[No difundir hasta el 25 de enero de 2007]Público

Amnistía Internacional

República Democrática del Congo

El proceso de desarme, desmovilización

y reintegración (DDR) y la reforma del ejército

Enero de 2007

Resumen

Índice AI: AFR 62/001/2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR620012007

Este informe revela preocupantes cuestiones de derechos humanos surgidas de un estudio del proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y de reforma del ejército emprendido en las provincias de Ituri, Katanga y Kivu Septentrional y Meridional, y otros lugares de la República Democrática del Congo (RDC). Explica en detalle los temores de Amnistía Internacional relacionados con el impacto de un proceso deficiente o fallido de DDR y de reforma militar en los derechos humanos, el modo en que se está llevando a cabo la reforma, la calidad de los soldados reintegrados y la conducta de éstos tras su despliegue.

El informe es el resultado del trabajo de investigación realizado por Amnistía Internacional en la mayoría de las zonas en las que se llevan a cabo el programa de reforma y las operaciones de DDR, incluidas las provincias de Kivu Septentrional y Meridional y Katanga, y el distrito de Ituri. También se apoya en información recabada por la organización en Katanga, Kasai y otras zonas del este del país, tales como el Alto y Bajo Ouelé. El informe hace recomendaciones concretas a los principales agentes del proceso, incluidos el gobierno congoleño, los grupos armados, la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) y las organizaciones intergubernamentales que participan en el mantenimiento de la paz en la RDC.

Este texto resume el documento titulado República Democrática del Congo: El proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y la reforma del ejército (Índice AI: AFR 62/001/2007), publicado por Amnistía Internacional el 25 de enero del 2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

[FECHA DE EMBARGO: 25 de enero de 2007] Público

Amnistía Internacional

República Democrática del Congo

El proceso de desarme, desmovilización

y reintegración (DDR) y la reforma del ejército

íNDICE

INTRODUCCIÓN 1

CONTEXTO: DESARMAR PARA REFORMAR – EL VÍNCULO INSEPARABLE ENTRE EL PROCESO DE DDR Y LA REFORMA DEL EJÉRCITO 3

I EL PROCESO DE DDR – PRELUDIO INDISPENSABLE DE LA REFORMA DEL EJÉRCITO 4

II DESARME Y REINTEGRACIÓN COMUNITARIA (DRC) EN ITURI: PRECURSOR DE LA OPERACIÓN NACIONAL DE DDR 5

A. Un deseo irresistible de desarmarse, pese a la violencia y la intimidación 7

B. La frustración de los combatientes desmovilizados: Una amenaza para el programa de DDR y la reforma del ejército 8

C. Ambigüedad política y persistencia de la impunidad 9

D. El balance del Programa de DRC: Lecciones que no se aprendieron 10

III PERSISTE LA RESISTENCIA DE LOS GRUPOS ARMADOS AL PROCESO DE DDR Y A LA REFORMA DEL EJÉRCITO 11

A. Los grupos armados de Ituri 11

B. Los mayi-mayi 12

C. Las armas, en circulación en Ituri y en todo el país 14

IV. UN PROCESO DE INTEGRACIÓN AMENAZADO, UNA REFORMA INCIERTA 15

A. El contexto 15

B. Crisis de confianza y oposición a la reforma: El caso de la RCD-Goma 16

C. Desconfianza en el programa de integración del ejército: Un obstáculo que hay que vencer 18

V UN PROCESO DE INTEGRACIÓN MILITAR VICIADO 20

A. El papel de la SMI 20

B. El "núcleo común", el plan de emergencia y la perversión de la reforma 20

C. La selección de candidatos, un proceso desacreditado 23

D. Un balance del proceso de integración 25

VI. UN EJÉRCITO EN EL REINA LA CORRUPCIÓN PERO NO EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS 27

A Corrupción endémica y soldados mal remunerados 27

B. Despliegue conjunto de las FARDC y la MONUC 29

C. La formación en derechos humanos: Una necesidad imperiosa 29

D. Violación de los derechos humanos por las FARDC 30

VII. LA ESPINOSA CUESTIÓN DE LA GUARDIA REPUBLICANA 32

CONCLUSIÓN 34

RECOMENDACIONES 35

A. Al gobierno de la RDC 35

B. A los grupos armados presentes y operativos en la parte oriental de la RDC 37

C. A la MONUC 37

D. A la comunidad internacional y regional 38

Diagrama simbiótico de los procesos de DDR y de reforma del ejército.

Este diagrama muestra la interdependencia del proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y del proceso de reforma del ejército. El éxito de uno depende del éxito del otro, especialmente en lo referente a las actividades que forman parte del tronc commun o "núcleo común": sensibilización, reagrupación, desarme e identificación/orientación. Las fases del proceso de integración del ejército están subrayadas;las fases del proceso de DDR están en cursiva, y las actividades del "núcleo común" en negrita.La aplicación del plan de emergencia ha puesto en grave peligro a éstas últimas. (© AI)

SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN ESTE INFORME

CONADER Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion (CONADER)

Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración

DRC désarmement et réinsertion communautaire (programme DDR en Ituri)

desarme y reintegración comunitaria (programa de DDR en Ituri)

DDR desarme, desmovilización y reintegración

FAC Forces armées congolaises

Fuerzas Armadas Congoleñas (antiguo ejército gubernamental)

FAPC Forces armées du peuple congolais

Fuerzas Armadas del Pueblo Congoleño

FARDC Forces armées de la République démocratique du Congo

Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo

FLC Front pour la libération du Congo

Frente para la Liberación del Congo

FNI Front des nationalistes intégrationnistes

Frente de Nacionalistas Integracionistas

FPDC Front populaire pour la démocratie au Congo

Frente Popular para la Democracia en el Congo

FRPI Front de résistance patriotique de l’Ituri

Frente de Resistencia Patriótica de Ituri

GR Garde républicaine

Guardia Republicana (el antiguo GSSP)

GSSP Groupe spécial de sécurité présidentielle

Grupo Especial de Seguridad Presidencial (que ahora se conoce como Guardia Republicana)

MLC Mouvement de libération du Congo

Movimiento de Liberación del Congo

MONUC Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo

Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo

MRC Mouvement révolutionnaire congolais

Movimiento Revolucionario Congoleño

PPRD Parti pour la reconstruction et le développement

Partido para la Reconstrucción y el Desarrollo

PUSIC Parti pourl’unité et la sauvegarde de l’intégrité du Congo

Partido para la Unidad y la Salvaguardia de la Integridad del Congo

RCD-Goma Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma

Unión Congoleña para la Democracia-Goma

RCD-ML Rassemblement congolais pour la démocratie-Mouvement de libération

Unión Congoleña para la Democracia-Movimiento de Liberación

SMI Structure Militaire d’Intégration

Estructura Militar de Integración

UDPS Union pour la démocratie et le progrès social

Unión por la Democracia y el Progreso Social

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UPC Union des patriotes congolais

Unión de Patriotas Congoleños

República Democrática del Congo

El proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y la reforma del ejército

INTRODUCCIÓN

La guerra civil en la República Democrática del Congo (RDC) en la que participaron varios países de la región ha menguado en gran parte, si bien grandes extensiones del país, especialmente en su parte oriental, continúan sumidas en un estado de profunda inestabilidad e inseguridad. En diciembre del 2002, tras años de amargo conflicto, se firmó en Sudáfrica un Acuerdo de Paz Global y Total. Esto llevó al establecimiento, en junio del 2003, de un gobierno de transición integrado por representantes del antiguo gobierno y de varios grupos armados congoleños que habían participado en el conflicto. En el gobierno de transición recaía la responsabilidad(1) de unificar al país en preparación para la celebración de elecciones nacionales.(2)

En junio del 2003 se estimaba que había entre 300.000 y 330.000(3) combatientes en la RDC. Uno de los objetivos del acuerdo de paz era el desarme, desmovilización y reintegración (DDR) a la vida civil de aproximadamente unos 150.000(4) excombatientes y la integración de los restantes en un ejército nacional unificado: las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (Forces armées de la République démocratique du Congo,FARDC).

Sin embargo, el gobierno de transición ha estado plagado de antagonismos faccionarios y sufrido una serie de crisis políticas y militares. El avance hacia la unificación ha sido lento en casi todos los frentes, incluido el de la integración militar, y el país continúa en cierta medida dividido de factoen diferentes zonas de control militar y político.(5)

En los tres años de transición, del 2003 al 2006, y pese a la presencia de una reducida fuerza de la ONU para el mantenimiento de la paz (la MONUC),(6) el conflicto ha continuado y siguen cometiéndose abusos graves contra los derechos humanos. A principios del 2006 se estimaba que unos 3,9 millones de personas habían perecido desde 1998 como consecuencia directa e indirecta de este persistente conflicto.(7) Entre 1,4 y 1,66 millones de personas, en su mayor parte mujeres, niños y niñas, se encuentran desplazados dentro del país, a lo que hay que añadir 1,3 millones de "personas retornadas" que necesitan ayuda urgente.(8)

Los partidos políticos que integran el gobierno de transición han obstaculizado la implementación de reformas de gran importancia, y el legado bélico de rivalidades políticas, militares, étnicas y económicas(9) ha ido en serio menoscabo del gobierno de transición. El parlamento de transición ha promulgado leyes importantes como las de nacionalidad, medios de comunicación, inversión mercantil, y la ley electoral. Sin embargo, estas leyes han resultado a menudo difíciles de aplicar debido a la ineficiente estructura "1+4" del gobierno,(10) y al hecho de que sigue sin haber un control gubernamental efectivo en gran parte del territorio de la RDC.

La integración de las antiguas fuerzas combatientes en un ejército nacional unificado (las FARDC) con una cadena de mando única, uniforme y que tenga que rendir cuentas, es indispensable no sólo para la estabilidad de la RDC en el periodo posterior a las elecciones del 2006, sino también para la mejora de los derechos humanos. El programa de desmovilización y reforma del ejército se está realizando en un contexto caracterizado por graves violaciones de los derechos humanos, una aparente falta de voluntad política y un control inefectivo de las tropas.

La manera en que se está llevando a cabo la reforma del ejército es sintomática de una transición caótica y podría hacer peligrar todo el proceso político y la estabilidad futura del país. Se necesitan medidas urgentes para crear un marco que incorpore mecanismos eficaces de filtraje de candidatos a fin de que, cuando existen razones fundadas para creer que una persona ha cometido violaciones de los derechos humanos, se la excluya del ejército hasta que una investigación independiente e imparcial la declare libre de sospecha. La reforma del ejército debe, además, garantizar que se proporciona al personal de las FARDC formación en derechos humanos y en derecho internacional humanitario.

Si el programa de reforma del ejército fracasa, se corre el riesgo de que este país, ya destrozado por la guerra, entre en un nuevo ciclo de crisis políticas y militares que puede llevar a una escalada de la violencia y al deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos. Los enfrentamientos que se produjeron en Kinshasa en agosto del 200, entre la Guardia Republicana del presidente Joseph Kabila y una facción de las FARDC bajo el control del vicepresidente Jean-Pierre Bemba, tras conocerse los resultados provisionales de la primera ronda de las elecciones presidenciales, se cobraron la vida de 23 personas y demuestran claramente el carácter indisciplinado de las FARDC y con cuánta urgencia se necesita un programa de integración y reforma del ejército que sea eficaz y sostenible.

Este informe revela preocupantes cuestiones de derechos humanos surgidas de un estudio del programa de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y reforma del ejército emprendido en el distrito de Ituri, las provincias de Katanga y Kivu (Septentrional y Meridional), y otros lugares de la RDC. Explica en detalle los temores que abriga Amnistía Internacional en relación con el impacto de un proceso deficiente o fallido de DDR y de reforma militar en la situación de los derechos humanos, el modo en que se está llevando a cabo la reforma, la calidad de los soldados reintegrados y la conducta de éstos tras su despliegue.

El informe es el resultado del trabajo de investigación realizado por Amnistía Internacional en la mayoría de las zonas en las que se llevan a cabo el programa de reforma y las operaciones de DDR, incluidas las provincias de Kivu Septentrional y Meridional y de Katanga, y el distrito de Ituri. También se apoya en información recabada por la organización en Katanga, Kasai y otras zonas del este del país, tales como el Alto y Bajo Ouelé. El informe hace recomendaciones concretas a los principales agentes del proceso, incluidos el gobierno congoleño, los grupos armados, la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUC) y las organizaciones intergubernamentales que participan en el mantenimiento de la paz en este país.

CONTEXTO: DESARMAR PARA REFORMAR – EL VÍNCULO INSEPARABLE ENTRE EL PROCESO DE DDR Y LA REFORMA DEL EJÉRCITO

Desde que el país alcanzó la independencia de Bélgica en 1960, el ejército ha desempeñado siempre un papel predominante en la política congoleña. Desde los primeros momentos del último conflicto, en 1998, el país experimentó una militarización sin precedentes, un aumento en el contrabando de armas y una explosión de grupos armados, milicias y grupos paramilitares étnicos y a veces "comunitarios", y que, en casi todos los casos, incluían en sus filas a miles de menores.(11) La mayoría de los combatientes (entre 300.000 y 330.000 según las estimaciones) fueron reclutados durante las fases subsiguientes del conflicto. Huelga decir que, excepto en cuestión de manejo de armas, casi ninguno de ellos recibió formación alguna, mucho menos en derechos humanos y derecho internacional humanitario. En este sentido, "a menos que se los desmovilice o integre en el ejército nacional y se los entrene de nuevo, representan una amenaza permanente para la población civil".(12)

La reorganización de las fuerzas de defensa nacional y la creación de un ejército integrado y reformado, que respete los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, es uno de los objetivos prioritarios del periodo de posguerra. No hay duda de que esta reforma es más que una simple actividad militar: forma parte de una serie de prerrequisitos para lograr paz y estabilidad en la RDC y constituye el punto central de la agenda de derechos humanos. La observancia institucional e individual de los derechos humanos no puede lograrse sin implementar un programa nacional de desarme y desmovilización que ofrezca una oportunidad real de reintegración social a los excombatientes de la RDC.

Apoyándose en las disposiciones del Acuerdo de Paz Global y Total, la Resolución 1522 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1522(13) afirma que "la reforma del sector de seguridad, que incluye el desarme, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes a la comunidad, la reestructuración y la integración efectivas de las fuerzas armadas de las antiguas partes beligerantes congoleñas y el establecimiento de una policía nacional integrada, son elementos fundamentales para el éxito del proceso de transición en la República Democrática del Congo".(14)

Dentro del marco de reconstrucción en periodo de posguerra que con frecuencia es de difícil gestión, el proceso de DDR y la formación de un nuevo ejército son dos objetivos fundamentales estrechamente relacionados entre sí. Aunque el proceso de DDR es un proyecto esencialmente civil y la reforma del ejército una iniciativa militar, existe sin embargo un nexo fundamental entre el éxito de ambos. Este nexo inherente está reconocido en los documentos nacionales y planes operativos para los programas de DDR y de reforma del ejército, que establecen un "núcleo común" para los dos programas. El proceso común requiere que todos los combatientes –vayan a ingresar en el programa de DDR o a ser reclutados en el nuevo ejército–, sigan procedimientos idénticos, que incluyen sensibilización, desarme, identificación y orientación.

El 12 de noviembre del 2004 entró en vigor una nueva ley para regular y organizar al ejército unificado (las FARDC). El artículo 45 de laLey de Organización General de la Defensa y las Fuerzas Armadas (Loi portant organisation générale de la défense et des forces armées), reconocía las entidades militares nacionales clave que debían participar en el proceso de integración en las FARDC. Estas entidades incluían a las Fuerzas Armadas Congoleñas (Forces armées congolaises, FAC), el antiguo ejército gubernamental; a los grupos armados Unión Congoleña para la Democracia-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma,RCD), Movimiento de Liberación del Congo (Mouvement de Libération du Congo, MLC), Unión Congoleña para la Democracia/Movimiento de Liberación (Rassemblement congolais pour la démocratie/Mouvement de libération,RCD-ML), Unión Congoleña para la Democracia/Nacional (Rassemblement congolais pour la démocratie/National), y a los combatientes mayi-mayi "Resistencia Patriótica". También incluían a las antiguas Fuerzas Armadas Zaireñas (ex-Forces armées zairoises, ex-FAZ), el ejército gubernamental del ex presidente Mobutu, a los "Tigres" (les Tigres) y a otros grupos militares y paramilitares determinados por el gobierno. Estos últimos incluían a los grupos armados de Ituri y los grupos armados mayi-mayi que operan en la provincia de Katanga.

I EL PROCESO DE DDR – PRELUDIO INDISPENSABLE DE LA REFORMA DEL EJÉRCITO

El proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) es un proceso complejo y a largo plazo. Según el Programa Nacional de DDR de la República Democrática del Congo, el proceso propiamente dicho ha de ir precedido de una fase de sensibilización, seguida de etapas de reagrupacióny de identificaciónde los combatientes que llevarán a su integración en el ejército unificado o a su reintegración a la vida civil.(15) También requiere que todos los combatientes, incluidas las antiguas fuerzas gubernamentales, participen en las actividades del "núcleo común". Descritos por muchos expertos en DDR –entre ellos los expertos militares de la cooperación belga, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el personal de la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (CONADER)–,(16) como la operación más compleja dada su envergadura y las limitaciones del país, los programas nacionales de DDR y de reforma del ejército no se iniciaron en la fecha prevista y se han visto continuamente plagados de graves dificultades. Los donantes prometieron aportar 200 millones de dólares estadounidenses para el componente civil del programa de DDR. Estos 200 millones eran una contribución conjunta del Banco Mundial (50 por ciento) y la comunidad de donantes (50 por ciento) dentro del marco del Programa Multinacional de Desmovilización y Reintegración (PMDR).(17) Según parece, esta suma ya se ha agotado.(18)

En diciembre del 2003, un decreto presidencial(19) proporcionó el marco legal para las actividades de DDR en la RDC, y se estableció la CONADER, una comisión gubernamental, para dirigir el programa de DDR tanto para los combatientes menores de edad como para los combatientes adultos. La CONADER es pues el organismo nacional oficial encargado del componente de DDR del programa de reforma. Está presente en todas las provincias del país. Además del componente civil (desmovilización y reintegración), también está a cargo, junto con la Estructura Militar de Integración o SMI (Structure militaire d’intégration), de la gestión de las actividades del"núcleo común".(20)

Otras instituciones del gobierno encargadas de la implementación del programa de DDR también fueron establecidas por decreto presidencial: el Comité Interministerial encargado de la concepción y de la orientación en materia de desarme, desmovilización y reintegración (Comité interministériel chargé de la conception et de l’orientation en matière de désarmement, démobilisation et réinsertion),responsable de la coordinación y gestión del programa a nivel ministerial, y el Comité de Gestión de los Fondos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (Comité de gestion des fonds de désarmement, démobilisation et réinsertion, CGFDR), responsable de la gestión económica y las adquisiciones.

