LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA SIGUEN SUFRIENDO

AMR 01/01/92/s Y AMR 01/03/92/s

Fotografías de la portada

De arriba abajo:

Participantes en la concentración celebrada en octubre de 1991 en Guatemala, en la que indígenas de toda América se reunieron para discutir las actividades que estaban planeando realizar en 1992 con el fin de llamar la atención sobre la difícil situación de los pueblos indígenas.

La madre y el hijo de Víctor Pineda Henestrosa, dirigente indígena zapoteco del estado mexicano de Oaxaca. "Desapareció" en 1978 tras ser secuestrado a punta de pistola por hombres fuertemente armados, cuatro de los cuales vestían, según informes, uniformes militares.

María Mejía, indígena quiché de 47 años, fue abatida a tiros en su domicilio en 1990 por dos militares guatemaltecos debido, al parecer, a la participación de su familia en las actividades del CERJ, organización que trabaja por la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Los autores de su muerte estuvieron detenidos durante un breve periodo, pero fueron puestos en libertad cuando el testimonio de los familiares de María, los únicos testigos del ataque, fue descartado como prueba sobre la base de su relación con la víctima.

La labor de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional es un movimiento mundial de voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos. Amnistía Internacional trabaja principalmente para:

-obtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir, de las personas encarceladas en cualquier parte del mundo a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color o idioma, que no han hecho uso de la violencia ni abogado por ella;

-lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos;

-conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura y otros tratos crueles a los presos;

-poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y a las "desapariciones".

Amnistía Internacional contribuye a la protección general de los derechos humanos defendiendo derechos fundamentales específicos: el derecho a las libertades de conciencia y expresión, el derecho de toda persona a no ser discriminada por su origen étnico, sexo, color o idioma, y el derecho a la integridad física y mental.

Amnistía Internacional trabaja para prevenir las violaciones más graves de estos derechos, como la tortura y los homicidios, y la privación de la libertad.

Amnistía Internacional se opone a que los refugiados sean trasladados forzadamente de un país a otro en el que puedan correr el riesgo de convertirse en presos de conciencia o puedan ser víctima de torturas, "desapariciones" o ejecuciones.

Amnistía Internacional se opone también a los abusos de los grupos de oposición: la toma de rehenes, la tortura y homicidio de prisioneros, y a otros homicidios deliberados y arbitrarios. Tales abusos, tanto si los cometen los grupos de oposición como los gobiernos, están prohibidos por las normas más elementales de conducta humana derivadas del derecho internacional humanitario.

Actvidades del pasado y planes para el futuro

La labor de Amnistía Internacional para poner fin a las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas de América

Este informe introduce la campaña que Amnistía Internacional emprenderá próximamente para poner fin a las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas de América. Resume las acciones emprendidas en el pasado por la organización para llamar la atención sobre esos abusos, y expone las actividades especiales que Amnistía Internacional ha planeado para 1992 con el objeto de divulgar los abusos que en la actualidad sufren los indígenas americanos.

Amnistía Internacional se opone a las violaciones de derechos humanos, entre ellas el encarcelamiento de los presos de conciencia, los juicios injustos de presos políticos, la tortura, las "desapariciones", las ejecuciones extrajudiciales y la pena de muerte judicial. Algunos grupos étnicos específicos, incluidos los pueblos indígenas, han sido víctima de tales violaciones. En ocasiones, estas violaciones han sido consecuencia de políticas gubernamentales específicas dirigidas contra personas de determinado origen étnico o nacional; otras personas se han convertido en víctimas a causa no de su origen, sino de sus actividades, como colaborar con sindicatos u organizaciones políticas. Algunas han sido objeto de abusos sólo por vivir en zonas de conflicto entre fuerzas gubernamentales y grupos armados de oposición. Otras han sido elegidas como víctimas sólo por haber presenciado abusos anteriores o por estar relacionadas con activistas indígenas.

Amnistía Internacional no sólo ha organizado campañas en favor de las víctimas de las violaciones de derechos humanos en América. Por ejemplo, la organización ha solicitado reiteradamente que se investiguen los homicidios de miembros de grupos tribales perpetrados en Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, por miembros del Partido de Defensa de las Aldeas, fuerza de defensa civil con carácter oficial. Amnistía Internacional ha pedido que se ponga fin a las torturas, incluidas las violaciones, y las muertes bajo custodia de miembros de grupos tribales de la India. La organización también ha pedido que se tomen medidas contra las violaciones de derechos humanos perpetradas contra los pueblos indígenas de Myanmar por fuerzas gubernamentales que llevan a cabo operaciones de contrainsurgencia. En febrero de 1992, Amnistía Internacional inició una campaña contra los homicidios políticos perpetrados en Filipinas, que incluía un llamamiento para que se emprendieran investigaciones sobre los homicidios de los que fueron víctima miembros de las comunidades tribales de Cordillera en circunstancias que indicaban poderosamente la existencia de implicación oficial; al parecer, la causa de las agresiones era su labor de promoción de los derechos de la población tribal. En Australia, país en el que los aborígenes forman parte de las víctimas de las muertes bajo custodia, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que investigue a fondo estas muertes y que procese a los funcionarios implicados en ellas.

FOTO 1: Marcal Tupa y de Souza Guarani, dirigente indígnea kaiowá, fue elegido para representar a los pueblos indígenas cuando el Papa Juan Pablo II visitó Brasil en 1980, en un llamamiento especial para atraer la atención de la opinión pública sobre los ataques contra los indígenas brasileños y sus tierras. Lo mataron en 1983 en circunstancias que no han sido esclarecidas. En aquel momento estaba haciendo campaña en favor de la demarcación de las tierras de los kaiowá, disputadas por los rancheros locales.

© R. Chaves/Abril Images.

En 1992 se conmemora en todo el mundo el quinto centenario de la llegada de los europeos a la región ahora conocida como América. Amnistía Internacional cree que este es el momento adecuado para centrar la atención en las cuestiones de derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas de América y a los que trabajan con ellos. Desde la colonización de la región, sus habitantes indígenas han sufrido frecuentes y graves violaciones de derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales a gran escala. Estos abusos y los estragos causados por el hambre y la enfermedad han eliminado prácticamente a los pueblos indígenas de algunas zonas de América, entre ellas la isla de La Española, en la que desembarcó Cristobal Colón en su primer viaje al "Nuevo Mundo", y donde se celebrarán en octubre muchas de las ceremonias oficiales para conmemorar el quinto centenario de aquel acontecimiento.

Hoy en día, los pueblos indígenas viven a menudo en una situación de desventaja económica y marginación en las sociedades en las que viven, debido a factores geográficos, culturales y lingüísticos. Muchos sufren la discriminación y la limitación de sus derechos civiles y políticos, y en muchos casos apenas tienen acceso a instituciones estatales ante las que demandar compensaciones. Como consecuencia de ello, los pueblos indígenas y los que trabajan con ellos continúan siendo especialmente vulnerables a las violaciones de sus derechos humanos tales como  en algunos países  ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones", torturas y detenciones y encarcelamientos arbitrarios.

HACIA UNA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PUEBLOS INDÍGENAS

Definir conceptos tales como tribal o indígena escapa a las competencias de Amnistía Internacional. Este es un terreno complejo que es desde hace mucho tiempo objeto de debate entre juristas, académicos, organizaciones internacionales y los propios indígenas. No obstante, en su trabajo sobre indígenas, Amnistía Internacional toma en cuenta la definición adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio Relativo a las Poblaciones Indígenas y Tribales de 1989. Los especialistas en este campo parecen acudir cada vez más a esa definición, al menos como definición de trabajo, mientras que otros, como el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU, desarrollan sus propias definiciones.

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo se aplica a dos categorías de pueblos:

-

"a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

-"a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas".

El Convenio también afirma:

-"La conciencia de su identitad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio."

Los expertos coinciden generalmente en que las características culturales y étnicas como la lengua y la forma de vestir son elementos clave en la evaluación de las propias señas de identidad, pero también sugieren que es complejo determinar el punto del proceso de asimilación en el que cesa la autodefinición de un grupo como indígena, y que los factores críticos que deben evaluarse pueden diferir significativamente de unos países a otros y dentro de cada país.

Víctimas de la lucha por la tierra y los recursos

Las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas son en muchos casos consecuencia de disputas por el uso o propiedad de la tierra y los recursos. A veces, los abusos se producen cuando instituciones privadas o estatales intentan trasladarse o establecerse en tierras o territorios tradicionalmente indígenas o que no han estado habitados anteriormente por no indígenas, o expulsar de ellos a los indígenas. Otros abusos se producen en el contexto de disputas por las tierras iniciadas largo tiempo atrás, en las que las bases jurídicas de la propiedad de la tierra pueden no estar claras. Amnistía Internacional no adopta posición alguna en las disputas por el uso de la tierra y los recursos, pero le conciernen las violaciones específicas de derechos humanos que se producen en esa situación.

En Brasil, Amnistía Internacional ha tomado iniciativas especiales, entre ellas la investigación extensiva en las áreas rurales, para divulgar las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas. Su vida y su subsistencia están en peligro porque los colonos, mineros y empresas madereras se instalan en zonas abiertas a la colonización por los proyectos gubernamentales de desarrollo o construcción de carreteras. Según la legislación brasileña, la protección de los pueblos indígenas y de sus tierras tradicionales es una responsabilidad federal. No obstante, aunque los indígenas están protegidos en cierta medida por las leyes, en la práctica las autoridades suelen ser ineficaces a la hora de garantizarles sus derechos legales o investigar los abusos cometidos contra ellos. Pistoleros pagados por los propietarios de tierras y colonos y mineros han matado y secuestrado con impunidad a indígenas.

En 1988, por ejemplo, Amnistía Internacional lanzó una campaña para divulgar los violentos ataques llevados a cabo contra los yanomani y los macuxi de Roraima por garimpeiros(explotadores de minas) armados que se habían trasladado a esta zona cuando el gobierno inició la construcción de la carretera de circunvalación del norte. En los años siguientes se produjeron nuevas agresiones y homicidios. A pesar de que el gobierno brasileño ha demarcado recientemente las tierras de los yanomani, las autoridades no han investigado las agresiones cometidas por potenciales colonos o explotadores de minas contra los yanomani y otros grupos indígenas de Brasil, ni han evitado que se produjeran nuevos abusos. Los pocos casos en los que se han iniciado acciones judiciales contra los responsables de la muerte de indígenas raramente han prosperado en los tribunales. Los procedimientos iniciados contra un propietario de una explotación de caucho de Rondonia, acusado de la muerte en 1963 de 31 indígenas ureu wau wau y del secuestro de 28 mujeres y niños indígenas no han concluido, lo cual constituye un ejemplo extremo del excesivo retraso de los procedimientos judiciales contra los responsables de abusos contra los pueblos indígenas de Brasil. Los ureu wau wau, pueblo nómada de cazadores y recolectores, habitan una zona elegida por intereses privados para la explotación forestal, la extracción de minerales y otras empresas industriales. Según la legislación brasileña, podría considerarse que el caso compete a la jurisdicción federal, por tratarse de homicidios de indígenas relacionados con una disputa por tierras de los indígenas. No obstante, 30 años después de los homicidios y secuestros, los tribunales locales aún no han transferido el caso a la jurisdicción federal.

