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Amnistía Internacional

República Democrática del Congo

Ituri: ¿cuántas personas más deben morir?

Una víctima de la masacre de Nizi, 22 de julio de 2003

Ituri: ¿cuántas personas más deben morir?

Resumen:

Este informe documenta algunos de los actuales motivos de preocupación de Amnistía Internacional respecto al este de la República Democrática del Congo, y se basa en las investigaciones realizadas durante una visita reciente a la región de Ituri.

Un conflicto que dura ya cinco años

El 2 de agosto de 2003 se cumplieron cinco años del comienzo del conflicto en la República Democrática del Congo. Mientras la atención internacional se centra en el establecimiento de un nuevo gobierno de transición en la capital, Kinshasa, y en el supuesto fin de la guerra, las atrocidades continúan en el este del país. Tras realizar una visita de investigación de tres semanas al este de la República Democrática del Congo y a la vecina Uganda, Amnistía Internacional ha determinado que la necesidad de intervención efectiva de la comunidad internacional es tan urgente como siempre.

«La mayoría de los congoleños desean desesperadamente la paz necesaria para regresar a su país y comenzar a rehacer sus destrozadas vidas», ha afirmado hoy Amnistía Internacional, siete días después de acabar su visita de tres semanas al este de la República Democrática del Congo y Uganda. Y ha añadido: «Pero como en Ituri y en Kivu continúan cometiéndose matanzas, mutilaciones y violaciones, para la población congoleña del este de la República Democrática del Congo, creer que la paz ha regresado realmente a sus comunidades supondría dar más crédito a la vana esperanza que a la amarga experiencia cotidiana.»

Huir para salvar la vida

En Bunia, capital de Ituri, unos 20.000 habitantes viven actualmente en campos provisionales para desplazados internos bajo la protección militar de tropas internacionales. La mayoría de estas personas han huido de la violencia basada en el origen étnico entre las milicias contendientes que ha diezmado Bunia y sus alrededores en los últimos meses, y tienen todavía demasiado miedo para regresar a sus hogares.

Campo para la población desplazada de Ituri, cerca del aeropuerto de Bunia. Los tanques que lo custodian pertenecen a la MONUC.©AI

K., civil nande de 25 años, se encuentra en un campo para desplazados internos desde el 10 de mayo, cuando unos miembros de la milicia de etnia predominantemente hema Unión de Patriotas Congoleños (Union des patriotes congolais, UPC) irrumpieron en su casa. Los intrusos preguntaron a cada una de las alrededor de 20 personas que había allí a qué grupo étnico pertenecían y a continuación mataron a puñaladas y a palos a una mujer y a tres hombres, todos ellos civiles. A los hombres restantes los sacaron de la casa, les dieron un palo y les hicieron marchar delante de ellos a modo de escudos humanos. En su avance, la milicia fue entrando en las casas vecinas y matando sistemáticamente con puñales y machetes a los civiles que no eran de etnia hema. En el transcurso de dos horas, K. fue testigo del asesinato a sangre fría de unas 50 personas.

A lo largo del año pasado huyeron de la provincia de Ituri decenas de miles de civiles. Solamente el 6 de mayo, unos 6.000 civiles de Bunia, muchos de ellos de etnia hema, acompañaron al ejército ugandés en su retirada hasta la frontera de Uganda. Otros, pertenecientes en muchos a casos a los grupos étnicos lendu, bira y alur, huyeron al sur, a la provincia de Kivu Septentrional, en particular a las ciudades de Oicha y Erengeti.

L., mujer hema de 35 años que el 10 de mayo huyó de Bunia en dirección este, fue hecha prisionera por la milicia lendu y ngiti en el pueblo de Bavi el 11 de mayo. Sus captores estaban deteniendo sistemáticamente a las personas que les parecían de etnia hema para llevarlas ante un hechicero local a fin de que confirmara sus sospechas. Al asegurar el hechicero que L. era hema, le quitaron toda la ropa, excepto una sencilla prenda, y la dejaron toda la noche encerrada en un pozo de cerca de un metro de profundidad lleno de agua, junto con otras dos mujeres hema mayores que ella. Posteriormente, la milicia ngiti sacó del pozo a sus compañeras, una de las cuales se llamaba Edroni, y las mató a hachazos. L. consiguió escapar y llegar a Uganda.

El limitado ámbito de actuación de la fuerza multinacional dirigida por Francia

Son dos las fuerzas militares internacionales presentes en Bunia: la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) y la Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia, que, enviada por las Naciones Unidas y dirigida por Francia, debe permanecer en la ciudad hasta el 1 de septiembre.

