AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 62/010/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 086/07

1 de mayo de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR620102007

República Democrática del Congo: Necesidad urgente de reformar el sector policial y de seguridad

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la noticia de que el 30 de abril un tribunal militar de Kinshasa absolvió de los cargos que pesaban en su contra a la abogada y figura política congoleña Marie-Thérèse Nlandu y a sus coacusados. Amnistía Internacional ha trabajado para conseguir la liberación sin condiciones de Marie-Thérèse Nlandu desde su detención en noviembre de 2006 por cargos de insurrección y posesión de armas, que la organización consideró políticamente motivados.

Amnistía Internacional exhorta ahora al gobierno de la República Democrática del Congo a prohibir por ley todo juicio de civiles ante tribunales militares, investigar las denuncias de que los acusados en esta causa fueron sometidos a tortura o malos tratos bajo custodia y asegurar que se les ofrezca una reparación adecuada, que deberá incluir garantías de no repetición.

La organización insta también al nuevo gobierno congoleño a tomar medidas enérgicas para poner fin a la represión política en el país y acabar con las violaciones de derechos humanos contra personas detenidas.

Amnistía Internacional siente preocupación por otros simpatizantes y activistas de la oposición política que siguen detenidos de forma ilegítima y, en algunos casos, sin acceso a abogados, familiares y asistencia médica. Otras personas han desaparecido tras ser vistas por última vez bajo la custodia de las fuerzas de seguridad. Entre ellas figura el Dr. Faustin Sosso, médico del líder de la oposición Jean-Pierre Bemba, que no ha sido visto desde que fue detenido en agosto de 2006 en Kinshasa, al parecer por elementos de la Garde Républicaine, la guardia presidencial.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de la República Democrática del Congo a:

• investigar la desaparición del Dr. Faustin Sosso y otros casos de detención arbitraria, reclusión ilegítima y actos de tortura o malos tratos cometidos por miembros de los servicios de seguridad;

• asegurar que todas las personas detenidas sean llevadas con prontitud ante las debidas autoridades judiciales civiles a fin de que éstas determinen si su aprehensión y reclusión son legales;

• poner fin a la reclusión en régimen de incomunicación y permitir que observadores de derechos humanos independientes, incluidos los miembros de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, tengan acceso, sin restricciones, a todos los lugares de detención civiles y militares;

• reformar los servicios policiales y de seguridad congoleños, asegurando que rindan cuentas públicamente de sus actos y poniendo fin a la utilización abiertamente política de ciertas fuerzas como la Garde Républicaine y la Direction des renseignements généraux et services spéciaux (DRGS), policía de los “Servicios Especiales”; y

• reformar el Código Penal Militar congoleño a fin de que incorpore la prohibición del procesamiento de civiles ante tribunales militares, de conformidad con la Constitución del país y con las normas internacionales de derechos humanos.