Documento - República Democrática del Congo: El gobierno debe investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en los yacimientos diamantíferos de Mbuji Mayi
Índice AI: AFR 62/021/2002/s (Público)
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No difundir antes de las 01:00 horas GMT del 22 de octubre de 2002
República Democrática del Congo: El gobierno debe investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en los yacimientos diamantíferos de Mbuji Mayi
*Todos los días se derrama sangre en los yacimientos diamantíferos de la zona de la República Democrática del Congo controlada por el gobierno, y nadie de la comunidad internacional está prestando atención al problema Cha señalado hoy Amnistía Internacional, y ha añadidoC: Decenas de personas presuntamente dedicadas a la extracción ilegal de diamantes, incluidos niños, pierden la vida todos los días y muchas más resultan gravemente heridas por los disparos efectuados por guardias de seguridad que están infringiendo la ley, al parecer, con total impunidad.+
*Efectivamente, en los yacimientos diamantíferos de Mbuji-Mayi reina un clima de anarquía+, ha señalado la organización durante la presentación de un nuevo informe, titulado Democratic Republic of Congo: Making a Killing (AFR 62/017/2002), sobre la industria del diamante la parte de la República Democrática del Congo controlada por el gobierno. *Aunque se está matando con asiduidad y a sangre fría a civiles desarmados, incluidos menores, todavía nadie ha comparecido ante la justicia por estos homicidios ni se está haciendo nada para evitarlos+.
La mayoría de los homicidios están siendo perpetrados en concesiones para la extracción de diamantes regentadas por la empresa MIBA, compañía nacional dedicada a la extracción diamantífera que es propiedad en gran parte del Estado y está domiciliada en Mbuji-Mayi, en la provincia de Kasai Oriental. Los homicidos son obra de los guardias contratados por dicha empresa, que carecen de la formación adecuada para realizar funciones encaminadas a hacer cumplir la ley a la población civil y que, según parece, suelen hacer un uso excesivo de la fuerza, recurriendo incluso al empleo de armas de fuego a la hora de enfrentarse a personas presuntamente dedicadas de forma ilegal a la extracción de diamantes. Si bien es posible que una minoría de estas personas dedicadas presuntamente a la extracción ilegal estén armadas y, por tanto, supongan una auténtica amenaza para la seguridad de los guardias de la empresa MIBA, en la mayor parte de los casos están desprovistas de armas. *El homicidio de estas personas mediante el uso de armas de fuego, en tales circunstancias, constituye una ejecución extrajudicial+, ha manifestado Amnistía Internacional.
Como un observador indicaba a la organización: *Cuando uno ve los cadáveres flotando en el río, o cómo los supervivientes ocultan sus lesiones por temor a sufrir represalias de las autoridades, se tiene la cruda sensación de que estos jóvenes están siendo matados como perros. No les asiste ningún derecho. Y nadie se moviliza para atajar esta cuestión+.
Los soldados adscritos a las Fuerzas de Defensa de Zimbabue (Zimbabwe Defence Forces, ZDF), grupo militar aliado del gobierno congoleño que en estos momentos está retirando sus tropas del país, también han ejercido funciones de vigilancia en las concesiones de la empresa MIBA. También ellos han sido responsables de violaciones de derechos humanos, incluido el homicidio ilegítimo de personas que presuntamente se dedican a la extracción ilegal, de las que nunca se les ha hecho responder. En octubre de 2001, un grupo de soldados de las citadas Fuerzas de Defensa de Zimbabue dieron el alto a punta de pistola a varios delegados de Amnistía Internacional que estaban realizando una visita a una de las concesiones diamantíferas de la empresa MIBA, les ordenaron que bajasen de sus vehículos y los retuvieron durante un breve periodo. Un agente de dichas fuerzas amenazó con disparar contra los delegados si éstos no salían de sus vehículos, poniendo así de manifiesto la aparente disposición de los soldados de dichas fuerzas a recurrir al uso de las armas de fuego en su trato con civiles desarmados.
Los derechos de las personas que presuntamente se dedican a la extracción diamantífera de forma ilegal y que son aprehendidas por los guardias de la empresa MIBA son también violados de forma habitual. Por lo general, estas personas son recluidas en centros de detención extraoficiales ubicados dentro de las concesiones diamantíferas de la empresa MIBA, donde las condiciones de higiene extremadamente deficientes constituyen un trato cruel, inhumano y degradante. La edad media de las personas recluidas en uno de estos centros de detención en abril de 2002 rondaba los 15 años. En estos centros no se adopta ninguna precaución para recluir a los menores en lugares distintos de los adultos. A los detenidos que resultan heridos durante su aprehensión o que enferman bajo custodia no se les permite recibir atención médica.
Las autoridades congoleñas se niegan a reconocer que se están cometiendo abusos a gran escala, incluidas ejecuciones extrajudiciales, en las concesiones diamantíferas. Los periodistas y activistas de derechos humanos de la zona que han denunciado estos abusos contra los derechos humanos han sido detenidos arbitrariamente y han sufrido otras formas de intimidación. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya enjuiciado nunca a ningún guardia de la empresa MIBA, y mucho menos de que éstos hayan sido declarados culpables del homicidio ilegítimo de mineros ilegales.
Hasta el momento la comunidad internacional no ha ejercido presión sobre el gobierno congoleño para que rompa el nexo existente entre su comercio con diamantes y los abusos contra los derechos humanos. Más bien al contrario, en abril de 2002 el gobierno congoleño pudo firmar, sin ningún problema, su participación en un nuevo sistema internacional de certificación de diamantes establecido en virtud del Proceso de Kimberley. Este sistema internacional ha sido concebido para detener el comercio de los llamados *diamantes de zonas en conflicto+ llevado a cabo por grupos armados políticos.
*Las actividades comerciales de los gobiernos nacionales deben someterse a un mayor escrutinio internacional también C, ha instado Amnistía InternacionalC. Parece hipócrita que el gobierno de la República Democrática del Congo alardee de su aparente empeño por respetar los derechos humanos uniéndose al Proceso de Kimberley cuando a diario se producen graves abusos contra los derechos humanos vinculados con su propio comercio de diamantes+.
*Se debe poner fin a estos homicidios. El gobierno congoleño debe nombrar una comisión independiente que investigue los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en relación con el comercio de diamantes en Mbuji-Mayi, y debe también llevar ante la justicia a los responsables C ha declarado Amnistía Internacional C. El gobierno debe asimismo iniciar el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión dirigidas a impedir que se cometan nuevos abusos contra los derechos humanos en los yacimientos diamantíferos de Mbuji-Mayi y en todo el sector de la extracción de diamantes+.
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