Amnistía Internacional también siente preocupación porque en Canadá unos indígenas mohawk fueron, según informes, maltratados por la policía de Quebec en agosto y septiembre de 1990, después de ser detenidos por cargos que incluían la posesión de armas ilegales y la participación en unos disturbios. Las detenciones se produjeron durante un enfrentamiento de 11 semanas de duración entre mohawks armados y las fuerzas de seguridad canadienses, derivado de una disputa de tierras. Los mohawks habían levantado una barricada cerca de las localidades de Oka y Châteauguay, a escasa distancia de Montreal, en protesta por las propuestas de construcción de un campo de golf en unas tierras que rodeaban un cementerio sagrado mohawk. Amnistía Internacional ha descubierto seis casos de presuntos malos tratos policiales que, en opinión de la organización, requieren una rigurosa investigación oficial. Según informes, al menos una denuncia de malos tratos, presentada por Ronald Cross, está siendo investigada por el Consejo de Deontología Policial

FOTO 2: El indígena mohawk Ronald Cross, fotografiado mientras se encontraba bajo la custodia de la policía de Quebec tras su detención por el ejército canadiense en septiembre de 1990. Fue detenido durante un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad canadienses y los indígenas mohawk. Según informes, la fotografía superior fue tomada a las 4.30 de la madrugada del día 27 de septiembre, y la inferior más de 12 horas después, a las 5 de la tarde. Ronald Cross asegura que estas fotos confirman sus denuncias, según las cuales le propinaron patadas y le golpearon bajo custodia policial.

Activistas en favor de los derechos de los indígenas

Los pueblos indígenas han sufrido con frecuencia represalias por sus esfuerzos para hacer campaña sobre temas que les preocupan, como la protección, retención y devolución de tierras sobre las que afirman tener tradicionalmente derechos, o la simple compensación por ellas; la autodeterminación, la protección del medio ambiente o la defensa de derechos culturales o de otro tipo. A veces los abusos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y las "desapariciones", son perpetrados por agentes de seguridad uniformados. En otras ocasiones han sido llevados a cabo por los llamados "escuadrones de la muerte", agentes de seguridad fuera de servicio o vestidos de civil que actúan a veces obedeciendo órdenes superiores. En los homicidios y otros abusos dirigidos contra pueblos indígenas también han participado a veces pistoleros a sueldo, a menudo para expulsarles de tierras deseadas por particulares para su explotación comercial. En algunos casos parece ser que estos hombres han actuado con la complicidad o aquiescencia de las autoridades gubernamentales. En otros, han cometido sus crímenes con total impunidad, debido a la falta de voluntad o incapacidad de los gobiernos para tomar medidas contra ellos o contra las personas para las que trabajan. En algunos países, pistoleros desconocidos han matado a activistas indígenas después que las autoridades calificaron a éstos de "comunistas", "subversivos" o "agitadores". Esto podría ser un síntoma de que algunos gobiernos toleran, alientan o participan en esos homicidios. Algunos grupos de misioneros han estado implicados en abusos perpetrados durante reasentamientos forzosos de grupos indígenas con los que se han establecido los primeros contactos recientemente.

En Guatemala, por ejemplo, donde los pueblos indígenas fueron uno de los blancos principales de la campaña de contrainsurgencia del ejército, que se cobró millares de vidas a fines de los años setenta y principios de los ochenta, los activistas indígenas han continuado siendo objeto de violaciones de derechos humanos en los últimos años. El Consejo de Comunidades Étnicas (CERJ) fue creado en 1988 para luchar a favor de los derechos de los indígenas de Guatemala. Uno de sus objetivos principales es garantizar el derecho constitucional a no prestar servicio en las patrullas de defensa civil impuestas por el ejército. Los miembros del CERJ han sido reiteradamente calificados de "subversivos" por las autoridades y sometidos a repetidas violaciones de derechos humanos. Entre 1988 y 1992, Amnistía Internacional registró diversos abusos contra miembros del CERJ, entre ellos siete "desapariciones" y al menos 13 aparentes ejecuciones extrajudiciales. Algunos de los abusos fueron llevados a cabo por militares vestidos de uniforme o de civil y otros, por hombres armados no identificados que, al parecer, actuaban a las órdenes de los militares.

En Honduras, Amnistía Internacional está siguiendo la situación de la provincia de Yoro, donde han matado a nueve dirigentes de la organización indígena Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) en los cuatro últimos años. La Federación se dedica a defender los derechos de los pueblos indígenas de Honduras, como el derecho a las tierras indígenas de las que, en su opinión, se han apoderado ilegalmente algunos civiles, algunos miembros del ejército y algunas autoridades gubernamentales. El homicidio más reciente fue el de Florencio Cáceres, dirigente de la tribu de San Esteban, abatido a tiros el 24 de diciembre de 1991 por un terrateniente local que reclabama el derecho de propiedad de las tierras que trabajaba la tribu de San Esteban. Según FETRIXY, los nueve homicidios fueron ordenados por terratenientes que mantienen disputas por las tierras con miembros de FETRIXY. Nadie ha comparecido ante la justicia por ninguno de estos homicidios, ni parece que hayan sido debidamente investigados. Esto hace temer que los responsables pueden haber actuado con la aquiescencia o complicidad de las autoridades locales.

En Estados Unidos (EE UU), los nativos americanos que trabajan a favor de la protección de las tierras y recursos tradicionalmente indígenas han participado a veces en enfrentamientos violentos con las autoridades. Leonard Peltier, lakota siux, dirigente del Movimiento Indígena Americano, AIM, grupo que trabaja por la defensa de los derechos de los indígenas, está cumpliendo actualmente dos sentencias consecutivas de cadena perpetua por la muerte de dos agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en la reserva indígena de Pine Ridge, Dakota del Sur, en 1975. Los agentes murieron a consecuencia de disparos efectuados a quemarropa después de resultar heridos en un tiroteo con activistas indígenas en el que también murió un indígena americano. Leonard Peltier fue declarado culpable del asesinato y sentenciado a cadena perpetua en junio de 1977.

Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación sobre ciertas irregularidades de los procedimientos judiciales que culminaron en la declaración de culpabilidad contra Leonard Peltier. Desde el juicio, se ha sabido que unas pruebas que podrían haberse presentado en el caso de Leonard Peltier fueron ocultadas al tribunal por el fiscal, y que ello pudo haber perjudicado la imparcialidad del juicio. Las pruebas en cuestión, que los abogados de Leonard Peltier obtuvieron posteriormente de los archivos del FBI, incluían un télex escrito en 1975 por un experto en balística del FBI en el que se afirmaba que el arma que presuntamente pertenecía a Leonard Peltier tenía una "aguja del percutor" diferente de la del arma usada en los homicidios. En una vista celebrada en 1984, un experto en balística del FBI declaró que el télex era simplemente un informe y que la bala que, según el fiscal, había sido disparada a quemarropa no había sido analizada cuando se envió el télex, pero que posteriormente se comprobó que coincidía "positivamente" con el arma de Leonard Peltier. Un tribunal de apelación halló que el fiscal había ocultado pruebas que habrían favorecido a Leonard Peltier, pero consideró que esta prueba no habría afectado materialmente al resultado del juicio.

En el juicio, el juez también decidió que los abogados de Leonard Peltier no podían aportar pruebas de conducta indebida por parte del FBI en otros casos. La defensa consideró que tales pruebas habrían mostrado al jurado que las autoridades estaban dispuestas a usar métodos impropios, entre ellos coaccionar a los testigos, para garantizar la declaración de culpabilidad en ciertos casos. No obstante, en opinión de Amnistía Internacional, "un tribunal puede no estar en condiciones de determinar la verdadera importancia de la conducta 'inapropiada e inconsecuente' del FBI en un caso individual, a menos que se considere en el contexto de una pauta de conducta".

Amnistía Internacional ha expresado también preocupación porque Leonard Peltier puede haber sido elegido como blanco por el FBI debido a su papel en el AIM y porque su extradición a EE UU desde Canadá en 1976 para ser juzgado fue llevada a cabo sobre la base de pruebas que el FBI más tarde admitió haber falsificado. Una mujer indígena perturbada mental prestó declaración y dijo que había visto a Leonard Peltier con una pistola cerca del vehículo de los agente heridos, declaración que, según se demostró después, había sido efectuada bajo presiones del FBI. El juez se negó a permitir que la mujer fuera llamada a declarar como testigo de la defensa a pesar de afirmar los abogados defensores que su testimonio era importante para la credibilidad de otros testigos que declararon contra Leonard Peltier. Estos y otros factores han llevado a Amnistía Internacional a la concluisón de que se haría un gran servicio a la justicia si las autoridades de EE UU concedieran a Leonard Peltier un segundo juicio.

CITA: La espera

Llevo años esperando,

anhelando su regreso.

Ha pasado mi infancia,

he llegado a mi adolescencia

sin llevar conmigo la voz de su experiencia.

Los años pasan lentos

y él aún no ha vuelto.

Sé que volverá,

tengo esa seguridad;

pero cuando regrese

¿podré reconocerlo?

Quién sabe, no sé,

tal vez el instinto

me lo señale,

él es mi padre

y la sangre

llama a su sangre.

A veces, por momentos,

pienso que no volveré a verle,

y sin querer,

pierdo la esperanza

y entra en su lugar

el deseo de la venganza.

Sin embargo, al pensar en Dios...

creo que algún día

estaremos juntos.

Siempre pregunto:

¿Por qué la vida es así?

Qué fue lo que hicimos

para que nos haga sufrir.

¿Qué culpa tiene él?

¿Qué culpa tengo yo?

Qué culpa será la que pagamos los dos.

Escrito por Irma Pineda Santiago, de 15 años de edad, hija del dirigente indígena zapoteco Víctor Pineda Henestros, "desaparecido" en México en 1978.

Los agentes del FBI que murieron en el enfrentamiento habían entrado en coche en la reserva para localizar a cuatro individuos buscados como presuntos autores de un delito de robo a mano armada y agresión con un arma mortal. Parece ser que los cargos les fueron imputados a raíz de un incidente en el que a dos jóvenes de raza blanca les fueron robadas algunas botas vaqueras. El AIM ha afirmado que los actos de los indígenas, incluidos los disparos efectuados contra los agentes, fueron realizados en legítima defensa propia. No obstante, la acusación mantuvo que el hecho de que los dos agentes murieran por disparos efectuados a quemarropa invalidaba el argumento de la defensa propia en el caso de Leonard Peltier. Otros dos indígenas que fueron acusados en relación con los homicidios fueron absueltos porque sus abogados argumentaron que podrían haber actuado en defensa propia, dado el ambiente de miedo y violencia que existía en la reserva.

Leonard Peltier ha negado siempre haber matado a los agentes. Según el AIM había ido a la reserva de Pine Ridge invitado por los "tradicionales" (indígenas que intentan llevar a cabo prácticas espirituales y culturales ancestrales). Según parece, la reserva de Pine Ridge es rica en yacimientos de uranio que, según informes, se necesitan para poner en marcha proyectos gubernamentales. Según informes, el gobierno tribal federal, que, en opinión de los "tradicionales", ha sido instaurado con el apoyo y la aprobación federales, estaba dispuesto a cooperar con las empresas estadounidenses interesadas en extraer el uranio. No obstante, los "tradicionales" se oponían a esa cooperación y, según informes, invitaron al AIM a Pine Ridge en un esfuerzo por evitar la extracción del uranio. Temían que al hacerlo se arrojaran residuos tóxicos en la reserva y se extrajera la poca agua existente. Al parecer, los "tradicionales" también deseaban obtener protección de una fuerza privada de hombres armados empleados, según parece, por el gobierno tribal de Pine Ridge y que, al parecer, trabajaban con la policía de la Oficina de Asuntos Indígenas, que, según los "tradicionales", había acosado, golpeado y asesinado a simpatizantes del AIM y a "tradicionales" en la reserva. El FBI consideró la presencia del AIM en la reserva un acto de agitación y afirmó que los miembros del AIM estaban fuertemente armados y atrincherados en búnker fortificados. El propio AIM afirmó que la policía había empezado a concentrar sus fuerzas en la zona en respuesta a la presencia del AIM en la reserva.

