PÚBLICOÍndice AI: AFR 64/02/98/s

10 de agosto de 1998

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 209/98 (AFR 64/01/98/s, del 23 de julio de 1998) - Temor de malos tratos, detención y deportación arbitrarias y posibles presos de conciencia

ERITREACentenares de etíopes detenidos o deportados

El secretario general de Amnistía Internacional (AI) y varias Secciones de AI y participantes de la Red de Acción Urgente han recibido una comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Eritrea fechada el 26 de julio de 1998, en la cual se alude a las cartas de miembros de AI en varios países que habían participado en este llamamiento de la Red. Decía así: «Estamos indignados ante las acusaciones que Amnistía Internacional dirige contra el gobierno de Eritrea sin haber comprobado antes su veracidad de forma independiente, y todo porque el gobierno de Etiopía está emitiendo acusaciones falsas y ofensivas para encubrir las gravísimas violaciones de derechos humanos que está perpetrando en Etiopía».

En su contestación, Amnistía Internacional ha expresado al gobierno eritreo su satisfacción por las garantías expresadas en la carta respecto a que el gobierno de Eritrea no está poniendo en práctica ninguna política de expulsión de residentes etíopes y estos siguen teniendo derecho a residir y trabajar en Eritrea. El gobierno ha invitado a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU a visitar Eritrea y les ha pedido que investiguen las denuncias de detenciones. Amnistía Internacional ha manifestado que la comunidad internacional quedará en gran medida satisfecha si el CICR es capaz de ofrecer sus múltiples servicios al gobierno de Eritrea a fin de garantizar el respeto de los Convenios de Ginebra en relación con el conflicto que mantiene con Etiopía, y asimismo si se le permite el acceso a prisioneros de guerra y detenidos por las fuerzas de seguridad conforme establece su mandato. De igual forma, la presencia en Eritrea de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos será una loable demostración del compromiso del gobierno con la protección de los derechos humanos en el futuro.

En cuanto a la situación de los eritreos en Etiopía, Amnistía Internacional ha informado al ministro de Asuntos Exteriores eritreo, Haile Wolde-Tensae, sobre sus motivos de preocupación y los llamamientos urgentes emitidos desde mediados de junio en favor de las miles de personas —hombres, mujeres y niños— de origen eritreo que han sido detenidas arbitrariamente y expulsadas de Etiopía (AU 177/98 y actualizaciones). Las autoridades etíopes no han contestado a los llamamientos de la organización ni han puesto fin a las detenciones y expulsiones.

Amnistía Internacional ha aclarado que si bien los problemas en Eritrea y Etiopía presentan cierta semejanza, la escala de abusos documentados en uno y otro es muy distinta en cuanto al número de personas afectadas: las detenciones en Etiopía se calculan en varios miles y las deportaciones aparentemente han superado las doce mil, mientras que en Eritrea las denuncias se refieren a un número mucho menor.

En vista de la positiva respuesta del gobierno de Eritrea, no vamos a pedir a los participantes de la Red de Acción Urgente que sigan escribiendo cartas a las autoridades eritreas sobre este asunto, salvo si quieren hacerlo para contestar en la línea de lo anteriormente expuesto. Amnistía Internacional seguirá con sus investigaciones e informará a las autoridades eritreas de cualquier dato pertinente.