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EMBARGADO HASTA LAS 00:01 HORAS GMT DEL 27 DE ENERO DEL 2000

Tanzania: Varios destacados miembros de la oposición de Zanzíbar pueden ser juzgados por traición y condenados a muerte

Los cargos de traición formulados por el gobierno de Zanzíbar contra 18 miembros del Frente Cívico Unido (FCU), partido de oposición de Zanzíbar, son una muestra de la inquietante ausencia de protección de los derechos humanos que existe en la isla semi-autónoma de Zanzíbar, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha hecho público hoy.

«Los cargos de traición formulados contra los miembros del FCU tienen motivación política. Ningún hecho corrobora que los procesados estuvieran implicados en una conspiración violenta para derrocar al gobierno de Zanzíbar. Las actuaciones judiciales no son más que un intento del gobierno de intimidar y reprimir a sus oponentes», declaró Amnistía Internacional.

La publicación del informe coincide con la celebración de una vista ante el Tribunal Superior de Zanzíbar, aplazada la pasada semana, en la que podría fijarse la fecha para el juicio. En la vista de la semana pasada, la policía lanzó gases lacrimógenos y golpeó a simpatizantes del FCU que estaban ante la sede del Tribunal, causando lesiones a varias personas y deteniendo a unas 15. También resultaron lesionados dos policías.

En su informe, Amnistía Internacional documenta las largas actuaciones judiciales —contrarias a las normas internacionales sobre imparcialidad— que se siguen contra los 18 miembros del FCU, situando el caso en el contexto de una serie de violaciones de los derechos humanos contra los activistas del Frente en Zanzíbar desatadas tras las elecciones de 1995, que muchos consideraron manipuladas con el fin de mantener en el poder al presidente Salmin Amour.

Las primeras detenciones de este caso se practicaron a finales de noviembre de 1997, en vísperas de unas elecciones parciales para cubrir los escaños vacantes en el Parlamento de Zanzíbar, que ganó el FCU. Inicialmente fueron detenidos 14 miembros y simpatizantes del Frente, acusados de sedición, pero un mes después, el cargo pasó a ser de conspiración para cometer traición, delito por el que no cabe obtener la libertad bajo fianza y que conlleva la pena de muerte preceptiva.

En los meses siguientes, otros cuatro miembros del FCU fueron acusados formalmente del mismo delito, entre ellos Juma Duni Haji, vencedor de las elecciones parciales de noviembre de 1997 y ex candidato de la oposición a la vicepresidencia de Tanzania. En total, han sido detenidos cuatro miembros de la Cámara de Representantes, Hamad Rashid Mohamed, ex viceministro de Economía tanzano entre ellos.

A principios de 1999 se formularon cargos de traición contra diez altos cargos del FCU más, que podrían ser detenidos y juzgados junto con los otros 18 procesados.

A tenor de las numerosas tácticas dilatorias empleadas por el gobierno de Zanzíbar, de la debilidad del poder judicial y del tratamiento dispensado hasta ahora por el tribunal a los encausados, Amnistía Internacional considera que es muy improbable que los acusados sean sometidos a un juicio imparcial conforme a las normas internacionales reconocidas, y en concreto que gocen del derecho a ser juzgados por un tribunal independiente y competente. El juicio podría aplazarse de nuevo con el fin de debilitar la campaña electoral de la oposición para los comicios previstos en octubre del 2000.

«Los 18 procesados son presos de conciencia, encarcelados sólo por sus opiniones no violentas y sus actividades políticas pacíficas —declaró la organización—. El gobierno de Zanzíbar debe ponerlos en libertad y retirar los cargos que pesan contra ellos.»

Amnistía Internacional ve con preocupación la precaria salud de varios de los procesados, dos mujeres entre ellos, como consecuencia de las deficientes condiciones que imperan en la Prisión Central de Zanzíbar y de la negativa a darles tratamiento médico adecuado.

La organización insta al gobierno tanzano del presidente Benjamin Mkapa a que asuma la responsabilidad que le confiere la constitución en virtud de las condiciones de la unión con Zanzíbar, así como la obligación contraídas en virtud del derecho internacional de proteger los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluidos los habitantes de Zanzíbar y estas personas acusadas de traición.

«El gobierno tanzano debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los habitantes de Zanzíbar gozan de los mismos derechos y libertades fundamentales que los demás ciudadanos de la República Unida de Tanzania», concluyó la organización.

Contexto

Durante las elecciones celebradas en Zanzíbar en 1995 fueron generalizados los actos de intimidación y de violencia dirigidos contra los partidarios del FCU, perpetrados sobre todo por las juventudes del Chama Cha Mapinduzi (CCM, Partido de la Revolución), que gobierna tanto en Zanzíbar como en el territorio continental de Tanzania. El FCU manifestó su protesta ante estos hechos dando instrucciones a sus parlamentarios de que boicotearan las reuniones del Parlamento.

Entre las elecciones y 1998, numerosos partidarios del FCU fueron detenidos por cargos penales falsos, torturados bajo custodia policial y encarcelados. Cientos de ellos fueron despedidos de sus empleos. También fueron derribadas sus casas y se negó la educación a sus hijos, por lo que muchos huyeron al territorio continental por motivos de seguridad.

Tras los numerosos intentos tanto del secretario general de la Commonwealth como del máximo representante de la ONU para resolver la crisis política de Zanzíbar, el CCM y el FCU llegaron finalmente a un acuerdo en abril de 1999. Pero, a pesar de que el Acuerdo de la Commonwealth preveía reformas de gran alcance para la democratización, los derechos humanos y la celebración de unas elecciones imparciales, pocas de ellas se han plasmado en la realidad. Aunque el FCU tiene más libertad de actuación, el gobierno de Zanzíbar continúa presionando para que siga adelante el juicio, resuelto a que los procesados sean declarados culpables y condenados a muerte.

Tanzania mantiene la pena de muerte, aunque no se han llevado a cabo ejecuciones desde 1994.

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Si desean más información o un ejemplar del informe Prisoners of Conscience face treason trial in Zanzibar, llamen a Ben Rowse, en la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, teléfono +44 171 413 5808 o visiten nuestra página web en: http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http//www.edai.org/centro