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26 de mayo del 2000
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República Democrática del Congo: Las violaciones masivas de derechos humanos matan la dignidad humana
En la República Democrática del Congo, miles de civiles inermes han sido víctimas de homicidios ilegítimos, muchos otros han sufrido torturas y decenas han «desaparecido», ha declarado Amnistía Internacional en la presentación de un nuevo informe titulado Democratic Republic of Congo: Killing human decency.
En el conflicto que sufre la República Democrática del Congo, la oposición armada recibe el apoyo de Burundi, Ruanda y Uganda. El gobierno cuenta, por su parte, con el respaldo de Angola, Namibia, Zimbabue y, según los informes, también de Sudán. El gobierno tiene asimismo vínculos con los grupos armados conocidos con el nombre colectivo de mayi-mayi, y está aliado con la milicia interahamwe, integrada por combatientes del grupo étnico hutu procedentes de Ruanda.
Violaciones de derechos humanos en las zonas controladas por el gobierno
Aunque los homicidios deliberados de civiles por fuerzas gubernamentales son menos habituales desde principios de 1999 que a finales del año anterior, cientos de civiles inermes han muerto a consecuencia de los ataques de las fuerzas leales al presidente Laurent Kabila.
Más de 100 civiles y soldados han sido ejecutados desde principios de 1999, después de juicios militares en los que no se respetaron las normas internacionales. Por ejemplo, el 15 de enero fueron ejecutados Kasongo, un niño soldado de 14 años, y un joven de 22 años, a los 30 minutos de finalizar su juicio.
Varias personas han «desaparecido» tras ser detenidas por miembros de las fuerzas de seguridad; sus familiares temen que hayan sido asesinadas en secreto. La mayoría de los «desaparecidos» desde principios de 1999 son miembros de las fuerzas de seguridad acusados de complicidad con la oposición armada.
«Se han denunciado con frecuencia casos de tortura, incluidas violaciones», afirmó Amnistía Internacional.
Las condiciones en muchas prisiones y centros de reclusión constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. En la prisión de Boma, en Likasi, los reclusos reciben comida sólo una vez a la semana y han sido calificados de «esqueletos andantes».
Violaciones del derecho a la vida en las zonas bajo control de los rebeldes y de fuerzas extranjeras
Según las informaciones, en las zonas controladas por fuerzas gubernamentales extranjeras y grupos de oposición armados congoleños, la mayoría de los abusos contra los derechos humanos son obra de miembros de la Unión Congolesa para la Democracia (Rassamblement Congolaise pour la democracie, rcd). En algunos casos, las víctimas y los testigos de estos abusos han podido identificar a las unidades responsables de éstos como pertenecientes a las fuerzas gubernamentales burundesas, ruandesas y ugandesas.
«Miles de civiles inermes, principalmente mujeres, niños y ancianos que no pudieron huir o que creyeron que no serían atacados por los combatientes, han sido víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por grupos armados de oposición y por las fuerzas gubernamentales burundesas», declaró Amnistía Internacional.
El año1999 comenzó con la matanza de al menos 800 civiles a manos de la rcd y tropas aliadas de Ruanda y Burundi en Makobola, en la provincia de Kivu Meridional. La matanza comenzó el 30 de diciembre de 1998 y se prolongó durante tres días. Algunas fuentes informaron de que los civiles fueron introducidos en casas que después incendiaron los atacantes. Los grupos locales de derechos humanos han reunido los nombres de más de 800 personas que se cree que fueron víctimas de esta matanza.
Según los informes, en marzo de 1999, unos soldados del gobierno burundés quemaron vivos al menos a siete pescadores en Kazimia, en las costas del lago Tanganika.
Los informes indican también que, entre el 15 y el 20 de octubre de 1999, unos combatientes de la rcd mataron en Mwenga, Kivu Meridional, a no menos de 12 mujeres, a las que acusaron de brujería, y a algunas de las cuales quemaron vivas después de torturarlas y violarlas.
