PÚBLICO Índice AI: AFR 62/009/2007

1 de mayo de 2007

Más información (actualización núm. 3) sobre AU 319/06 (AFR 62/022/2006, del 27 de noviembre de 2006) y sus actualizaciones (AFR 62/003/2007, del 24 de enero de 2007, y AFR 62/008/2007, del 24 de abril de 2007) – Presa de conciencia / temor de tortura o malos tratos / posible condena a muerte / juicio sin garantías / preocupación por la salud

REPÚBLICA Marie-Thérèse Nlandu Mpolo-Nene, abogada y dirigente política;

DEMOCRÁTICA Bienvenu Tungu Mukumbu, chofer (se ha corregido el nombre);

DEL CONGO Charles Félix Kianza Bata, periodista y encargado de prensa (se ha corregido el nombre);

José Lifumba Botumbele (“José Inonga”), dirigente religioso;

André (“Gauthier”) Lusiladio Mavambu, guardaespaldas (se ha corregido el nombre);

Bona Kongbo Nzingaba, guardaespaldas;

Claude Gayo Tenvo, guardaespaldas;

Gbala Kukambisa, empleado doméstico de Marie-Thérèse Nlandu;

Ruffin Edjanga Fataki, soldado;

Basisa Iyondo, soldado.

El 30 de abril, tras pasar más de tres meses detenida, la presa de conciencia Marie-Thérèse Nlandu y sus nueve coacusados fueron absueltos de todos los cargos que pesaban en su contra por un tribunal militar y quedaron en libertad. La familia de Marie-Thérèse Nlandu ha enviado una carta en la que agradece a la membresía de Amnistía Internacional su apoyo “durante estos meses tan sombríos”.

Marie-Thérèse Nlandu y sus nueve coencausados fueron acusados de organizar y participar en un “movimiento insurreccional” (un mouvement insurrectionnel), así como de poseer armas y municiones. Su juicio, que violó las normas internacionales de imparcialidad procesal, dio comienzo el 22 de diciembre de 2006. Amnistía Internacional considera que Marie-Thérèse Nlandu fue seleccionada como objetivo debido a su labor como abogada y a sus actividades políticas pacíficas.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. Amnistía Internacional seguirá trabajando para conseguir que se ponga fin a los juicios contra civiles ante tribunales militares en la República Democrática del Congo y que se investiguen las denuncias de tortura u otros malos tratos a los detenidos en este caso y en otros.