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ÍNDICE AI: AFR 57/25/99/s

Documento público

París, 20 de julio de 1999

FECHA DE EMBARGO PARA LA TRANSMISIÓN: 10:00 HORAS GMT DEL 20 DE JULIO DE 1999

TOGO: LLEGÓ LA HORA DE RENDIR CUENTAS

Declaración pronunciada en conferencia de prensa por Pierre Sané,

secretario general de Amnistía Internacional

Damas y caballeros, buenos días y bienvenidos.

Amnistía Internacional ha decidido hoy intensificar su campaña contra la impunidad en Togo, y ha enviado a la comunidad internacional el siguiente llamamiento:

TOGO: LLEGÓ LA HORA DE RENDIR CUENTAS

Hace siete años, el 23 de julio de 1992, Tavio Amorin, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Libertades del Alto Consejo de la República (Commission des affaires politiques des droits de l'homme et des libertés du Haut Conseil de la République) fue alcanzado por disparos en las calles de Lomé. Dos días después fue evacuado en estado crítico a París, donde murió el 29 de julio, a los 34 años, dejando tras de sí una viuda y un hijo de un año.

En París, el gobierno francés condenó el homicidio de Tavio Amorin, y expresó el deseo de que los responsables fueran encontrados y comparecieran ante los tribunales.

Hoy, siete años después, ninguno de los responsables de la muerte de este hombre ha sido detenido, y la familia de Tavio Amorin aún aguarda a que se haga justicia. Por eso, he enviado una carta abierta al presidente de Francia, Jacques Chirac, que estará en Lomé el 23 de julio. Esa carta resume las violaciones de derechos humanos cometidas en Togo a lo largo de los últimos diez años, violaciones que se han visto fomentadas por la impunidad reinante.

De hecho, hasta la fecha, ningún miembro de las fuerzas armadas de Togo ha comparecido ante la justicia para responder de ninguna de las siguientes violaciones:

∙ 10 de abril de 1991 - Matanza de la laguna de Bé: el ejército mató a veintiocho manifestantes.

∙ 8 de octubre de 1991 - Atentado contra las oficinas del primer ministro, Joseph Koffigoh: las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente a cinco miembros del ejército.

∙ 5 de mayo de 1992 - Atentado contra Gilchrist Olympio: el ejército mató a cuatro personas.

∙ 19 de enero de 1993 - Marcha por la paz en Lomé: el ejército mató a más de veinte personas.

∙ 25 de marzo de 1993 - Tras un ataque contra el Regimiento Conjunto Togolés (Régiment interarmes togolais), el ejército ejecutó extrajudicialmente a no menos de veinte personas.

∙ 27 de agosto de 1993 - Al día siguiente de las elecciones presidenciales, veintiuna de las cuarenta personas detenidas la noche anterior en Agbandi murieron bajo custodia en la gendarmería de Blitta.

∙ 6 de enero de 1994 - El ejército ejecutó extrajudicialmente a 48 presos (36 civiles y 12 militares) en el cuartel del Regimiento Conjunto Togolés.

∙ 13 de febrero de 1994 - El ejército secuestró y mató al parlamentario Gaston Edeh, así como a dos miembros del Comité de Acción para la Renovación (Comité d’action pour le renouveau).

Durante los años siguientes, y sumándose a estas matanzas, se produjeron varios asesinatos contra personas concretas —Amnistía Internacional dispone de una lista de algunos de estos casos— y, más recientemente, durante el periodo electoral de 1998, se cometieron cientos de ejecuciones extrajudiciales.

Hasta el momento las autoridades togolesas no han hecho que ninguno de los responsables de estos hechos haya comparecido ante la justicia. Nadie ha sido castigado por ninguno de estos delitos, ni por cometer «desapariciones», detenciones arbitrarias o torturas.

Ahora decimos que ya ha llegado la hora de que los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en Togo comparezcan ante la justicia.

Por ello, he aquí el primero de nuestros llamamientos. Va dirigido al presidente Jacques Chirac.

El presidente francés debe pedir que tanto los individuos que ordenaron el homicidio de Tavio Amorin como los que lo llevaron a cabo sean procesados, y que las autoridades togolesas inviten a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas a viajar a Togo para investigar las violaciones de derechos humanos. Asimismo, el presidente francés debe instar al gobierno de Togo a que ponga fin a las represalias y los hostigamientos contra los defensores de los derechos humanos.

De hecho, desde que se publicó el informe de Amnistía Internacional Togo: rule of terror, algunos miembros de Amnistía Internacional han sido detenidos y torturados.