Los grupos armados de oposición han creado tribunales militares que han impuesto penas de muerte en juicios injustos. Según las informaciones, algunos combatientes de la rcd, entre ellos varios niños, han sido ejecutados sumariamente, sin cargos formales ni juicio. Ndondo, un niño soldado de 15 años, fue ejecutado en público en Goma después de que una mujer lo acusó de robar una radio. Los informes indican que, antes de la ejecución, Ndondo fue brutalmente torturado en detención.
«Colgar a hombres de los genitales, prohibir a los detenidos orinar o defecar, violaciones, flagelaciones, palizas y la reclusión en pozos llenos de agua son algunas de las prácticas a las que la rcd y sus aliados someten a los detenidos», declaró Amnistía Internacional.
Algunas personas han sido torturadas por expresar su oposición a la guerra y pedir a la oposición armada que respete el acuerdo de alto el fuego de Lusaka, o como sospechosas de estar en contacto con milicias armadas que apoyan al gobierno.
Según los informes, en las zonas ocupadas por la oposición armada es generalizada la violación de mujeres por miembros de grupos armados congoleses y soldados de Burundi, Ruanda y Uganda. Aunque se afirma que este abuso es habitual, la mayoría de las víctimas no lo denuncia por temor a ser estigmatizadas por la sociedad o rechazadas por sus esposos.
Los grupos armados que se oponen a la rcd y a las fuerzas extranjeras que los respaldan también han matado deliberadamente y secuestrado a civiles inermes. Numerosas fuentes han informado de que grupos de combatientes mayi-mayi han sido responsables de homicidios y torturas, incluidas violaciones, cometidos sobre todo contra personas sospechosas de cooperar con la rcd y sus aliados extranjeros. Sin embargo, los grupos que combaten contra la rcd y sus aliados extranjeros parecen temer sobre todo a las milicias interahamwe.
El gobierno de la República Democrática del Congo ha recibido apoyo en forma de personal y de armas de los gobiernos de Angola, Namibia y Zimbabue, así como del Chad, que se retiró del conflicto a mediados de 1999. Según los informes, muchos civiles que viven en las zonas controladas por la oposición armada y sus aliados han perdido la vida durante ataques indiscriminados o en los bombardeos de la aviación de Zimbabue, Namibia y Sudán.
Burundi, Ruanda y Uganda siguen adquiriendo armas y otros equipos militares que probablemente utilizan sus fuerzas y sus aliados congoleses en la República Democrática del Congo.
«Al obligar a los niños a combatir en este conflicto, se les está privando de sus derechos fundamentales –afirmó Amnistía Internacional—. Se sabe que el gobierno de la República Democrática del Congo ha reclutado a muchos niños, algunos de sólo 12 años, y que las milicias mayi-mayi también reclutan a muchos menores.»
Además, los gobiernos ugandés y ruandés han intensificado en sus respectivos países el reclutamiento de combatientes, niños incluidos, muchos de los cuales han sido desplegados, según las informaciones, en la República Democrática del Congo. En Uganda, algunos padres del distrito occidental de Hoima declararon al periódico The Monitor, en noviembre de 1998, que funcionarios de la Organización para la Seguridad Interna habían reclutado clandestinamente para el ejército a niños de tan sólo 12 años.
Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que existe una patente ausencia de voluntad por parte de los dirigentes de los gobiernos y de los grupos armados involucrados en la guerra de la República Democrática del Congo para prevenir los abusos contra los derechos humanos, y una total falta de respeto hacia su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de prevenir los ataques contra civiles inermes.
«Sin embargo, aún no es demasiado tarde. La comunidad internacional debe esperar y exigir que los dirigentes militares y políticos de las fuerzas que combaten en la República Democrática del Congo tomen medidas efectivas para impedir que se cometan nuevos abusos contra los derechos humanos y para enjuiciar a los miembros de sus fuerzas responsables de tales abusos», concluyó Amnistía Internacional.
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Si desean más información llamen a la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, teléfonos +44 207 413 5810 o +44 7778 472 119 (móvil internacional), o visiten nuestra página web en: http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro .