AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: AFR 62/001/2009

28 de enero de 2009

República Democrática del Congo: Laurent Nkunda y Bosco Ntaganda deben comparecer ante la justicia

La detención de Laurent Nkunda –ha dicho hoy, 28 de enero, Amnistía Internacional– debe ir seguida rápidamente de las medidas necesarias para procesarlo por crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en la República Democrática del Congo, en un juicio con garantías y sin posibilidad de recurrir a la pena de muerte. Si ningún Estado lo hace, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencia para iniciar él el procesamiento. Desde 2004, el Fiscal de la CPI investiga los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo, especialmente en la región de Ituri, y ha pedido y conseguido órdenes de detención.

Laurent Nkunda, ex dirigente del grupo armado Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, fue detenido el 22 de enero y está recluido en un lugar no revelado de Ruanda. El gobierno ruandés debe aclarar de inmediato bajo qué acusaciones y en qué circunstancias retiene a Laurent Nkunda, anunciar qué piensa hacer para garantizar su procesamiento en un juicio justo en el que los testigos reciban una protección real, y garantizar que sus derechos son plenamente respetados.

La ONU y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han acusado a miembros del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo y otros grupos armados previos dirigidos por Laurent Nkunda de crímenes de guerra y otros graves abusos contra los derechos humanos, como el reclutamiento y uso de niños y niñas como soldados, la comisión de homicidios ilegítimos y la violación sistemática de mujeres y niñas. En septiembre de 2005, las autoridades de la República Democrática del Congo dictaron contra Nkunda una orden de detención por crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como por insurrección. A pesar de estas múltiples acusaciones, Laurent Nkunda pudo circular libremente durante muchos años entre su base en el este de la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda.

Aunque cabe la posibilidad de que Laurent Nkunda sea extraditado de Ruanda a la República Democrática del Congo, no es probable que sea juzgado con garantías en este país, cuyo sistema de justicia penal se caracteriza por la falta de independencia de la judicatura –especialmente en los tribunales militares, ante los que sería juzgado– la tortura y los malos tratos bajo custodia, unas condiciones de reclusión inhumanas y las detenciones prolongadas sin juicio. Además, testigos y abogados no reciben la protección adecuada y es habitual que sean amenazados y agredidos. La República Democrática del Congo sigue conservando la pena de muerte en su legislación. El gobierno congoleño debe resolver las deficiencias que desde hace largo tiempo presenta su sistema judicial y que impiden el procesamiento eficaz de presuntos criminales de guerra ante sus tribunales nacionales.  

La súbita caída de Laurent Nkunda contrasta con el auge de Bosco Ntaganda, el nuevo dirigente del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo y antiguo jefe de Estado Mayor de Laurent Nkunda, que ahora parece disfrutar de la plena confianza de las autoridades congoleñas y ruandesas. En agosto de 2006, la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención secreta contra Bosco Ntaganda, que hizo pública el 28 de abril de 2008, por el crimen de guerra de reclutar y utilizar como soldados a niños y niñas en la región de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, entre julio de 2002 y diciembre de 2003. También, según los informes, dirigió a los combatientes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo que mataron a decenas de civiles en Kiwanja, en Kivu Septentrional (provincia oriental de la República Democrática del Congo) los días 4 y 5 de noviembre de 2008.  

El gobierno de la República Democrática del Congo tiene la obligación legal de detener y entregar a toda persona cuyo nombre aparezca en una orden de detención de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el 16 de enero, poco después de haber anunciado el derrocamiento de Laurent Nkunda como jefe del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, Bosco Ntaganda apareció públicamente en Goma, junto con el ministro del Interior de la República Democrática del Congo, Célestin Mbuyu Kabango, y otros altos cargos militares, declarando el final de la rebelión del grupo y ofreciendo sus fuerzas para la operación militar conjunta de los gobiernos congoleño y ruandés contra el grupo armado Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR). James Kabarebe, el jefe del Estado Mayor de Ruanda, también estuvo presente en el acto.
 
De nuevo se ha sacrificado la justicia en interés de la conveniencia política y militar de la República Democrática del Congo. Hay otros presuntos autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad que actualmente ocupan importantes puestos en el ejército y la policía congoleños. La impunidad persistente es una de las principales razones por las que en la República Democrática del Congo siguen cometiéndose crímenes de guerra y de lesa humanidad a gran escala. Esta situación no acabará hasta que los gobiernos de la región y la comunidad internacional demuestren que están claramente dispuestos a poner en manos de la justicia a todos los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.  

FIN/