Documento - Togo: Es hora de rendir cuentas: Más de tres décadas de abusos contra los derechos humanos

Amnistía Internacional

TOGO

Es hora de rendir cuentas

Más de tres décadas de abusos contra los derechos humanos

20 de julio de 1998

Índice AI: AFR 57/22/99/s

Distr: SC/CC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

TOGO

Es hora de rendir cuentas

Más de tres décadas de abusos contra los derechos humanos

En las tres últimas décadas, las fuerzas de seguridad togolesas han sido responsables, de forma persistente y con total impunidad, de ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» y detenciones arbitrarias seguidas de torturas o malos tratos. Hasta la fecha, las autoridades togolesas no han hecho nada para aclarar sucesos ocurridos recientemente y en el pasado, ni para poner a los responsables de tales violaciones en manos de la justicia.

Amnistía Internacional ha denunciado periódicamente las violaciones de derechos humanos perpetradas en Togo, cometidas principalmente por las fuerzas armadas y la gendarmería. Con este documento, la organización recuerda los cinco últimos informes publicados sobre Togo desde 1986 y pretende llamar la atención del gobierno togolés y la comunidad internacional para que entiendan que es hora ya de poner fin a las violaciones de derechos humanos en ese país y a la violencia que las acompaña, reforzadas ambas por 30 años de impunidad. Es hora ya de que los responsables rindan cuentas de sus actos.

Los cinco informes mencionados, que abarcan un periodo de 13 años, ponen de relieve el carácter persistente de los abusos perpetrados en Togo y suministran pruebas de la atmósfera de impunidad total que caracteriza las prácticas gubernamentales, y que ha permitido que continúen las violaciones hasta hoy.

Así, la matanza de abril de 1991 de al menos 28 personas, cuyos cuerpos se recuperaron de las aguas de la laguna Bé, en Lomé, ha quedado impune. Un informe de la togolesa Comisión Nacional de Derechos Humanos implicaba en ella a las fuerzas de seguridad y pedía al presidente Gnassingbé Eyadéma que pusiera a los responsables en manos de la justicia. Nunca se hizo. En enero de 1993, más de 20 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas armadas togolesas durante una manifestación pacífica en la capítal. Nadie ha sido investigado al respecto. El 25 de marzo de 1993, tras un ataque contra el Regimiento Conjunto Togolés, el ejército ejecutó extrajudicialmente al menos a 20 personas, algunas de las cuales eran civiles. Los responsables de este acto continúan impunes. El 6 de enero de 1994, en los cuarteles del Regimiento Conjunto Togolés, el ejército dio muerte a 48 presos, 36 civiles y 12 soldados. También aquí se impuso la impunidad. Más recientemente, durante el periodo electoral de 1998, se cometieron cientos de ejecuciones extrajudiciales. Nuevamente, nadie ha sido investigado en relación con estas muertes.

Además de estas matanzas, hay que tener en cuenta los homicidios selectivos sobre los que Amnistía Internacional dispone de una lista no exhaustiva. Por ejemplo, a Teko-Allyn Anani, funcionario de la Oficina Togolesa de Fosfatos, lo mataron en noviembre de 1996 en su domicilio, delante de su esposa, porque pidió que se ampliara el servicio de transporte escolar a los hijos de los trabajadores encuadrados en la franja más baja de la escala salarial.

La lista de víctimas de violaciones mencionadas en el documento es larga. Entre ellas se incluyen sólo aquéllas de las que Amnistía Internacional ha tenido conocimiento. Civiles y personal militar, hombres y mujeres, han sido elegidos como blanco de los abusos debido a sus opiniones políticas o por sus actividades en defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, en febrero de 1994, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones legislativas, dos hombres obligaron a Gaston Edeh, que recientemente había sido elegido parlamentario, y a otros tres hombres que le acompañaban, a introducirse en un vehículo. Posteriormente se encontraron los cuerpos calcinados de tres de ellos. Amnistía Internacional localizó al único superviviente, que confirmó la implicación de las fuerzas armadas en los secuestros y asesinatos.

Incluso cuando se conoce la identidad exacta de los perpetradores no se hace nada para arrestarlos. En julio de 1992, dos hombres mataron a Tavio Amorin, miembro del Alto Consejo de la República y Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Libertades. Los homicidas, presa del pánico, se dejaron sus documentos de identidad en el lugar del crimen. Son dos agentes de policía a los que no se procesará nunca debido a una ley de amnistía aprobada en diciembre de 1994. En 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó que se sancionara al director de la Seguridad Nacional, pues se estaban infligiendo torturas a algunos detenidos «utilizando látigos y/o descargas eléctricas». La magistratura jamás ha realizado diligencia alguna en relación con estos casos. La inercia de las autoridades judiciales se debe al hecho de que, durante 30 años, quienes ocupan el poder han subvertido y manipulado toda actuación judicial, con el efecto de que instituciones como la fiscalía pública esté subordinada a los dirigentes políticos, en vez de ser independiente.