Soldados de la MONUC custodian las dependencias de esa misión de Naciones Unidas en Bunia. El tanque del segundo plano pertenece a la fuerza multinacional dirigida por Francia.© AI

Desde su despliegue, el 6 de junio, la Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia, que ha sido en general muy bien acogida por la población civil de Bunia, ha contribuido considerablemente a mejorar la situación de seguridad en la ciudad, especialmente en torno al aeropuerto y a la sede de la MONUC. No obstante, a pesar de las patrullas acorazadas que recorren día y noche el centro urbano y de las misiones de reconocimiento realizadas de vez en cuando en la periferia de Bunia, no ha tratado de proteger completamente todos los distrititos de la ciudad, y menos aún de mejorar la seguridad en otras zonas de Ituri, por lo que han seguido cometiéndose muchos abusos.

Al concluir junio, en el distrito de Saio de Bunia, una mujer de 45 años de etnia bira y su hija de 13 dormían tranquilamente en su casa cuando fueron despertadas por un grupo de jóvenes milicianos de la UPC que echaron abajo una puerta para irrumpir en la vivienda. Una vez dentro, los intrusos robaron y destruyeron los bienes de las mujeres y las acusaron de ocultar allí a combatientes lendu. Luego intentaron llevarse a la niña, y al tratar su madre de impedirlo, dos de ellos violaron brutalmente a ambas a la vez no muy lejos de la casa. Tanto la madre como la hija sufrieron lesiones a causa de la agresión.

Al no haber una presencia internacional significativa fuera de Bunia, en toda la provincia han continuado cometiéndose terribles matanzas sin ningún impedimento. El 22 de julio, en la localidad de Nizi, situada al norte de Bunia, la milicia lendu y ngiti mató a unos 22 civiles. Muchos de los cadáveres, que estaban acribillados a balazos, habían sido también descuartizados con cuchillos y machetes, para arrancarles los órganos internos y los genitales.

Víctimas de la masacre de Nizi, 22 de julio de 2003.© Particular

El 15 de julio, la milicia lendu y ngiti, en alianza con elementos de la Unión Congoleña para la Democracia-Movimiento de Liberación (Rassemblement congolais pour la démocratie - Mouvement de libération, RCD-ML), grupo armado de etnia nande, que recibe apoyo militar directo del gobierno de Kinshasa, atacó Tchomia, localidad ribereña del lago Alberto que está bajo control de una facción armada hema llamada Partido por la Unidad y la Salvaguardia de la Integridad del Congo (Parti pour l’unité et la sauvegarde de l’integrité du Congo, PUSIC). En el transcurso de alrededor de diez horas de intensos combates murieron unas 80 personas, incluidos muchos civiles, y decenas más fueron tomadas como rehenes por los atacantes, un 75 por ciento de los cuales eran niños soldados. Resultaron destruidas unas 200 casas, lo que suponía cerca de la quinta parte de la ciudad.

Con anterioridad a este ataque ya había tenido lugar en Tchomia un enfrentamiento aún más devastador, pues el 31 de mayo combatientes de la RCD-ML habían atacado la ciudad y se habían dirigido deliberadamente contra el hospital, matando a unas 34 personas, incluidas mujeres y niños, en su mayoría de etnia hema y alur. Según informes, en alrededor de seis horas de combates murieron unas 300 personas. En Tchomia no quedan hoy más civiles que los que son demasiado pobres para pagar los tres dólares estadounidenses que cuesta el viaje en canoa a través del lago Alberto hasta la seguridad relativa de la vecina Uganda.

Viudas refugiadas con sus hijos en Ntoroko, localidad ugandesa ribereña del lago Alberto. Sus maridos murieron durante los ataques que la milicia perpetró en Tchomia y la vecina Kasenyi en mayo de 2003.© AI

Las responsabilidades de los gobiernos de la región

Por medio de su apoyo a la RCD-ML, el gobierno de Kinshasa sigue estando directamente implicado en las matanzas que se cometen en el este de la República Democrática del Congo. Asimismo, a pesar de haberse retirado oficialmente de la zona, Ruanda y Uganda continúan prestando apoyo a las facciones activas en Ituri. Uganda ha apoyado al PUSIC y a las Fuerzas Armadas para el Congo (Forces armées pour le Congo, FAPC), del comandante Jerome Kakwavu, cuya plaza fuerte está en las ciudades de Aru y Mahagi, en el noreste de Ituri, y tanto Uganda como Ruanda han apoyado en distintos momentos a la UPC, de Thomas Lubanga. La UPC se ha aliado formalmente con la Unión Congoleña para la Democracia-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, RCD-Goma), principal grupo político del este de la República Democrática del Congo respaldado por Ruanda, que ha continuado haciendo la guerra en la provincia de Kivu Septentrional a pesar del alto el fuego supuestamente en vigor. Todos estos grupos son responsables de graves abusos contra los derechos humanos.

