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9 de agosto del 2000 Documento público

Togo: la protección de los testigos y de los defensores de los derechos humanos ha de ser una prioridad para la Comisión Internacional de Investigación

El trabajo de la comisión de investigación de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de la Unidad Africana (OUA) encargada de examinar las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Togo en 1988 no tendrá éxito sin un programa eficaz de protección de testigos, ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Además, el gobierno de Togo debe retirar los cargos presentados contra los defensores de los derechos humanos.

«A menos que se proteja a los testigos y se libre a los defensores de los derechos humanos de la amenaza de que se entablen acciones judiciales contra ellos, lo más probable es que muchos no quieran prestar declaración», ha señalado la organización de derechos humanos.

El 4 de agosto, una delegación de Amnistía Internacional formuló con carácter urgente esta recomendación a los miembros de la Comisión Internacional de Investigación, establecida conjuntamente por los secretarios generales de la ONU y la OUA y formada por Mahamat Hassan Abakar, de Chad, que es el presidente, y por Paulo Sergio Pinheiro, de Brasil, e Issaka Souna, de Níger. La delegación formuló varias recomendaciones dirigidas a garantizar la credibilidad y eficacia de la investigación.

Al exponer la necesidad de crear un programa eficaz de protección de testigos, Amnistía Internacional informó a la Comisión sobre los actuales intentos de las autoridades togolesas de reducir al silencio a los testigos y a los informadores. La organización instó a la Comisión a adoptar medidas que garanticen la seguridad de los testigos togoleses que puedan prestar declaración ante ella. Le explicó que debe publicar información sobre su trabajo y sobre las medidas que se hayan tomado para proteger a los testigos y a sus familias, incluidas las garantías de confidencialidad, mucho antes de que comience a escuchar testimonios a comienzos de septiembre.

Amnistía Internacional expresó también preocupación por el hecho de no se hayan retirado aún los cargos penales presentados contra varios defensores togoleses de los derechos humanos, entre ellos Nestor Tengué y François Gayibor, que fueron detenidos en mayo del año pasado como sospechosos de proporcionar información a Amnistía Internacional. Estos cargos disuadirán inevitablemente a otros miembros de la sociedad civil togolesa de perstar declaración ante la Comisión; de hecho, es probable que su objeto fuera ese . Las autoridades de Togo dijeron que retirarían todos los cargos penales presentados contra el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, cuando la Comisión comenzara su labor, pero no lo han hecho.

«Es evidente que la Comisión no podrá realizar una investigación exhaustiva y eficaz sobre las ejecuciones extrajudiciales de Togo en un ambiente en el que los defensores de los derechos humanos que pueden tener información de interés para ella están amenazados con actuaciones penales y la cárcel», ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Más recientemente, el 31 de julio y el 1 de agosto, Kofi Messa Devotsu, presidente de la Liga Togolesa de Derechos Humanos (Ligue Togolaise des Droits de l’Homme, LTDH), fue interrogado por el ministro de Interior de Togo y amenazado con ser detenido por la publicación el 20 de julio del 2000 de un informe de su organización en el se comentaba en tono crítico la situación de los derechos humanos en país. El interrogatorio tuvo lugar en presencia de varios periodistas togoleses independientes, que también fueron interrogados y criticados por el ministro por haber publicado artículos sobre el informe de la LTDH.

«El intento de reducir al silencio a los defensores de los derechos humanos, los informadores y los periodistas por medio de intimidaciones, amenazas de detención, encarcelamiento e imputación de cargos penales no sólo constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos, sino que además contradice la intención declarada del gobierno de cooperar con la Comisión para que se determine la verdad de los homicidios cometidos en 1998», ha añadido Amnistía Internacional.

Información general

En mayo de 1999, Amnistía Internacional publicó un informe sobre Togo en el que se documentaban violaciones generalizadas de derechos humanos, entre ellas torturas, detenciones arbitrarias, «desapariciones» y centenares de ejecuciones extrajudiciales. Las conclusiones de la organización sobre éstas ultimas fueron corroboradas posteriormente por investigaciones llevadas a cabo por periodistas y por la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos de Benín (Ligue pour la defense des droits de L'Homme au Benin, L.D.H).

Tras la publicación de este informe se detuvo a dos miembros togoleses de Amnistía Internacional, acusados de proporcionar a ésta información falsa. Estuvieron detenidos durante varias semanas y se presentaron cargos contra ellos, que no se retiraron cuando los dejaron por fin en libertad en junio de 1999. Por el mismo motivo, un miembro togolés de la organización fue detenido arbitrariamente, golpeado y amenazado de muerte durante su detención. Otros defensores togoleses de los derechos humanos se vieron obligados a ocultarse o a huir del país junto con sus familias. Un miembro nigeriano de Amnistía Internacional que visitó por casualidad Togo en ese momento fue detenido y sometido a brutales torturas durante varios días. Desde mayo de 1999, las autoridades togolesas han detenido arbitrariamente y obligado a huir al menos a otros 20 defensores de los derechos humanos, incluidos sindicalistas, líderes estudiantiles y periodistas independientes. Algunos de los que han sido detenidos han sufrido torturas bajo custodia.

Se dictaron órdenes judiciales sin precedentes para que el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, compareciera personalmente ante un juez togolés por desacato, incitación a la rebelión, difusión de noticias falsas y conspiración contra la seguridad exterior del Estado. En noviembre de 1999 se «suspendió» la citación judicial debido a la presión internacional, pero no se retiraron los cargos.

Amnistía Internacional acogió con satisfacción el anuncio de la ONU y la OUA de establecer una comisión conjunta de investigación para examinar los centenares de ejecuciones extrajudiciales cometidos en Togo en 1998. Tras tres largas décadas en las que se ha detenido, torturado, matado o hecho «desaparecer» a civiles y militares de Togo con total impunidad, la creación de una comisión internacional de investigación es un paso importante para garantizar que, al menos en el caso de los homicidios más recientes, se determina la verdad y se hace justicia.

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