En Chile, Amnistía Internacional ha continuado pidiendo que se realicen investigaciones sobre la suerte corrida por más de 100 indios mapuches que "desaparecieron" o fueron ejecutados extrajudicialmente después del golpe militar de 1973, que derrocó al gobierno democráticamente elegido del presidente Salvador Allende. "El día del golpe, los terraterientes, los militares y los carabineros iniciaron una persecución contra los mapuches que habían luchado por sus tierras y las habían recuperado." De esta forma describía en 1978 el Grupo Especial de Trabajo sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, el inicio de los abusos generalizados contra el grupo indígena más numeroso de Chile, los indígenas mapuches. Un programa de reforma agraria puesto en marcha por el gobierno de Allende había permitido a los mapuches, cuyo número se estima entre los 600.000 y el millón, recuperar algunas de las tierras que les habían sido arrebatadas desde la llegada de los españoles en el siglo XVI. Tras el golpe que derrocó al gobierno de Allende muchos dirigentes, activistas y miembros de comunidades mapuches fueron detenidos y torturados. A otros los mataron o los hicieron "desaparecer". Los mapuches perdieron de nuevo muchas de las tierras que habían recuperado legalmente.

Uno de los indígenas mapuches "desaparecidos" en favor de los cuales Amnistía Internacional ha hecho campaña es Luis Quinchavil Suárez, detenido en Argentina en febrero de 1981 con otro exiliado chileno, José Alejandro Campos Cifuentes, cuando intentaban regresar clandestinamente a Chile. Los dos habían cumplido penas de prisión durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet, que ocupó el poder en 1973. Luis Quinchavil Suárez había sido detenido en Chile poco después del golpe debido, según informes, a sus actividades como sindicalista y activista político, entre ellas su participación en la devolución de tierras a los indígenas mapuches, actividad legal durante el programa de reforma agraria del presidente Allende. Puesto en libertad a condición de que se exiliara, Luis Quinchavil Suárez trabajó como profesor de lengua mapuche en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, hasta su frustrado intento de regresar a Chile con José Campos Cifuentes. Durante más de una década, Amnistía Internacional ha pedido tanto al gobierno argentino como al chileno que esclarezcan la suerte y el paradero de Luis Quinchavil Suárez y José Campos Cifuentes. Después del golpe militar de 1976 en Argentina, los refugiados de diversos países latinoamericanos residentes en Argentina fueron automáticamente considerados "subversivos", y fueron escogidos por las autoridades argentinas como blanco de detenciones arbitarias, torturas, "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional recibió también documentación sobre de la colaboración entre las fuerzas de seguridad argentinas y las de países vecinos. Según informes, al menos 50 chilenos exiliados en Argentina "desaparecieron" después del golpe de Estado ocurrido en aquel país en 1976. Se supo que algunos habían sido devueltos ilegalmente a Chile.

FOTO: El dirigente mapuche Luis Quinchavil Suárez "desapareció" en 1981 después de ser detenido en Argentina y entregado a las fuerzas de seguridad chilenas. En Chile había participado en campañas en favor de la devolución de las tierras tomadas a los mapuches.

El gobierno chileno elegido democráticamente en 1990 estableció un organismo de derechos humanos, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los años del gobierno militar. La CNVR llegó a la conclusión de que Luis Quinchavil Suárez y José Campos Cifuentes habían sido detenidos por la policía argentina, la cual los entregó a las fuerzas de seguridad chilenas, y que después habían "desaparecido". La CNVR concluyó que los responsables de su "desaparición" eran agentes chilenos. A pesar de esta conclusión, Luis Quinchavil Suárez y José Campos Cifuentes continúan en paradero desconocido y los responsables no han sido llevados a los tribunales.

En Argentina, el gobierno civil que asumió el poder en 1983 creó una comisión para esclarecer el paradero de los millares de "desaparecidos" durante los siete años de gobierno militar. La comisión incluyó a Luis Quinchavil Suárez entre las 8.960 víctimas de "desaparición" cuyos casos documentó. La comisión concluyó que las fuerzas armadas habían violado sistemáticamente los derechos humanos usando la "maquinaria" estatal. Un reducido número de oficiales de alta graduación fueron finalmente declarados culpables y sentenciados a penas de prisión, pero en 1987 se concedió una virtual amnistía a casi todos los oficiales de mayor rango acusados de secuestro, tortura y ejecución extrajudicial.

Los pueblos indígenas de Ecuador han sufrido graves violaciones de derechos humanos. En junio de 1990, grupos de todo El Salvador se unieron en un movimiento de protesta llamado levantamiento indígena organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. El movimiento organizó una serie de acciones en apoyo de un programa de 16 puntos que incluía la autodeterminación y la solución a los problemas de las tierras, especialmente las disputas que afectaban a los indígenas de la sierra que, en su opinión, habían sido ignoradas por las autoridades ecuatorianas o se habían quedado estancadas en los tribunales.

Desde que empezó el levantamiento indígena se han recibido informes de que grupos paramilitares fuertemente armados, algunos de los cuales actuaban, al parecer, con el consentimiento de las autoridades o la cooperación directa de fuerzas oficiales, han cometido abusos contra los indígenas, especialmente en zonas donde los grupos indígenas han estado implicados en conflictos por las tierras. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ningún miembro de los grupos paramilitares que operan en Ecuador ha sido nunca declarado culpable de abusos contra los indígenas.

FOTO: Foto superior: Julio Cabascango, activista de derechos humanos de una federación campesina indígena de la provincia de Imbabura, Ecuador, murió apuñalado en marzo de 1990. Según informes, los autores de su muerte actuaban a las órdenes de un terrateniente local. Fueron detenidos dos hombres presuntamente implicados, pero después se dijo que habían escapado.

Foto inferior: José María Cabascango, de lengua quechua, secretario de derechos humanos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, fue detenido por el ejército el 11 de junio de 1991. Fue transferido al Servicio de Inteligencia Criminal y, al parecer, torturado.

Los dirigentes de las comunidades indígenas de Ecuador parecen haber sido elegidos como blanco especial de abusos, entre ellos acoso, violación, tortura y homicidio. Una de las víctimas fue el dirigente indígena Julio Cabascango, de lengua quechua, encargado de derechos humanos de una federación de campesinos indígenas de Imbabura. Murió apuñalado en marzo de 1990 en Huaycopungo, Imbabura, al parecer por hombres contratados por un terrateniente local. Fueron detenidos dos hombres presuntamente implicados en su asesinato pero después se dijo que habían escapado. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, aún se encuentran en libertad. Amnistía Internacional ha pedido que los que ordenaron el asesinato de Julio Cabascango y los que lo cometieron sean procesados.

Los dirigentes de las comunidades también han sido elegidos como blanco por las fuerzas de seguridad. Varios dirigentes indígenas fueron detenidos, torturados y maltratados en represalia por las manifestaciones organizadas en junio de 1991 en las que se pedía, entre otras cosas, que se emprendiera una investigación sobre la muerte de Julio Cabascango y la resolución de las disputas de tierras en las zonas indígenas de la sierra. Una de las personas torturadas fue José María Cabascango, de 27 años, de lengua quechua, primo del hombre asesinado. Fue detenido por el ejército junto con otros dirigentes indígenas cuando visitaban las comunidades locales que participaban en una serie de actividades pacíficas, entre ellas levantamiento de barricadas en las carreteras, organizadas por los grupos indígenas en todo el país para llamar la atención sobre las demandas de los indígenas. Según informes, fue objeto de insultos raciales durante la detención.

José María Cabascango fue transferido a la custodia del Servicio de Inteligencia Criminal (SIC), disuelto mediante un decreto presidencial en septiembre de 1991 y reemplazado por una fuerza de policía judicial. Posteriormente declaró que le habían colgado de los dedos pulgares y le habían golpeado las orejas, y que le habían sometido a simulacros de ejecución y a amenazas de muerte cuando se encontraba bajo la custodia del SIC. Amnistía Internacional ha solicitado que se investiguen a fondo las denuncias de José María Cabascango y que los responsables sean llevados a los tribunales.

En otros casos, también en Ecuador, comunidades indígenas enteras han sido víctimas de operaciones combinadas llevadas a cabo por grupos de hombres armados vestidos de civil y el ejército o la policía. Por ejemplo, habitantes de una aldea implicados en un conflicto relacionado con una hacienda de Huaycopungo, en el cantón de Otovalo, Imbabura, han sido atacados en diversas ocasiones por fuerzas paramilitares. En noviembre de 1990, Amnistía Internacional escribió a las autoridades ecuatorianas pidiendo que se realizara una investigación sobre los informes según los cuales, el 9 de noviembre, unos 50 policías vestidos de uniforme, acompañados por civiles que, al parecer, trabajaban para terratenientes locales, habían irrumpido en la comunidad de Huaycapungo y habían disparado contra los residentes. Al menos tres miembros de la comunidad recibieron disparos y resultaron heridos. Según informes, en enero de 1991 cuatro niños resultaron heridos cuando un grupo paramilitar atacó la escuela dominical de Huaycopungo.

Activistas políticos y sindicales

La oposición política al gobierno o las actividades sindicales, a menudo en industrias, como la minería, en la que una gran parte de los trabajadores son indígenas, han tenido como consecuencia violaciones de derechos humanos contra los dirigentes y activistas indígenas.

En 1981, por ejemplo, la policía boliviana secuestró a Genaro Flores, dirigente campesino aymara, y disparó contra él, a consecuencia de lo cual quedó paralítico de la cintura para abajo. Amnistía Internacional pensó que había sido elegido como víctima debido a sus actividades sindicales pacíficas y envió una delegación a La Paz para presionar al gobierno con el fin de que reconociera su detención. Viajó a Francia para recibir tratamiento médico, tras lo cual, a pesar de usar todavía silla de ruedas, Genaro Flores pudo volver a Bolivia y a reanudar su papel dirigente en el movimiento campesino.

FOTO: A Genaro Flores, dirigente campesino aymara, la policía le secuestró y le disparó en 1981; quedó paralítico de cintura para abajo. Las protestas internacionales hicieron que su detención fuese reconocida y algunos grupos no gubernamentales, entre ellos Amnistía Internacional, consiguieron que recibiera tratamiento médico en Francia. Esta foto fue tomada cuando regresaba a Bolivia.

© Presencia, La Paz, Bolivia.

En EE UU, Amnistía Internacional decidió que Russell Means, dirigente del AIM, preso de conciencia cuando fue encarcelado en 1977. Fue detenido después de participar en una reunión sobre las relaciones entre las comunidades blanca e indígena de Sisseton, Dakota del Sur. Las autoridades justificaron su detención diciendo que había infringido una orden de libertad bajo fianza, que estipulaba que no podía participar en las actividades políticas del AIM. Por su naturaleza, esta libertad bajo fianza había infringido los derechos fundamentales de Russell Means a las libertades de expresión y asociación, protegidos por la Constitución de Estados Unidos. Fue puesto en libertad posteriormente en 1977, por orden del tribunal federal de apelación, que declaró constitucionalmente inválida la orden de libertad condicional inicial.

FOTO: Rigoberta Menchú, dirigente indígena de Quiché conocida internacionalmente, se vio obligada a exiliarse a principios de los años ochenta, después que las fuerzas de seguridad mataron a sus padres y a su hermano. Cuando volvió a Guatemala en mayo de 1989 para participar en unas conversaciones internas de paz recibió amenazas de muerte. En la fotografía aparece encabezando la marcha internacional en favor de los derechos de los indígenas organizada tras una reunión que se celebró en Guatemala en octubre de 1991. La reunión fue convocada por organizaciones indígenas para tratar sobre las actividades que iban a celebrarse durante 1992 con el fin de llamar la atención sobre la difícil situación de los pueblos indígenas.

