AMNISTÍA INTERNACIONAL
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11 de agosto de 2009

Somalia: Amnistía Internacional insta a rendir cuentas y establecer salvaguardias sobre las transferencias de armas al Gobierno Federal de Transición de Somalia

Amnistía Internacional ha solicitado hoy, 11 de agosto de 2009, la adopción urgente de salvaguardias sobre cualquier transferencia de armamento a Somalia, en vista de la decisión que, según informes, ha adoptado el gobierno estadounidense de duplicar sus transferencias de armas al Gobierno Federal de Transición de Somalia.

El 6 de agosto, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, confirmó el apoyo militar de Estados Unidos al presidente del Gobierno Federal de Transición, semanas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmara que había enviado 40 toneladas de armas y municiones a Somalia.

Amnistía Internacional ha pedido a Estados Unidos y a cualquier otro Estado que suministre o financie la provisión de armas o formación al ejército y las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal de Transición que establezcan mecanismos eficaces destinados a impedir que tales armas y formación se utilicen para cometer violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

La organización señala que estas salvaguardias deberían abarcar todos los materiales y la formación militar, policial y de seguridad suministrados al Gobierno Federal de Transición, así como la financiación destinada a adquisición de armas o formación. La comunidad internacional debería ayudar al gobierno a establecer con urgencia dichas salvaguardias.

Desde que el 7 de mayo de 2009 comenzó la ofensiva militar de los grupos armados opuestos al Gobierno Federal de Transición en el centro y el sur de Somalia, han aumentado los informes de bombardeos indiscriminados por todas las partes en conflicto en zonas pobladas por civiles que han causado cientos de muertos y miles de heridos entre la población civil. Según la ONU, sólo de la capital, Mogadiscio, se han desplazado unos 232.000 habitantes debido a estos últimos combates.

Amnistía Internacional ha pedido también que se refuerce con urgencia la aplicación del embargo de armas sobre Somalia impuesto por la ONU, en vigor desde 1992, y que los Estados adopten medidas adicionales para garantizar su eficacia.

El actual embargo de armas establece que podrán aplicarse excepciones en favor del sector de seguridad del Gobierno Federal de Transición. Sin embargo, aunque hay en marcha un sistema para enviar peticiones de excepción al Comité de Sanciones sobre Somalia, que vigila el embargo y el régimen de sanciones, no existe un mecanismo efectivo que garantice que los fondos, las armas y otros materiales transferidos no se van a utilizar para cometer violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y que no llegarán a manos de quienes hayan cometido abusos en el pasado, ni que van a terminar en los prósperos mercados de armas de Somalia ni en manos de grupos armados que se oponen al Gobierno Federal de Transición.

Según el último informe del Grupo de Supervisión de la ONU, cuyo cometido es vigilar e informar sobre las violaciones del embargo de armas impuesto por la ONU a Somalia, “no menos del 80 por ciento de la inversión internacional en el establecimiento de las fuerzas del Gobierno Federal de Transición se ha desviado a fines distintos de los previstos”.¹Las desviaciones han estado motivadas por deserciones, ventas de armas, uniformes y otros materiales por parte de miembros de las fuerzas del Gobierno Federal de Transición, capturas de armas y equipo por los grupos armados de oposición y la desviación de recursos destinados a uso civil para fines militares, especialmente por la policía del Gobierno Federal de Transición, cuya participación en el conflicto armado de Somalia ha ido en aumento. Tales desviaciones han sido posibles por la insuficiencia de los controles sobre el material y la formación suministrados al Gobierno Federal de Transición, y no sólo han facilitado la comisión de violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, sino que además han socavado los esfuerzos para acabar con el conflicto y la inseguridad en Somalia.

Por tanto, es fundamental que todos los Estados y el Consejo de Seguridad de la ONU establezcan mecanismos efectivos para controlar la entrega y el uso de armas y otros materiales de seguridad suministrados a Somalia en cumplimiento del régimen de excepciones al embargo de armas.

Como medida inicial, el Consejo de Seguridad debe garantizar que se cumplen estrictamente las directrices del Comité de Sanciones sobre Somalia y que todos los Estados, organizaciones y agencias internacionales que soliciten excepciones al embargo de armas aporten al Comité información suficientemente pormenorizada sobre los tipos y las especificaciones técnicas del material que van a suministrar, así como sus proveedores, rutas y medios de transporte, puertos de entrada y receptores específicos y usuarios finales del material o la formación. Para que pueda establecerse una excepción, dicha información deberá entregarse al Comité de Sanciones. Eso permitirá efectuar comprobaciones del material durante y después de la entrega, para cerciorarse de que no ha sido desviado a mercados de armas o grupos armados de oposición en Somalia. Todo armamento transferido a Somalia, incluidas armas pequeñas y armas ligeras, deberá llevar un distintivo exclusivo de conformidad con el Instrumento Internacional de Rastreo, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2005. Los Estados a los que se concedan excepciones deberán llevar a cabo controles periódicos y sobre la marcha tras la entrega para asegurarse de que no se han desviado provisiones militares, y deberán comunicar los resultados de tales controles al Comité de Sanciones y al Grupo de Supervisión. Los proveedores de armas y de formación en materia de seguridad al Gobierno Federal de Transición deben ayudar a éste a establecer procedimientos de gestión responsable y almacenamiento seguro del armamento que estén en consonancia con las normas internacionales y las buenas prácticas.

