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Documento - PUBLIC

PÚBLICO Índice AI: AFR 62/002/2008

4 de abril de 2008

AU 89/08 Amenazas de muerte / temor por la seguridad

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA Georges Kapiamba, abogado y defensor de los derechos humanos;

DEL CONGO Prince Kumwamba, defensor de los derechos humanos;

y otros defensores de los derechos humanos de las organizaciones Asociación Africana para la Defensa de los Derechos humanos (Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme - Katanga , ASADHO/Katanga) y Acción contra la Impunidad por los Derechos Humanos (Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains , ACIDH).

Desde las primeras horas de la noche del 3 de abril, los defensores de los derechos humanos Georges Kapiamba y Prince Kumwamba han recibido varias amenazas, algunas de ellas de muerte, relacionadas con su labor de defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que su vida, así como la de otros defensores de los derechos humanos que trabajan en las mismas organizaciones, puede correr peligro.

Las amenazas recibidas por Georges Kapiamba, abogado que trabaja en la Asociación Africana para la Defensa de los Derechos humanos (Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme – Katanga, ASADHO/Katanga), y Prince Kumwamba, director ejecutivo de la organización Acción contra la Impunidad por los Derechos Humanos (Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains, ACIDH), ambas con sede en Lubumbashi, capital de la provincia de Katanga, se han realizado por teléfono en forma anónima. Amnistía Internacional cree que en ellas podrían estar implicadas algunas figuras políticas importantes de la provincia deKatanga. Durante una de las llamadas telefónicas, el interlocutor de Georges Kapiamba le advirtió: “Como no quieres callarte sobre el asunto de Kilwa y como sigues provocando al gobierno, vas a ser destruido para que no puedas hacer más daño. Te vamos a dar por todos los medios posibles” (“Comme tu ne veux pas te taire sur le dossier Kilwa et que tu continues à déranger le gouvernement, tu vas être détruit afin de te mettre hors d’état de nuire. Nous allons t’atteindre par tous les moyens.”). Prince Kumwamba también ha recibido llamadas telefónicas en las que se la ha advertido que debe abandonar sus actividades en relación con el mismo asunto.

Las amenazas parecen estar relacionadas con una visita que planeaban hacer Georges Kapiamba, Prince Kumwambay otros activistas a la localidad de Kilwa, en la provincia de Katanga, escenario de una matanza cometida por tropas del gobierno en octubre de 2004. El equipo se proponía entrevistarse con varias personas que habían resultado heridas durante la matanza y con familiares de las víctimas. La visita se llevaba a cabo en nombre de un estudio jurídico de Australia que estaba explorando la posibilidad de presentar demandas de indemnización ante los tribunales australianos contra la empresa minera australiano-canadiense Anvil Mining.

Cuando el equipo se disponía a volar de Lubumbashi a Kilwa, la unidad de control del tráfico aéreo les informó que el servicio de inteligencia, ANR (Agence Nationale de Renseignements), y el ministro del Interior de la provincia de Katanga habían denegado la autorización solicitada para el vuelo. Posteriormente se les informó de que el gobernador de Katanga también se había negado a permitir su traslado a Kilwa.

El 3 de abril, ASADHO/Katanga y ACIDH, junto con dos ONG internacionales, Global Witness y Rights and Accountability in Development (RAID), publicaron un comunicado de prensa conjunto en el que protestaban por el obstáculo interpuesto por las autoridades a la legítima labor profesional y de defensa de los derechos humanos que desarrollaban los activistas. Posteriormente, Georges Kapiamba fue entrevistado por medios de comunicación internacionales en relación con el incidente.

Estas últimas amenazas forman parte de un cuadro de intimidación y hostigamiento de trabajadores de derechos humanos en relación con su trabajo sobre la matanza de Kilwa; la amenaza de muerte contra Georges Kapiamba parece ser la más seria de las que se han formulado hasta la fecha.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En octubre de 2004, al menos 73 civiles, entre los que había numerosas mujeres y menores de edad, fueron víctimas de homicidio ilegítimo en Kilwa y sus alrededores a manos de soldados de la 62 Brigada de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC). Otras víctimas fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a tortura y malos tratos. Anvil Mining, que gestiona una mina de cobre y plata situada cerca de Kilwa, proporcionó transporte –aviones y vehículos rodados de la empresa– para la operación militar. Anvil Mining mantiene que su equipo fue requisado “con el respaldo de la ley” por las fuerzas de seguridad y niega toda participación directa en la matanza. En junio de 2007, un tribunal militar de Lubumbashi absolvió a 12 acusados, entre los que figuraban oficiales militares y tres empleados extranjeros de Anvil Mining, de cargos de crímenes de guerra y complicidad en crímenes de guerra en relación con la matanza. Cuatro de los encausados, todos ellos soldados, fueron condenados por delitos no relacionados con éstos. Al parecer, el juicio se vio afectado por injerencias políticas de alto nivel, así como por actos de intimidación contra los testigos. Las absoluciones merecieron la condena generalizada de la opinión pública, que las consideró un paso atrás en la lucha contra la impunidad en la República Democrática del Congo. En diciembre de 2007 se rechazó un recurso de apelación interpuesto contra el fallo del tribunal.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en francés, inglés o en su propio idioma:

-instando a las autoridades a garantizar que Georges Kapiamba, Prince Kumwamba y otros activistas de ASADHO/Katanga y ACIDH serán protegidos de las amenazas y posibles agresiones;

- exhortando a que se lleve a cabo una investigación pronta, imparcial e independiente sobre las amenazas recibidas por Georges Kapiamba y Prince Kumwamba y a que se haga comparecer a los responsables ante la justicia;

- instando a las autoridades a poner fin de inmediato al hostigamiento de los abogados y activistas de derechos humanos que tratan de obtener justicia para las víctimas de la matanza de Kilwa, y a garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos de la República Democrática del Congo podrán desarrollar sus actividades profesionales legítimas sin temor a la intimidación y a convertirse en víctimas de otras violaciones de derechos humanos.