En mayo de 1989, Amnistía Internacional expresó su preocupación ante los informes según los cuales miembros exiliados de la oposición guatemalteca, entre ellos la dirigente indígena Rigoberta Menchú, habían recibido amenazas de muerte después de volver al país para participar en el Diálogo Nacional. Se trataba de un proceso de consultas en el que, según acordaron los presidentes de los países centroamericanos en agosto de 1989, participarían todos los sectores de cada país en un esfuerzo por encontrar soluciones pacíficas a los conflictos armados que causaban estragos en la región. Amnistía Internacional solicitó que se tomaran medidas urgentes para proteger a la delegación que representaba a la oposición de Guatemala, que se investigaran de inmediato las amenazas que habían recibido sus miembros, y que los responsables fueran procesados. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se presentó cargo alguno en relación con las amenazas.

Víctimas indígenas y conflictos internos

En varios países, las comunidades indígenas que viven en las zonas de conflicto armado han sido elegidas tanto por las fuerzas gubernamentales como por los grupos insurgentes por considerarlas simpatizantes de uno u otro bando, o simplemente por residir en las zonas en conflicto. Estas comunidades han sufrido homicidios selectivos, represalias colectivas y matanzas no provocadas llevadas a cabo por los dos bandos del conflicto.

Amnistía Internacional ha pedido que se investiguen, por ejemplo, los abusos perpetrados en Nicaragua contra los indígenas durante el gobierno sandinista, que ocupó el poder entre 1979 y 1990. Uno de los incidentes que, según la organización, nunca fue adecuadamente esclarecido ocurrió en diciembre de 1981, tras una serie de incursiones fronterizas llevadas a cabo por las fuerzas de oposición de la "contra", su primera actividad militar significativa en la región de la costa atlántica del país. Según informes, cuando las fuerzas gubernamentales recuperaron el control de la zona descubrieron que siete soldados capturados habían sido torturados y habían muerto violentamente. Entonces, las fuerzas gubernamentales detuvieron a varios habitantes de la zona (entre 12 y 80, dependiendo de las fuentes) en Leimus, asentamiento en la zona del río Coco, como sospechosos de colaboración con la "contra". Algunos de los presos, la mayoría de ellos indígenas miskito, fueron ejecutados sumariamente; al parecer, otros murieron mientras intentaban escapar cruzando el río Coco. Los testimonios aportados en el curso de una investigación realizada por el Ministerio de Interior sandinista, que incluían el relato de un soldado que presenció el incidente, indicaron que 22 presos fueron ejecutados sumariamente; otras fuentes han indicado que la cifra pudo ser mucho más elevada. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, los responsables no han sido llevados a los tribunales.

Durante la década de los ochenta, Amnistía Internacional recibió también informes frecuentes según los cuales algunas personas, varias de ellas indígenas, fueron víctimas de torturas y homicidios al estilo de ejecuciones perpetrados por la "contra".

Los campesinos de lengua quechua y aymara que viven en las pequeñas comunidades agrícolas de la sierra andina de Perú han sido también víctima de los abusos cometidos por los dos bandos del conflicto que lleva sacudiendo el país casi una década. Durante ese periodo, Amnistía Internacional ha hecho campañas para poner fin a la pauta de tortura, "desaparición" y ejecución extrajudicial entre cuyas víctimas ha habido muchos indígenas. Las preocupaciones de la organización sobre los abusos cometidos tanto por las fuerzas gubernamentales como por la oposición armada, principalmente el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso), han sido expuestas en diversas publicaciones y comunicados a las organizaciones internacionales, entre las que figuran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). En noviembre de 1991, una delegación de Amnistía Internacional viajó a Perú para lanzar el nuevo informe de la organización Perú: Derechos humanos en un clima de terror. La delegación expresó públicamente su preocupación porque, según informes, desde la llegada al poder del presidente Alberto Fujimori habían "desaparecido" o habían sido ejecutadas extrajudicialmente más de 250 personas, muchas de ellas en las "zonas de emergencia" controladas por el ejército, donde una gran proporción de la población es indígena. Amnistía Internacional pidió al gobierno que instituyera un programa concertado de derechos humanos para poner fin a las violaciones de derechos humanos y acabar con la impunidad disfrutada por las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, en un anuncio publicado en la prensa peruana, Amnistía Internacional explicaba que, aunque seguía centrándose prioritariamente en los gobiernos debido a su obligación de respetar los derechos humanos, contraída en virtud de las leyes internacionales, también se oponía inequívocamente y condenaba los homicidios deliberados y arbitrarios y las torturas perpetradas por los grupos armados de oposición. Amnistía Internacional pidió a los dos bandos implicados en el conflicto que respetasen las normas internacionales.

Según informes, en Colombia, las personas que viven en zonas en las que actúa la guerrilla son a menudo consideradas colaboradores suyos y, consecuentemente, son objeto de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército y la policía colombiana. Los abusos también son cometidos por sicarios, pistoleros a sueldo que trabajan con el apoyo o el consentimiento de las autoridades. Entre las víctimas se encuentran dirigentes de las comunidades indígenas, y se han recibido informes de violaciones de derechos humanos contra miembros de las comunidades indígenas desde muchas zonas del país. Amnistía Internacional ha planteado sus preocupaciones sobre esos abusos a los sucesivos gobiernos colombianos. En marzo de 1991, por ejemplo, pidió que se llevara a cabo una investigación sobre los abusos sufridos por los indios arhuacos del norte de Colombia, incluida la detención arbitraria, secuestro, tortura y muerte de tres dirigentes arhuacos en noviembre de 1990: Hugues Chaparro, Ángel María Torres y su hermano Luis Napoleón Torres; este último fue gobernador de los arhuacos durante siete años, y mamo o autoridad tradicional y guía espiritual. Los tres viajaban a Bogotá en autobús para denunciar los abusos sufridos por su comunidad cuando fueron secuestrados por hombres armados vestidos de militar. Posteriormente se encontraron sus cuerpos, mutilados y con huellas de tortura.

FOTO: A Ángel María Torres, dirigente de los indígenas arhuacos, lo detuvieron arbitrariamente, torturaron y mataron en Colombia unos hombres armados con uniforme militar en noviembre de 1990. A su hermano y a otro dirigente indígena arhuaco también los secuestraron y los mataron. Ha sido absuelto un civil detenido en relación con el caso y los dos oficiales del ejército implicados permanecen en activo.

Finalmente, se emprendieron investigaciones sobre el caso, pero un civil detenido en relación con él ha sido absuelto y los dos oficiales del ejército implicados permanecen en activo. Según informes, el incidente se produjo debido al convencimiento del ejército de que la comunidad arhuaca había participado en el secuestro, aún no aclarado, de un rico terrateniente y granjero local, ocurrido seis meses antes y llevado a cabo, al parecer, por las fuerzas de la guerrilla. Aunque la comunidad arhuaca ha rechazado la presencia de la guerrilla en su territorio, y pedido sin éxito protección policial para defenderse de ella, la oposición armada ha escondido a veces a las víctimas de sus secuestros en las reservas arhuacas.

CITA: Amigos solidarios

Amigos solidarios

no abandone mi pueblo

que está cercada

por tristeza.

Este pueblo mío

está llena del ejército

con sus armas de fuego

masacrando a mi gente.

Ay que difícil vivir en mi pueblo

por los secuestros y los asesinatos

esta es la vida aquí

Amigos solidarios.

Al atardecer me siento rendido

quiero sentarme

pero temo a los bombardeos por todas partes.

Ay de mi pueblo querido

destrozado de tristeza

por tanta violencia

Amigos solidarios.

Sufro la represión

por ser indígena

y solo vivo la tristeza

esperando la muerte.

Poema publicado por CONDEG, Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala

Víctimas indígenas de la "guerra de la droga"

Las zonas remotas en las que viven algunos grupos de pueblos indígenas son usadas también a veces por los traficantes de droga como rutas de contrabando o para el procesamiento de drogas. Algunas de las comunidades indígenas de estas regiones usan hojas de coca no procesada en ceremonias religiosas o como parte de su forma de vida tradicional. Las hojas de coca se mascan no sólo para combatir la fatiga, el hambre o la sed, sino también por razones medicinales, pero tienen también una importante función ritual en las ceremonias religiosas indígenas. En este contexto, los sindicatos afirman que los campesinos procesan la coca hasta un cierto punto para hacer mermeladas, galletas, bebidas no alcohólicas y tés, pero que no elaboran cocaína, fruto de un proceso de refinamiento mucho más elaborado.

El hecho de vivir en las regiones productoras de coca y de que la coca sea parte de su vida diaria ha hecho a algunos grupos indígenas vulnerables a los abusos con la intensificación de la "guerra" contra las drogas, llevada a cabo con la ayuda de EE UU en algunas zonas de la región. Este tipo de factores hacen que los indígenas sean a veces acusados de participar en el tráfico de drogas o de estar ofreciendo refugio a los contrabandistas o productores, acusaciones que pueden servir de pretexto para que se cometan abusos con el beneplácito oficial. En otros casos, las comunidades indígenas parecen haberse visto atrapadas en conflictos entre los traficantes de droga, muchas veces apoyados por jefes corruptos de la policía y del ejército, grupos de oposición armada que intentan usar las cosechas ilegales para financiar sus actividades y fuerzas de policía que intentan destruir las cosechas de coca.

En Colombia al menos 20 indígenas paez, grupo indígena integrado por unas 100.000 personas, perdieron la vida durante una disputa de tierras en diciembre de 1991. Según informes, los homicidios se produjeron cuando los traficantes de drogas intentaron hacerse con el control de unas tierras del fértil valle del Cauca, donde viven la mayoría de los indígenas paez. Los paez afirman que esas tierras les fueron asignadas mediante títulos de propiedad durante la colonización española de Colombia. Los homicidios se produjeron tras una serie de reiterados acosos y abusos llevados a cabo contra los indígenas por pistoleros aparentemente pagados por traficantes de drogas que, según parece, habían comprado las tierras en conflicto a su anterior propietario sólo dos meses antes de la matanza.

Los indígenas habían denunciado reiteradamente los acosos que estaban sufriendo a las autoridades, pero, al parecer, no se tomaron medidas oficiales para investigar las amenazas, ni para proteger a la comunidad. Tras los homicidios, el procurador general de Colombia dijo que la Procuraduría General estaba investigando a los oficiales militares de Cauca por negligencia en relación con esas amenazas. La policía de seguridad y la Dirección Nacional de Instrucción Criminal que están investigando la matanza, han asegurado, según informes, que los sopechosos que fueron detenidos o se rindieron habían afirmado que miembros de la Policía Nacional podrían encontrarse entre los responsables. Amnistía Internacional ha pedido que todos los responsables de haber ordenado y llevado a cabo los homicidios sean procesados.

Se han recibido informes según los cuales en Bolivia se han producido violaciones de derechos humanos contra comunidades de campesinos indígenas y contra dirigentes sindicales de los productores de coca en el contexto de la "guerra" contra la producción de coca y el tráfico de cocaína. En junio de 1989, por ejemplo, fuerzas patrulleras especiales bolivianas apresaron a Evo Morales, dirigente indígena quechua y secretario general de un sindicato campesino de Cochabamba, región de la zona central de Bolivia. Entrevistado por Amnistía Internacional en 1991, Evo Morales dijo que había sido detenido presuntamente por haber, protegido a un traficante de drogas y que había sido torturado mientras se encontraba bajo la custodia de la policía boliviana. Dijo también que había sido detenido una vez más en 1991, al parecer debido a su participación en una "marcha por la dignidad", integrada fundamentalmente por campesinos indígenas para pedir el respeto a sus derechos y la desmilitarización de sus tierras.