∙ El 19 de mayo, cuando regresaba a Nigeria desde Ghana, Ameen Ayodele, miembro de la Sección Nigeriana de Amnistía Internacional, fue detenido en la frontera togolesa y permaneció más de una semana recluido en una pequeña celda, sin comida ni ropa. Ayodele sufrió torturas y palizas a diario hasta que fue puesto en libertad sin cargos, nueve días después.

∙ Antes, el 14 de mayo, Koffi Nadjombe, profesor de filosofía y miembro de Amnistía Internacional en Togo, fue detenido junto con su esposa Micheline. Ésta fue puesta en libertad varias horas después, pero su esposo permaneció recluido más de un mes en la prisión civil.

∙ Tres miembros de la Asociación Togolesa para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos (Association togolaise pour le promotion et la défense des droits humains) fueron asimismo detenidos cuando se publicó el informe de AI. Nestor Apéda Tengue, François Koko Gaybor y Brice Sant’ana fueron acusados formalmente de «acusaciones falsas y difamación» y estuvieron más de un mes en prisión.

∙ El 26 de mayo, Arsène Bolouvi y Benjamin Adjoh, miembros de la sección togolesa de Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura, estuvieron a punto de ser detenidos y se vieron obligados a buscar refugio fuera del país.

∙ Por último, como parte de su estrategia de intimidación a los defensores de los derechos humanos, el gobierno togolés prometió que iniciaría actuaciones judiciales contra el secretario general de AI y propuso que se dictase una orden internacional de detención.

Esto confirma, si es que hiciera falta confirmación alguna, la situación de corrupción absoluta en que está sumido Togo. En lugar de hacer que comparezcan ante la justicia los responsables de actos sistemáticos de tortura y de «desapariciones» y los autores de cientos de homicidios extrajudiciales —incluidos los centenares de homicidios cometidos durante el periodo electoral de 1998—, el gobierno ataca a organizaciones cuyo único objetivo es que en Togo impere la ley, en un marco en el que el Estado respete los derechos de todos los ciudadanos togoleses y cumpla sus obligaciones internacionales.

Sin embargo, no hay indicios de que esta situación, que somos los primeros interesados en contemplar, exista aún en Togo.

No es de prever que termine la impunidad, y por eso hacemos hoy nuestro llamamiento a la comunidad internacional.

Nuestro segundo llamamiento tiene como objeto pedir a todos los países que han ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura que lleven ante los tribunales a los miembros del régimen togolés sospechosos de haber cometido torturas y «desapariciones» que se encuentren en su territorio.

Durante los últimos doce meses, la comunidad internacional ha demostrado que está decidida a poner fin a la impunidad; se ha adoptado el estatuto de la Corte Penal Internacional, el general chileno retirado Augusto Pinochet ha sido detenido en Gran Bretaña a petición del poder judicial español, y el dirigente serbio Slobodan Milosevic ha sido acusado de crímenes contra la humanidad.

Incluso aquí en Francia, el 3 de julio de 1999, las autoridades judiciales decidieron procesar al oficial del ejército mauritano Ely Ould Dha por actos de tortura cometidos en 1990 y 1991 contra dos ciudadanos mauritanos en Mauritania.

En lo que se refiere a Togo, ha llegado también el momento de que las autoridades responsables de crímenes atroces (crímenes que han sacado a la luz pública Amnistía Internacional y otras organizaciones) sean procesadas fuera de su país, ya que el sistema judicial de Togo está totalmente corrupto.

Ésta es una tarea urgente que todos debemos llevar a cabo, para que finalmente los familiares de las víctimas de Togo, entre los que se encuentran los de Tavio Amorin, conozcan la verdad y contemplen cómo se hace justicia.

Sin embargo, para que esto pueda ser así, el pueblo togolés debe estar dispuesto a comprometerse.

Ésta es la esencia de nuestro tercer llamamiento, dirigido a los propios togoleses que se han visto obligados a vivir en el exilio y que han sufrido violaciones de derechos humanos tan graves como la tortura.

En Francia, Alemania, Bélgica, Suiza u otros lugares, los exiliados de Togo deben recopilar información sobre las violaciones que han sufrido, deben consultar con abogados y denunciar formalmente a las autoridades togolesas responsables de torturas.

Estos exiliados deben entregar a los jueces de los países en los que se encuentran toda la información que pueda servir para emprender acciones judiciales. De esta forma, uniendo todos nuestros esfuerzos, podremos poner fin al reinado del terror en Togo.

Damas y caballeros, el propio presidente de Togo, Gnassingbe Eyadema, declaró que 1999 sería el año de los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que estas palabras significan: «En Togo, ha llegado la hora de rendir cuentas».