Se han producido graves problemas de coordinación a nivel gubernamental y de la jefatura central de la CONADER en Kinshasa. Desde los primeros momentos ha habido una falta de claridad entre las tres instituciones gubernamentales que dirigen el proceso de DDR –el Comité Interministerial, el CGFDR y la CONADER–, lo cual "ha creado competencia y conflicto, particularmente entre la CONADER y el CGFDR, y ha sido causa de retrasos, especialmente en el proceso de adquisición, y por consiguiente en el calendario de implementación del programa".(21) Otros problemas similares persistieron incluso después de que se clausurara el CGFDR en mayo del 2005 para intentar remediar la situación.

II DESARME Y REINTEGRACIÓN COMUNITARIA (DRC) EN ITURI: PRECURSOR DE LA OPERACIÓN NACIONAL DE DDR

El distrito nororiental de Ituri, sintomático de la situación existente en toda la República Democrática del Congo, es una región devastada por la guerra. Sufrió numerosas oleadas de violencia interétnica que causaron la muerte de decenas de miles de civiles y forzaron a centenares de miles a abandonar sus hogares y a refugiarse en campos para "personas internamente desplazadas" que no les ofrecían ninguna seguridad. Los ataques de los grupos armados en Ituri se centraron frecuentemente en las comunidades étnicas "contrarias"; y hasta mujeres, niños y niñas fueron partícipes activos en la violencia. La proliferación de grupos armados étnicos o de base comunitaria en Ituri es el resultado del vacío de poder creado por el desmoronamiento de la autoridad estatal en la región desde el comienzo de la guerra. Se esperaba que el programa contribuiría a abordar estas cuestiones y a preparar el terreno para una operación de desmovilización en todo el país y para una reforma eficaz del ejército.

El programa de DDR en Ituri, conocido como Programa de Desarme y Reintegración Comunitaria (Programa de DRC, por sus siglas en francés:désarmement et réinsertion communautaire), se inició en septiembre del 2004 como una estrategia provisional antes de que el diseño del programa nacional de DDR se hubiera completado e implementado. Ituri fue el primer lugar del país en el que la CONADER –con el PNUD como principal organismo de implementación del Programa Multinacional de Desmovilización y Reintegración (PMDR)–(22) puso en marcha el proceso de desarme y desmovilización. Se escogió Ituri por ser ésta una de las regiones más afectadas por el conflicto y porque ninguno de los grupos armados que operaban en este distrito devastado por la guerra eran signatarios del Acuerdo de Paz Global y Total. Algunas enérgicas operaciones armadas de mantenimiento de la paz realizadas por la MONUC en Ituri en el 2004, a veces conjuntamente con las fuerzas gubernamentales de la RDC, sólo habían conseguido interrumpir parcialmente las actividades de los grupos armados y varias áreas del distrito permanecían firmemente bajo el control de los grupos armados.

Los principales objetivos del Programa de DRC en Ituri eran desmilitarizar el distrito, desarmar a los combatientes, frenar la proliferación de armas y pacificar la zona ("garantizar la descompresiónmilitar de la región").(23) El programa se proponía desarmar y reintegrar a la vida civil a la mayor parte de los 15.000 miembros de los grupos armados de Ituri. Los grupos armados a los que el programa iba dirigido incluían: el Frente de Nacionalistas Integracionistas (Front des nationalistes intégrationnistes, FNI), la Unión de Patriotas Congoleños (Union des patriotes congolais,UPC), el Partido para la Unidad y la Salvaguardia de la Integridad del Congo (Parti pour l’unité et la sauvegarde de l’intégrité du Congo,PUSIC), las Fuerzas Armadas del Pueblo Congoleño (Forces armées du peuple congolais, FAPC), el Frente Popular para la Democracia en el Congo (Front populaire pour la démocratie au Congo, FPDC) y el Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (Front de résistance patriotique de l’Ituri, FRPI). Sus líderes manifestaron a Amnistía Internacional que fueron presionados por el gobierno de transición y la MONUC para que firmaran un Acta de Compromiso (Acte d’engagement) para apoyar el programa de desarme.(24)

El Plan Operativo de DRC(25) contemplaba tres fases: sensibilización, desarme y reintegración a la comunidad. Se abrieron cinco Centros de Tránsito y de Orientación(26) (Centres de transit et d’orientation, CTO)para recibir a las personas que solicitaran la desmovilización. Los lugares escogidos para los CTO estaban todos ubicados en bastiones de los grupos armados participantes en el programa. La MONUC estaba a cargo de proporcionar seguridad a los CTO. Según el personal de la CONADER, se pretendía con esta estrategia facilitar el reclutamiento de las milicias en el programa. Sin embargo, estos centros se convirtieron en islotes de seguridad en un entorno de inseguridad generalizada.

A. Un deseo irresistible de desarmarse, pese a la violencia y la intimidación

Muchos altos mandos de los grupos armados, decididos a seguir manteniendo su poder y a salvaguardar sus intereses económicos, se mostraron hostiles al Programa de DRC. Amnistía Internacional, basándose en su trabajo de investigación, considera que la mayoría de los líderes de los grupos armados de Ituri, incluidas las FAPC, el FNI, el FRPI y la UPC, recurrieron, en distintos grados, al asesinato, a la intimidación y a otros abusos contra los derechos humanos, para impedir que sus miembros se apuntaran al programa. Los excombatientes entrevistados por Amnistía Internacional que se habían apuntado al Programa de DRC dijeron que varios compañeros de baja graduación que habían expresado públicamente su simpatía por el Programa de DRC habían sido asesinados y otros torturados por orden de sus comandantes. Muchos más sufrieron intimidaciones.

La facción de Bosco Taganda(27) de la UPC, por ejemplo, se opuso abiertamente al programa y continuó con su campaña de asesinatos, secuestros y otros abusos graves en los territorios de Irumu y Djugu.(28) El personal de las ONG y otras personas que trabajaban en el área de sensibilización del Programa de DRC, fueron hostigados, y algunos secuestrados y asesinados. Varios funcionarios de la CONADER también fueron tomados como rehenes y torturados por miembros de los grupos armados hostiles.

Un combatiente en servicio activo contó a Amnistía Internacional que, durante la noche del 15 al 16 de febrero del 2005, dos comandantes de las FAPC ordenaron que se asesinara a Roger Chaolin, combatiente de las FAPC del campamento Beaudouin en Mahagi. Según los informes, sus camaradas lo siguieron y le dieron muerte cuando se dirigía a un CTO. En este mismo campo se informa de que el coronel Masoki, que estaba a favor del programa, fue asesinado por sus camaradas por orden del comandante del sector. También se dio muerte deliberadamente a otro comandante de una compañía de las FAPC, Uruber, después de ser detenido en Kudikoka, 12 km al oeste de Mahagi, por un oficial de inteligencia de las FAPC. Uruber fue llevado al campo de Sii, donde, según se informa, ese mismo oficial de inteligencia le dio muerte. Según el testimonio del combatiente: "Después de sacarle los ojos, le dijo que huyera y le disparó por la espalda".(29)

Pese a este contexto preñado de malos auspicios, hubo una reacción masiva y espontánea en favor del programa por parte de los miembros ordinarios de los grupos armados. El componente de reintegración comunitaria del programa, que consiste en financiar pequeñas actividades de generación de ingresos y formación profesional para las personas desmovilizadas, atrajo a miles de combatientes, que expresaron el deseo de deponer las armas y reincorporarse a la vida civil. La fase de desarme voluntario del programa, completada oficialmente en junio del 2005, vio acudir a los CTO a 15.811 milicianos.(30) Esta cifra incluía a 4.525 menores. De los 15.811 combatientes, sólo 780 solicitaron la integración en el ejército, mientras que el resto optó por reintegrarse a la comunidad. De los combatientes adultos, casi 11.000 eligieron el retorno a la vida civil. Centenares más fueron desmovilizados por la fuerza en operaciones de la MONUC o en operaciones conjuntas de la MONUC y las FARDC.

Sin embargo, pese al relativo éxito de las fases de sensibilización y de desarme del Programa de DRC, la fase final –la reintegración comunitaria–, fue caótica y problemática.

B. La frustración de los combatientes desmovilizados: Una amenaza para el programa de DDR y la reforma del ejército

Uno de los principales objetivos del programa era el de calmar la situación militar en Ituri. Sin embargo, en marzo del 2006, casi un año después de acabada la fase de desarme voluntario, más de 10.000 excombatientes desmovilizados aguardaban aún el comienzo de los grandes programas de reintegración en Ituri, debido en gran medida a la mala coordinación y gestión del Programa de DRC.

Muchos combatientes desmovilizados fueron asignados a proyectos ComRec,(31) destinados a emplear a los excombatientes en trabajos comunitarios intensivos a medio plazo mientras aguardaban que comenzaran las verdaderas actividades de generación de ingresos a largo plazo o la formación profesional que les permitiría reintegrarse con éxito a sus comunidades. Los combatientes desmovilizados entrevistados por Amnistía Internacional se quejaron de que los ingresos que percibían de esos proyectos no bastaban para cubrir sus necesidades ni las de sus familias. Algunos combatientes desmovilizados se quejaron de que no sabían cómo hacer los trabajos que les ofrecían en algunos casos.

El 14 de octubre del 2005, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la CONADER firmaron un acuerdo para un proyecto de reintegración económica de 11.200 combatientes desmovilizados de Ituri, por un valor de 6.436693 dólares estadounidenses. El proyecto, que continúa, incluye tres componentes del programa de reintegración: la reparación de la infraestructura, la formación para el empleo y las actividades de generación de ingresos. El filet de sécurité(la "red de seguridad") –el abono de una cantidad en efectivo para cubrir los gastos iniciales tras la desmovilización–, también empezó a pagarse con mucho retraso en Bunia y otras zonas de la RDC: más de 10 meses después de la desmovilización de la mayoría de los combatientes. El proceso de identificar socios locales para apoyar la reintegración también comenzó con 10 meses de retraso.

Al aumentar estos retrasos en la provisión de apoyo a la reintegración, los combatientes desmovilizados organizaron movimientos de protesta en todas las ciudades donde había un CTO. En Aveba, Mahagi, Kwandroma y Kasenyi, centenares de combatientes desmovilizados protestaron por la lentitud de los programas de reintegración. Las protestas más enérgicas se produjeron en Bunia y sus alrededores. El 21 de mayo del 2005, unos 50 milicianos desmovilizados, delegados por sus camaradas, se presentaron en la oficina de la CONADER en Bunia y denunciaron sin ambages la lentitud del componente de reintegración comunitaria del programa. Según los informes, algunos de ellos pidieron que les devolvieran sus armas afirmando que los coordinadores del programa los habían engañado. Amnistía Internacional entrevistó a 57 de estos milicianos desmovilizados,(32) los cuales expresaron casi unánimemente su insatisfacción y desilusión con la implementación del programa de reintegración. La queja de Peter Ucan, excombatiente del FNI desmovilizado en Aveba, que reproducimos seguidamente, es típica:

Esta gente nos ha engañado. Arriesgamos la vida para deponer las armas, porque nuestros jefes, que son los dueños de las armas, están furiosos con nosotros. A algunos de nuestros amigos los han matado porque se apuntaron al programa. No podemos vivir ya en nuestros pueblos porque hay gente que nos busca para matarnos. No podemos alimentar a nuestras familias, ni siquiera pagar el alquiler de la vivienda. La solución es que esa gente nos devuelva las armas. Si volvemos a tener armas, la gente nos respetará .(33)

La CONADER no acepta responsabilidad por los retrasos y problemas que han caracterizado la fase de reintegración del Programa de DRC. La Comisión afirma(34) que la gestión de los aspectos económicos del programa de reintegración era responsabilidad del PNUD, según consta en el Plan Operativo del Programa de DRC. El PNUD es un organismo de financiación de estructuras locales, y no se involucra por tanto en la implementación de proyectos. Sin embargo, ésa es la función que el gobierno de la RDC y los socios del Programa Multinacional (PMDR) le pidieron que desempeñara(35) en el Programa de DRC, con especial responsabilidad(36) por el aspecto de reintegración de los proyectos. Según el personal del PNUD hubo un cambio en la intervención que confirió al propio PNUD la responsabilidad de la implementación de los proyectos, y esto les causó enormes problemas para encontrar personal con la requerida experiencia y conocimientos técnicos. Afirman también que el PNUD tuvo muchas dificultades para organizar la infraestructura procedimental necesaria para facilitar el sistema de licitación, obtener los materiales necesarios, fijar estándares, encontrar socios locales y coordinar la financiación de proyectos. (37)

Según el personal del PNUD entrevistado por Amnistía Internacional en Bunia y Kinshasa, el PNUD asumió la gestión de proyectos debido a la limitada capacidad de las ONG locales para hacerse cargo de la gestión de los fondos asignados a estos proyectos. El personal también achacaba la culpa a la lentitud y complejidad de los procedimientos del sistema de Naciones Unidas para abonar fondos y a la ausencia de un sistema bancario eficaz en Ituri. Los funcionarios del PNUD añadieron que se vieron obligados a transportar grandes sumas de dinero en efectivo pese a los riesgos de seguridad que conllevaba y las consecuencias negativas en la gestión y cumplimiento de los proyectos de reintegración que aguardaban los excombatientes.

Algunos informes señalan que debido al fracaso de la CONADER en la provisión de proyectos de reintegración comunitaria para los combatientes desmovilizados, algunos de éstos se reincorporaron a los grupos armados que seguían mostrando hostilidad por el programa, entre ellos la UPC, el FRPI y, especialmente, el MRC.(38) Sin embargo, en junio del 2006, tras unas operaciones militares de las FARDC y la MONUC contra grupos milicianos hostiles como el MRC y el FNI, volvió a abrirse un nuevo CTO en Bunia para acoger a una nueva ola de milicianos.

C. Ambigüedad política y persistencia de la impunidad

Los problemas del Programa de DRC se vieron agravados por el hecho de que el gobierno de transición fue incapaz de mantener la paz y la estabilidad en la parte oriental del país y, también, por el discurso ambiguo y contradictorio empleado al comienzo del proceso. Por ejemplo, durante una visita realizada a Ituri en diciembre del 2004, el general Ondekane, a la sazón ministro de Defensa de la República, declaró que ciertos grupos armados de Ituri podrían ser integrados directamente en las FARDC sin inscribirse en los CTO como requería el plan operativo del programa. Así comenzaron a soslayarse todas las actividades de selección de candidatos en el proceso de formación del nuevo ejército, una cuestión que se examina más adelante en este informe.

En diciembre del 2004, el gobierno de transición designó a los comandantes más influyentes de Ituri para los altos mandos (generales y coroneles) del ejército nacional.(39) El gobierno de transición confiaba al parecer en que integrando a estos comandantes en las FARDC se ganaría su confianza y ellos alentarían a los miembros de sus grupos a apuntarse al Programa de DRC. Los nombramientos se efectuaron pese al hecho de que muchos de los comandantes de estos grupos armados eran presuntamente responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad u otros graves abusos contra los derechos humanos.(40) Estos nombramientos, no obstante, tuvieron muy poco impacto positivo en el proceso. Algunos de los líderes, como Bosco y Rafiki, no aceptaron la propuesta y continúan oponiéndose al proceso de DDR y a la reforma del ejército en Ituri.

D. El balance del Programa de DRC: Lecciones que no se aprendieron

El Programa de DRC de Ituri se puso en marcha antes de que se emprendiera el programa nacional de DDR por todo el país. Sin embargo, el gobierno de la República Democrática del Congo, la CONADER, la Estructura Militar de Integración (SMI) y la comunidad internacional hicieron caso omiso de las numerosas lecciones que se desprendían del Programa de DRC y, como consecuencia de ello, la operación de DRC en Ituri no ha aportado cimientos firmes para la reforma del ejército del país.

A pesar del contexto de gran inseguridad en el que se desarrolló, el Programa de DRC consiguió cumplir algunas de sus metas, como por ejemplo la desmovilización de un número predeterminado de combatientes y el desmantelamiento de los grupos armados étnicos. También logró un cierto grado de seguridad en gran parte del distrito, lo que permitió que se celebraran en relativa calma las elecciones presidenciales y legislativas de julio y octubre del 2006.

El programa, no obstante, se vio afectado por graves problemas, muchos de los cuales se debieron a una mala coordinación y gestión técnicas, logísticas y económicas por parte de la CONADER y el PNUD, especialmente lo referente a establecer actividades de reintegración y garantizar que se proporcionara el apoyo económico prometido a las personas desmovilizadas. Estas graves deficiencias han persistido en la implementación del programa nacional de DDR, de cuya gestión se encarga exclusivamente la CONADER.

El Programa de DRC tampoco consiguió frenar la proliferación de armas, y algunos grupos armados que operaban en la región continuaron resistiéndose y mostrándose hostiles a la desmovilización. Las dificultades de asegurar una reintegración sostenible de los excombatientes a la vida civil o la integración de ex-milicianos en las FARDC, siguen siendo una amenaza para el éxito del proceso.

Muchos combatientes desmovilizados, tanto en Ituri como en otras partes del país, han quedado profundamente decepcionados por la falta de oportunidades de reintegración. En lugar de promover la desmovilización de combatientes y su reintegración efectiva a la vida civil, el programa de DDR ha generado frustración. La ineficiencia del PNUD y la CONADER y los problemas que han tenido para gestionar de forma adecuada la reintegración en Ituri, empañan el programa nacional de DDR y son de mal agüero para su continuidad.

La situación en Ituri es ciertamente típica del proceso de DDR en toda la República Democrática del Congo. En su vigésimo primer informe sobre la MONUC, el secretario general de la ONU se hacía eco de esta preocupación e indicaba que, por todo el país, miles de excombatientes descontentos continuaban esperando los pagos atrasados en los CTO, planteando una amenaza persistente para la seguridad y la estabilidad de la República Democrática del Congo.(41)

El secretario general de la ONU hacía notar también las demoras en la aplicación del proceso de reintegración debidas a graves deficiencias en la gestión de la CONADER, incluida la presunta malversación de fondos.(42)

III PERSISTE LA RESISTENCIA DE LOS GRUPOS ARMADOS AL PROCESO DE DDR Y A LA REFORMA DEL EJÉRCITO

Tanto en Ituri como en otras partes del país, diversos grupos armados, que ven con recelo la reforma y están ansiosos por mantener sus fuentes de ingresos y de poder, han continuado desafiando la autoridad del gobierno. Estos grupos siguen siendo una amenaza grave para el éxito de los programas de DDR y de reforma del ejército.

A. Los grupos armados de Ituri

El Movimiento Revolucionario Congoleño (Mouvement révolutionnaire congolais, MRC) es un grupo armado de Ituri que se formó en Uganda en el 2005 y que inicialmente tenía su base principal en Aveba, Ituri. Según parece, reclutaba a sus miembros entre la comunidad de personas refugiadas en Uganda y también entre los miembros de grupos armados hostiles al Programa de DRC de Ituri. Las organizaciones locales de derechos humanos congoleñas y ugandesas estiman que el movimiento cuenta actualmente con unos 600 integrantes, liderados por antiguos oficiales del PUSIC, del FRPI, del FNI, de la UPC y de la RCD-ML.