Las autoridades bolivianas han declarado que en las zonas productoras de coca se llevan a cabo estas incursiones y detenciones contra los indígenas porque colaboran con los traficantes de droga. No obstante, los dirigentes indígenas han denunciado que estas incursiones y detenciones se llevan a cabo indiscriminadamente contra los indígenas.

Víctimas de la discriminación y de las privaciones

A veces se ha argumentado que la discriminación y las privaciones sociales y económicas que sufren muchos pueblos indígenas los hacen especialmente vulnerables a ser declarados culpables de delitos. Pueden, por ejemplo, tener un acceso limitado o ningún tipo de acceso a la asistencia letrada adecuada, y pueden tener más posibilidades de ser procesados o declarados culpables de ciertos delitos que las personas que pertenecen a otros grupos raciales. Se ha sugerido también que esos factores pueden hacerlos más vulnerables a los malos tratos si son detenidos.

En 1987, Amnistía Internacional pidió que se investigaran a fondo los informes según los cuales a un amerindio, de 53 años le habían desnudado, amenazado, golpeado y torturado, y le habían sometido incluso a un simulacro de ejecución, mientras estuvo detenido durante un breve periodo, acusado de un delito común. Algunos funcionarios de Guyana han declarado que los amerindios son especialmente vulnerables a ese tipo de trato.

Entre el 18 y el 20 por ciento de los internos de la cárcel del estado de Montana, en EE UU, son indígenas; constituyen sólo un cuatro por ciento de la población de todo el estado. En febrero de 1992, Amnistía Internacional escribió al director del Departamento de Prisiones de Montana para dejar constancia de las preocupaciones de la organización acerca del trato recibido por los reclusos de la unidad de máxima seguridad de la prisión, incluidos los indígenas, después del motín que se produjo en la unidad en septiembre de 1991. Según un informe de un equipo de investigación del Departamento de Justicia de EE UU, cuando el personal de la prisión recuperó el control de la unidad desnudaron a los presos, los esposaron, y los obligaron a pasar entre dos filas de funcionarios que los golpearon, los dieron patadas, los pusieron la zancadilla y los golpearon con porras. Amnistía Internacional considera que las agresiones infligidas a los presos constituyeron malos tratos graves. Amnistía Internacional recibió con satisfacción la decisión del Departamento de Prisiones de Montana de encargar a una comisión externa la investigación de los hechos, y preguntó qué medidas se habían tomado para poner en práctica las recomendaciones de la comisión acerca de la política sobre uso de la fuerza, y sobre los sistemas de denuncias y disciplinario y las medidas para revisar y aliviar las condiciones de los presos de la unidad de máxima seguridad.

Amnistía Internacional instó también al Departamento de Prisiones de Montana a que investigara las denuncias según las cuales los guardianes de la prisión, de raza blanca en su mayoría, han insultado a los indígenas recluidos en la unidad de máxima seguridad y los han tratado con mayor dureza que a otros reclusos, por ejemplo sometiéndoles a medidas de seguridad desproporcionadas y de forma discriminatoria por haber incumplido las normas de la prisión. Parece ser también que, a diferencia de otros presos, a los indígenas de la cárcel del estado de Montana no les han permitido recibir visitas de sus representantes religiosos ni tener consigo ciertos objetos religiosos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, por considerarla una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. En Estados Unidos, país en el que, al parecer, hay en la actualidad unos 45 indígenas condenados a muerte, algunos estudios realizados indican que la pena de muerte se impone de forma discriminatoria, porque los homicidios en los que las víctimas son blancas tienen más posibilidades de ser castigados son la pena de muerte que los homicidios en los que las víctimas son miembros de grupos étnicos minoritarios. La organización siente también preocupación porque en algunos estados, los delincuentes juveniles y los trastornados mentales pueden ser condenados a muerte, y porque las personas pobres muchas veces no cuentan con la adecuada asistencia letrada. Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente estas preocupaciones a las autoridades estatales y federales estadounidenses y a organismos internacionales como la OEA y la ONU.

Cuando tiene conocimiento de que se ha fijado la fecha de una ejecución, Amnistía Internacional solicita clemencia en favor del preso, pidiendo la conmutación de la sentencia. Por ejemplo, la organización pidió hace poco clemencia para Anson Avery Maynard, indígena coharie cuya ejecución por el asesinato de un hombre de raza blanca en 1981 estaba prevista para el 17 de enero de 1992 en Carolina del Norte. Anson Every Maynard ha mantenido firmemente su inocencia y ha rehusado declararse culpable del delito de asesinato en segundo grado que se le imputa, por el cual podría haber sido puesto en libertad tras 10 años de prisión. Fue la única persona procesada por el asesinato. A otros, al parecer de raza blanca, se les concedió inmunidad procesal a pesar de haber admitido su implicación en el asesinato. Amnistía Internacional escribió al gobernador de Carolina, James Martin, expresándole su honda preocupación porque se hubiera fijado la fecha de la ejecución a pesar de que seguían existiendo dudas sobre la credibilidad de los testimonios de los testigos usados para declararle culpable, y antes de que sus abogados tuvieran la oportunidad de pedir que la Corte Suprema de EE UU llevara a cabo una última revisión de su caso. Poco antes de la fecha prevista para la ejecución, el gobernador Martin conmutó la sentencia de muerte de Avery Maynard por otra de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, basándose en que existían "dudas razonables sobre si el grado de implicación de Anson Maynard en el asesinato estaba suficientemente claro como para justificar la pena de muerte". Se sabe que hay otros cinco indígenas americanos condenados a muerte en Carolina del Norte.

Amnistía Internacional se opone también a la repatriación o extradición de cualquier persona a un país en el que pudiera ser sentenciada a muerte. En enero de 1992, la organización escribió al ministro canadiense de Justicia acerca de la propuesta de extradición de un indígena abenaki canadiense, Lee Robert O'Bomsawin, a EE UU, donde había sido acusado de asesinato. Amnistía Internacional instó a que Lee Robert O'Bomsawin no fuera extraditado hasta que el gobernador del estado de Florida asegurara firmemente a las autoridades de Canadá que no se le impondría la pena de muerte si fuera declarado culpable. Entre 1976, cuando los estados de EE UU revisaron la legislación sobre la pena de muerte, y fines de 1991, se ejecutó a 27 presos en Florida, lo que sitúa a este estado en el segundo lugar en cuanto al número de ejecuciones llevadas a cabo en el país. Según algunos estudios, la discriminación racial es un factor que influye a la hora de imponer la pena de muerte en Florida. En febrero de 1992 se anunció que Lee Robert O'Bomsawin iba a ser extraditado, pero que, ante la insistencia del gobierno canadiense, las autoridades de Florida se habían comprometido a no pedir la pena de muerte para él.

En línea con su oposición a la pena de muerte en todos los casos, Amnistía Internacional se ha opuesto también a los proyectos de ley federales de EE UU sobre pena de muerte que proponían la reinstauración de la pena capital para, entre otros, los delitos cometidos en los territorios federales, incluso en los estados abolicionistas. Los indígenas de EE UU y de Alaska serían los grupos más afectados por la legislación que estipularía la imposición de la pena de muerte a los habitantes de los territorios federales por ciertos delitos. Los proyectos de ley que contienen esas disposiciones se han discutido en el Congreso de Estados Unidos anualmente pero hasta la fecha se ha dado prioridad a otros asuntos.

FOTO: Rosa Pu, indígena quiché y miembro de CONAVIGUA, ha perdido dos esposos y a varios familares más, que han "desaparecido" en Guatemala. Su primer esposo "desapareció" en 1981, cuando el hijo de Rosa tenía dos años. Tras la "desaparición" de su segundo esposo en mayo de 1990, afirmó que unos hombres desconocidos la estaban siguiendo. En enero de 1992 fue amenazada a punta de pistola por un hombre vestido de civil debido a sus esfuerzos por localizar a los "desaparecidos".

Amnistía Internacional ha seguido varios casos de indígenas estadounidenses y canadienses a los que, al parecer, se ha acusado de delitos de motivación política. En algunos casos, estas acusaciones han surgido como consecuencia de conflictos entre el uso tradicional de las tierras y el agua, reconocido en tratados, y las disposiciones de la legislación nacional. Existen también indicios de que los acusados no serían juzgados con las debidas garantías debido a las localidades en las que iban a ser recluidos, o debido a la forma de seleccionar a los miembros de jurado o la composición racial de éste.

En Canadá, las investigaciones gubernamentales llevadas a cabo por el gobierno en varias provincias sugieren que los prejuicios generalizados existentes contra los indígenas han llevado a que el sistema judicial los trate de forma discriminatoria. En relación con Estados Unidos, Amnistía Internacional también ha examinado denuncias de procesamientos selectivos contra 70 indígenas acusados por tribunales estatales y federales (y también tribales) de haber infringido varias disposiciones sobre pesca en el río Columbia, en los estados de Oregón y Washington durante 1983 y 1984. No obstante, los datos disponibles acerca de los procesamientos por delitos similares en toda la nación no aportaban un análisis racial, y no especificaban los delitos individuales ni el resultado de los casos registrados. Por ello, a Amnistía Internacional le resultó imposible determinar si en estos procesos había habido prejuicios raciales contra los acusados.

El informe de Amnistía Internacional de 1981 sobre EE UU también documentaba la conducta inadecuada del FBI durante una operación denominada COINTELPRO. Era una investigación sobre ciertos grupos políticos nacionales, incluido el AIM. El informe de Amnistía Internacional citaba casos en los que miembros del AIM y otras personas habían sido, al parecer, falsamente acusados de delitos comunes, procesados selectivamente o privados del debido proceso legal por motivos de raza o por sus actividades políticas. Descubrió que en varios casos el FBI había actuado de forma indebida y, al parecer, había intentado obstaculizar el derecho a un juicio justo de los miembros del AIM acusados de delitos graves.

Testigos, familiares de las víctimas y simpatizantes de grupos indígenas

Los testigos de abusos contra los pueblos indígenas, los familiares de las víctimas y las personas que trabajan en comunidades indígenas se encuentran también entre las víctimas de violaciones de derechos humanos por quienes trabaja Amnistía Internacional. En todo el mundo, muchas de las personas que emprenden acciones en respuesta a las violaciones de derechos humanos sufridas por sus familiares se convierten en algunos de los más destacados activistas de derechos humanos de sus países. Estos familares están siempre en primera línea, trabajando por la liberación de un preso, entrevistándose con autoridades gubernamentales, tratando de obtener información e indemnizaciones o preocupándose por los presos. Como consecuencia de ello, pueden convertirse ellos mismos en víctimas de violaciones de derechos humanos. Algunos indígenas, incluidos niños, también han sido víctima de abusos sólo por ser familiares de personas a las que las autoridades consideran "peligrosas" o "subversivas".