Además, los Estados deben incorporar asimismo salvaguardias humanitarias y de derechos humanos sobre la ayuda militar y de seguridad al Gobierno Federal de Transición. No deben suministrar material cuando exista un riesgo considerable de que se utilice para cometer violaciones graves del derecho internacional, como el bombardeo indiscriminado de zonas pobladas por civiles.

Asimismo, deben garantizar que el reclutamiento, la formación y el envío de cualquier fuerza armada favorable al Gobierno Federal de Transición incluye mecanismos eficaces de investigación de antecedentes, rendición de cuentas, transparencia y vigilancia, con la participación internacional. Todavía no se han investigado debidamente los antecedentes del personal de ninguna fuerza de seguridad somalí, y algunos miembros todavía en activo o cuyo ingreso en el cuerpo se está estudiando podrían haber participado en los abusos contra los derechos humanos que durante años caracterizaron el conflicto de Somalia. De hecho, en su último informe sobre la situación en Somalia, el secretario general de la ONU afirmaba lo siguiente: “La inseguridad reinante en el país, especialmente en Mogadiscio, ha impedido que se realicen avances [en gobernanza, investigación de antecedentes y mecanismos de vigilancia]”. Tales mecanismos deben incluir el refuerzo de la vigilancia y la presentación de informes públicos y el fomento de la capacidad para llevar a cabo investigaciones independientes sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha pedido a los Estados que apoyen el establecimiento de una comisión de investigación –u otro mecanismo semejante– que sea independiente e imparcial para investigar las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en Somalia en 2007, 2008 y 2009, a fin de trazar el mapa de los abusos más graves perpetrados desde 1991 y recomendar medidas destinadas a obligar a sus autores a rendir cuentas. Semejante mecanismo sería también una importante contribución al proceso de investigación de antecedentes de las fuerzas de seguridad somalíes.

Además de acatar el propio embargo de armas, en vista de las continuas violaciones del embargo cometidas tanto por Estados como por particulares, como ha documentado el Grupo de Supervisión de la ONU, los Estados no deben involucrarse en transferencias de armas y material relacionado a otros Estados o entidades extranjeras cuando exista un riesgo considerable de que tales suministros se desvíen, directa o indirectamente, a entidades armadas presentes en Somalia. Tales transferencias, aunque técnicamente no son ilegales, restan eficacia al embargo de armas y hacen probable la comisión de graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario.

Información complementaria

Somalia lleva inmersa en un conflicto armado desde la caída del gobierno de Siad Barre en 1991. El conflicto se intensificó y los homicidios ilegítimos de civiles aumentaron cuando irrumpieron tropas etíopes en Somalia a finales de 2006 para ayudar al Gobierno Federal de Transición a luchar contra varios grupos armados de oposición, de quienes había intentado recuperar el control territorial.

Las negociaciones de paz auspiciadas por la ONU entre el Gobierno Federal de Transición y la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia en Yibuti, culminó con la entrada en vigor del Acuerdo de Yibuti en octubre de 2008, la dimisión del presidente del Gobierno Federal de Transición, Abdullahi Yusuf, en diciembre de 2008 y la retirada de las tropas etíopes de Somalia en enero de 2009. El máximo dirigente de la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia en Yibuti, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, a quien se considera capacitado para negociar con otros grupos armados de oposición, fue nombrado nuevo presidente del Gobierno Federal de Transición el 30 de enero de 2009.

Muchos de los grupos armados de oposición, incluidas las facciones Al Shabab e Hizbul Islam, se comprometieron a continuar con la lucha contra el nuevo Gobierno Federal de Transición y contra la reducida Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) con base en Mogadiscio. El 7 de mayo de 2009, la oposición armada lanzó una ofensiva militar contra el Palacio Presidencial en Mogadiscio. Las hostilidades continúan hasta la fecha.

Según los términos del Acuerdo de Yibuti, las fuerzas armadas somalíes ahora se componen de efectivos pertenecientes al anterior Gobierno Federal de Transición y a la antigua Alianza para la Nueva Liberación de Somalia. La composición, el mando y el control de las fuerzas actuales no está claro. Milicias asociadas a ciertos jefes de clanes y subclanes y antiguos señores de la guerra también han combatido junto a las fuerzas del Gobierno Federal de Transición.

Como parte de la aplicación del Acuerdo de Yibuti se estableció un Comité Conjunto de Seguridad encargado de vigilar el alto el fuego de los acuerdos sobre seguridad entre el Gobierno Federal de Transición y la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia en Yibuti, de proteger el acceso y la ayuda humanitaria, y de servir de punto de contacto entre la comunidad internacional y el Gobierno Federal de Transición sobre todas las cuestiones de seguridad. Hasta la fecha, este comité sólo se ha reunido una vez.

El conflicto ha causado el desplazamiento de un millón de personas de Mogadiscio en 2007 y 2008. Hoy, más de 500.000 son refugiadas en países vecinos, alrededor de 1,3 millones son personas internamente desplazadas dentro de Somalia, y unos 3,2 millones dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

FIN/