Otro grupo armado de Ituri se resistió también al proceso de DDR en Ituri y se enfrentó con las FARDC y la MONUC. Estaba dirigido por Peter Karim y compuesto principalmente por miembros del Frente de Nacionalistas Integracionistas (Front des nationalistes intégrationnistes, FNI), y al principio tenía una estrecha relación con el MRC. Según informes de las ONG locales, tanto el MRC como el grupo de Peter Karim cometieron muchos abusos contra la población civil.

El 28 de mayo, un miembro nepalés de las fuerzas de mantenimiento de la paz resultó muerto y otros siete fueron tomados como rehenes tras un enfrentamiento armado entre las tropas de la MONUC y los hombres de Peter Karim. Tras intensas negociaciones se obtuvo su puesta en libertad.(43)

El 26 de julio del 2006, en Kambutso (Ituri), el MRC firmó un acuerdo de paz(44) con el gobierno de transición y se comprometió a desmovilizar a sus tropas a cambio de una "amnistía general" para los integrantes del grupo y del nombramiento de su líder, Mathieu Ngojolo, como coronel en las FARDC. Sin embargo, el coronel Kakolele, uno de los principales oficiales del grupo, no ha dado su apoyo al acuerdo. El 13 de julio del 2006, en Ddoy, Peter Karim llegó a un acuerdo de paz con el gobierno de transición. Se comprometió a que su grupo depondría las armas en condiciones similares a las acordadas con el MRC, incluido su nombramiento de coronel en las FARDC.(45) Estos acuerdos se alcanzaron apresuradamente, en cuestión de días tras la primera ronda de las elecciones presidenciales de julio del 2006, presuntamente para permitir la libre circulación de los ciudadanos a los centros electorales. Según los informes, sin embargo, pese a los acuerdos de paz estos grupos continuaron reclutando a más combatientes. Los nombramientos de Mathieu Ngojolo y de Peter Karim como coroneles de las FARDC fueron confirmados por el ministro de Defensa de la República Democrática del Congo, Adolphe Onusumba, en octubre del 2006. Aunque éste declaró a la prensa que "el objetivo de estos nombramientos es la consecución de la paz",(46) todavía está por ver si estos acuerdos pondrán fin a los abusos de los grupos armados en Ituri o si presagian una mejora significativa en la situación de los derechos humanos en la región.

B. Los mayi-mayi

Unos cuantos grupos radicales mayi-mayi no desean ser desmovilizados e integrados en un ejército unificado que incluye a la RCD-Goma, a la que describen como "servidora y a sueldo de Ruanda". Otra razón de su reticencia a apuntarse al proceso de desmovilización e integración es económica. La anarquía y el vacío de autoridad estatal que ha producido la guerra ha llevado a todos los grupos armados, incluidos los mayi-mayi, a adoptar una cultura de explotación económica. La mayoría de estos grupos armados se benefician de la extracción de recursos naturales y de la extorsión de la población civil.

Dos facciones importantes de los mayi-mayi se oponen particularmente al proceso de DDR y de integración militar. Una es la de los mayi-mayi de Kivu, a la que se denomina los "Patriotes-Résistants" en los documentos del Acuerdo de Paz Global y Total. La segunda es la de los mayi-mayi de Katanga, que sigue enfrentada militar y abiertamente con las FARDC y es responsable de abusos masivos contra los derechos humanos.

Los mayi-mayi de Kivu

Desde 1998 hasta la fecha, los mayi-mayi de las provincias de Kivu (Septentrional y Meridional) se han organizado como nacionalistas frente a lo que llaman "la invasión ruandesa". El primer grupo mayi-mayi que acudió a integrarse y apuntarse al programa de reforma del ejército estaba dirigido por el general Padiri Karendo.(47) Nombrado comandante de la Novena Región Militar de la provincia Oriental y basado en Kisangani, controla una jurisdicción sumamente importante que incluye el turbulento distrito de Ituri. Sin embargo, el coronel Chiba, uno de sus lugartenientes durante el conflicto, sigue sin participar en el proceso de integración del ejército. Se estima que Chiba cuenta con más de 2.000 hombres bajo su mando, que no participan en el proceso de integración.(48) Otros jefes mayi-mayi, entre ellos el comandante Odylon Kurhenga Muzimu, líder de los "Mudundu 40" (un grupo que pese a ser mayi-mayi se alió con las fuerzas disidentes de la RCD-Goma de Jules Mutebusi y Laurent Nkunda), también sigue al parecer manteniendo su oposición a la reforma.(49) Otros mayi-mayi que se apuntaron al proceso de integración militar han huido también de los centros de tránsito e integración a causa de las miserables condiciones que imperan en ellos.

Los mayi-mayi de Katanga

Los mayi-mayi de Katanga no han firmado el Acuerdo de Paz Global y Total, y se niegan a someterse a la autoridad del gobierno de transición. Los mayi-mayi fueron principalmente reclutados y mantenidos por Laurent-Désiré Kabila cuando marchó contra Kinshasa en 1996, derrocó al presidente Mobutu y se declaró a sí mismo presidente. Subsiguientemente, en 1998, salieron reforzados en la crisis de poder entre Kabila y su antiguo aliado, el ejército ruandés. Con el paso de los años han adquirido en la provincia un estatus especial, ni oficial ni reconocido públicamente, pero protegido por el gobierno. Según fuentes confidenciales de la República Democrática del Congo, tras asumir Joseph Kabila la presidencia ha habido un ligero deterioro de relaciones, pero no ruptura.

El programa paralelo de DDR iniciado por el PAREC,(50) ONG religiosa dirigida por el pastor Mulunda, también ha contribuido, pese a sus buenos resultados, a hacer aún más confusa la situación de los mayi-mayi en Katanga y ha comprometido el trabajo de la CONADER en la región. La iniciativa, descrita como un programa de "armas por bicicletas", se ha interpretado como una maniobra política, fuera del marco del programa de DDR nacional pero apoyada y refrendada por el presidente de la República, presuntamente por razones electoralistas.(51)

Según los informes, los grupos mayi-mayi de Katanga han cometido graves abusos contra los derechos humanos de la población civil. Se oponen a la integración en el ejército nacional y han incrementado las atrocidades que cometen contra civiles.(52) Dos facciones mayi-mayi –dirigidas por Jean Pierre Chinja Chinja y Kyungu Muntanga Wa Bafunkwa Kanonga Kalunga Mbikavu, más conocido como "Gédéon"–, han sido presuntamente las responsables de las peores atrocidades cometidas en esta provincia.(53) Según los informes, en el curso de varios ataques perpetrados en Mitwaba entre agosto y octubre del 2005, los hombres de Gédéon incendiaron pueblos enteros, torturaron y asesinaron a civiles, violaron a mujeres y forzaron a decenas de miles de personas a huir para salvar la vida. Las tropas de las FARDC desplegadas para poner fin a los ataques de los mayi-mayi, también se dedicaron al pillaje y al saqueo.(54) El silencio que hasta hace poco han guardado las autoridades frente a los crímenes cometidos por los mayi-mayi y las fuerzas gubernamentales delata la debilidad militar de las FARDC e indica que existe una cultura de impunidad.(55) Aunque Chinja Chinja ha estado bajo custodia provisional desde julio del 2005 y Gédéon se rindió a las autoridades el 12 de mayo del 2006 con unos 200 de sus hombres –la mayoría de los cuales eran, según los informes, niños y niñas–, ninguno de los dos ha sido aún procesado.(56) Además, más de 5.000 de sus hombres continúan armados en la región y constituyen una amenaza para el proceso político y de desmovilización, integración y reforma del ejército. Desde noviembre del 2005, el gobierno de transición ha incrementado su presión sobre estos grupos con despliegues de tropas pero no ha sido capaz de desmantelarlos. Las brigadas de las FARDC también han sido acusadas de cometer graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil, como violaciones y ejecuciones extrajudiciales. Según las investigaciones de la División de Derechos Humanos de la MONUC en Mitwaba, norte de Katanga,(57) 97 civiles resultaron muertos o heridos o fueron tratados de forma inhumana desde principios del año 2005 hasta finales de marzo del 2006. Los funcionarios de la MONUC manifestaron haber hecho recomendaciones al ministro de Defensa, entre ellas la de reemplazar a la 63ª brigada con una brigada integrada de las FARDC y procesar a los presuntos perpetradores identificados. Sin embargo, la organización Refugee International ha señalado recientemente, tras una visita de investigación a la región realizada en agosto del 2006, que la situación ha mejorado.(58)

C. Las armas, en circulación en Ituri y en todo el país

Una de las deficiencias más graves del proceso de DDR tanto en Ituri como en el resto del país, ha sido la falta de verificación independiente del proceso de desarme: se cree que las unidades militares escondieron grandes cantidades de armas en las zonas rurales antes de acudir a los centros de reagrupación, como arsenal de reserva en caso de futura necesidad. Según un informe del Programa Multinacional de Desmovilización y Reintegración "del reducido número que inició el proceso, muchos llegaron sin armas. Y, además, había una ausencia total de armamento pesado".(59)

Durante la fase de desarme voluntario de las antiguas facciones armadas de Ituri, se recogieron miles de armas que fueron entregadas a la estructura militar de DDR. Estas armas incluían fusiles de combate, granadas y minas antipersonal. Sin embargo, según el decimoctavo informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación en el Congo, el 70 por ciento de las 6.200 armas recogidas eran defectuosas o inservibles.(60)

Según las informaciones, una cantidad alarmante de armas está todavía en circulación en la región, y los persistentes ataques de los grupos armados hostiles al proceso es sintomático de una región que continúa afligida por una militarización descontrolada e inquietante.(61) Floribert Njabu, líder del FNI, en una entrevista con Amnistía Internacional realizada antes de su detención, no sólo expresó sus dudas sobre los objetivos del programa de desarme, sino que también confirmó que las comunidades ngiti y lendu todavía tienen arsenales, presuntamente para su defensa, y que las armas defectuosas que cambian por dinero efectivo a la CONADER y a la MONUC representan sólo una pequeña parte de su arsenal.(62)

^{La RCD-Goma no ha entregado ninguna de sus armas de gran calibre y Kivu Septentrional sigue siendo el centro de una distribución de armas relativamente amplia a la población civil.}

Esta situación supone un gran obstáculo para la reforma del ejército nacional y ser causa de conflicto en el futuro. Amnistía Internacional teme por el proceso de DDR y la reforma del ejército si no se controla el flujo de armas en circulación y no se resuelven las reiteradas violaciones del embargo de armas.

IV. UN PROCESO DE INTEGRACIÓN AMENAZADO, UNA REFORMA INCIERTA

A. El contexto

Según estipula el Acuerdo de Paz Global y Total, el proceso de reforma del ejército de la República Democrática del Congo(63) es uno de los cinco objetivos principales de la transición política, crucial para la estabilidad política y para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Precisa de consenso político más que las otras reformas, y es un indicador esencial de éxito o fracaso en la tarea de poner fin al conflicto. Más que mera integración técnica y logística de los distintos partícipes en el conflicto, debe ser un proyecto a largo plazo, en el que todas las estructuras encargadas de implementarlo y prestarle apoyo sean irreprochables en cuestión de valores de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y profesionalismo.

Conforme al espíritu del programa de reforma del ejército, del Plan Operativo del Ministerio de Defensa y de la Ley de Organización General de la Defensa y las Fuerzas Armadas, la formación de un ejército integrado presupone el establecimiento de estructuras, el nombramiento de organizadores, la integración de tropas, la implementación del programa de desmovilización y una formación continua.(64) Antes de proceder a la integración de las tropas, el ministro de Defensa decidió primeramente integrar al Estado Mayor de las fuerzas armadas que firmaron el Acuerdo de Paz Global y Total.(65) Esto implicó la creación de una nueva estructura de Estado Mayor para el ejército y una estructura de mando para las diversas regiones militares; el establecimiento de la SMI (Structure militaire d’intégration, Estructura Militar de Integración), que se responsabilizaría de la reforma del nuevo ejército, y, finalmente,(66) la unificación del sistema de justicia militar.(67)

B. Crisis de confianza y oposición a la reforma: El caso de la RCD-Goma

1. La hostilidad del antiguo mando militar de la RCD-Goma

Si bien se ha conseguido un avance significativo en la creación de un entorno que en términos generales es conducente a la reforma del ejército, la forma en que se han alcanzado algunos de los objetivos expuestos plantea un problema grave para el éxito de la reforma en su conjunto.

Según expertos militares congoleños y extranjeros, el nombramiento de los comandantes en jefe de los diversos grupos armados para dirigir las regiones militares en las que los grupos armados estaban basados y controlaban, representa una amenaza para la política de reunificación e integración que es uno de los principales objetivos de la reforma del ejército. Por ejemplo, el centro de poder y bastión militar del ex grupo armado RCD-Goma era, y sigue siendo, la provincia de Kivu Septentrional, limítrofe con Ruanda. Esto, sin embargo, no impidió que la región militar de esta provincia tan delicada del este del país se confiara a un ex comandante de la RCD-Goma, lo que podría decirse que otorgó a las autoridades militares regionales de este grupo armado demasiada influencia sobre las operaciones de integración que se supone son responsabilidad de la SMI. Esta decisión fue ciertamente facilitada por la no disolución explícita y formal de las antiguas fuerzas beligerantes,(68) las cuales mantienen vínculos orgánicos con ciertos líderes de las antiguas facciones armadas. Este vínculo orgánico es, con toda probabilidad, la razón del mal funcionamiento en la cadena de mando de que adolece la reforma.

Aunque la RCD-Goma es uno de los socios del proceso político de transición y varios de los comandantes de su antiguo grupo armado forman hoy parte de las estructuras decisorias de las FARDC, algunos miembros del ex grupo armado no muestran al parecer ningún entusiasmo por la integración en el nuevo ejército. Algunos oficiales de la RCD-Goma no aceptaron el ofrecimiento de altos puestos de mando en las FARDC. En enero del 2005, el Estado Mayor de las FARDC puso al general Obed Rwibasira y a los coroneles Jules Mutebutsi y Ciro Nsimba al mando, respectivamente, de las regiones militares de Kivu Septentrional, Kivu Meridional y Bandundu, en sustitución de Laurent Nkunda, Elie Gichondo y Eric Ruhorimbere, a los que se habían ofrecido inicialmente estos puestos y los habían declinado. Desde entonces, el general Obed Rwibasira ha sido transferido a la Séptima Región Militar tras presuntas infracciones de la disciplina militar, y Jules Mutebutsi es un fugitivo de la justicia desde el motín de Bukavu(69) del 2004, el cual lideró junto con Laurent Nkunda, hoy expulsado(70) del ejército y contra el que se ha dictado orden de detención por crímenes de guerra y por indisciplina. Laurent Nkunda no ha sido aprehendido aún y lleva a cabo ataques esporádicos contra el gobierno de transición desde su base, en la región rural de Kivu Septentrional. Algunas brigadas no integradas de las FARDC compuestas principalmente de combatientes de la antigua RCD-Goma, han colaborado con Nkunda y participado en estos ataques. Esta disidencia, que muchos de los altos mandos del antiguo ejército de la RCD-Goma demuestran abiertamente, supone una verdadera amenaza para el proceso de integración, hasta el punto de incidir en la inscripción y participación efectiva de soldados de este grupo en el proceso de integración y de reforma.

Hay indicios de que la hostilidad que siente la RCD-Goma por el proceso no es superficial ni temporal. La RCD-Goma está dividida entre una facción dispuesta a respaldar la transición política del país y otra que se ha vuelto crecientemente hostil a ella. Este último elemento "de línea dura" ha demostrado que está dispuesto a recurrir a la fuerza militar. Animada por una desconfianza en el gobierno de Kinshasa profundamente arraigada y por los temores de que la comunidad banyarwanda(71) de la parte oriental del país pueda convertirse en objetivo de violencia étnica fomentada por Kinshasa, el ala de línea dura considera que a la RCD-Goma le conviene mantener un control militar firme de su último bastión en Kivu Septentrional. La hostilidad va mucho más allá de la mera conducta de unos pocos disidentes refractarios, e ilustra la desconfianza, por no decir la oposición total, de los líderes políticos de la RCD-Goma a la integración en el ejército y al proceso político en su conjunto. Como dijo a Amnistía Internacional uno de los fundadores de la RCD-Goma, "nos han quitado Kivu Meridional pero no les dejaremos hacer lo mismo con Kivu Septentrional porque eso sería nuestro suicidio político".(72)

2 Deserciones en masa y negativas a prestar juramento de lealtad

Además de en Ituri, las dificultades más inextricables para el programa de reforma del ejército se han producido en las dos provincias de Kivu, Septentrional y Meridional, y en partes de la zona norte de la provincia de Katanga. Estas áreas son los bastiones de la RCD-Goma y los mayi-mayi,(73) dos bandos armados enfrentados durante el conflicto y que todavía desconfían intensamente el uno del otro pese a los acuerdos de paz. Ambos se oponen, por distintas razones, a la reforma del ejército. La RCD-Goma aún acusa a los mayi-mayi de proximidad al gobierno de Kinshasa(74) y de colusión con las FDLR,(75) grupo armado insurgente ruandés en las dos provincias de Kivu. En el seno de la RCD-Goma hay, además, un elemento que parece decidido a mantener a algunos de sus combatientes bajo una cadena de mando separada, por si fracasa la transición política. Ya ha amenazado varias veces con retirarse del proceso de transición.

Durante el mes de septiembre del 2005, cuando se intensificaron los esfuerzos para hacer avanzar la integración del ejército en todos los centros destinados a este fin, especialmente en Luberizi (Kivu Meridional) y Mushaki (Kivu Septentrional), se produjeron sucesivas oleadas de deserciones en las filas de los ex ANC (Armée nationale congolaise, el Ejército Nacional Congolés), antiguo brazo armado de la RCD-Goma. Según las autoridades militares de la Octava Región Militar y por razones que siguen sin estar claras, centenares de soldados abandonaron los centros de integración militar en los que estaban destacados. Se produjeron por lo menos cinco casos de deserción en masa. Al término de dos operaciones de búsqueda, la MONUC localizó a más de un centenar de desertores, todos ellos miembros del ex ANC, y los devolvió al cuartel general de la Octava Región Militar, en Goma. En estas operaciones se recobraron también cientos de armas.(76) Algunos de los desertores dijeron haber sucumbido a la influencia de líderes del grupo radicalmente hostiles al proceso de unificación del ejército y próximos a Laurent Nkunda. Según la MONUC, "los propios soldados, es decir, la gran mayoría de las tropas que ‘desertaron’ (entre comillas), no sabían exactamente lo que estaban haciendo. Podríamos decir que hubo manipulación por parte de ciertos oficiales".(77) Según los observadores de las ONG locales de derechos humanos entrevistados por Amnistía Internacional, los elementos hostiles a la integración están desperdigados por los pueblos próximos a Shabunda, Walikale y Rutshuru, en las dos provincias de Kivu, donde cometen graves abusos contra los derechos humanos.