Melchisedec Velasco Allende y Miguel Ángel Velasco, dos niños triquis del estado mexicano de Oaxaca, se encuentran entre los casos de indígenas "desaparecidos" que Amnistía Internacional ha instado al gobierno mexicano a que esclarezca. Los dos, de 10 y 12 años, respectivamente, en el momento de su "desaparición", fueron, al parecer, secuestrados en julio de 1988 en represalia contra Miguel Ángel Velasco, padre de uno de ellos, que anteriormente había recibido amenazas de pistoleros debido a sus actividades en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Organización no violenta de los Triqui Baja, el MULT ha venido presionando para conseguir para los triquis el control de las que consideran tierras comunales tradicionales. A pesar de que hubo una investigación oficial sobre la "desaparición" de los niños, continúan en paradero desconocido y los responsables no han sido procesados. Durante varios años, Amnistía Internacional ha venido recibiendo informes de abusos contra los triquis. El hecho de que las autoridades mexicanas no hayan realizado investigaciones sobre los abusos contribuye a la creencia generalizada de que los pistoleros llevan a cabo sus actividades con el apoyo o el consentimiento de los representantes del gobierno local encargados de la administración de la justicia.

FOTO: Miguel Ángel Velasco es miembro de la comunidad triqui en Oaxaca occidental, México. Su hijo, de 10 años de edad, y un amigo de éste, de 12 años, fueron secuestrados y "desaparecieron" en 1988, al parecer en represalia por los esfuerzos de Miguel Ángel Velasco de asegurar a los triqui el control de las tierras comunales tradicionales.

El personal de ayuda y médico que trabaja en México con los refugiados guatemaltecos, muchos de ellos indígenas que huyeron de los ataques del ejército contra sus aldeas, han sido en diversas ocasiones objeto de violaciones de derechos humanos, entre ellas torturas y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en México por el ejército de Guatemala y unidades paramilitares que trabajan con él. También se ha denunciado que las fuerzas de seguridad mexicanas han cooperado en el pasado con las autoridades guatemaltecas en cometer abusos contra los cooperantes mexicanos y contra los propios refugiados.

En Perú, Irene McCormack, monja australiana de la orden de San José del Sagrado Corazón, fue ejecutada públicamente en mayo de 1991 por el grupo armado Partido Comunista del Perú. La mataron junto a varios activistas de la comunidad después de un "juicio popular" sumario en la plaza principal de Huasahuasi, pequeña comunidad en la zona central de la sierra andina. La hermana Irene había enseñado lectura, juegos y liturgia a niños y jóvenes pobres del departamento de Junín, con numerosos habitantes indígenas, donde murió. El Partido Comunista del Perú afirmó que la había ejecutado porque era "una yanqui americana". Los habitantes de la zona afirmaron que el Partido Comunista del Perú ve a la Iglesia como una amenaza contra su poder político; en relación con Huasahuasi, dicen que el Partido Comunista del Perú quiere controlar la carretera estratégica que atraviesa la zona, así como los ricos cultivos locales de patatas.

A lo largo de los años, los que ayudan a los indígenas del Perú han sido también víctimas de abusos gubernamentales. En 1981, por ejemplo, Amnistía Internacional adoptó como preso de conciencia a Nicolás Matayoshi, poeta, novelista y educador, que se especializó en preparar materiales educativos para niños que sólo hablan quechua. Había sido detenido ese mismo año como intelectual terrorista cuyos escritos habían fomentado los actos terroristas. Posteriormente le fueron retirados todos los cargos.

Cuando la religiosa estadounidense Diana Ortiz fue a trabajar a Guatemala, dijo que quería hacerlo en una comunidad indígena porque "los indígenas son los que más han sufrido". Durante los dos años siguientes sufrió diversas amenazas de muerte debido, al parecer, a su trabajo educativo con los niños indígenas de la comunidad de San Miguel, Huehuetenango, una gran parte de cuya población es chuj. En noviembre de 1989 fue secuestrada por hombres vestidos de civil que la entregaron a unos agentes de policía uniformados que viajaban en un vehículo policial. Mientras estuvo bajo custodia fue, entre otras torturas, violada y sometida a abusos sexuales que, según dijo posteriormente, eran "demasido horribles como para describirlos". Una monja que había trabajado con la hermana Diana dijo acerca de la comunidad de San Miguel: "No hay ni una sola familia allí que no tenga miembros 'desaparecidos' o a los que hayan matado. El hecho de que Diana fuera secuestrada, torturada y violada es insólito sólo porque sigue viva... Creo que el mensaje que están enviando a la Iglesia es claro: no ayudéis a los indígenas, no ayudéis a los pobres."

FOTO: Diana Ortiz, religiosa ursulina estadounidense, fue torturada por la policía en 1989, al parecer debido a su trabajo con los niños indígenas en una zona de mayoría chuj de Huehuetenango.

Un sacerdote indígena de Guatemala recibió amenazas de muerte en julio de 1988 después de haber organizado y radiado en todo El Quiché una misa en favor de viudas indígenas en el idioma indígena local (quiché). A la misa asistieron unas 1.800 mujeres indígenas cuyos esposos habían sido víctima de las campañas de contrainsurgencia del ejército a principio de los años ochenta. El sacerdote se vio obligado a abandonar su parroquia y a ocultarse. Declaró a Amnistía Internacional que le acusaban de dar órdenes a las viudas, pero que él opinaba que, según la ley, la gente tenía derecho a organizarse y que en Guatemala las personas más despreciadas y olvidadas eran las mujeres: las mujeres casadas y, especialmente, las viudas indígenas.

Los miembros de CONAVIGUA, asociación de viudas integrada en gran parte por indígenas y creada en Guatemala en 1988, ha hecho campañas para obtener compensaciones por la muerte o "desaparición" de sus esposos, y han intentado encontrar a sus familiares "desaparecidos" o exhumar sus cadáveres de cementerios clandestinos. Se han opuesto también al reclutamiento forzoso de sus hijos por el ejército y las patrullas de autodefensa guatemaltecas, pretendidamente civiles. Como consecuencia de ello, las integrantes de CONAVIGUA han sido víctima de amenazas de muerte, detención arbitaria y agresiones del ejército, entre ellas violaciones, con la aparente intención de disuadirlas de sus objetivos.

El trabajo de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas de Amércia

Los casos mencionados son una mera ilustración del alcance de las violaciones de derechos humanos sufridas por los pueblos indígenas de América. No constituyen un informe de todas las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas, sólo de las que abarca el mandato, estrictamente definido, de Amnistía Internacional. La organización se ocupa de un limitado espectro de derechos fundamentales, pero ello no significa que ignore la importancia de otros, puesto que existe una estrecha relación entre todos los derechos humanos. No obstante, Amnistía Internacional cree que puede conseguir más trabajando dentro de unos límites definidos y por ello centra sus energías en ciertas violaciones de derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales están implícitos en el objetivo de la organización de defender los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional trabaja para que los gobiernos ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Este documento no es un informe exhaustivo del trabajo de Amnistía Internacional en favor de los pueblos indígenas, ni de las iniciativas de los propios pueblos indígenas para alcanzar sus objetivos y proteger sus derechos. Pretende, más bien, exponer el tipo de abusos perpetrados contra los pueblos indígenas que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos años, e ilustrar los esfuerzos de la organización para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y judiciales, las "desapariciones", las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos y los juicios injustos contra los indígenas.

Puede que ciertos temas o países no se mencionen aquí por otros motivos, entre ellos la falta de acceso a la información y las dificultades que ofrece la investigación en zonas remotas, y porque en algunos países, la población indígena ha sido diezmada o prácticamente eliminada por los abusos generalizados durante la colonización o después de ella.

Programa de actividades de Amnistía Internacional para 1992

Amnistía Internacional publicará materiales a lo largo de todo el año 1992 para llamar la atención sobre sus preocupaciones respecto a las violaciones de derechos humanos ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones", detenciones arbitarias, torturas y malos tratos, juicios injustos contra presos políticos y la pena de muerte judicial sufridas por los pueblos indígenas de América. Pedirá también que se emprendan acciones en favor de indígenas que han sufrido o que se encuentran en peligro inminente de sufrir violaciones de derechos humanos.

En 1992, Amnistía Internacional tiene también la intención de incrementar la difusión de la información acerca de su trabajo para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas de América y proporcionar a estos pueblos más información sobre esos derechos, incluidas las normas internacionales importantes, a ser posible en los idiomas indígenas. La Sección chilena de Amnistía Internacional, por ejemplo, ya tiene disponibles esos materiales en lengua mapuche.

En octubre de 1992 se publicará un informe más completo sobre las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre los pueblos indígenas de América. En este informe se expondrán también algunos aspectos de las leyes nacionales e internacionales creadas para proteger los derechos de los indígenas, especialmente los derechos humanos relacionados con el mandato de Amnistía Internacional. También proporcionará ejemplos de iniciativas tomadas por los pueblos indígenas para alcanzar sus objetivos y proteger sus derechos.

El informe expondrá el trabajo realizado para proteger los derechos de los indígenas por organismos tales como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas. Concluirá con una serie de recomendaciones, dirigidas tanto a los gobiernos como a las instituciones internacionales, para poner fin a los abusos contra los pueblos indígenas de América.

A principios de la década de los ochenta, en el momento culminante de la campaña de contrainsurgencia que se saldó con la muerte de millares de indígenas no combatientes en Guatemala, un dirigente de una organización de campesinos indígenas de Guatemala escribió a Amnistía Internacional en relación con el trabajo de las organizaciones internacionales de derechos humanos:

"El trabajo de ustedes ha sido una confirmación solidaria de que por más pobres y maltratados que seamos tenemos derecho a la vida y al respeto, que matar a un niño recién nacido o un anciano agotado por la persecución del ejército constituye un crimen capital que amerita la condena más enérgica."

"Considero que en este punto converge el trabajo de Amnesty y nuestra propia labor como organización campesina: la defensa del derecho a la vida en todos sus aspectos: el derecho a la integridad física, a la seguridad... a la vida sencilla pero plenamente humana, al fin de las amenazas que durante tantos siglos ya han pesado sobre nuestro pueblo de indios y ladinos ¹."

Este es el espíritu con el que Amnistía Internacional espera contribuir a los esfuerzos de los pueblos indígenas y de otras personas que en toda América trabajan para conseguir el pleno respeto de los derechos humanos.

Si desean más información sobre las actividades que Amnistía Internacional está preparando para 1992 contra las violaciones de derechos humanos sufridas por los pueblos indígenas de América, pónganse en contacto con la Sección de Amnistía Internacional de su país o escriban a: Amnistía Internacional, 1 Easton Street, London WC1X 8DJ, Reino Unido

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA SIGUEN SUFRIENDO

AMR 01/03/92/s

BRASIL: ANTONIO GILVAN DA CRUZ

En noviembre de 1990, Antonio Gilvan da Cruz, de 22 años de edad, miembro de la comunidad indígena truka, residente en la isla de Nossa Senhora da Assunção, estado de Pernambuco, fue secuestrado, torturado y muerto. Su cadáver lo hallaron mutilado. A primeras horas del día 28 de noviembre unos ocho hombres que vestían ropas de civil lo capturaron. Según varios testigos de los hechos, los hombres llevaban puestas botas reglamentarias de la policía y, tras abrirse paso a la fuerza en el domicilio de la familia de la víctima, pudo oírse cómo disparaban sus armas. Varias horas después, el cadáver de Antonio Gilvan fue hallado en un municipio próximo: lo habían castrado y en el cuerpo se apreciaban numerosas quemaduras de cigarrillo y diversas heridas de bala y de arma blanca. Asimismo, le habían fracturado un brazo y una pierna y le habían sacado un ojo.

Los miembros de la comunidad a la que pertenecía Antonio Gilvan tienen motivos para pensar que la policía civil estuvo directamente implicada en su muerte y creen que su propósito fue el disuadir a la comunidad de reivindicar sus derechos. A pesar de que la familia de Antonio Gilvan cree que varios de los agresores eran miembros de la policía civil local, su solicitud de que se llevara a cabo una rueda de reconocimiento no fue atendida. Por otra parte, poco antes del secuestro y asesinato de Antonio Gilvan, la comunidad truka se había manifestado para protestar contra un terrateniente local que había cercado una porción de terreno que ellos consideraban territorio propio. Posteriormente, el terrateniente se presentó dos veces en la zona donde reside la comunidad, acompañado de la policía civil y militar, para localizar a los que consideraba responsables de la protesta, entre los que se encontraba Antonio Gilvan da Cruz.