Hace muy poco, a mediados de julio, el jefe Kahwa, líder del PUSIC, estaba otra vez presente con su milicia en el distrito de Bundibugyo, en el oeste de Uganda, donde decenas de miles de congoleños han buscado refugio. El objetivo aparente de su visita a la zona era reclutar a refugiados hema en las filas del PUSIC. Teniendo en cuenta el considerable despliegue del ejército ugandés en el distrito, incluso cerca de las ciudades donde se concentran la mayoría de los refugiados, es inconcebible que las autoridades ugandesas no tuvieran conocimiento de su presencia allí.

Limitaciones de la MONUC

La MONUC se desplegó originalmente en la República Democrática del Congo para vigilar la aplicación de un acuerdo de alto el fuego firmado en Lusaka, Zambia, en 1999. En Bunia ha habido durante varios años un pequeño contingente suyo. La MONUC ha facilitado la celebración de conversaciones de paz entre las facciones contendientes y la distribución de ayuda humanitaria, ha realizado investigaciones esporádicas sobre abusos contra los derechos humanos perpetrados durante el conflicto y ha mantenido bajo observación y comunicado muchas de las violaciones del alto el fuego nominal que se han cometido.

Refuerzos bangladeshíes para la MONUC a su llegada al aeropuerto de Bunia en julio de 2003.© AI

Sin embargo, sujeta a su limitado mandato y carente a menudo de suficiente material, personal y respaldo político internacional, la MONUC tiene un historial poco menos que vergonzoso en lo que a la promoción de la seguridad de la población civil se refiere. A veces se ha quedado cruzada de brazos mientras se mataba a civiles, incluso en casos en que se veía directamente desde sus dependencias lo que estaba ocurriendo. Cuando a mediados de mayo la UPC emitió por radio amenazas contra los civiles de los campos de Bunia para desplazados internos, la MONUC lo denunció, ya que constituía una violación flagrante de su mandato, conforme al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, de proteger a los civiles bajo amenaza inminente de violencia física. Pero lo cierto es que la MONUC ha incumplido constantemente este elemento esencial de su mandado, con las más devastadoras consecuencias para la población civil.

Se podrían haber evitado incontables muertes y el desplazamiento de decenas de miles de civiles si la MONUC hubiera intervenido efectivamente tras la retirada de las tropas ugandesas de Bunia el 6 de mayo. La MONUC tenía que ser totalmente consciente de que era inevitable que se produjeran nuevas matanzas de carácter étnico si no intervenía; el hecho de que no lo hiciera demuestra su ineficacia y la falta de voluntad del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar adecuadamente la crisis de derechos humanos del este de la República Democrática del Congo. Sin duda, el despliegue de tropas necesario a principios de mayo hubiera evitado el posterior derramamiento de sangre.

Las limitaciones y la falta de resolución de la MONUC quedaron también patentes en un humillante incidente ocurrido el 18 de julio, cuanto un convoy suyo que intentaba llegar desde Bunia a la ciudad de Beni, en Kivu Septentrional, fue detenido unos 30 kilómetros al sur de Bunia por una decena de niños soldados lendu de entre 8 y 16 años. A pesar de ir bien armados y de disponer de varios vehículos acorazados, los componentes del convoy no supieron imponerse a estos niños soldados y tuvieron que regresar a Bunia.

La necesidad continua y urgente de una intervención internacional eficaz

La violencia que asuela Ituri es consecuencia de una lucha por el poder entre los líderes de grupos armados rivales de la región. Estos individuos han manipulado despiadadamente las tensiones entre los distintos grupos étnicos, en su propio interés político y económico. En esta guerra los civiles no son desgraciadas víctimas de «daños colaterales», sino que se los ataca constante y deliberadamente. La empresa militar primaria de las facciones armadas activas en Ituri –entre ellas la Unión de Patriotas Congoleños, el Partido por la Unidad y la Salvaguardia de la Integridad del Congo, el Frente de Nacionalistas e Integracionistas (Front des nationalistes et integrationistes, FNI), el Frente Revolucionario para Ituri (Front révolutionnaire pour l'Ituri, FRPI), la Unión Congoleña para la Democracia-Movimiento de Liberación, y las Fuerzas Armadas para el Congo– es el exterminio sistemático de personas, civiles o de otra condición, en razón de su identidad étnica e independientemente de su sexo y edad.