Durante la primera fase de integración y reciclaje, más de un millar de combatientes de la ex RCD-Goma desertaron del centro de integración de Mushaki, manipulados aparentemente por altos mandos de la RCD-Goma. Oficiales de alta graduación de la SMI y otro personal de los Centros de Integración y Reciclaje (Centres de brassage et recyclage, CBR) comunicaron a Amnistía Internacional que las deserciones y los actos de sabotaje se habían vuelto más frecuentes y daban cada vez más la impresión de formar parte de una estrategia bien definida para desbaratar la reforma del ejército. El 7 de enero del 2006, el convoy del comandante de la Quinta Brigada integrada de las FARDC, el coronel She Kasikila, previamente de los mayi-mayi, fue atacado en Rugari en la carretera entre Goma y Rutshuru, a menos de 35 km de Goma, la capital de Kivu Septentrional. Según los informes, cinco personas resultaron heridas en el ataque. Los atacantes fueron al parecer identificados como pertenecientes a una antigua brigada de la RCD-Goma basada en el territorio de Rutshuru, Kivu Septentrional, que se opone a ser integrada en las FARDC.(78)

C. Desconfianza en el programa de integración del ejército: Un obstáculo que hay que vencer

Más de 150 residentes de Ituri y Kivu entrevistados por Amnistía Internacional se mostraban pesimistas sobre el éxito a largo plazo del programa de integración y reforma del ejército y sobre el futuro de la situación de los derechos humanos en la región. Según parece, muchas personas de Kivu Septentrional y de Ituri, como es el caso en muchas otras partes del país, temen perder la protección de "su" fuerza militar local –la proveniente de sus propias ciudades y pueblos y con la que les unen fuertes lazos étnicos–, y verla posiblemente reemplazada por soldados de otro grupo étnico. Marie-Claire, una tendera hema de Iga Barrière, suburbio del norte de Bunia considerado un bastión de la UPC de Thomas Lubanga, dudaba de que el ejército fuera capaz de proteger a la población civil:

A la UPC, que nos protegía de los lendu, la están demonizando. Pero no estamos seguros de que el ejército de nuestro país pueda protegernos. Incluso los que vinieron de Kisangani(79) empezaron a violar los derechos humanos, aunque al principio se habían comportado bien. Se dedican al pillaje, te golpean y violan porque no son de aquí. Viven explotando a la población. Sería mejor que enviaran soldados de nuestro propio grupo étnico, que podrían protegernos mejor.

También se desprende de las entrevistas mantenidas con soldados de las FARDC que los soldados y antiguos miembros de grupos armados que eligieron la integración en el nuevo ejército se muestran temerosos de que los envíen, antes o después de la integración, a regiones donde no serán aceptados por la población local, aunque es precisamente por esto que se necesita crear un ejército nacional integrado que sea capaz de trascender las divisiones y lealtades étnicas y de actuar con imparcialidad en nombre de todo el pueblo congoleño.(80) Varios batallones de las antiguas fuerzas armadas de la RCD-Goma se han negado al parecer a ser enviados a Centros de Integración y Reciclaje alejados de las dos provincias de Kivu en las que consideran que tienen mayor seguridad. Según el personal de la SMI, más del 70 por ciento de las tropas provenientes de la RCD-Goma se oponen a ser enviadas a otras partes del país, como Kitona y Kamina, donde se integró y recicló a la Segunda y Tercer Brigadas de las FARDC. Se trata de una cuestión que no ha sido abordada ni por la SMI ni por el Estado Mayor de las FARDC y que bien pudiera aún socavar el programa de integración y reforma del ejército.

En los Centros de Integración y Reciclaje sigue reinando al parecer una profunda desconfianza entre soldados de distintas facciones y etnias. La noche del 7 de febrero del 2006, la muerte de un soldado en el Centro de Integración y Reciclaje de Kitona, provincia del Bajo Congo, desató un ataque sistemático contra soldados banyamulengues,(81) a los que se acusó de haberle dado muerte. Según los informes, muchos banyamulengues resultaron heridos en los ataques. Algunos políticos, incluidos los dirigentes de la RCD-Goma, afirmaron que el comandante del centro había participado en los ataques. Un miembro del parlamento de transición y representante de la sociedad civil, opina que "es difícil de entender que los soldados congoleños se nieguen a integrarse en su ejército, como ocurre en Kivu Septentrional, pero más difícil todavía de entender es que los soldados que aceptan la integración se convierten en blanco de eliminación por razones étnicas, con el pleno conocimiento de las estructuras militares del centro, como en Kitona".(82)

Manu y Fred,(83)dos excombatientes de laRCD-Goma que se encontraban entre las tropas integradas en Mushaki y posteriormente fueron destacados en Ituri como miembros de la Cuarta Brigada integrada de las FARDC, no ocultan su temor, que, según dicen, "comparte la mayoría de [sus] hermanos de armas de origen banyamulengue".

Estoy aquí para servir a mi país, pero tengo miedo. En cuanto haya una crisis política, será a nosotros a los primeros que maten. Eso ya ha ocurrido en el pasado [...]Si hubiese podido elegir, hubiera preferido quedarme y hacer mi trabajo en Kivu, por mi propia seguridad.

No me siento a gusto aquí, pues me cuesta mucho confiar en mi comandante, que era comandante del antiguo ejército del gobierno. [...]A pesar de vivir en el centro de integración, todavía se nos considera extranjeros.

V UN PROCESO DE INTEGRACIÓN MILITAR VICIADO

A. El papel de la SMI

El marco legal de la Estructura Militar de Integración (SMI) fue establecido por decreto presidencial.(84) La SMI forma parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Es una estructura integrada(85) que incorpora elementos de las antiguas Fuerzas Armadas Congoleñas (FAC) y de otras fuerzas signatarias de las resoluciones de Sun City.(86) La misión de la SMI es decidir e implementar el programa de integración, que incluye sensibilizar, agrupar, identificar, seleccionar, alojar y formar a los excombatientes. Algunas actividades se llevan a cabo conjuntamente con la CONADER, como parte del "núcleo común". A nivel organizativo, la oficina de la SMI dispone de un coordinador, dos coordinadores adjuntos y cuatro supervisores. El primer coordinador adjunto está a cargo de operaciones concretas. El segundo, de la administración y la logística. Cada adjunto supervisa la labor de dos comisiones. Hay además una secretaría general y una unidad de planificación. La SMI está representada en cada una de las regiones militares.

B. El "núcleo común", el plan de emergencia y la perversión de la reforma

1. El plan de emergencia y el "núcleo común"

Tanto si tienen la intención de aceptar la desmovilización como de integrarse en el nuevo ejército, todos los combatientes tienen que seguir un proceso común, conocido como el"núcleo común". Según este proceso, las unidades de las diversas fuerzas armadas deben, primeramente, congregarse en Centros de Reagrupación (Centres de regroupement), a cargo de los militares, en los que se procede a desarmarlos. Las unidades pueden pasar varias semanas en estos centros mientras aguardan su entrada en la siguiente fase del proceso: los Centros de Orientación (Centres d’orientation), bajo la dirección de la CONADER.

A su llegada al Centro de Orientación, se pide a los adultos que elijan entre integración en las FARDC o desmovilización, y según la opción elegida se los asigna a distintas instalaciones del centro. Para los adultos, la elección es voluntaria y personal, excepto para aquellas personas a las que se considera físicamente incapaces de servir en el ejército, por ejemplo, por motivos de salud. Éstas han de unirse a la vía de desmovilización. El proceso también prevé la desmovilización de otra categoría de personas, las que se considera que "carecen de una buena moralidad", si bien Amnistía Internacional no conoce ningún caso en que se haya denegado la integración de un individuo en las FARDC por motivos "morales". Amnistía Internacional ve con particular preocupación que las autoridades no hayan tomado medidas para excluir de las filas de las FARDC a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos.

Tras permanecer cierto tiempo, aproximadamente dos semanas,(87) en un Centro de Orientación, los adultos que han optado por ingresar en las FARDC son trasladados a Centros de Integración y Reciclaje (Centres de brassage et recyclage, CBR), que son centros militares, en los que reciben formación básica durante unos 45 días y pasan a formar parte de una nueva brigada, integrada, de las FARDC.(88)

En julio del 2004, y en contra de los principios subyacentes tras el concepto y programa del "núcleo común", se puso en marcha el programa nacional de desmovilización dirigido por la CONADER(89) (que estaba previsto se llevara a cabo a la vez que la reforma del ejército), que empezó a funcionar con gran retraso a finales de diciembre de ese año. Esto ocurrió ocho meses después de iniciarse el Programa de DRC en Ituri. En parte se debió a la complejidad de los mecanismos de desembolso de los fondos asignados al programa por el Banco Mundial, a la falta de claridad en la división de funciones entre la CONADER y el PNUD y, más concretamente, a la ineficacia de la CONADER. Según el personal de la SMI, y en contra del deseo de diversos ex grupos armados, entre ellos la RCD-Goma, los retrasos sufridos por el proceso de reforma del ejército llevaron a que se formulara un plan de emergencia para esta reforma. El plan, que diluyó los principios de identificación y la inherente simultaneidad de los dos procesos de DDR y de reforma del ejército, se concibió en Sudáfrica y ha servido de marco operativo para la formación de las seis primeras brigadas integradas.

En lo que respecta al plan general de implementación del proceso, las operaciones de sensibilizacióny de desarmeforman parte del "núcleo común", el cual combina elementos de los procesos de desmovilizacióny de integraciónde excombatientes en el nuevo ejército. En otras palabras, los excombatientes que solicitan la integración en el nuevo ejército, y los que piden la desmovilización y reintegración a la vida civil, pasan en ambos casos por el mismo proceso preliminar de reagrupación, identificacióny desarme. La fase siguiente es orientacióny es entonces cuando se separa a los candidatos según la opción elegida. Los que satisfacen los criterios de selección del ejército son trasladados a un centro militar de integración antes de unirse a una nueva unidad integrada, y los demás pueden reintegrarse a la vida civil.(90)

El proceso del "núcleo común"se ha topado con numerosos e importantes obstáculos. En la práctica ha habido una falta de coordinación entre las distintas estructuras participantes, que se ha traducido en improvisación a varios niveles. Los principios fundamentales del "núcleo común" prevén que las actividades de integración militar de la SMI y la CONADER se realicen de forma simultánea, indivisible y conjunta. Según informes, las autoridades militares responsables de la integración han dejado de lado en gran medida estos principios básicos –que habrían permitido una identificación y criba más rigurosas y sistemáticas de candidatos al ejército y candidatos a la desmovilización–, e incluso han ignorado estos principios deliberadamente. También parece que el programa cumple el calendario previsto para tránsito pero no proporciona a los postulantes información completa y exacta sobre el proceso. En Mubambiro, un centro de recepción del"núcleo común", centenares de postulantes a la desmovilización, en su mayoría excombatientes mayi-mayi y de la ANC (RCD-Goma), tuvieron que esperar meses antes de recibir sus kits de desmovilización. En Kabare y Livungi, centenares de soldados desmovilizados tuvieron una experiencia similar.

Las organizaciones locales de derechos humanos, como Justice plusy Héritiers de la justice, han manifestado preocupación por el renovado incremento en actos de pillaje, extorsión y delincuencia que según dicen están cometiendo los antiguos soldados que no han sido reintegrados a sus comunidades o los antiguos miembros de grupos armados que no han sido integrados en el ejército.

Muchos de los soldados entrevistados por Amnistía Internacional en Kivu Septentrional y Meridional, y particularmente en Nyaleke, se declararon decepcionados por la falta de información y por el grado de desorganización. Mambo, un antiguo miembro del grupo armado de la RCD-ML, que fue enviado de Beni a Luberizi, dijo:

No tienen nada preparado pero nos hacen venir, y pronto hará dos meses que estamos aquí con nuestras familias, sin instalaciones ni alimentos y sin saber siquiera adónde vamos. Me han dicho que vamos a ingresar en el ejército nacional, pero no pasa nada. Es una gran decepción...

En abril del 2005, una misión belgo-congoleña compuesta por el ministro de Defensa de la República Democrática del Congo y la Misión Belga en el Congo evaluó las actividades de la CONADER en Kivu Meridional. La misión, observando que el sistema estaba funcionando mal, expresó grave preocupación por el incumplimiento de las normas establecidas para los procedimientos de integración y desmovilización y concluyó que era "necesario que se haga comprender a la SMI la incongruencia y los peligros de llevar a cabo actividades de orientación para soldados fuera de los Centros de Orientación, especialmente en presencia de sus comandantes".(91) Sin embargo, más de un año después de que se fijaran dichas normas, y pese a este recordatorio de la misión, el ejército ha seguido reclutando a postulantes a la integración sin que participaran previamente en las actividades del "núcleo común". Esto puede sino suscitar dudas sobre el origen, el perfil y la probidad de las personas integradas de esta forma, especialmente en lo que se refiere a su capacidad para respetar los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.

2. Cadenas de mando múltiples y paralelas

Una cadena de mando integrada y eficaz es esencial para que un ejército funcione como es debido. Es "un sistema de autoridad y de rendición de cuentas que une la oficina del jefe del Estado Mayor con el nivel más bajo" de las fuerzas armadas, y "pretende ser un instrumento de mando preventivo, que permita a los comandantes buscar activamente información, orientar y supervisar operaciones. Es un aspecto fundamental de la estructura y funcionamiento de [...] las fuerzas armadas, y garantizar su buen estado es, por lo tanto, una responsabilidad primordial del mando".(92) Los líderes políticos y militares de la República Democrática del Congo, sin embargo, no han asumido aún esta "responsabilidad primordial" y no han establecido una cadena de mando única y de reconocida competencia para las FARDC. Como Amnistía Internacional pudo observar directamente, por todo el país y particularmente en su parte oriental, la cadena de mando oficial está a menudo fragmentada, resulta confusa y compite con frecuencia con otras estructuras de mando "paralelas", basadas por lo general en anteriores grupos armados o en lealtades étnicas.(93)

Al igual que en Kivu Septentrional, en toda la provincia de Kivu Meridional reina la inseguridad. La proliferación de grupos armados y de unidades de las FARDC mal dirigidas y mal controladas por la jerarquía militar, crea enormes problemas de seguridad para la población civil. Amnistía Internacional ha documentado muchos casos que ilustran la situación que padece el ejército. El incidente de Kanyabayonga(94) es un ejemplo del problema de seguridad que se deriva de la existencia de distintas cadenas de mando, paralelas y opuestas, en el seno del ejército.

Hay indicios de que el regreso a los altiplanos de Minembwe,(95) en septiembre del 2005, de hombres armados procedentes de Burundi y Ruanda, hostiles al proceso de integración, fue causa de creciente preocupación entre la población de Kivu Meridional.

El 29 de octubre del 2005, dos unidades de las FARDC casi entraron en combate entre sí en el mercado de Ntayobera, ubicado en los altiplanos de Minembwe, en Kivu Meridional. Lo único que impidió los enfrentamientos fue la intervención de "hombres sabios"(96) banyamulengues de la región. Según la ONG local de derechos humanos Héritiers de la justice, la disputa se debió a que una de los dos unidades se oponía a tomar como rehenes a gente de la localidad para pedir rescate, a desempeñar la función de recaudadores de impuestos, o a vivir a costa de la población local. La intervención de los "hombres sabios" permitió que los hombres armados no llegaran a enfrentarse en combate abierto. Sin embargo, estas dos unidades, del mismo ejército, poseen dos estructuras de mando distintas y siguen manteniendo una actitud de enfrentamiento la una con la otra. Lamentablemente, el incidente de Minembwe no es un caso aislado y se sigue repitiendo. Muchos otros relatos recabados por Amnistía Internacional muestran la existencia de estas estructuras de mando paralelas en el seno de unidades que supuestamente han sido integradas.

El 5 de agosto del 2006, soldados de la Novena Brigada integrada del ejército congoleño lucharon contra los soldados de la 83ª Brigada (no integrada), leal a Laurent Nkunda, en la ciudad de Sake, 30 km. al este de Goma, la capital provincial. En el enfrentamiento perdieron la vida dos civiles y otras 13 personas resultaron heridas. Miles de residentes de Sake buscaron refugio en Goma y en otras ciudades vecinas huyendo del combate, que se produjo apenas unos días después de las históricas elecciones celebradas en el país.La batalla de Sake es el incidente más reciente de todos los que se han producido entre los soldados leales al gobierno congoleño de Kinshasa y los seguidores de Nkunda. En febrero del 2006, fuerzas leales a Nkunda atacaron la ciudad de Rutshuru, causando la huida de miles de civiles.

C. La selección de candidatos, un proceso desacreditado

La población civil de la parte oriental del país, especialmente las mujeres, ha sufrido y continúa sufriendo atrocidades a manos de los militares y los grupos armados.(97) Lamentablemente, como reveló el incidente de la prisión de Beni (véase infra), la integración en el ejército de antiguos soldados o miembros de grupos armados no va acompañada de un mecanismo de selección eficaz que identifique y excluya a las personas que han cometido, o existen razones fundadas para sospechar que han cometido, violaciones o abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se suponía que el proceso de integración debía filtrar a las personas que por su edad, condición física o "moralidad" no fueran aptas para el ejército.

El Programa Nacional de DDR y las directrices y disposiciones de la SMI contenidas en el Plan de Operaciones Conjuntas (Plan d’opérations conjointes), establecen los criterios que permiten que las autoridades excluyan del proceso de integración en el ejército a aquellas personas que han cometido abusos contra los derechos humanos o a aquellas personas de las que se sospecha, razonablemente, que han cometido crímenes de guerra, genocidio o crímenes contra la humanidad. Los criterios también excluyen de la integración en las FARDC a los menores de 18 años y a toda persona que no esté en las debidas condiciones físicas o carezca de la necesaria rectitud moral.(98)

El sistema de selección de candidatos aplicado no se ha complementado con una iniciativa de reforma judicial firme que podría haber llevado al procesamiento de combatientes cuando existieran razones fundadas para creer que habían cometido graves abusos contra los derechos humanos y, de esta manera, haber impedido su admisión en el proceso de integración. De haberse aplicado un sistema de estas características, tanto los elementos de la brigada de las FARDC (ex RCD-Goma) del campamento militar de Mushaki que se alega cometieron homicidios ilegítimos y otros abusos en Nyabiondo, Kivu Septentrional, en diciembre del 2004, como el contingente de la FAPC enviado a Luberizi tras cometer atrocidades contra la población civil de Mahagi, Aru y Ariwara, hubiesen sido excluidos de las FARDC.