Preocupados por estos incidentes y por las amenazas de muerte de que habían sido objeto, los miembros de la comunidad truka llevaron a cabo reiterados esfuerzos por llamar la atención de las autoridades federales sobre los peligros que corrían. Sin embargo, parece que apenas se emprendió actuación alguna contra los funcionarios del estado que, a pesar de haber sido encargados de proteger a los truka, parece que en realidad lo que hicieron fue amenazarlos con actos de violencia.

Hasta el momento de redactar este informe seguían sin esclarecerse las circunstancias de la muerte de Antonio Gilvan da Cruz y no se había acusado a nadie del delito. Las investigaciones policiales sobre el homicidio habían avanzado poco, y ahora parecían estancadas. La participación federal en el caso fue muy limitada.

Se calcula que hoy día viven en Brasil unos 220.000 miembros de comunidades indígenas. Se cree que hacia el año 1500, cuando los portugueses llegaron a la región, el número de indígenas era de unos cinco millones. Según la información disponible, los que quedan se dividen en unos 200 grupos distintos que hablan más de un centenar de lenguas diferentes. Estas comunidades viven en medios muy diversos, pero la mayoría habitan en la cuenca del río Amazonas y en las regiones centrales del país. La legislación brasileña se considera progresista con respecto a los medios de protección de que dispone para los intereses indígenas. Asimismo, se han llevado a cabo importantes esfuerzos por demarcar el territorio de grupos específicos. Sin embargo, la eficacia de las autoridades ha sido nula a la hora de proteger a los pueblos indígenas de agresiones violentas, amenazas y otros abusos. La mayoría de esas agresiones se producen cuando estos pueblos tratan de defender sus territorios de las incursiones de los rancheros, mineros, compañías madereras y de los proyectos hidroeléctricos. A pesar de lo generalizado de estas agresiones y de que se ha dado muerte a muchos indígenas, las autoridades habitualmente no ponen a disposición de la justicia a los responsables de esos hechos. Amnistía Internacional ha registrado abusos de ese tipo contra las comunidades macuxi y yanomami de Roraima, contra los xacriabá de Minas Gerais, los kaiowá de lengua guaraní del Mato Grosso, los pataxo hã hã hãe de Bahía, los kiapó de Pará y los korubu y ticuna del Amazonas. En Pernambuco, una de las zonas en las que penetraron los portugueses en el siglo XVI, la supervivencia de los aborígenes ha sido muy precaria. La comunidad truka es una de las siete agrupaciones de ascendencia indígena que, según los informes, queda en ese estado de Brasil. Se sabe que la comunidad truka, al igual que la atikum, ha sido objeto de abusos.

A lo largo de los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha recibido gran cantidad de informes sobre violaciones de derechos humanos en Brasil materializadas en distintas formas de violencia urbana y rural, incluida la violencia ejercida contra los pueblos indígenas. En las zonas rurales, las amenazas de muerte, el homicidio o el intento de homicidio de campesinos, miembros de comunidades indígenas, dirigentes sindicales y sus asesores, están relacionados a menudo con disputas por la posesión de las tierras. En la gran mayoría de esos casos, las autoridades habitualmente no han adoptado medidas efectivas para evitar los abusos o investigarlos. Amnistía Internacional no adopta posición alguna con respecto a las reivindicaciones de uno u otro signo sobre la posesión de tierras. No obstante, la organización no puede dejar de manifestar su preocupación porque, al parecer, la intimidación y el homicidio de campesinos e integrantes de pueblos indígenas, así como el de sus dirigentes y asesores, se perpetran con toda impunidad. Por otra parte, la organización expresa su inquietud porque parece haber una pauta a la hora de llevar a cabo los abusos que indica que ciertas autoridades los toleran o están implicadas en los que se producen en esas circunstancias. En el caso de Antonio Gilvan da Cruz, la organización expresa su preocupación por los indicios de aquiescencia oficial y de posible implicación en su secuestro y muerte, así como porque las autoridades no han emprendido las investigaciones pertinentes.

Qué puede hacer usted

Si considera que lo que ha leído sobre el caso de Antonio Gilvan da Cruz es motivo de preocupación, transforme su inquietud en acción. Remita cartas cortésmente redactadas (en portugués, siempre que sea posible) a las autoridades federales de Brasil. Envíe también copia de sus cartas a la organización local que se ocupa de los asuntos indígenas para que sepan que gente de todo el mundo expresa preocupación por las violaciones de derechos humanos que se cometen contra los pueblos indígenas de Brasil.

Qué debe decir en sus cartas

-Explique que su preocupación ha sido siempre el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Explique también que el año 1992 se conmemora en diversos países como el quinto centenario de la llegada de los europeos al continente. Por ello, parece un momento muy oportuno para destacar los motivos de preocupación relacionados con las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los pueblos indígenas de lo que hoy denominamos América, incluido el caso de Antonio Gilvan da Cruz. Manifieste que su preocupación no desaparecerá cuando concluya el año 1992.

-Comunique a las autoridades que ha tenido conocimiento del homicidio y mutilación de Antonio Gilvan da Cruz y de otros actos de intimidación y abuso perpetrados contra la comunidad truka.

-Pida a las autoridades que muestren su compromiso para con el respeto a la ley para todos los pueblos de Brasil haciendo que se emprenda una investigación exhaustiva en torno al secuestro y asesinato de Antonio Gilvan da Cruz, y garantizando que los autores serán puestos de inmediato a disposición de la justicia.

-Señale que ha habido casos similares, en los que había implicadas comunidades indígenas, que no han llegado nunca a los tribunales o que han tardado años en hacerlo.

-Pida a las autoridades que le informen del resultado de las investigaciones y soliciten que les remitan información sobre las medidas que esperan adoptar para evitar los abusos contra la comunidad truka y otras comunidades indígenas de Brasil.

A quién debe enviar sus cartas

Instituciones oficiales

Organización brasileña que trabaja con los pueblos indígenas

Envíe a esta organización copia de las cartas remitidas a las autoridades brasileñas para manifestar su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra las poblaciones indígenas.

Aumente el poder de sus cartas enviando una copia a la embajada de Brasil en su país.

Qué puede hacer después

Este caso de llamamiento forma parte de una serie de casos similares elaborados por Amnistía Internacional en 1992. Si desea escribir en favor de otras víctimas de violaciones de derechos humanos o si quiere participar en otras actividades de nuestra organización en relación con los pueblos indígenas de América durante 1992, póngase en contacto con la oficina de Amnistía Internacional de su país y comuníquele que desea participar en sus actividades.

CHILE: NELSON WLADIMIRO CURIÑIR LINCOQUEO

El 11 de septiembre de 1973, un violento golpe de Estado acabó con el gobierno del presidente Salvador Allende, elegido democráticamente. Varias semanas después, la noche del 5 de octubre de ese mismo año, un grupo de hombres fuertemente armados que vestían el uniforme de la fuerza aérea chilena irrumpió en el domicilio de Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo, indígena mapuche que entonces tenía 22 años de edad. Nelson Curiñir estudiaba en la Universidad Técnica del Estado en Temuco y era activista del Partido Comunista. Los hombres uniformados amenazaron al resto de los ocupantes de la casa y dijeron a la familia que se llevaban a Nelson Curiñir a la base de la fuerza aérea de Maquehua y que luego lo trasladarían a la prisión de Temuco. Su familia no volvió a verlo vivo.

A pesar de que los parientes de Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo no tuvieron ningún éxito en sus intentos por localizarlo tanto en la base como en la prisión, unos funcionarios les aseguraron que se encontraba detenido y que muy pronto recobraría la libertad. Posteriormente, el 18 de octubre de 1973, la familia escuchó en una emisión de radio un anuncio en el que se decía que Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo, al que se describía como activista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se había evadido cuando una patrulla militar lo trasladaba a la prisión de Temuco. Asimismo, el anuncio comunicaba que se habían expedido a su nombre órdenes para su captura, vivo o muerto. Diversos testigos han declarado que a primeras horas del día 13 de octubre de 1973 varios integrantes de la fuerza aérea sacaron a Nelson Curiñir de la base de Maquehua. Esa fue la última vez que fue visto con vida.

En marzo de 1990, un indígena mapuche declaró que el cadáver de Nelson Curiñir había sido hallado en una de las orillas del río Cautín en 1973 y que lo habían enterrado como NN (Ningún Nombre) en un cementerio próximo a Temuco. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, designada tras la restauración del gobierno democrático en Chile en marzo de 1990, y cuyo mandato consiste en la investigación de las violaciones de derechos humanos más graves cometidas durante los años de gobierno militar, presentó el caso de Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo ante un tribunal civil para que fuera investigado. Por orden del juez civil que se hizo cargo del caso, el cadáver de Nelson Curiñir fue exhumado en noviembre de 1990 y su familia lo identificó. El informe de la autopsia que se le practicó revela que le pegaron un tiro en la nuca.

El 5 de enero de 1991, la familia de Nelson Curiñir lo enterró en el Cementerio General de Temuco, 17 años después de su secuestro a manos de las fuerzas de seguridad. En 1991 fue presentada ante los tribunales una querella por homicidio. Formalmente, sin embargo, los responsables de la muerte de Nelson Curiñir están protegidos por una ley de amnistía que se aprobó en Chile en 1978 para todos los que "como autores, cómplices o encubridores" hubieran sido responsables de delitos cometidos durante el estado de sitio que estuvo en vigor en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Esta ley se sigue aplicando para cerrar las investigaciones sobre abusos perpetrados con anterioridad a 1978, antes de que puedan esclarecerse todos los hechos y se determinen las responsabilidades criminales.

En Chile, los indígenas constituyen el seis por ciento del total de la población. Se calcula que el número de personas que integran el grupo indígena más numeroso de Chile, de entre los varios que hay en el país, oscila entre las 600.000 y el millón. Este grupo es el de los mapuches, cuya población se distribuye en comunidades rurales y urbanas localizadas, principalmente, en la región novena del sur de Chile. La palabra mapuche significa "gente de la tierra". Los mapuches poseen su propia forma tradicional de propiedad comunal de la tierra, así como una cultura, un idioma y una religión propios.

El caso de Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo es uno de los más de un centenar de casos similares de indígenas mapuches examinados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Según su informe de marzo de 1991, los mapuches fueron tratados con crueldad extrema tras el golpe de Estado de 1973. En virtud de un programa de reforma agraria patrocinado por el gobierno de Salvador Allende (1970 1973) los mapuches recobraron parte de las tierras que les habían sido arrebatadas desde la llegada de los españoles en el siglo XVI. Cuando los militares se hicieron con el poder, un gran número de dirigentes, activistas y miembros de la comunidad mapuche fueron detenidos y torturados. A otros los mataron o, simplemente, "desaparecieron". El informe de 1978 del Grupo Especial de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile afirma: "El día del golpe, los terratenientes, los militares y los carabineros iniciaron una persecución contra los mapuches que habían luchado por sus tierras y las habían recuperado..."