El odio mutuo entre los grupos étnicos de Ituri, alimentado por los líderes políticos y de las milicias, es ya tan profundo y está tan arraigado que tardará años en empezar a remitir. Es esencial que la comunidad internacional haga sentir su presencia allí, impulsando ese proceso de reconciliación y, si es necesario, enfrentándose directamente a las milicias que continúen matando.

5 Mientras tanto, la población civil de Bunia continúa viviendo con la aterradora perspectiva de las nuevas atrocidades que podrían tener lugar si la fuerza multinacional dirigida por Francia se retira, como está previsto, el 1 de septiembre sin ser sustituida por una fuerza de la MONUC enérgica y comprometida, que esté dispuesta a intervenir militarmente para salvar vidas. El 28 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 1493, que prorroga el mandato de su fuerza en el país hasta el 30 de julio de 2004 y la autoriza, en aplicación del capítulo VII de la Carta de la ONU, a utilizar todos los medios necesarios para proteger la vida de los civiles.

Si, como ocurrió ya en mayo, en septiembre se derrama de nuevo en Bunia la sangre de civiles indefensos, los principales culpables serán los líderes de las milicias y las bandas, incluso de niños, que utilizan para aplicar su «programa» de odio y limpieza étnicos. Pero si se cruza de brazos y permite que ocurra otra vez esto, la propia MONUC, en tanto que encarnación de la voluntad de la comunidad internacional, también será culpable moralmente de ello. Ya no es suficiente con que la MONUC se limite a «observar», sino que, con su mandato recién ampliado, tiene también que actuar, y que actuar efectivamente, para impedir que se produzcan de nuevo incontables muertes innecesarias.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

En principio, Amnistía Internacional acoge con satisfacción la aprobación de la Resolución 1943 del Consejo de Seguridad de la ONU, por la que se amplía el mandato de la MONUC. No obstante, el éxito de la presencia reforzada de la MONUC en Ituri dependerá en gran medida de su capacidad y de su voluntad política para hacer frente a las milicias militarmente, así como de su capacidad para entablar relaciones efectivas con la población civil local. Asimismo, el éxito dependerá de la cooperación de los principales agentes del conflicto armado. Por consiguiente, Amnistía Internacional insta a:

· Garantizar que la MONUCcumple su mandato recién reforzado conforme al capítulo VII de la Carta de la ONU e interviene decisivamente para proteger la vida de los civiles.

· Garantizar que la MONUCcuenta con todo el personal, material y formación necesarios para cumplir su mandato.

· Garantizar que la MONUCse despliega en todos los distritos de Bunia y, progresivamente, en el resto de Ituri.

· Garantizar que la MONUCcuenta en el terreno de los asuntos humanitarios y la coordinación, con personal de habla francesa suficiente para facilitar la comunicación con las comunidades locales.

· Garantizar que Uganda, Ruanday el gobierno de Kinshasa dejan de prestar apoyo militar y político a los grupos armados activos en la República Democrática del Congo, todos los cuales son responsables de abusos graves contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional acoge igualmente con beneplácito la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacionalde recoger pruebas preliminares de delitos cometidos en Ituri desde julio de 2002 que puedan ser de la competencia de la Corte. La organización confía en que esta medida suponga el inicio de investigaciones y enjuiciamientos en toda regla. Todas las partes en el conflicto del este de la República Democrática del Congo y todas las instituciones nacionales e internacionales competentes deben cooperar plenamente para garantizar que los autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son puestos a disposición judicial. Entre tales crímenes figura el homicidio selectivo y deliberado de civiles en razón de su identidad étnica, la incitación al odio étnico y el empleo de niños soldados menores de 15 años.

Asimismo, se debe establecer un mecanismo judicial apropiado para investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos antes de julio de 2002 y llevar a los autores a los tribunales.

Información adicional

Encontrarán más información sobre la crisis de derechos humanos de Ituri en el informe de Amnistía Internacional República Democrática del Congo - Al borde del abismo: el agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos de Ituri(Índice AI: AFR 62/006/2003/s), de marzo de 2003.

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