Amnistía Internacional ve con preocupación que se ha integrado en el nuevo ejército incluso a presos que cumplían condenas por crímenes contra el derecho internacional humanitario. Según instrucciones dictadas por la Décima Región Militar (Kivu Septentrional), todo el personal militar arrestado y condenado por delitos militares de menor gravedad(99) debía ser puesto en libertad para que pudiera participar en el proceso de integración. A principios de marzo del 2005, y en cumplimiento de estas instrucciones, el fiscal militar de Beni preparó una lista de 35 presos militares, todos ellos recluidos en la prisión central de Beni, para fines de excarcelación. Posteriormente ese mismo mes, el comandante adjunto de la Región Militar, acompañado por el fiscal militar de Beni, acudió a supervisar la excarcelación de los 35 presos y su traslado a centros de integración. Los presos militares fueron congregados en el patio de la prisión donde se leyeron los nombres de 35 de ellos y se les informó de su puesta en libertad. Pero seguidamente, sin mediar consulta alguna con el fiscal militar, el comandante manifestó que necesitaba un total de 50 soldados y escogió al azar a otros 15 presos para completar el número. El fiscal militar se opuso a esta decisión del coronel pero, lamentablemente, no pudo hacer nada para anularla. Los 15 elegidos eran todos soldados que cumplían largas penas de prisión o habían sido condenados a muerte por delitos muy graves, como violación y asesinato. El fiscal militar escribió posteriormente una carta oficial de protesta a la jerarquía militar de la Décima Región Militar y al fiscal militar superior. Amnistía Internacional tiene entendido que no hubo respuesta.(100)

Para poner fin al gran número de abusos contra los derechos humanos que cometen diversidad de fuerzas militares que no rinden cuentas, se precisa que la integración militar tenga éxito, que incorpore formación en derechos humanos y que se proponga engendrar una cultura de derechos humanos. Es de vital importancia que la formación del ejército integrado sea un proceso coordinado con esfuerzos para poner fin a la impunidad de los delitos contra el derecho internacional humanitario y otros abusos contra los derechos humanos. Los perpetradores no deben ocupar puestos que les permitan reincidir.

Para impedir que esto ocurra, el proceso de integración debe incluir un mecanismo riguroso e imparcial de selección de los candidatos, incluso durante la implementación del plan de emergencia. El nuevo ejército está compuesto esencialmente de miembros de antiguos grupos armados y de soldados del antiguo ejército nacional que, en su mayor parte, han estado implicados en graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por ello, la identificación y selección de candidatos a la integración debe efectuarse de una manera rigurosa, transparente, congruente e imparcial, a fin de impedir que las personas que se demuestre que han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario o de las normas internacionales de derechos humanos puedan unirse al nuevo ejército. Debe poder aplicarse un mecanismo selectivo de estas características a la vez que se inician investigaciones independientes e imparciales y otras medidas para procesar a los perpetradores. Tales medidas son un componente esencial de la creación de un ejército nacional que sea capaz de proteger los derechos humanos.

D. Un balance del proceso de integración

Las espantosas condiciones que imperan en los Centros de Integración y Reciclaje

La situación y condiciones de los centros siguen siendo precarias e inhumanas. Exceptuando los de Kamina y Kitona, que están relativamente bien suministrados y equipados, los otros centros que han estado funcionando durante la implementación del plan de emergencia son lugares en los que, según la descripción de un experto en DDR, "un ser humano no puede sobrevivir mucho tiempo incluso si está dotado de una capacidad sobrehumana de adaptación".(101) Luberizi y Mushaki estaban desesperadamente faltos de agua, electricidad, alimentos y suministros médicos. Incluso enfermedades como el cólera y el paludismo, que por lo general pueden tratarse, están matando a los soldados que se encuentran hacinados en refugios improvisados e insalubres. Estas condiciones han causado ya la muerte de decenas de soldados en estos centros. Las misiones conjuntas de evaluación(102) enviadas a las dos provincias de Kivu y a la provincia Oriental en marzo y abril y en diciembre del 2005 por la MONUC, los donantes, el Estado Mayor, la SMI y la CONADER, hicieron recomendaciones para abordar esta situación. Esto llevó a que se acelerara el Proyecto de Apoyo al Establecimiento de los CBR (Projet d’appui à la mise en place des CBR), financiado por la Unión Europea (UE) e implementado por el PNUD. El objetivo del proyecto es hacer operativos dos centros, a saber, el de Luberizi, un centro temporal, y el "Coronel Lukusa" de Kisangani, seleccionado como centro permanente en el nuevo Plan Estratégico Nacional para la Integración de las Fuerzas Armadas (Plan stratégique national pour l’intégration des forces armées). Pese a que estas iniciativas son importantes y bienvenidas, algunas personas, entre ellas oficiales de los Centros de Integración y Reciclaje, se quejan de que son insuficientes para cubrir las necesidades actuales.

El plan de reforma del ejército(103) elaborado por el Ministerio de Defensa e implementado por la SMI, preveía la creación de 16 centros militares de integración y reciclaje.(104) Estos centros se seleccionaron por su capacidad para alojar hasta a 4.000 soldados. En abril del 2006, sólo seis(105) de ellos estaban en funcionamiento.

A diferencia del programa de DDR, el programa de reforma del ejército no ha recibido más que un apoyo tibio de la comunidad internacional, especialmente de las instituciones financieras internacionales. En vista de esto, el gobierno congoleño recurrió a la cooperación bilateral para financiar el programa y garantizar el apoyo técnico.(106) Así, en marzo del 2004 y como parte de una iniciativa experimental, el gobierno integró y formó a la Primera Brigada en el centro de Kisangani, con el apoyo de Bélgica. Esta brigada fue desplegada en Ituri a finales del 2004, cuando la necesidad de seguridad era apremiante y el limitado despliegue de fuerzas de la MONUC no aportó solución. La Segunda Brigada fue integrada y formada entre marzo y abril del 2005 en Kitona, con la cooperación de Angola, y la Tercera en mayo-junio de ese mismo año en Kamina, con el apoyo de Sudáfrica y Bélgica. Además, durante el 2005, de conformidad con lo dispuesto en el plan de emergencia y con el apoyo técnico y logístico de Bélgica y de la MONUC, el gobierno congoleño integró a otras tres brigadas en Mushaki, Nyaleke y Luberizi. Todas ellas fueron desplegadas en Ituri, en las dos provincias de Kivu y en Kasai.

1. La segunda y tercera ola: la misma historia

La formación de la segunda y tercera ola de tropas comenzó tras la publicación del Plan Estratégico Nacional(107) para las FARDC. El objetivo era disponer de 12 brigadas adicionales integradas y formadas, para reunir un total de 18 antes de las elecciones del 30 de julio del 2006.(108)

Según el Centro de Coordinación de Operaciones Conjuntas (Centre de coordination des opérations conjointes,CCOC), la formación de tropas en la segunda ola se completó al alcanzarse la cifra de seis brigadas. Sin embargo, la formación e integración de la tercera ola ha sufrido graves dificultades económicas y logísticas. La falta de coordinación entre los militares y la CONADER, empeorada por la falta de vehículos para el transporte de unidades, se ha traducido en retrasos frecuentes y por lo general prolongados en el traslado de personas entre los centros de reagrupación, orientación y reintegración y reciclaje. Los combatientes desarmados pueden pasar días o semanas esperando que los admitan en un centro de orientación ya repleto. Cuando Amnistía Internacional visitó el centro de orientación de Kabare en marzo del 2006, por ejemplo, había unos 200 combatientes desarmados acampados junto a la carretera, aguardando su admisión en el centro. Según los informes, algunos llevaban allí ya varios días y otros se les unían a diario. Además, parece que la mayoría de los excombatientes congregados en los centros de orientación, optaron por reintegrarse a la vida civil en vez de integrarse en el ejército.

Algunas fuentes también dijeron a Amnistía Internacional que los comandantes militares, alarmados por la gran proporción de combatientes que optan por la desmovilización, ignoran abiertamente en algunos casos el principio de elección voluntaria. Así, se informa de que algunos comandantes "ordenaron" a sus unidades que solicitaran en bloque la integración en las FARDC. También se informa de que los oficiales a cargo de la integración están recurriendo al reclutamiento forzado. En mayo del 2006, en Kalemi, más de 50 muchachos, todos ellos ex mayi-mayi que habían elegido la desmovilización y reintegración a la vida civil en Kalemi, fueron trasladados, al parecer sin su consentimiento, al CBR de Nyaleke, en Kivu Septentrional, para su integración en el ejército. Esto ocurrió mientras aguardaban su kit de desmovilización. Se dice que tenían entre 15 y 17 años de edad.(109)

A finales de julio del 2006, la CONADER anunció que había suspendido sus actividades de desmovilización y estaba cerrando todos sus centros de orientación. Todas las operaciones conjuntas que se llevaban a cabo en los centros habían sido suspendidas por falta de fondos.(110) Como alternativa, la CONADER tenía pensado recurrir al uso de "equipos móviles" cuando fuera necesario. Amnistía Internacional teme que con este nuevo sistema se corra el riesgo de agravar la situación, al ignorar la necesidad de identificar debidamente a los reclutas potenciales de las FARDC, y que se comprometa aún más la reforma del ejército. En septiembre del 2006, el número de soldados integrados y desplegados se cifraba en aproximadamente 35.166, el equivalente de 12 brigadas. Pero el ministro de Defensa(111) anunció entretanto que la SMI había integrado a 14 brigadas.(112)

VI. UN EJÉRCITO EN EL REINA LA CORRUPCIÓN PERO NO EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS

A Corrupción endémica y soldados mal remunerados

Las FARDC tienen que resolver el problema de la corrupción generalizada que menoscaba el proceso de integración, un proceso que peligra ya debido a problemas logísticos y organizativos de envergadura. Con un trasfondo de mala gestión, durante la guerra y en el periodo de transición, la corrupción se manifestó en una malversación a gran escala de salarios y fondos públicos, sobornos y pagos ilícitos y tráfico organizado de influencias en el que estaban implicadas personas influyentes de diversos niveles de la jerarquía militar.

Varios países donantes manifestaron preocupación por la situación. Tras una expresión pública de inquietud por parte de la Embajada de Francia, la MONUC y otras misiones diplomáticas de Kinshasa, el ministro británico de Desarrollo Internacional, Hilary Benn, condenó la forma en que las FARDC administraban la paga de los soldados: "El censo realizado por los militares sudafricanos ha demostrado que hay muchos menos soldados de lo que nos habían hecho creer. Si continúa extrayéndose dinero para pagar a más soldados de los que existen en realidad, cabe preguntarse adónde va a parar el excedente."(113)

Basándose en la nómina del 2005, el Ministerio de Defensa estimaba en 340.000 el número de soldados pagados por el Tesoro Público. Sin embargo, el censo parcial realizado por los militares sudafricanos en el 2005, conjuntamente con la SMI, indicaba que entre el 30 y el 55 por ciento de las tropas eran ficticias.(114) De los ocho millones de dólares pagados en el 2005 en concepto de soldada, una porción considerable fue desviada y el resto rara vez se pagó a los soldados de forma regular y sin retrasos.(115)

Según parece, los comandantes están exagerando el número de soldados de que realmente disponen. Durante una misión de identificación e inspección realizada por el comandante de la Fuerza Aérea Congoleña y presenciada por una ONG local en Kivu Meridional, los comandantes de tierra que habían declarado tener más hombres de los que en realidad tenían recurrieron a los civiles para acrecentar sus filas. Sin embargo, otra razón para exagerar la plantilla militar es el gran número de heridos de guerra, soldados inválidos y retirados que continúan en nómina y no poseen ninguna otra forma de apoyo social. Una parte de los fondos aportados por el Programa Multinacional de Desmovilización y Reintegración y el Banco Mundial están supuestamente destinados a programas para heridos de guerra, siendo éste un grupo especialmente vulnerable, pero no hay nada previsto para soldados de edad avanzada ni para las familias de soldados.(116)

La discrepancia en el número de tropas de las FARDC ha dado pábulo a alegaciones de que la corrupción organizada es endémica y está presente en todos los sectores del ejército. Las alegaciones de corrupción comprometen el programa de reforma del ejército y ponen en tela de juicio la credibilidad de los militares al acentuar la crisis de confianza entre éstos y la población civil.

Para reducir al mínimo el riesgo de corrupción, la UE ha propuesto un nuevo sistema de monitorización de la soldada y los víveres militares mediante un plan de reforma del sistema de contabilidad.(117) El plan, de aplicación únicamente a las brigadas integradas, dispone especialmente que se proceda a un inventario del personal, a una revisión y revaloración del estatus de los soldados, a la descentralización de los mecanismos para el pago de salarios militares separándolos de la cadena de mando y devolviéndolos a las brigadas, a la informatización del sistema y a la provisión de expertos que apoyen la labor congoleña y ayuden con la necesaria monitorización del plan en general. Éste fue finalmente aprobado por el gobierno de la RDC en diciembre del 2005. Sin embargo, pese a su relevancia e importancia, el plan no puede por sí solo poner fin a la corrupción en el seno del ejército. Se necesita que los agentes congoleños demuestren un mayor compromiso y voluntad de erradicar la corrupción. El ministro de Defensa de la RDC ha manifestado que la corrupción es un "escándalo inaceptable"(118) que hay que erradicar "a menos que queramos acabar con un ejército de vagabundos".(119)

Terreno abonado para las violaciones de los derechos humanos

Los soldados se quejan también de que sus salarios son inadecuados y de que se les abonan de manera irregular, una situación a la que podría deberse que soldados armados hayan atacado a la población civil. Según los informes, los soldados erigen controles de carreteras e imponen todo tipo de impuestos ilegales; y también cometen robos a mano armada y violaciones de los derechos humanos. Así pues, la corrupción, junto con otros muchos factores, ha exacerbado el deterioro de la situación de derechos humanos en el país.

B. Despliegue conjunto de las FARDC y la MONUC

El despliegue de las brigadas integradas de las FARDC en el país comenzó en el 2004 para complementar a las fuerzas de la MONUC. La Primera Brigada fue desplegada en Bunia(120) y otros lugares estratégicos, especialmente los puestos de aduanas y otros puntos de recolección de impuestos, anteriormente controlados por grupos armados. El despliegue de FARDC como complemento de las fuerzas de la MONUC no produjo un descenso inmediato del número o de la intensidad de los combates. Incluso el personal de mantenimiento de la paz de la MONUC(121) se convirtió en blanco. Nueve perecieron a manos de las milicias de Ituri. Sin embargo, la población civil siguió siendo la principal afectada por la violencia. El jueves 12 de mayo del 2005, fuerzas de la ONU fueron sorprendidas en una emboscada en Gethy, una ciudad inicialmente controlada por el FRPI, provocando un accidente de carretera en el que seis personas resultaron heridas. Durante la noche del viernes 6 de mayo, se produjeron más enfrentamientos violentos entre las FARDC y la UPC de Bosco en Berunda.(122)

Según los informes, las FARDC han cometido decenas de homicidios y otras violaciones de los derechos humanos. A finales del 2005, cuando se amplió su despliegue fuera de Bunia, las FARDC lanzaron al parecer una ofensiva en la zona minera de oro de Mongwalu, que estaba bajo control de facciones armadas implicadas en la extracción ilegal de oro y su exportación ilícita, particularmente a Uganda. El 23 de octubre del 2005 murieron muchos civiles durante los enfrentamientos entre Mbindjo, Akwe y Yeti en el norte de Mongwalu, al término de los cuales las recientemente integradas y desplegadas FARDC capturaron de nuevo la ciudad. Ambos bandos cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos.(123)

Con el aumento de las operaciones militares de las FARDC contra los grupos armados hostiles, han aumentado también las violaciones de los derechos humanos cometidas contra civiles. La evaluación mensual de la MONUC de junio del 2006 sobre la situación de derechos humanos documenta 81 casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por todo el país y que incluyen homicidios arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y malos tratos. "Las FARDC parecen ser las responsables de la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo examinado."(124)

C. La formación en derechos humanos: Una necesidad imperiosa

1. La integración requiere un componente "de derechos humanos"

Una de las razones fundamentales de que subsistan las violaciones de derechos humanos a manos de las FARDC es la baja prioridad que se asigna a la formación en las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esta formación se ha impartido, si bien en muy raras ocasiones, pero únicamente a muy pocos de los oficiales de alta graduación. La excepción fue la Primera Brigada integrada. Ésta fue entrenada en Kisangani bajo supervisión belga y recibió formación en las reglas del derecho internacional humanitario y de mantenimiento de la paz. Ninguna de las otras brigadas integradas recibió formación en derechos humanos o derecho internacional humanitario, pese a que todas ellas han sido desplegadas en zonas de conflicto.(125)

2. El ejército usurpa la función policial

A lo largo de la historia del Congo, el ejército ha reclamado a menudo más prerrogativas de las que le asigna la Constitución y asumido responsabilidades que tradicionalmente son función de la policía. En muchos casos ha practicado detenciones o realizado operaciones de orden público pese a carecer de la necesaria autoridad o entrenamiento para desempeñar estas funciones conforme a las disposiciones aplicables de las normas internacionales de derechos humanos que regulan el uso de la fuerza y la privación de libertad por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Durante las manifestaciones que tuvieron lugar en junio del 2004 en Kinshasa, para protestar por la toma de Bukavu por disidentes de la RCD-Goma, el ejército reprimió con violencia una marcha pacífica disparando con munición real contra una multitud desarmada, causando la muerte de más de 30 personas y heridas a más de 50. El comportamiento del ejército con los manifestantes desarmados contrastó totalmente con el de la Policía de Intervención Rápida (Police d’intervention rapide,PIR), que también estaba desplegada en rutas estratégicas de la ciudad para contener cualquier posible disturbio.

Conforme a las disposiciones de la Ley de Organización General de la Defensa y las Fuerzas Armadas,(126) el ejército no debe intervenir más en cuestiones de seguridad pública, y sólo está constitucionalmente autorizado a hacerlo en circunstancias excepcionalmente graves, como último recurso y si peligran los intereses fundamentales de la nación.(127) E incluso en casos tan extremos como éstos, el ejército tiene la obligación y el deber de respetar los derechos humanos.

D. Violación de los derechos humanos por las FARDC

Graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las FARDC

La mayoría de las brigadas que han sido integradas y entrenadas de nuevo durante el proceso de reforma, han sido desplegadas en las zonas prioritarias de Ituri y las dos provincias de Kivu con tres fines esenciales: proporcionar vigilancia en las fronteras, servir de fuerza de intervención móvil de reserva y, por último, defender puntos conflictivos del país.

