso de Reconciliación Nacional de Somalia entra en su segunda fase, tras el alto el fuego firmado por dirigentes de 19 facciones armadas y el Gobierno Nacional de Transición el 27 de octubre de 2002, Amnistía Internacional pide que los varios cientos de participantes en las conversaciones de paz que se están manteniendo en Eldoret garanticen que se asignará la máxima prioridad a la cuestión de los derechos humanos y que se brindará un grado mucho más alto de protección a estos derechos. Éstos deben ser los principales objetivos de esta decimocuarta serie de conversaciones de paz y reconciliación, ya que si no se centra la atención en la necesidad de hacer justicia y proteger los derechos de los somalíes, ningún acuerdo al que se llegue será portador de una paz duradera.

Todos los somalíes entienden el significado de los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a ganarse el sustento, ya que durante la última década o más todos ellos, o sus familiares, han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Hasta una quinta parte de la población de Somalia se ha visto obligada a abandonar su hogar y sus medios de vida, convirtiéndose en refugiados o en desplazados internos. Una generación entera se ha visto privada del derecho a la educación, y la mayoría de la población carece de acceso a servicios de salud. A excepción de los que se aprovechan de ella, los somalíes están hartos de la guerra y están desesperados por conseguir la paz.

En el contexto de la situación en Somalia, los derechos humanos significan el derecho a la vida y a la seguridad personal. Todos los hombres y las mujeres, ya se trate de habitantes de las ciudades, jefes tradicionales, intelectuales, nómadas, agricultores, artesanos u obreros, tienen derecho a vivir sin temor a ser asesinados o secuestrados. El derecho a no ser detenido arbitrariamente, torturado o maltratado, el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de creencias (incluida la libertad de prensa), y el derecho a vivir en un ámbito de democracia y respeto a la ley, son requisitos esenciales para cualquier acuerdo de paz duradero. Estos derechos han sido conculcados sistemáticamente sin que las víctimas hayan tenido posibilidad alguna de resarcimiento legal. La violencia y la discriminación por motivos de identidad —pertenencia a un clan, al sexo femenino, a una minoría étnica o a cualquier otro grupo vulnerable— son endémicas. En Mogadiscio, en especial, las milicias de las facciones o vinculadas a ellas cometen casi a diario asesinatos, violaciones y secuestros —incluso de niños— para exigir rescates. Y no son sólo los somalíes los que han sido víctimas de estos abusos: también se ha asesinado o secuestrado a trabajadores extranjeros de ayuda humanitaria y se han robado las provisiones que distribuían.

Amnistía considera que los dirigentes de todas las autoridades políticas y grupos armados son responsables de la protección de los derechos humanos de todas las personas que se hallen en las áreas bajo su control y que deben rendir cuentas de ello. Tienen, además, la obligación de proteger a los defensores de los derechos humanos, que están especialmente expuestos, y que necesitan asimismo el apoyo de todos los sectores de la sociedad civil.

Llamamiento a la Conferencia

Amnistía Internacional insta a todos los participantes —ya sean facciones políticas armadas basadas en los clanes, autoridades del Gobierno Nacional de Transición o miembros de la sociedad civil— a que se comprometan a defender activamente estos derechos, que tienen su base tanto en el derecho internacional como en los valores culturales tradicionales de Somalia. La promoción y protección de los derechos humanos debe constituir el centro de las deliberaciones de los distintos comités encargados de cuestiones constitucionales, desarme y desmovilización, derechos sobre la tierra y la propiedad, reconstrucción económica, resolución de conflictos y reconciliación (incluida la cuestión de las violaciones de derechos humanos), y relaciones regionales e internacionales.

Que no se cometan más abusos

Desde el momento del alto el fuego, los dirigentes de las facciones, los miembros del Gobierno Nacional de Transición y los representantes de la sociedad civil —jefes de clanes, líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales y otros— deben establecer salvaguardias sólidas para asegurar que no se cometerán más violaciones de derechos humanos contra civiles en relación con el conflicto. Los dirigentes de las facciones son responsables de impedir que sus milicias cometan abusos y de castigarlos cuando lo hagan. La inacción frente a los abusos será una muestra de falta de compromiso con el proceso de paz o, incluso, hasta podrá suponer una violación del proceso. En esta etapa crítica, es esencial vigilar e impedir los abusos contra los derechos humanos a fin de que se puedan alcanzar una paz y una reconciliación sostenibles.

Los abusos del pasado: que no se declare una amnistía general

Es difícil determinar los medios de abordar las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos en el pasado, pero esto no pondrá en peligro el proceso de paz sino que, por lo contrario, es necesario para alcanzar una paz duradera. Son los propios somalíes quienes deberán, de forma colectiva, convenir los métodos más apropiados para hacerlo de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Entre las posibles opciones estaría la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación, o la celebración de juicios una vez que se haya establecido un sistema de justicia acorde con las normas internacionales que pueda realizar procesamientos imparciales sin la posibilidad de que se imponga la pena de muerte. Durante el gobierno de Siad Barre, Somalia se vio envuelta en una crisis de derechos humanos de larga duración en la que el país fue escenario de matanzas de civiles que no portaban armas, tortura sistemática de opositores y detenciones generalizadas y arbitrarias. Tras el estallido de la guerra civil en 1991, Somalia sufrió nuevas atrocidades y una hambruna devastadora. Las milicias basadas en los clanes cometieron matanzas de civiles inermes que habían sido seleccionados por su pertenencia a clanes rivales, asesinatos de miembros de minorías indefensas, violaciones y actos de saqueo. Nunca se castigó a nadie ni se rindió cuentas de estos actos ante la ley.

Amnistía Internacional considera que no sería aceptable que los responsables de tales crímenes formaran parte de cualquier nuevo gobierno, del que se esperará que esté firmemente comprometido con el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Confiriendo la impunidad total mediante una amnistía general no se implantará una paz duradera en Somalia. De hecho, esto no haría más que dar la luz verde para que los mismos perpetradores cometieran nuevos abusos y siguieran amordazando a sus acusadores, e induciría a otros a pensar que podrían hacer lo mismo y quedar impunes. Durante los próximos meses comenzará a funcionar en La Haya la Corte Penal Internacional, ante la cual se llevará a los que cometan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el futuro.

La responsabilidad de la comunidad internacional

Amnistía Internacional pide a los representantes de la comunidad internacional en las conversaciones de paz de Eldoret —las Naciones Unidas; la Unión Europea; Kenia, Etiopía y Yibuti, vecinos de Somalia y miembros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD); la Liga Árabe; y los gobiernos de Egipto, Estados Unidos e Italia— que actúen como supervisores efectivos e imparciales del alto el fuego y como firmes garantes de los derechos humanos. La supervisión de la situación de los derechos humanos también es de importancia vital para apuntalar el alto el fuego. A largo plazo, será necesario también que la comunidad internacional aumente su ayuda para contribuir a la creación de instituciones de buen gobierno en Somalia y a la habilitación de todas las secciones de la sociedad somalí a fin de que se pueda labrar un nuevo futuro para los derechos humanos en el país.

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Documento público

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