AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 52/009/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 81/07

24 de abril de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR520092007

Somalia: La protección de la población civil debe ser prioritaria

Amnistía Internacional ha hecho hoy un llamamiento urgente a la comunidad internacional –y en especial al Consejo de Seguridad de la ONU que se reúne hoy, 24 de abril, para hablar sobre Somalia– para que convierta la protección de la población civil en un objetivo clave de su respuesta a la crítica situación del país. La organización ha manifestado que está aumentando el número de violaciones de derechos humanos contra civiles, que la seguridad está empeorando peligrosamente, y que se está produciendo un grave deterioro de las condiciones humanitarias de las personas desplazadas por los recientes combates.

El conflicto en Mogadiscio entre el Gobierno Federal de Transición de Somalia y sus opositores ha causado la muerte de más de un millar de personas desde finales de febrero. Entre ellas se encuentran unas 250 personas muertas la semana pasada, en su mayoría civiles muertos a manos de tropas etíopes y del Gobierno Federal de Transición. Además han resultado heridas unas 4.000 personas, y más de 300.000 han huido de Mogadiscio: es decir, un tercio de su población.

Además, el conflicto ha exacerbado seriamente la crisis humanitaria, que se ha visto agravada por la presunta obstrucción por parte de funcionarios del Gobierno Federal de Transición a la ayuda humanitaria.

Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno Federal de Transición que cumpla con su responsabilidad de proteger la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con la Carta Federal de Transición, y ha pedido al gobierno de Etiopía, que proporciona apoyo militar al gobierno somalí, que se comprometa a proteger los derechos humanos internacionales. Todas las partes del conflicto, incluidos los grupos armados, deben rendir cuentas del incumplimiento de las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional humanitario.

La organización ha pedido asimismo al Gobierno Federal de Transición que levante inmediatamente todas las restricciones no razonables a las operaciones humanitarias y que facilite la circulación de suministros y personal humanitario y garantice su seguridad.

Amnistía Internacional ha renovado además su llamamiento al gobierno de Kenia para que vuelva a abrir su frontera a los solicitantes de asilo de Somalia, especialmente los que están huyendo hacia la frontera y necesitan atención médica urgente, y cumpla así con su obligación internacional de proteger a los refugiados. Kenia debe también permitir el paso regular, predecible y seguro de la ayuda humanitaria a través de la frontera, para que llegue a las personas desplazadas en Somalia.

Información complementaria

El Consejo de Seguridad de la ONU estudia hoy el último informe del secretario general elaborado, tras una misión de evaluación técnica a la región, en virtud de la resolución 1744 (2007) del Consejo de Seguridad. La fuerza de mantenimiento de la paz de la Unión Africana (AMISOM), aprobada en febrero por el Consejo de Seguridad para una operación de seis meses que dé lugar a una posible operación de mantenimiento de la paz de la ONU, tiene el mandato de proteger al débil Gobierno Federal de Transición y a otras instituciones federales de transición, pero no a la población civil. Todavía se encuentra en su fase inicial de despliegue, con sólo unos 1.200 soldados ugandeses de la fuerza multinacional de 8.000 soldados que se prevé, y con pocos recursos para su misión general de reemplazar a los miles de soldados etíopes llegados al país a petición del presidente del Gobierno Federal de Transición, Abdullahi Yusuf Ahmed. AMISOM está sufriendo ataques armados de los opositores del Gobierno Federal de Transición.

Amnistía Internacional pidió por carta el 16 de febrero a la Unión Africana que AMISOM proteja a la población civil e incluya componentes específicos de derechos humanos en su mandato operativo, de acuerdo con las normas internacionales relativas al mantenimiento de la paz.

El nuevo ciclo de violencia se debe principalmente a la reanudación, tras una breve tregua a principios de abril, de una operación de seguridad del Gobierno Federal de Transición y tropas etíopes, a la que se enfrentan ferozmente remanentes de las fuerzas del Consejo de Tribunales Islámicos Somalíes y otros combatientes que se oponen en concreto a la presencia de tropas etíopes.

Todas las partes del conflicto armado, incluidos los grupos armados, están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario. Deben garantizar que sus operaciones militares evitan o minimizan la pérdida accidental de vidas civiles y las lesiones a civiles. En particular, tienen prohibido lanzar ataques directos contra civiles y lanzar ataques indiscriminados o desproporcionados. Los combatientes heridos y capturados deben ser tratados con humanidad en todo momento.

Se ha acusado a las tropas etíopes de bombardear indiscriminadamente centros civiles de población, causando la muerte a centenares de civiles y provocando un desplazamiento masivo en Mogadiscio. Esta forma de actuar viola el derecho internacional humanitario. Según los informes, los grupos armados han llevado a cabo ataques indiscriminados. Asimismo, según los informes, se han lanzado ataques contra tropas etíopes desde concentraciones civiles. Al lanzar esos ataques se pone en peligro a los civiles presentes. Las fuerzas etíopes, no obstante, están obligadas en todo momento, al lanzar ataques contra grupos armados, a aplicar los principios de distinción y proporcionalidad, y a tomar las precauciones establecidas por el derecho internacional humanitario para evitar o minimizar la pérdida de vidas civiles y lesiones a civiles.

El conflicto ha causado terribles sufrimientos a los grupos civiles vulnerables, como las mujeres, los menores, los ancianos, las personas que defienden los derechos humanos, los periodistas, las personas desplazadas internamente, las minorías de Somalia discriminadas por todos los clanes, y en particular los clanes que cuentan con una representación débil en determinadas áreas. A medida que se extienden los combates en la capital (ya han alcanzado Kismayu), muchas áreas antes seguras se han vuelto peligrosas. Kenia mantiene su frontera cerrada desde enero a los solicitantes de asilo de Somalia, lo que constituye un incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección a los refugiados. Además de los saqueos y las violaciones a manos de bandas de delincuentes, las personas desplazadas sufren una carencia de alimento, cobijo, instalaciones higiénicas, atención médica y agua potable que pone cada vez más en peligro su vida. Los organismos humanitarios no tienen prácticamente ningún acceso a la mayoría de las personas desplazadas, que son casi todas ellas mujeres, menores y ancianos.

El 23 de abril, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a las partes del conflicto que cesaran de inmediato las hostilidades y reanudaran el diálogo político. El Congreso de Reconciliación Nacional previsto se ha aplazado hasta al menos mediados de mayo.

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