A lo largo de todos estos años, esta atmósfera de impunidad se ha visto frecuentemente reforzada con el apoyo de potencias extranjeras. Pese a las repetidas violaciones de derechos humanos, Francia ha seguido concediendo asistencia técnica militar a Togo en forma de suministros de material policial y de seguridad y de aprovisionamiento de personal militar. Parece que la actitud de la comunidad internacional ha cambiado ligeramente desde los flagrantes abusos en el proceso electoral durante las elecciones de 1998.

Ya en 1994, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas deploraba «los númerosos casos de ejecuciones sumarias y arbitrarias, de desapariciones forzadas o involuntarias, de torturas y detenciones arbitrarias o ilegales practicadas por miembros del ejército, las fuerzas de seguridad u otras fuerzas» (CCPR/C/79/Add.36). También lamentaba el hecho de que ninguna de tales violaciones hubiera sido objeto de investigación y que no se hubiera sancionado a los perpetradores. El Comité recomendaba que las autoridades adoptaran las medidas necesarias para poner fin a tal situación de impunidad.

Durante varios años, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha informado a la Comisión de Derechos Humanos sobre las denuncias que ha recibido en relación con ejecuciones extrajudiciales, amenazas de muerte, y actos de hostigamiento e intimidación cometidos por las fuerzas de seguridad togolesas. En su informe de diciembre de 1997, el relator especial expresó «su preocupación por las continuas denuncias de ejecuciones sumarias contra los militares y por la impunidad de que éstos gozan» (E/CN.4/1998/68/Add.1).

La ciudadanía togolesa está a merced del capricho de los militares y vive en un clima de terror a causa de la sempiterna presencia de las fuerzas armadas y de sus frecuentes intervenciones en la vida pública del país. Las violaciones de derechos humanos ni siquiera se denuncian oficialmente debido a la creciente falta de confianza en el sistema judicial y al imperio del miedo impuesto por las fuerzas de seguridad. Ya en 1994, el Comité de Derechos Humanos había recomendado que el gobierno adoptara las medidas necesarias para garantizar la independencia y el normal funcionamiento del sistema judicial. Los pocos jueces que se han quejado de las injerencias políticas en el sistema judicial no se atreven a hacerlo en público. Aunque otros sectores de la socidad –médicos, abogados, estudiantes– son muy críticos con respecto al deficiente historial de derechos humanos del gobierno, prefieren no llamar la atención por temor a represalias violentas. A las organizaciones defensoras de los derechos humanos les resulta imposible investigar de forma satisfactoria las violaciones de derechos fundamentales, y con frecuencia son objeto de amenazas y diversas formas de intimidación.

En primera línea del movimiento para levantar el Estado de derecho durante esta década, periodistas de la prensa independiente y otros defensores de derechos humanos togoleses han desempeñado un importante papel allí donde se han violado derechos humanos fundamentales en su país. Sin estos hombres y mujeres, numerosas violaciones de derechos humanos se habrían olvidado gracias a la impunidad que reina en Togo. Es el valor de sus acciones lo que los convierte en objetivos preferidos de las represalias del gobierno. Recientemente, tras la publicación del último informe de Amnistía Internacional en mayo de 1999, Togo: State of terror, las autoridades togolesas atacaron a varios defensores de derechos humanos sospechosos de suministrar información a la organización. Algunos de ellos, incluidos miembros de Amnistía Internacional, fueron encarcelados y uno ha sido sometido a malos tratos y torturas.

El gobierno describió el documento como «una trama de declaraciones falaces, denuncias falsas y prejuicios inspirados por la mala fe de sus autores», y ha amenazado con llevar a los tribunales a la organización, a la que acusa de «servir intereses políticos».

Con la publicación de esta recopilación, Amnistía Internacional desea recordar al gobierno togolés y a la comunidad internacional que las verdaderas víctimas de Togo no son las autoridades del país, que amenazan con iniciar procedimientos judiciales contra Amnistía Internacional. Las víctimas de Togo son hombres y mujeres a quienes, durante tres décadas, se les ha arrestado, torturado, quitado la vida, masacrado o hecho «desaparecer». Las víctimas en Togo son todas las familas que piden en vano que se dé a conocer la verdad, que se lleven a cabo investigaciones y procedimientos judiciales, que por fin se haga justicia. Es en nombre de estas víctimas por quienes Amnistía Internacional está decidida a proseguir su lucha en defensa de los derechos humanos en Togo.

Lista de documentos que se incluyen en esta recopilación:

Togo: Political Imprisonment and torture

Índice AI: AFR 57/08/86, publicado en mayo de 1986

(Togo: Emprisonnement politique et torture

Índice AI: AFR 57/08/86/F)

Togo: Impunity for human rights violators at a time of reform

Índice AI: AFR 57/01/92, publicado en abril de 1992

(Togo: L'heure des réformes, impunité pour les auteurs de violations des droits de l'homme

Índice AI: AFR 57/01/92/F)

Togo: Impunity for killings by the military

Índice AI: AFR 57/13/93, publicado en octubre de 1993

(Togo: Les forces armées tuent impunément