En octubre del 2005, se informó de que la población de Kilo había aprehendido a un hombre llamado Safari, un civil del grupo étnico lendu. Se acusaba a Safari de haber cometido varios asesinatos en la comunidad de Banyali Kilo.(128) Cuando las tropas de las FARDC (principalmente elementos de la Primera Brigada integrada, entrenada en Kisangani) llegaron a la ciudad, la población local entregó a Safari al oficial de información de las FARDC destacado en Kilo. Una ONG local confirmó a Amnistía Internacional que Safari fue ejecutado en público en Kilo-Etat por orden de un oficial del ejército congoleño, sin haber sido sometido a juicio alguno. No se ha investigado este incidente y no se ha abierto proceso contra este oficial ni contra ningún otro miembro de las FARDC tras esta aparente ejecución extrajudicial.

La Cuarta Brigada integrada, entrenada en Mushaki, fue desplegada en Ituri con el fin estratégico de proporcionar control de fronteras. El 17 de noviembre del 2005, miembros de esta brigada fueron enviados a Mahagi y desplegados en puntos de entrada y salida(129) del territorio para proteger a la población civil de los ataques y otros abusos de los grupos armados que operaban en la zona. Una semana después del despliegue, seguidores de Udaga –a quien también se conoce como Peter Karim(130) y que, según los informes, es un gran aliado del MRC–, atacó las posiciones de las FARDC en Ssil y Kudikoka, y en Ngote y Gok Nyeri. Los soldados de las FARDC se batieron en retirada hacia la ciudad de Mahagi en la que cometieron violaciones y atrocidades generalizadas contra la población local: violaron a un gran número de mujeres, se dieron al pillaje e incendiaron viviendas.(131)

El 16 de diciembre del 2005, otra brigada fue desplegada en Mahagi en sustitución de la primera. Según se informó a Amnistía Internacional, el 17 de diciembre hubo un enfrentamiento armado con un grupo armado en la carretera que lleva a la ciudad de Mahagi. Seguidamente, los miembros de la primera brigada tomaron como rehenes a siete civiles del cercano pueblo de Avere y mataron a cuatro más allí mismo. Según parece los acusaron de colaborar con los disidentes de Peter Karim. Estos miembros de las FARDC condujeron a los otros civiles aprehendidos al centro de Mahagi, donde dieron muerte a uno de ellos –Machakadhu Marcel,un hombre de más de 60 años de edad–. Antes de morir, Marcel fue mutilado con un hacha. Le cortaron el brazo derecho y lo pasearon en público; los soldados le arrancaron los genitales y se los llevaron.

La mayoría de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional en la ciudad de Mahagi(132) manifestaron haber perdido la confianza en los soldados de las FARDC que eran "tan malos como los milicianos de los grupos armados que mandaban aquí antes".(133) Tan sólo en el distrito de Ituri, y desde la reanudación de la actividad judicial en noviembre del 2005, se han remitido al auditor de guerra de Bunia 242 casos de abusos y delitos graves de los que se acusa a soldados del nuevo ejército. Los casos incluyen violaciones y asesinatos cometidos contra la población civil. Esta cifra es especialmente preocupante dado que, por miedo a las represalias, muchas víctimas no presentan denuncia.

Ante el creciente número de violaciones de los derechos humanos atribuibles a miembros del nuevo "ejército en proceso de formación", y el carácter recurrente y generalizado de estas violaciones, la MONUC amenazó con suspender su participación en operaciones conjuntas con las FARDC. La MONUC ha documentado la comisión de crímenes muy graves por las FARDC –por ejemplo, violaciones sexuales sistemáticas, torturas, mutilaciones y ejecuciones sumarias–, y ha pedido al gobierno de transición que tome la acción apropiada en los casos identificados y castigue a los perpetradores.

VII. LA ESPINOSA CUESTIÓN DE LA GUARDIA REPUBLICANA(134)

La guardia presidencial: ¿un ejército dentro de otro?

El Grupo Especial de Seguridad Presidencial (Groupe spécial de sécurité présidentielle,GSSP), recientemente recreado como Guardia Republicana (Garderépublicaine), es un cuerpo de élite formado por más de 10.000 soldados,(135) que se cree entrenados por Angola, y a cuyo cargo está la seguridad del presidente de la RDC. En la práctica, el GSSP ha ampliado indebidamente la misión que le ha sido encomendada y funciona hoy como un ejército independiente dentro de las FARDC.(136) Sus miembros han sido desplegados por todo el país(137) en puntos de importancia estratégica para la seguridad del territorio. Se ha denunciado que estos soldados, a los que la población de Kinshasa llama ampicilinas,(138)han cometido graves violaciones de los derechos humanos contra civiles, perpetrando redadas armadas y dándose al pillaje.(139)

En los municipios de N’Sele y Kimbanseke en Kinshasa, se han atribuido numerosas violaciones a unidades del GSSP. "Estos soldados roban de todo, sea dinero o bienes. Entran de noche en las casas de ciudadanos ordinarios, amantes de la paz, para violar a la esposa del dueño o a su hijita, o para extorsionar dinero y otros objetos de valor. Se han alzado gritos de protesta a todos los niveles, incluso hasta la Oficina del Presidente de la República Joseph Kabila, y no han servido de nada. Es un ejército separado dentro de las FARDC, que goza de la protección de su jefe en un Estado que se dice democrático."(140)

Los numerosos testimonios reunidos por Amnistía Internacional dan fe de la comisión de graves violaciones de derechos humanos por el GSSP, como tortura, detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza.

En Kisangani, donde estas tropas están desplegadas en gran número, los soldados no rinden cuentas a nadie y no parecen dependientes jerárquicamente de ninguna cadena de mando del ejército regular. Pese a que sus salarios se abonan con regularidad y sus condiciones de trabajo son mejores que las de otros soldados del ejército nacional, los integrantes de este cuerpo hostigan y explotan a la población civil, roban sus pertenencias y cometen otras violaciones de los derechos humanos. A las afueras de la ciudad, tanto río arriba como río abajo del Congo, los soldados del GSSP exigen a los transeúntes el pago de un peaje de 500 francos congoleños (un poco más de un dólar estadounidense).(141)

En marzo del 2005, una ONG de derechos humanos con sede en Kisangani informó de que Marie-Thérèse Benda Malio, alcaldesa del municipio de Tshopo en Kisangani, fue brutalmente golpeada por soldados del GSSP en presencia de residentes de la localidad cuando supervisaba el trabajo comunitario de mantenimiento, que se conoce comúnmente como salongo.En el curso de esta operación, entró en un área que el GSSP considera como "zona" presidencial. Al darle el alto cuatro soldados del GSSP, la mujer protestó diciendo que era la alcaldesa de la localidad, pero en vano. Según se informa, abusaron de ella, la arrastraron por el suelo casi desnuda, con sus ropas desgarradas y la ropa interior a la vista.(142)

El 26 de agosto del 2005, ocho soldados del GSSP destacados en Kindu, la capital de la provincia de Maniema, detuvieron a Kisubi Tchambikwa, un hombre de 60 años que trabajaba para la Régie des voies aériennes(RVA, la empresa estatal de líneas aéreas). Según los informes, tuvo un altercado con los soldados por haber tomado un atajo a través de la pista del aeropuerto de Kindu y los soldados lo mataron a golpes. También parece que trataron de obtener dinero de él con extorsión. Esta ejecución extrajudicial causó indignación general en toda la provincia. El 25 de octubre del 2005, tras un juicio que preocupó a Amnistía Internacional por su falta de garantías judiciales, algunos de los soldados declarados culpables de este asesinato fueron condenados a cadena perpetua por la justicia militar.(143)

El 22 de mayo del 2006, Anselme Masua,(144) de 42 años de edad y periodista de Radio Okapi, emisora nacional de radio, independiente y patrocinada por la ONU, fue golpeado por soldados de la Guardia Republicana en un campamento militar de Kisangani, al parecer por orden de un capitán de la Guardia. Según los informes, entre seis y ocho soldados le dieron puñetazos y golpes repetidamente con la culata de los fusiles en la cabeza y la espalda. El periodista había acudido al campamento para cubrir una noticia sobre la posible integración de la Guardia Republicana en el ejército nacional.

El 22 de agosto del 2006, unos soldados de la Guardia Republicana detuvieron a 84 pescadores en el municipio de N’galiema, Kinshasa, y los condujeron a pie desde el alojamiento que tenían junto al río hasta un garaje abandonado próximo a la base militar de Tshatshi. Los soldados acusaron a los pescadores de ser "rebeldes", leales al principal rival electoral del presidente Kabila, Jean-Pierre Bemba, y de estar preparando un ataque contra el campamento de Tshatshi. Obligaron a los hombres a desnudarse y les dieron palizas. Les robaron sus pertenencias. Después de atarlos y meterlos desnudos en vehículos de la Guardia Republicana, los condujeron a la base de Tshatshi, donde según los informes los amenazaron de muerte y los golpearon de nuevo con las culatas de los fusiles. Los soldados confiscaron sus tarjetas electorales bajo pretexto de que ellos eran de la provincia de Equateur (el principal foco de apoyo a Jean-Pierre Bemba). Seguidamente los encerraron en una celda muy pequeña donde los tuvieron recluidos 48 horas sin darles de comer. A uno de ellos, que sospechaban era familiar de Jean-Pierre Bemba, se dice que lo torturaron. Al cabo de tres y cuatro días de reclusión arbitraria, los pusieron en libertad a todos.(145)

Los oficiales de las FARDC entrevistados afirman que la Guardia Republicana rinde cuentas al jefe del Estado, y éste, no el Estado Mayor de las FARDC, es el responsable de ellas. Si se excluye la referencia a la Guardia Republicana que figura en el artículo 140 de la Ley de Organización General de la Defensa y las Fuerzas Armadas, ninguna disposición legal sobre la organización de las fuerzas de Defensa y Fuerzas Armadas de la RDC estipula que la Guardia Republicana sea una unidad separada dentro del ejército nacional. En abril del 2005, el presidente Joseph Kabila designó al comandante de la Guardia Republicana mediante un decreto(146) que "revoca[ba] todas las disposiciones anteriores contrarias" al dicho decreto.

Según la SMI, la Guardia Republicana también debe someterse al proceso de integración. Sin embargo, la lentitud que se observa en la integración de esta unidad particular del ejército está suscitando grave preocupación. En los cuarteles de Kinshasa, por ejemplo, los Centros de Reagrupación en los que debían congregarse los miembros de la Guardia Republicana para ser incluidos en el proceso de integración, no se habían abierto aún en julio del 2006.(147) Sin embargo, el 15 de septiembre, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor anunciaron oficialmente la creación del primer batallón integrado de la Guardia Republicana. Entrenados y formados en el "Centro de Integración, Instrucción y Reciclaje" de Kibomango, suburbio de Kinshasa, el nuevo batallón integrado consiste de 800(148) hombres, la mitad de los cuales proceden del anterior GSSP y el resto del MLC y la RCD-Goma.

Los oficiales de las FARDC entrevistados opinaban que las tensiones étnicas en el seno de la Guardia Republicana podrían ser en el futuro una fuente de inestabilidad y problemas en el periodo posterior a las elecciones. A los elementos no integrados de la Guardia Republicana se los sigue desplegando paralelamente a otras unidades de las FARDC. Según los informes, la Guardia Republicana está dominada por el llamado "clan katangués" (clan katangais), algunos de cuyos integrantes son antiguos miembros de la "policía katanguesa" (principalmente en el sur de Katanga) que luchó en el bando de Laurent-Désiré Kabila. Un sesgo étnico tan obvio dentro de la Guardia Republicana no augura nada bueno para la cohesión de esta unidad especial y menos aún para el ejército nacional, al que no hace sino debilitar más.(149)

CONCLUSIÓN

Mientras no se complete la reforma del ejército, la paz en la República Democrática del Congo será frágil. No es muy probable que se rompa el ciclo de violencia en que está sumido el país. Los derechos humanos seguirán en peligro y la pobreza en aumento.

Los esfuerzos tan desganados de desmovilización y reforma del ejército, la corrupción, la crisis de confianza, las tensiones étnicas, la aparente falta de visión de que hacen gala los líderes políticos y militares del Congo, y la ineficiencia de la CONADER, todo augura desastre para la situación de los derechos humanos en la RDC. En estos momentos, ni el espíritu, ni el contexto y ni los métodos de la reforma tienen posibilidad de acabar proporcionando al pueblo congoleño un ejército que respete y defienda sus derechos humanos.

Existe un marco jurídico para crear un ejército verdaderamente nacional, apolítico, respetuoso y sensible en materia de derechos humanos, y sometido a la autoridad civil. Lo que se requiere es traducirlo en hechos. Amnistía Internacional considera que la integración de un ejército de estas características no puede limitarse simplemente a establecer un mando único y nacional y a integrar a las tropas, sino que el proceso debe además comportar, en particular y con urgencia: la normalización de cadenas y procedimientos de mando; la formación y aceptación incondicional de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, desde el mando supremo al soldado raso, y el establecimiento de un mecanismo independiente de selección que excluya de las fuerzas armadas integradas a toda persona de la que sea razonable sospechar que ha cometido crímenes contra el derecho internacional humanitario u otras violaciones de los derechos humanos.

Es de vital importancia que el nuevo gobierno demuestre de manera oportuna y sin ambigüedad que está totalmente comprometido a completar eficazmente el proceso de reforma en marcha y, particularmente, a completarlo con urgencia. Se necesita más que simple voluntad política para aceptar este reto.

RECOMENDACIONES

A. Al gobierno de la RDC

1. Garantizar que el personal de las FARDC respeta y protege los derechos humanos

^{a) Indicar claramente que la reforma del ejército nacional integrado es una prioridad esencial, y crear un marco operativo para llevarla a cabo de forma rigurosa, profesional e incluyente.}

^{b) Dar instrucciones claras a todas las FARDC de que respeten el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, y de que desistan de cometer homicidios ilegítimos, actos de tortura –incluida violación– y malos tratos, y otras violaciones de los derechos humanos contra la población civil.}

^{c) Tomar medidas para garantizar que se entrena debidamente a todos los soldados de las FARDC, y que el entrenamiento incluye, de forma obligatoria y absolutamente prioritaria, formación en derecho internacional humanitario y de derechos humanos.}

^{d) Suspender de sus puestos en las FARDC y excluir del proceso de integración en el ejército a todo individuo del que las autoridades puedan sospechar razonablemente que ha cometido crímenes contra el derecho internacional humanitario u otras violaciones de los derechos humanos, o que ha participado en tales, hasta que las alegaciones sobre esa persona puedan investigarse de forma independiente e imparcial.}

2. Garantizar que el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y el de integración militar cumplen los principios y las normas de derechos humanos

^{a) Garantizar la continuación de operaciones conjuntas de DDR y de reforma del ejército, y la provisión de recursos adecuados y de todas las facilidades necesarias hasta la finalización total de ambos procesos. Esto deberá incluir un funcionamiento eficaz de todos los Centros de Orientación y equipos de intervención móviles para asegurar que las actividades indispensables para el proceso de selección de candidatos respetan las normas de derechos humanos establecidas.}

^{b) Terminar, o en todo caso mejorar, el "plan de emergencia" elaborado para la primera fase de la reforma visto que ha contribuido a crear un proceso deficiente al omitir pasos fundamentales, como el eficaz "filtraje de candidatos", de vital importancia para la reforma.}

^{c) Aplicar, sin dilación, las disposiciones del "núcleo común" consagradas en el Plan Estratégico Nacional para la Integración de las Fuerzas Armadas y garantizar que se respetan en todas las fases del proceso de reforma.}

^{d) Garantizar que todas las fuerzas militares pasan, sin dilación, por el proceso de integración en el ejército o por el proceso de DDR.}

^{e) Crear y poner en práctica un mecanismo independiente de selección/verificación de candidaturas para impedir que se incorporen al proceso de integración personas de las que sea razonable sospechar que han cometido crímenes contra el derecho internacional humanitario u otras violaciones de los derechos humanos, o que han participado en tales, hasta que las alegaciones contra esas personas puedan ser investigadas con independencia e imparcialidad.}

^{f) Asegurar que se identifica individualmente a cada persona que se incorpora al proceso de integración; esta identificación es esencial para promover la obligación de rendir cuentas, prevenir la corrupción y garantizar que no entran en el programa las personas descalificadas, tales como los presuntos perpetradores de crímenes contra el derecho internacional humanitario u otras violaciones de los derechos humanos.}

^{g) Introducir medidas rigurosas para proteger de la discriminación étnica a los candidatos que deseen integrarse en el ejército, y asegurar que los perpetradores de estas prácticas discriminatorias comparecen ante mecanismos disciplinarios del ejército y que se los procesa cuando se sospecha que han cometido un delito.}

^{h) Llevar a cabo con urgencia una revisión del Plan Estratégico Nacional para la Integración de las Fuerzas Armadas elaborado por el Ministerio de Defensa e incluir, entre los prerrequisitos para el éxito de las tres fases identificadas, una clara referencia a la formación obligatoria en materia de derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Asegurar que la formación que se proporciona a los soldados durante el proceso incluye instrucción en la aplicación práctica de estas leyes a las actividades diarias del ejército.}

i) Proporcionar a los centros de integración los recursos necesarios a fin de que los soldados reciban la debida alimentación, alojamiento y paga.

j) Acelerar sin más dilación el proceso de DDR para las personas que no desean formar parte del ejército integrado, o para aquéllas a las que no se considera candidatos idóneos, y garantizar que el programa dispone de los recursos necesarios en cuestión de financiación, personal y proyectos para la reintegración efectiva a la comunidad.

k) Asegurar que todas las personas desmovilizadas y que aguardan su reintegración a la vida civil reciben la información correcta y tienen acceso a fondos de ayuda ("red de seguridad"), así como a subvenciones destinadas a proyectos de reintegración.

l) Asegurar que la CONADER es totalmente capaz de cumplir su función de gestión del proceso de DDR con eficacia, transparencia y rendición cuentas.

m) Asegurar, sin dilación, la inclusión plena y efectiva de la Guardia Republicana en el proceso de reforma, y acelerar la fase de integración de este cuerpo.

3. Frenar la proliferación de armas ligeras

a) Exigir que las antiguas fuerzas y grupos armados que participan en el programa de reforma del ejército rindan sus armas al Estado Mayor General y se comprometan sin reservas a no rearmarse.

b) En colaboración con el PNUD, la CONADER y la MONUC, implementar el desarme de la comunidad en Ituri y asegurar que se desmantelan los alijos de armas que aún existen en el distrito.

c) Cumplir y obligar a cumplir las condiciones del embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a la RDC, asegurando en particular que no llegan armas o pertrechos a las unidades militares de Kivu Septentrional, Kivu Meridional o Ituri hasta que dichas unidades hayan sido integradas y rindan cuentas a las estructuras de la cadena de mando oficial de las FARDC.

d) Asegurar la aplicación estricta de la Resolución 1596 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según la cual "en el futuro, todos los envíos autorizados de armas y pertrechos [...] únicamente serán hechos a los sitios de recepción que indique el Gobierno de Unidad Nacional y Transición en coordinación con la MONUC y que sean notificados con antelación al Comité".

e) Dar pasos para garantizar que todas las armas recobradas durante el proceso de integración, incluidas las obtenidas por el programa PAREC de trueque de armas por bicicletas llevado a cabo en Katanga, se almacenan de forma segura y adecuada.

