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Índice AI: AFR 59/05/99/s

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Todas las piezas del rompecabezas: Se revelan las violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas gubernamentales en la guerra del norte de Uganda

KAMPALA — La violencia en que está inmersa la zona de conflicto armado del norte de Uganda no acabará hasta que las fuerzas del gobierno admitan y hagan frente a las violaciones de derechos humanos que ellas mismas cometen y que en gran medida han pasado desapercibidas, ha dicho Amnistía Internacional.

La organización ha documentado en los últimos tres años decenas de homicidios de civiles inermes —entre los que figuran víctimas infantiles—, decenas de violaciones y centenares de palizas a manos de las fuerzas gubernamentales. Aunque algunos soldados han sido detenidos por estos delitos, pocos han comparecido ante los tribunales, pues las deficiencias del sistema de justicia penal pospone casi indefinidamente los procesos contra soldados.

«La violencia extrema del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) ha permitido hasta este momento que pasara desapercibido el hecho de que el gobierno no logra impedir que sus propios soldados cometan violaciones graves de los derechos humanos», ha dicho Maina Kiai, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, en una conferencia de prensa en Kampala.

«Tenemos que tener todas las piezas del rompecabezas para comprender el círculo vicioso de violencia y restaurar el respeto a los derechos humanos en una zona que lleva 13 años desgarrándose en una guerra cruel.»

La organización presenta los resultados de su investigación en un informe que describe la dinámica de las violaciones de derechos humanos que se cometen en el norte de Uganda, donde controlar a la población civil es un objetivo estratégico tanto para las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (gobierno) como para el ERS (oposición). La población de la zona, convertida así en objetivo, queda expuesta a los abusos de ambas partes.

«Cada vez que un soldado o un representante del gobierno viola los derechos humanos con impunidad, se erosionan la confianza del pueblo en las autoridades y la posibilidad de construir una paz duradera», ha añadido el Sr. Kiai. «Instamos por lo tanto al presidente Yoweri Museveni a que dé máxima prioridad a la protección de los derechos humanos en el norte de Uganda.»

Amnistía Internacional publicó un informe en septiembre de 1977 en el que describía la intensa violencia del ERS contra la población civil y sus secuestros de niños para servir como soldados y esclavos sexuales. El informe ponía de relieve el papel del gobierno de Sudán en el suministro de armas y bases al ERS, lo que está permitiendo que el ERS continúe cometiendo abusos y secuestros semana tras semana.

A lo largo de los últimos tres años, cerca de cuatrocientas mil personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el norte de Uganda, pero aún no se vislumbra un fin para esta guerra. Los distritos de Gulu y de Kitgum han sufrido una destrucción económica total. En Gulu, cerca del 80 por ciento de la población rural vive en campos para personas desplazadas y depende de la ayuda humanitaria.

El desplazamiento interno es un tema especialmente contencioso para la población del norte de Uganda. Muchos han abandonado sus campos y granjas huyendo de los brutales ataques del ERS, mientras que otros han sido obligados a partir por los soldados del gobierno. Las autoridades insisten en que la población va en busca de seguridad, mientras que otras fuentes indican que lo que quiere el ejército es impedir que el ERS pueda aprovisionarse de alimentos. En algunos lugares, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda ha cometido violaciones de derechos humanos para forzar el éxodo de la población rural, incluso mediante bombardeos indiscriminados de pueblos cuando los residentes se resistían a partir.

Una vez en los campos, los desplazados se vuelven vulnerables a los abusos de soldados gubernamentales indisciplinados, que a veces los consideran posibles simpatizantes del ERS. Éste ha atacado campos de desplazados para secuestrar a niños y robar alimentos. Incluso ha ampliado sus operaciones a distritos donde la población no vive en campos de desplazados y ha podido por lo tanto cultivar la tierra. Cuando se crearon campos de desplazados en el distrito de Gulu, el ERS pasó a dirigir sus abusos contra otras comunidades.

Enfrentados a carestías de alimentos en los campos y no pareciendo apreciar el grado de seguridad que éstos ofrecen, algunas personas han regresado a sus hogares a cultivar la tierra o para buscar afanosamente alimentos. Tanto las patrullas de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda como el ERS han matado a tiros a personas desplazadas que estaban viviendo en zonas supuestamente evacuadas. En diciembre de 1998, soldados de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda dispararon contra Korina Atuk, matándola, mientras cultivaba su campo en el suroeste de Gulu.

Las violaciones de derechos humanos se producen en un contexto bélico. En marzo de 1998, treinta niños que habían sido secuestrados por el ERS fueron abatidos a tiros por soldados del gobierno en Ogole, Kitgum. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda abrieron fuego desde diez metros de distancia. Los niños se encontraban atados en grupo y muchos se enredaron cuando llenos de pavor trataron de darse a la fuga. No ha habido investigación: el ejército simplemente ha negado que se hubiese dado muerte a niños.

El derecho internacional humanitario permite el desplazamiento de civiles cuando su seguridad o razones militares imperiosas así lo exigen. Pero también obliga a las autoridades a reducir al mínimo el desplazamiento, a ponerle fin lo antes posible y a proporcionar a los desplazados el alimento, vivienda, agua y seguridad necesarios. Cuanto más se prolonga el desplazamiento sin que se cumplan adecuadamente estas condiciones, como ocurre en el norte de Uganda, tanto más difícil es aceptarlo como legítimo. No hay duda alguna de que el uso de la violencia como forma de control de la población no es nunca legítimo.

«El desplazamiento interno es un tema complejo», ha dicho el Sr. Kiai. «Consideramos que las autoridades tienen que incrementar la protección que ofrecen a los civiles contra todo tipo de violencia, y mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas. Pero ponemos en duda que impedir que la población decida por sí misma si quiere abandonar su hogar o no sea lo más acertado en estos momentos.»

Los defectos institucionales que padece la administración de justicia permiten que los soldados cometan violaciones de derechos humanos con impunidad. La policía es incapaz de llevar a cabo investigaciones efectivas y ha permitido el desarrollo de “la paliza” como método de interrogatorio. No hay un fiscal permanente, puesto clave para procesar los casos criminales graves. El ejército culpa a la policía y a los tribunales, pero no puede hacerse el inocente: aunque el ejército lo niega, los soldados acusados de delitos graves que son puestos en libertad bajo fianza, han resumido el servicio activo.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Uganda que desafíe las barreras que impiden la protección efectiva de los derechos humanos. La organización propone, entre otras medidas, que se establezca una fuerza especial que investigue las alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías en Gulu y Kitgum; que se examine si los campos de desplazados son el mejor método de proteger a los civiles en el norte del país; y que se realice una investigación pública que confronte el legado de abusos contra los derechos humanos. La organización también ha pedido a las autoridades que permitan que la Comisión de Derechos Humanos de Uganda abra una oficina de investigación en Gulu.

Si desean más información, pónganse en contacto con la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional en Londres: (+44) 171 413 5729/5566 o con la Oficina Regional de Amnistía Intercional en Kampala: (+256) 41 222951/286232