B. A los grupos armados presentes y operativos en la parte oriental de la RDC

1. Los líderes y comandantes de los grupos armados deben ordenar a sus tropas claramente y sin ambigüedad que dejen de cometer abusos contra la población civil.

2. Deben admitir y condenar públicamente los abusos contra los derechos humanos perpetrados por sus tropas contra la población civil y tomar medidas firmes y urgentes para poner fin a tales abusos.

3. Cooperar plena e incondicionalmente con cualquier investigación relacionada con el procesamiento de presuntos perpetradores a fin de que las víctimas puedan obtener justicia.

C. A la MONUC

1. Desplegar, antes y después de las elecciones, suficientes fuerzas de mantenimiento de la paz para garantizar la protección de la población civil en las regiones donde la situación es inestable y los civiles pueden sufrir abusos.

2. Aplicar plenamente y con resolución su mandato de protección de civiles, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

3. Supervisar la aplicación estricta de la Resolución 1596 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según la cual: "en el futuro, todos los envíos autorizados de armas y pertrechos [...] únicamente serán hechos a los sitios de recepción que indique el Gobierno de Unidad Nacional y Transición en coordinación con la MONUC y que sean notificados con antelación al Comité". La MONUC debe monitorizar y supervisar los lugares designados las 24 horas del día, y siete días por semana.

4. Acelerar, en cooperación con los gobiernos de la RDC, Ruanda, Uganda y Burundi, el proceso de DDRRR (desarme, desmovilización, repatriación, reasentamiento y reintegración) de elementos armados extranjeros en la República Democrática del Congo y tomar medidas para garantizar que se realiza totalmente de conformidad con las disposiciones relevantes del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos.

5. Asegurar que la división de derechos humanos de la MONUC continúa investigando presuntas violaciones de los derechos humanos y aumenta el número de tales investigaciones, y que cuenta con todo el material y el apoyo político necesario de las Naciones Unidas. Los resultados de las investigaciones –incluida cualquier recomendación a las autoridades de la RDC–, deben hacerse públicos.

6. Asegurar, cuando realiza operaciones conjuntas con las FARDC, que se llevan a cabo de total conformidad con las reglas del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos.

7. Exigir que el gobierno congoleño ordene que se investiguen todas las alegaciones de violaciones del derecho internacional humanitario o las normas de derechos humanos por tropas de las FARDC que su división de derechos humanos haya documentado o sobre las que haya recibido información, y que insista en que se procese a todos los presuntos perpetradores en juicios que sean congruentes con todas las normas internacionales de justicia procesal y sin recurso a la pena de muerte.

8. Someter toda colaboración futura en operaciones militares conjuntas con las FARDC a que la estructura de mando de éstas acepte un compromiso claro de que la disciplina de las tropas se reforzará y de que no se tolerará ninguna violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos bajo ninguna circunstancia.

D. A la comunidad internacional y regional

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

1. Continuar apoyando a la MONUC para hacerla más operativa sobre el terreno.

2. Garantizar un número adecuado de fuerzas de mantenimiento de la paz y demás personal de la MONUC que siga siendo necesario para permitir la continuación de la misión durante el periodo posterior a las elecciones de la RDC.

Unión Europea

1. Completar el proyecto de la EUSEC para la reforma de la administración de la soldada y la provisión de víveres en el Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas de la RDC ("Administration de la solde et des vivres au sein du ministère de la défense et des forces armées de la RDC"), que es esencial para poner fin a la corrupción y a las malas condiciones de servicio en las FARDC.

2. Extender el proyecto no sólo a las brigadas integradas sino a la totalidad del ejército, en cuanto sea practicable.

3. Extender el Proyecto de Apoyo al Establecimiento de los CBR (Projet d’appui à la mise en place des CBR)implementado en los centros de integración y reciclaje de Luberizi y "Coronel Lukusa", a otros centros de integración, tanto temporales como permanentes, identificados por la SMI y el Estado Mayor del ejército.

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(1) El Acuerdo de Paz Global y Total asignaba al gobierno de transición cinco objetivos principales: (1) la reunificación, restablecimiento de la paz, reconstrucción del país, restauración de la integridad territorial y restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional; (2) la reconciliación; (3) la formación de un ejército nacional reorganizado e integrado; (4) la convocatoria de elecciones libres y transparentes, a todos los niveles, con la finalidad de establecer un régimen constitucional democrático, y (5) el establecimiento de estructuras destinadas a la creación de un nuevo orden político.

(2) La primera ronda de elecciones nacionales se celebró el 30 de julio del 2006. La segunda ronda eliminatoria, entre Joseph Kabila y Jean-Pierre Bemba, se realizó el 29 de octubre del 2006, y al elaborar este informe seguían sin conocerse los resultados.

(3) Se desconoce el número actual de combatientes, pero distintas estimaciones lo sitúan entre 300.000 y 330.000. Véase el Programme national de désarmenent, démobilisation et réinsertion du gouvernement de la République démocratique du Congo, p.21. Disponible en:

http://www.conader.cd/pdf/Plaquette_pnddr.pdf

(4) La cifra de 150.000 es asimismo una estimación, pues el número actual de combatientes se desconoce. Se han realizado dos censos parciales sobre el número de combatientes en la RDC: uno, realizado por militares sudafricanos conjuntamente con la SMI, indicaba que entre un 30 y un 55 por ciento de las fuerzas combatientes era "ficticio" o "fantasma"; el otro, realizado por el Estado Mayor de las FARDC, indicaba como ficticio un 30 por ciento. Fuentes: Análisis de la EUSEC (Misión de asesoramiento y asistencia de la Unión Europea en materia de reforma del sector de la seguridad en la República Democrática del Congo), Administration de la solde et des vivres au sein du ministère de la défense et des forces armées de la RDC, 31 de agosto del 2005, Anexo C, inciso 1.b, y entrevista de Amnistía Internacional con personal de la EUSEC, Kinshasa, noviembre del 2005.

(5) North-Kivu: Civilians pay the price for political and military rivalry, Amnistía Internacional, septiembre del 2005 (Índice AI: AFR 62/013/2005).

(6) Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo, Misión de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.

(7) Comité Internacional de Rescate (CIR) (2006) "Mortality in the Democratic Republic of Congo: a Nationwide Survey", The Lancet, Vol. 367, Núm. 9504, 7 de enero del 2006, pp. 44 a 51. Véase también www.thelancet.com.

(8) Plan d’action 2006 de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en la República Democrática del Congo, p. 28.

(9) Los principales partidos políticos que integran el gobierno de transición incluyen: el PPRD (Partido para la Reconstrucción y el Desarrollo) de Joseph Kabila, el MLC (Movimiento de Liberación del Congo) de Jean-Pierre Bemba y la RCD-Goma (Unión Congoleña para la Democracia-Goma) de Azarias Ruberwa, todos ellos antiguos bandos beligerantes. El principal partido político de oposición civil, la UDPS (Unión por la Democracia y el Progreso Social) de Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, no participó en la transición y boicoteó las elecciones nacionales.

(10) Es la fórmula de reparto del poder presidencial. Consiste en un presidente de la República y cuatro vicepresidentes, que representan a los otros signatarios políticos y militares del Acuerdo de Paz Global y Total. En virtud de este acuerdo, Joseph Kabila es el jefe del Estado. Los cuatro vicepresidentes proceden de la RCD-Goma, del MLC (dos antiguos grupos armados), de la sociedad civil y de la antigua mouvance présidentielle (esfera presidencial).

(11) Véase el reciente informe de Amnistía Internacional sobre la RDC: Children at War – Creating hope for their future (Índice AI: AFR 62/017/2006, de octubre del 2006) en el que se analiza el programa de DDR aplicado a los menores.

(12) Opinión de un experto en asuntos militares, expresada a Amnistía Internacional en Bunia en el 2005.

(13) Resolución S/Res/1522 (2004) adoptada el 15 de enero del 2004.

(14) En este informe no se aborda el aspecto de la reforma policial.

(15) Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion du gouvernement de la République démocratique du Congo, borrador revisado el 3 de marzo del 2004, p. 23.

(16) Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion.

(17) El Programa Multinacional de Desmovilización y Reintegración (PMDR) es una iniciativa de varios organismos que apoya la desmovilización y reintegración de los excombatientes en la región centroafricana de los Grandes Lagos. Los principales contribuyentes son el Banco Mundial, la Unión Europea y un grupo de países donantes entre los que se cuentan los Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica, Canadá, Alemania, Francia, Suecia, Noruega e Italia.

(18) Véase "Vigésimo segundo informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo", del 21 de septiembre del 2006, párr. 62. La posibilidad de que el Banco Mundial proporcionara fondos adicionales dependía de los resultados de su evaluación de las actividades de la CONADER y de una reunión de donantes del Programa que se celebraría a mediados de noviembre del 2006. El informe del secretario general indicaba que aún tenían que someterse al proceso de DDR 85.000 combatientes.

(19) Decreto 03/042 de diciembre del 2003 por el que se crea la CONADER. Este decreto presidencial constituye el principal, y fundamental, marco legal de la CONADER. Este decreto fue seguido de otras siete leyes específicas que describen las organizaciones, funciones, modalidades, responsabilidades, etc. de la CONADER. Sin embargo, la CONADER aún no estaba en pleno funcionamiento en todo el país al iniciarse el programa de Ituri.

(20) Véase "La CONADER dans le processus DDR", en www.CONADER.cd.

(21) Informe trimestral del Programa Multinacional de Desmovilización y Reintegración, enero-marzo del 2005.

(22) Se pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que desempeñara esta función especial en un momento particular en que la CONADER todavía no estaba plenamente establecida como el organismo nacional de implementación del proceso de DDR.

(23) Plan opérationnel pour le désarmement et la réinsertion communautaire en Ituri (Plan DRC) Versión aprobada el 20 de enero del 2004 y actualizada el 9 de febrero del 2004, p. 13.

(24) En entrevistas con Amnistía Internacional celebradas en Bunia y Yambi Yaya en febrero del 2005, Jérôme Kakwavu de las FAPC y Floribert Njabu del FNI se hicieron eco de la frustación de sus grupos manifestando que el texto del acuerdo había sido redactado sólo por el gobierno y que les habían "largado" el texto a ellos sin darles ninguna oportunidad de leerlo y hacer comentarios antes de firmarlo.

(25) Plan opérationnel pour le désarmement et la réinsertion communautaire en Ituri (Plan DRC), p.15.

(26) Ubicados en Aveba, Nizzi, Kwandroma, Mahagi y Kasenyi. Posteriormente se abrieron dos centros más en Aru y Bunia.

(27) Ministro de Defensa, de la UPC, radicalmente opuesto al proceso de DDR y a la integración en las FARDC. Hoy dirige una facción escindida de la UPC, que se estima está integrada por 2.000 hombres.

(28) El distrito de Ituri, que era parte de la antigua provincia Oriental, está integrado por cinco territorios: Aru, Mahagi, Djugu, Irumu y Mambasa.

(29) Declaración obtenida por Amnistía Internacional y LIPADHO (Liga por la Paz y los Derechos Humanos) en Mahagi, febrero del 2005. Amnistía Internacional recabó muchos testimonios similares a éste.

(30) Todas las cifras son cifras oficiales de la CONADER de junio del 2005, cuando acabó la primera fase, voluntaria, del Programa de RDC en Ituri. Fueron proporcionadas a Amnistía Internacional por funcionarios de Ituri. Véase también el informe anual de la CONADER correspondiente al año 2005, Núm. 019/CG/DK/05.

(31) ComRec: acrónimo inglés del proyecto del PNUD "Reconstrucción y reintegración comunitaria de excombatientes y reducción de armas pequeñas".

(32) La mayoría de los ex-milicianos que protestaron eran miembros del PUSIC y de la UPC, formada en el grupo étnico hema. Afirmaban ser la voz de centenares de personas que no podían unírseles pero que apoyaban su causa.

(33) Entrevista de Amnistía Internacional con Peter (no es su verdadero nombre), antiguo integrante del grupo armado FNI, realizada en Bunia en enero del 2006.

(34) Entrevista de Amnistía Internacional con personal de la CONADER en Bunia, septiembre del 2005.

(35) Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, p. 11.

(36) Entrevistas de Amnistía Internacional con personal del PNUD en Bunia y Kinshasa, febrero y marzo del 2005.

(37) Ídem.

(38) Entrevista de Amnistía Internacional y ONG locales con representantes del Movimiento Revolucionario Congoleño (Mouvement révolutionnaire congolais, MRC) y del FNI y el FRPI . El resurgimiento de los grupos armados en Ituri y la persistente amenaza que éstos y otros grupos representan para el proceso nacional de DDR y el proceso de reforma del ejército se describen más adelante en este informe.

(39) Incluían a: Germain Katanga, líder del FRPI, nombrado general; Jérôme Kakwavu, presidente de las FAPC, nombrado general; Floribert Kisembo Bahemuka, líder de la UPC-Kisembo (o UPC-K), nombrado general; Bosco Taganda, nombrado general; Rafiki Saba Aimable, jefe de seguridad en la UPC, nombrado coronel, y Salumu Mulenda, de las FAPC, nombrado teniente-coronel.

(40) Poco después de anunciarse estos nombramientos, el gobierno de la República Democrática del Congo detuvo a Thomas Lubanga, líder de la UPC, y a Floribert Njabu, líder del FNI, acusándolos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En marzo del 2006, Thomas Lubanga fue trasladado a La Haya para ser juzgado por la Corte Penal Internacional. El 28 de agosto fue acusado formalmente en virtud del artículo 8 del Estatuto de Roma (el Estatuto de la Corte), que define como crimen de guerra el hecho de "reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades". Thomas Lubanga es la primera persona aprehendida en el marco de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Floribert Njabu sigue detenido en Kinshasa.

(41) Véase "Vigésimo primer informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo", del 13 de junio del 2006, S/2006/390, p. 11.

(42) Documento de la ONU S/2006/390, del 13 de junio del 2006, párr. 50.

(43) Comunicado de prensa de la MONUC, del 8 de julio del 2006, http://www.monuc.org/News.aspx?newsID=11680.

(44) Accord entre le GoRDC [gouvernement de la République démocratique du Congo] et le Mouvement révolutionnaire congolais (MRC) en présence de la Monuc, Kambutso, 26 de julio del 2006.

(45) Compte rendu de la rencontre entre une délégation du gouvernement et du Colonel Peter Karim Udaga, en présence des représentants de la Monuc et des notables locaux, Ddoy Ituri, 13 de julio del 2006.

(46) IRIN, "Two Militia Commanders appointed army colonels", 11 de octubre del 2006.

(47) Entrevista de Amnistía Internacional con el ministro de Defensa de la República Democrática del Congo en Kinshasa, marzo del 2005.

(48) Véase: Charles Nasibu Bilali, Qui arme les Maï Maï? Enquête sur une situation originale, GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité).

(49) Otro comandante problemático es el general Dunia, un jefe mayi-mayi que trabajó posteriormente con Laurent-Désiré Kabila. El general Dunia se negó a acudir a Kinshasa para participar en la reunificación del ejército. Según fuentes próximas al general, Dunia sigue sin convencerse de que la guerra ha acabado y de que puede dejar su bastión en la península Ubwari, Kivu Meridional.

(50) Programme œcuménique de paix, transformation des conflits et réconciliation (Programa Ecuménico para la Paz, la Resolución de Conflictos y la Reconciliación).

(51) El pastor Mulunda ha manifestado su apoyo a Kabila en muchas ocasiones. Véase, por ejemplo, la entrevista con "Le Soft International" (Le soft online, 25/12, 2005).

(52) Centro de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario, "Les autorités politico administratives et judiciaires entretiendraient-elles l’impunité face a l’insécurité créée par les Maï-Maï sur l’axe Mitwaba-Mpweto-Malemba-Nkalu?", comunicado de prensa Núm. 2M5/CDH/025, Lumumbashi, 28 de octubre del 2005.

(53) Las comunidades de Mitwaba y Mpweto, en el Alto Katanga, fueron masacradas. Los crímenes se extendieron a los pueblos de Bangwe y Mondwe, y de Kyumba en el territorio de Malemba Nkulu, en el Alto Lomani. Según la CDH, las autoridades políticas y judiciales no se atreven a visitar estos lugares debido al extraordinario nivel, sin precedentes, que ha alcanzado la violencia.

(54) Véase: MONUC, "Special investigation mission into human rights violations and abuses committed in the Territory of Mitwaba, Katanga Province", www.monuc.org/downloads/mitwaba_human_rights_jun06.pdf

(55) Ya ha transcurrido más de un año desde que los habitantes de Kilwa, localidad ubicada en el sector de Moero del territorio de Pweto (distrito de Alto Katanga, provincia de Katanga), fueron sometidos a pillaje, ejecuciones sumarias, violaciones, secuestros, extorsiones, detenciones arbitrarias y encarcelamiento a manos de soldados de la 62ª brigada de las FARDC, pero ninguna de las personas responsables ha sido procesada aún. Se han cometido atrocidades a gran escala (violaciones, incendios, saqueos, extorsiones, actos de canibalismo, asesinatos, etc.) en Ankoro, Kitenge, Kabongo, Malemba y Nkulu (en el norte de Katanga) y en Kilwa (sureste de Katanga).

(56) Véase: ASADHO, Comunicado de prensa sobre Katanga, 003/2006, "Le gouvernement de la RDC encourage l’impunité au Katanga", 20 de junio del 2006. Véase también: Declaración de prensa Núm. 2M5/CDH/025: "Les autorités politico administratives et judiciaires entretiendraient-elles l’impunité face a l’insécurité créée par les Maï-Maï sur l’axe Mitwaba-Mpweto-Malemba-Nkalu ?", Lumumbashi, 28 de octubre del 2005.

(57) http://www.monuc.org/News.aspx?newsID=10901">MONUC) NY, 3 de mayo del 2006.

(58) Carta de Refugee International (RI) pidiendo que se preste mayor atención al desarme y desmovilización en la RDC, 15/082008.

(59) Informe trimestral del Programa Multinacional de Desmovilización y Reintegración, julio-septiembre del 2005.

(60) Decimoctavo informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, S/2005/506, 2 de agosto del 2005, p. 5.

(61) Entrevista de Amnistía Internacional con el comandante de la brigada de Ituri, Bunia, febrero del 2005.

(62) Entrevista de Amnistía Internacional en Yambi Yaya, Bunia, febrero del 2005.

(63) En este informe utilizamos "reforma" e "integración" para indicar "la formación de un ejército nacional reorganizado e integrado" (las FARDC), objetivo establecido en el Acuerdo de Paz Global y Total.

(64) Discurso del ministro de Defensa Nacional, Desmovilización y Excombatientes, pronunciado en la conferencia nacional sobre paz y coexistencia pacífica organizada por COJESKI [Colectivo de Organizaciones Juveniles de Kivu Meridional] durante las elecciones en la República Democrática del Congo, Kinshasa, 18 de mayo del 2005.

(65) Ídem.

(66) Ídem.

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(67) Véase la Ley de Organización General de la Defensa y las Fuerzas Armadas (Ley Núm. 04/023), del 12 de noviembre del 2004. Durante la guerra, cada grupo armado tenía su propio fuero militar. Esto ciertamente fue en detrimento de la situación en materia de derechos humanos y del acceso a la justicia en todo el país. La tan necesaria reforma del sistema de justicia militar debe tomar en cuenta una amplia gama de cuestiones de derechos humanos: desde impedir la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y ofrecer garantías judiciales para que los juicios sean justos, hasta asegurar que el sistema judicial militar es capaz de funcionar con total independencia, imparcialidad y competencia, y excluir la pena de muerte de la sentencia.

(68) Reflexiones del Dr. Ebengo publicadas en la edición 3370 de Potentiel, jueves 30 de marzo del 2005.

(69) Para más información sobre los enfrentamientos en Bukavu, consúltese el informe de Amnistía Internacional: DRC. North-Kivu: civilians pay the price for political and military rivalries, AFR 62/013/2005, septiembre del 2005.

(70) Decreto 05/076 del Jefe del Estado, 8 de septiembre del 2005, por el que destituye al oficial de las

FARDC. (Todos los oficiales mencionados son o eran miembros de la RCD-Goma.)

(71) Los congoleños hutus y tutsis de origen ruandés que tienen como lengua materna el kinyarwanda.

(72) Entrevista de Amnistía Internacional, Kinshasa, febrero del 2006.

(73) Los mayi-mayi forman un conjunto de pequeños grupos armados que reclaman el mismo nombre y que durante el conflicto en la República Democrática del Congo compartieron una misma postura militar de apoyo al gobierno de Kinshasa y de resistencia frente a los grupos armados del este respaldados por Ruanda y Uganda. Participaron en el gobierno de transición, pero en realidad tienen poca cohesión política. El movimiento mayi-mayi de Kivu es claramente diferente de los grupos mayi-mayi de Katanga.

(74) El general Padiri, líder mayi-mayi y aliado de Joseph Kabila, ha sido nombrado jefe de la Novena Región Militar, que incluye Kisangani e Ituri.

(75) Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR). Este grupo armado, compuesto principalmente de hutus ruandeses, ha estado operando en la parte oriental de la República Democrática del Congo desde que huyó de Ruanda tras el genocidio de 1994, en el que participaron algunos de sus miembros. Pese a los reiterados intentos para desplazarlas mediante las armas o la persuasión, las FDLR son todavía una fuerza considerable, responsables de numerosos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros abusos contra los derechos humanos cometidos en la parte oriental de la República Democrática del Congo, así como una frecuente fuente de tensión entre este país y Ruanda.

(76) Radio Okapi, Goma: de nouvelles désertions enregistrées au sein de la 8e région militaire, 12 de septiembre del 2005. http://www.radiookapi.net/article.php?id=2863

(77) Teniente coronel Thierry Provendier, portavoz militar de la MONUC, FARDC : la Monuc ramène 500 soldats déserteurs à la 8e région militaire, 20 de septiembre del 2005, http://www.radiookapi.net/article.php?id=2921

(78) Entrevista de Amnistía Internacional con víctimas, 15 de febrero del 2006. El 15 de enero del 2006 también informó de ello el CREDDHO (Centre de recherche sur l’environnement, le développement et les droits de l’homme, Centro de Investigación sobre el Medio Ambiente, el Desarrollo y los Derechos Humanos), una ONG de derechos humanos local, basada en Kivu Septentrional.

(79) Referencia a la Primera Brigada entrenada por los belgas en Kisangani y que ha estado destacada en Ituri desde 2004.

(80) Amnistía Internacional: DRC. North-Kivu: civilians pay the price for political and military rivalries, AFR 62/013/2005, septiembre del 2005.

(81) Los banyamulengues son congoleños de ascendencia tutsi. La mayoría de los soldados banyamulengues sirvieron en las fuerzas armadas de la RCD-Goma, cuyos líderes militares y políticos también provenían en su mayoría de la comunidad banyamulengue. Los banyamulengues son oriundos de Kivu Meridional, pero tienen ascendencia ruandesa. Las divisiones étnicas de larga data, combinadas con el papel desempeñado por la RCD-Goma y por Ruanda en el conflicto de la República Democrática del Congo, han agravado la desconfianza y el odio popular a los banyamulengues entre los otros grupos étnicos del país.

(82) Fuerzas Nacionales/Sociedad Civil, en un comunicado emitido en Kinshasa el 8 de febrero del 2006: "Condamnation des actes de lynchage d’une catégorie des militaires dans le Centre de brassage de Kitona/Bas-Congo (RD Congo) sur base ethnique". El autor es también secretario ejecutivo de la ONG Círculo de Promotores del Desarrollo Sostenible (Cercle des promoteurs du développement durable, CPDD) y presidente nacional de la mutua Shikama Banyamulenge (Mutualité Banyamulenge).

(83) Entrevista realizada en Bunia, en el 2005. Los nombres son ficticios.

(84) Decreto presidencial 004/014, del 26 de enero del 2004, relativo a la creación y funcionamiento de la SMI.

(85) Entrevista de Amnistía Internacional con el coronel Fungula Katutu, coordinador adjunto de la SMI y responsable de Administración y Logística, febrero del 2005, Kinshasa.

(86) El primer grupo comprendido en el proceso de integración incluía a los componentes del antiguo gobierno, la ex RCD-Goma, el ex MLC, la ex RCD-N, la ex RCD-ML y los ex mayi-mayi. Posteriormente se añadieron elementos de los grupos armados de Ituri que firmaron las Actas de Compromiso así como un tercer grupo compuestos por los grupos armados que no son signatarios de los acuerdos de paz implementados en la parte oriental del país y que no reconocen estos acuerdos pese a haberlos aceptado, por ejemplo, los mayi-mayi de Katanga. El último grupo lo forman los combatientes congoleños en el exilio (antiguos Tigres en Angola, con 12.000 hombres, y el antiguo DSP, con 800 hombres).

(87) Dos semanas es el tiempo que, según el propio programa, se espera que pasen en los centros los excombatientes, aunque, como se ve más adelante en este informe, suelen producirse graves retrasos en el proceso.

(88) Véase el Programa Nacional de DDR, adoptado en el 2004.

(89) Exceptuando el diseñado específicamente para Ituri, la aplicación del programa nacional de DDR ha quedado truncada, lo que ha hecho necesario improvisar la implementación de actividades del "núcleo común".

(90) Centre paix, défense et démocratie du Réseau pour la défense et la gestion de la sécurité de l'Afrique australe (SADSEM), Le désarmement, la démobilisation et la réinsertion en RDC. Aperçu sur les concepts fondamentaux et les aspects pratiques du processus, 2004.

(91) Informe de la misión conjunta publicado en el boletín de la CONADER, edición de junio del 2005.

(92) Definición de las Fuerzas Armadas Canadienses citada en el análisis del Informe de la Comisión de Investigación sobre Somalia, http://www.dnd.ca/somalia/vol0/v0s11e.htm.

(93) Amnistía Internacional, North-Kivu: Civilians pay the price for political and military rivalry, AFR 62/013/2005, septiembre del 2005.

(94) El 11 de diciembre del 2004 se produjeron enfrentamientos entre fuerzas de las FARDC compuestas de excombatientes de la antigua RCD-Goma y otras fuerzas de las FARDC en Kanyabayonga, una ciudad estratégica situada entre los territorios de Lubero y Rutshuru, en Kivu Septentrional, y próxima a las zonas fronterizas controladas por la RCD-ML y la RCD-Goma. Los enfrentamientos se produjeron al intentar las tropas gubernamentales de las FARDC retomar la ciudad que controlaba el contingente ex RCD-Goma de las FARDC. Los combates duraron nueve días y se cobraron la vida de decenas de civiles hasta que se hicieron cesar mediante un alto el fuego acordado el 21 de diciembre.

(95) Minembwe es una serie de altiplanos en los territorios de Uvira y Fizi, refugio del comandante Masunzu, el cual lidera la RCD-Goma en la región desde hace mucho tiempo. Masunzu es en la actualidad un alto mando en el ejército congoleño.

(96) Los ancianos de la comunidad.

(97) Véase el informe de Amnistía Internacional: Democratic Republic of Congo: Mass rape – time for remedies, AFR 62/018/2004, del 26 de octubre del 2004.

(98) Programa Nacional de DDR, p. 25. Se describe en mayor detalle en el Plan de Operaciones Conjuntas.

(99) Estos delitos de menor gravedad incluían, por ejemplo, insultos a un oficial superior o estado de ebriedad en público.

(100) Entrevista de Amnistía Internacional con personal de la prisión y con organizaciones de derechos humanos en Beni, marzo del 2005.

(101) Entrevista de Amnistía Internacional con un funcionario del Centro de Integración y Reciclaje, diciembre del 2005.

(102) Rapport de la mission d’évaluation conjointe MONUC-bailleurs-EMG-SMI-CONADER au Nord Kivu, Sud Kivu et Province Orientale. Misión realizada del 8 al 13 de abril del 2005.

(103) Anexo al Plan Estratégico Nacional para la Integración de las Fuerzas Armadas.

(104) Estaba previsto que los centros estuvieran en N’Zumu, Primera Región Militar; Kitona (Segunda Región Militar); Bokala y Gbadolite (Tercera Región Militar de Equateur); Katende (Cuarta Región Militar de Kasai Occidental); Katenda y Lucha (Quinta Región Militar de Kasai Oriental); Kamina y Mura (Sexta Región Militar de Kabanga); Luama , Kindu (Séptima Región Militar de Maniema); Mushaki (Goma) y Nyaleke (Beni), Octava Región Militar de Kivu Septentrional; Bunia (Novena Región Militar de Lukusa), y Luberizi (Décima Región Militar de Kivu Meridional).

(105) Nyaleke, Mushaki, Luberizi, Kamina, Kitona y "Coronel Lukusa" en Kisangani. El centro de Mushaki fue posteriormente trasladado a Rumangabo, el cual se seleccionó como futuro centro permanente a fines de formación y alojamiento.

(106) El presupuesto para el 2005 asignaba 36.566.292 de dólares estadounidenses a la integración. Según personal de la SMI, esta suma es insuficiente pues el costo del proceso se estimaba en 202.215.000 de dólares estadounidenses. La oficina de la SMI y las 10 unidades regionales costarían 11 millones de dólares; el censo, 1.414.000 dólares.

(107) Plan Estratégico Nacional para la Integración de las Fuerzas Armadas, agosto del 2005.

(108) Ídem.

(109) "Enrôlement forcé par les FARDC au centre de brassage de Nyaleke Nord Kivu", GLRP/CONGO 26 de junio del 2006.

(110) Información publicada por IRIN, República Democrática del Congo, 7 de julio del 2006. Estas informaciones también han sido confirmadas por Amnistía Internacional.

(111) "Sortie officielle du premier bataillon intégré de la Garde Républicaine des FARDC", Agencia Xinhua, 15 de septiembre del 2006.

(112) Información publicada por IRIN, República Democrática del Congo, 7 de julio del 2006. Estas informaciones también han sido confirmadas por Amnistía Internacional.

(113) Radio Okapi, "La grande Bretagne préoccupée par les conditions sociales des soldats congolais", 1 de noviembre del 2005, http://www.radiookapi.net/article.php?id=3207. Hilary Benn se encontraba en visita oficial al Congo.

(114) Análisis de la EUSEC (Misión de asesoramiento y asistencia de la Unión Europea en materia de reforma del sector de la seguridad en la República Democrática del Congo), Administration de la solde et des vivres au sein du ministère de la défense et des forces armées de la RDC, 31 de agosto del 2005, y entrevista de Amnistía Internacional con personal de la EUSEC, Kinshasa, noviembre del 2005.

(115) "L’armée FARDC et la fausse paie", entrevista con el general Ondekane, antiguo ministro de Defensa, Le Soft International, http://www.lesoftonline.net/phil.php?id=623, 14 de junio del 2005. Véase también "Détournements au sein de l'armée : le général Ondekane reconnaît l'existence de contingents fictifs payés par le Trésor", Le Soft International, http://www.lesoftonline.net/phil.php?id=594, 31 de marzo del 2005. Existen muchos otros informes, por ejemplo de EUSEC y CIAT, que describen o expresan preocupación por las prácticas corruptas en el seno de las FARDC y en el sector de la administración pública de la RDC en general.

(116) Entrevista de Amnistía Internacional con personal de la EUSEC, Kinshasa, noviembre del 2005.

(117) El plan (Administration de la solde et des vivres au sein du ministère de la défense et des forces armées de la RDC) fue aprobado en diciembre del 2005 por el gobierno de transición.

(118) Entrevista de Amnistía Internacional con el ministro de Defensa, Kinshasa, 2005. Un soldado de las FARDC percibe, por término medio, 5 dólares estadounidenses, cantidad que recientemente, desde la reforma de la EUSEC, se ha aumentado a 23. Un oficial de alta graduación no percibe más que 50 dólares mensuales.

(119) Ídem.

(120) La Primera Brigada, conocida como la Brigada de Ituri, que fue entrenada por los belgas, se desplegó primeramente en Ituri y su campo de acción estuvo restringido a Bunia, la principal ciudad del distrito; pero posteriormente fue progresivamente utilizada fuera de Bunia en partes del distrito menos seguras y más inestables.

(121) El viernes 25 de febrero del 2005, nueve integrantes de las fuerzas de mantenimientos de la paz de la ONU perdieron la vida en la ciudad de Kafe, situado a unos 32 km. al noroeste de Bunia, en el distrito de Ituri.

(122) UN OCHA, Monitoring de la situation humanitaire en RDC du 7 au 13 mai 2005, http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/VBOL-6CKFJN?OpenDocument.

(123) Entrevista de Amnistía Internacional con ONG locales en Bunia, noviembre del 2005.

(124) MONUC, División de Derechos Humanos, "Droits de l'Homme - Etat des lieux mensuel - juin 2006", http://www.monuc.org/News.aspx?newsId=11765, del 14 de julio del 2006.

(125) Entrevistas de Amnistía Internacional con soldados de las nuevas brigadas integradas y con las autoridades de los CBR de Bunia, Luberizi, Nyaleke y Mushaki, realizadas entre marzo y septiembre del 2005 y en marzo del 2006.

(126) Loi portant organisation générale de la défense et des forces armées, Ley 04/023/ del 12 de noviembre del 2004. Fue adoptada por la Asamblea General y el Senado, aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia, y promulgada por el presidente de la República.

(127) Ibídem, artículo 42.

(128) Entrevista de Amnistía Internacional con un testigo, febrero del 2006.

(129) El puerto de Mahagi, Djegu, Nyarembe, Ndrele, Kudikoda, Sisi, Pono, Njakanja, la ciudad de Mahagi y Panzudu.

(130) Según la información obtenida de testigos en Mongwalu, los milicianos responsables de las violaciones a los que las FARDC hicieron huir, se alojaban en Livo, centro situado a aproximadamente 10 km. de Nioka. Eran los hombres de Peter Karim (unos 3.000), a los que se unió el mayor Ngujolo del antiguo FPRI, y soldados de la ex UPC liderados por Thomas Lubanga.

(131) Entrevistas de Amnistía Internacional con las organizaciones LIPADHO (Liga por la Paz y los Derechos Humanos) y Justice plus, diciembre del 2005.

(132) Amnistía Internacional ha entrevistado a más de 100 habitantes de Mahagi. Mahagi es uno de los territorios más importantes del distrito de Ituri. Tiene una población de cerca de 274.000 habitantes.

(133) Testimonio prestado por una persona residente en Aru.

(134) El antiguo GSSP.

(135) El verdadero número de soldados que componen este cuerpo sigue siendo una incógnita y la falta de transparencia que se observa en su gestión es inquietante. Según algunas estimaciones, lo componen entre 12.000 y 15.000 hombres bien equipados y que cuentan con buen apoyo.

(136) Lo creó Laurent Désiré Kabila tras la victoria de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL) en 1996, y se inspira bastante en la División Especial Presidencial (Division spéciale présidentielle, DSP), de triste fama, creada por Mobutu.

(137) La prisión central de Kinshasa, el aeropuerto internacional de N’djili en Kinshasa, Kisangani (provincia Oriental), Kindu (provincia de Maniema), Lubumbashi (provincia de Katanga), Matadi y Moanda (provincia de Bajo Congo), Bukavu (provincia de Kivu Meridional), y otros lugares.

(138) Derivado del nombre de un antibiótico de cápsula rojinegra (los colores del uniforme y boina de este cuerpo).

(139) Entrevista de Amnistía Internacional con la organización Voix des sans voix (VSV), Kinshasa, marzo del 2005.

(140) Entrevista de Amnistía Internacional con un residente de Kinshasa, febrero del 2005.

(141) Información obtenida en entrevistas de Amnistía Internacional con periodistas de Radio Okapi en Kisangani, y confirmada por el Grupo Lotus.

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(142) En respuesta a la presión pública, el asunto fue remitido a la oficina del auditor de guerra. Uno de los cuatro acusados se fugó y los otros tres están hoy bajo custodia. Todos ellos fueron procesados por detención arbitraria, ultraje y violencia contra una persona investida de la autoridad del Estado y condenados a 12 meses de prisión, pese a que el ministerio público había pedido cinco años.

(143) Radio Okapi, "Kindu: huit soldats du Groupe spécial de la sécurité présidentielle (GSSP) condamnés à perpétuité", http://www.radiookapi.net/article.php?id=3171, 26 de octubre del 2005.

(144) Radio Okapi, www.radiookapi.net, 25 de junio del 2006. También informaron de ello los contactos locales de Amnistía Internacional y www.LaConscience.com en un artículo titulado "Un journaliste roué de coups par la garde présidentielle", 25 de junio del 2006.

(145) Correspondencia electrónica de Amnistía Internacional con personal de derechos humanos de la MONUC y con ONG congoleñas, agosto del 2006.

(146) Decreto 05/025 del 12 de abril del 2005, por el que se nombra al comandante de la Guardia Republicana.

(147) Se están llevando a cabo en la actualidad un censo y trabajo preliminar para someter plenamente a la Guardia Republicana al proceso de integración. Sin embargo los observadores dudan de que esta medida pueda ser transparente y de que se consiga establecer un mecanismo de verificación como es debido.

(148) "Sortie officielle du premier bataillon intégré de la Garde Républicaine des FARDC", Agence Xinhua, 15 de septiembre del 2006.

(149) Entrevista de Amnistía Internacional con altos mandos del Estado Mayor de las FARDC, enero del 2006. Véase también el informe del International Crisis Group sobre Katanga: Katanga: la crise oubliée de la RDC, Rapport Afrique No.103, de enero del 2006.