El gobierno civil elegido democráticamente y que asumió el poder en marzo de 1990 no ha puesto a disposición de la justicia a los funcionarios responsables de haber ordenado y ejecutado las violaciones de derechos humanos generalizadas que se registraron durante los más de 16 años de gobierno militar: éste sigue siendo el asunto pendiente relacionado con los derechos humanos que suscita la preocupación de Amnistía Internacional respecto a Chile. Según el informe publicado en 1991 por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, órgano de derechos humanos designado por el gobierno, 957 personas "desaparecieron" tras ser detenidas por el ejército o las fuerzas de seguridad y 1.068 fueron ejecutadas o murieron a consecuencia de las torturas durante el periodo de gobierno militar. Por otra parte, se sabe que millares más de personas, cuyos casos no trata el informe de la Comisión, también fueron objeto de detención arbitraria y torturas.

Desde 1973, Amnistía Internacional ha llevado a cabo incesantes campañas para que se esclarezcan todas las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el gobierno militar y para que se ponga a los responsables a disposición de la justicia.

Amnistía Internacional también ha expresado su preocupación por las continuas demoras en los juicios de los más de 50 presos detenidos con anterioridad a marzo de 1990 y contra quienes se han presentado cargos de motivación política. El procesamiento de estas personas se ha caracterizado por las graves irregularidades judiciales. Amnistía Internacional ha recibido más de 40 denuncias de tortura desde que el nuevo gobierno asumió el poder. La organización considera que uno de los motivos principales por los que se siguen recibiendo informes de tortura es la impunidad de que disfrutan los que cometieron violaciones de derechos humanos durante el anterior gobierno militar. Amnistía Internacional sigue desarrollando campañas en favor de la abolición de la pena de muerte en Chile que, si bien es poco probable que se aplique bajo el actual gobierno, continúa vigente en la legislación chilena.

Qué puede hacer usted

Si considera que lo que ha leído sobre el caso de Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo es motivo de preocupación, transforme su inquietud en acción. Remita cartas cortésmente redactadas (en español, siempre que sea posible) a las autoridades de Chile. Envíe también copia de sus cartas a las organizaciones locales que se ocupan de los asuntos indígenas para que sepan que gente de todo el mundo continúa preocupada por las violaciones de derechos humanos que se cometieron en Chile durante los años de gobierno militar, incluidas las que se perpetraron contra miembros de las comunidades indígenas, como es el caso de Nelson Curiñir.

Qué debe decir en sus cartas

-Explique que su preocupación ha sido siempre el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Explique también que el año 1992 se conmemora en diversos países como el quinto centenario de la llegada de los europeos al continente. Por ello, parece un momento muy oportuno para destacar los motivos de preocupación relacionados con las violaciones de derechos humanos sin resolver perpetradas contra los pueblos indígenas de lo que hoy denominamos América, incluido el caso de Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo. Manifieste que su preocupación no desaparecerá cuando concluya el año 1992.

-Manifieste honda preocupación por la ejecución extrajudicial de Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo en 1973.

-Comunique su satisfacción por las investigaciones emprendidas en torno a esta muerte y exprese su esperanza en que toda la verdad de los hechos saldrá a la luz y en que los responsables de esta muerte serán puestos a disposición de la justicia. Explique que Amnistía Internacional considera que esto debe hacerse en relación con todas las violaciones de derechos humanos perpetradas en Chile, para evitar que vuelvan a ocurrir atrocidades semejantes. Informe que Amnistía Internacional considera que la ley de amnistía de 1978 constituye un obstáculo para esclarecer pasados abusos y evitar que vuelvan a ocurrir, por lo que la ley debe ser revocada.

A quién debe enviar sus cartas

Instituciones oficiales

Organizaciones chilenas que trabajan con los pueblos indígenas

Envíe a estas organizaciones copia de las cartas remitidas a las autoridades chilenas para manifestar su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra las poblaciones indígenas.

Aumente el poder de sus cartas enviando una copia a la embajada de Chile en su país.

Qué puede hacer después

Este caso de llamamiento forma parte de una serie de casos similares elaborados por Amnistía Internacional en 1992. Si desea escribir en favor de otras víctimas de violaciones de los derechos humanos o si quiere participar en otras actividades de nuestra organización en relación con los pueblos indígenas de América durante 1992 póngase en contacto con la oficina de Amnistía Internacional de su país y comuníqueles que desea participar en sus actividades.

ECUADOR: ÁNGEL MARÍA TORRES

El 28 de noviembre de 1990, tres hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes del ejército obligaron a Ángel María Torres, a su hermano Luis Napoleón Torres y a Hugues Chaparro, todos ellos indígenas arhuacos de la región de Sierra Nevada, Santa María, departamento de César, en el norte de Colombia, a descender de un autobús. Sus familiares, amigos y colegas no les volvieron a ver vivos.

Los tres indígenas viajaban a la capital, Bogotá, para presentar una denuncia oficial por los abusos llevados a cabo contra las comunidades indígenas de Sierra Nevada por el ejército y la policía. Ángel María y Luis Napoleón Torres (conocidos también por sus nombres tradicionales, Bunkuana Ringuma y Bunkuana Binguma) y Hugues Chaparro eran dirigentes arhuacos, dedicados a conservar la cultura y las tradiciones de los arhuacos dentro de la sociedad colombiana moderna. Luis Napoleón era uno de los dirigentes cívicos más importantes de la comunidad y, junto con Hugues Chaparro, era un mamo, una autoridad tradicional y guía espiritual.

"Los mamos son nuestros guías y su función es múltiple; ellos tienen que ver con todo lo que encierra la madre tierra: con el régimen del sol y las estrellas, con los fenómenos que se dan dentro del planeta. Son como abogados entre la humanidad y las leyes que rigen la naturaleza. Son a la vez como geólogos, porque conocen cómo fue la construcción propia del mundo", dijo Ángel María Torres a la prensa colombiana en una entrevista, en 1983.

Tras obligar a los tres dirigentes a apearse del autobús, sus atacantes les hicieron subir a una furgoneta blanca y los llevaron a un destino desconocido. El conductor del autobús denunció inmediatamente el secuestro al jefe de policía local, pero al parecer éste no tomó ninguna medida para investigar el incidente.

Ese mismo día, otros dos hermanos arhuacos, Vicente y Amado Villafañe, fueron obligados a salir de sus casas por soldados armados que los llevaron a una base militar. Allí los tuvieron con los ojos vendados, les golpearon y les interrogaron mediante torturas sobre la presunta implicación de la comunidad arhuaco en el secuestro sin resolver, seis meses antes, de un adinerado terrateniente y agricultor local; al parecer, dicho secuestro había sido llevado a cabo por las fuerzas guerrilleras que actúan en la zona. Según los informes, durante el interrogatorio dijeron a los dos hermanos que había otros tres arhuacos detenidos y que los matarían si no localizaban al terrateniente.

Los hermanos Villafañe fueron liberados posteriormente, pero el 14 de diciembre de 1990 se encontraron los cadáveres de Hugues Chaparro, Ángel María y Luis Napoleón Torres. Todos ellos mostraban señales de haber sido terriblemente torturados.

Sólo entonces iniciaron investigaciones unas cuantas autoridades regionales y nacionales. Las investigaciones iniciales sobre los homicidios las llevaron a cabo jueces de instrucción civiles, que no declararon a nadie culpable. Cuando el tribunal civil dictó órdenes de detención contra los dos oficiales del ejército implicados en los homicidios, los tribunales militares reclamaron la jurisdicción para continuar la investigación. En octubre, una delegación de indígenas arhuacos viajó a Bogotá a pedir que se siguiera con el caso. Al saber que éste había pasado a la jurisdicción militar, dijeron: "Para nosotros esto es muy preocupante porque realmente nuestros compañeros eran civiles, eran indígenas y no militares... Sabemos que esta investigación se le entregó a la misma brigada que dijo que nuestros compañeros arhuacos eran guerrilleros... y es el mismo juez que está vinculado a esa brigada, el encargado de la investigación."

Actualmente, los dos oficiales en cuestión siguen en servicio activo y, al parecer, el capitán de policía local que no investigó la "desaparición" de los tres dirigentes ha sido ascendido.

Se calcula que en Colombia hay unos 300.000 indígenas, pertenecientes a más de 60 grupos. De ellos, unos 12.000 (arhuacos, koguis y arsarios) viven, según los informes, en las montañas de Sierra Nevada, en el nordeste de Colombia, en unas 22 comunidades. Dentro de sus comunidades mantienen sus propias formas de gobierno, basadas en sus tradiciones y su religión.

En general, la legislación colombiana respecto al reconocimiento de los derechos de los indígenas y a la protección de sus tierras se considera bastante progresista. No obstante, se siguen denunciando abusos contra los pueblos indígenas, sobre todo en zonas como el territorio arhuaco, donde hay actividad guerrillera y el ejército tiende a ver a la población local como colaboradores en potencia. Aunque la comunidad arhuaco ha rechazado la presencia de la guerrilla en su territorio, la oposición armada ha ocultado en ocasiones a sus víctimas de secuestro en reservas arhuaco. Según un dirigente arhuaco: "Cuando hace 10 años, le dijimos al ministro de Defensa que la guerrilla estaba ingresando a la Sierra, no nos quiso ayudar."

Las comunidades indígenas cuyos dirigentes se han negado a aceptar la autoridad de las guerrillas en las zonas que éstas afirman controlar se han encontrado "atrapadas entre dos fuegos", y han sufrido también los abusos de los grupos armados insurgentes.

Durante los últimos años se han producido en Colombia violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y "desapariciones", en el marco de un prolongado conflicto civil.

Varios grupos guerrilleros se han desmovilizado recientemente tras alcanzar acuerdos de paz con el gobierno colombiano. Otros, aunque siguen activos, han iniciado diálogos con el gobierno. A pesar de estos avances, la violencia política no ha disminuido. En las zonas donde hay actividad guerrillera, las fuerzas armadas colombianas tienden a considerar a la población local como colaboradores, reales o potenciales, de la guerrilla y, por ello, la someten a detenciones arbitrarias, torturas, "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales con la colaboración de fuerzas paramilitares

A pesar de que el presidente César Gaviria Trujillo ha declarado en numerosas ocasiones su compromiso para con el respeto de los derechos humanos, algunos miembros de las fuerzas armadas colombianas y de grupos paramilitares asociados con ellas siguen cometiendo abusos graves con virtual impunidad.

Aunque, por lo general, las autoridades civiles han iniciado los procedimientos de investigación especificados por la ley, éstos sólo han llevado al procesamiento y declaración de culpabilidad de los responsables en contadas ocasiones. En la mayoría de los casos en los que se ha identificado a miembros de las fuerzas armadas como implicados en ejecuciones extrajudiciales y "desapariciones", los tribunales militares han reclamado la jurisdicción sobre el caso. Estos tribunales militares no han llevado a cabo procesos imparciales, y no han hecho responder a miembros de la policía y del ejército por violaciones de derechos humanos.

Qué puede hacer usted

Si considera que lo que ha leído sobre el caso de Ángel María Torres, su hermano Luis Napoleón Torres y Hugues Chaparro es motivo de preocupación, transforme su inquietud en acción. Envíe cartas cortésmente redactadas (en español, siempre que sea posible) a las autoridades de Colombia. Envíe también copia de sus cartas a la organización local que se ocupa de los asuntos indígenas para que sepan que gente de todo el mundo se preocupa por las violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas de Colombia.

Qué debe decir en sus cartas

-Explique que su preocupación ha sido siempre el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Explique también que el año 1992 se conmemora en diversos países como el quinto centenario de la llegada de los europeos al continente. Por ello, parece un momento muy oportuno para destacar los motivos de preocupación relacionados con las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas de lo que hoy denominamos América, incluido el caso de Ángel María y Luis Napoleón Torres y Hugues Chaparro. Manifieste que su preocupación no desaparecerá cuando concluya el año 1992.

-Comunique a las autoridades que ha tenido conocimiento del secuestro, tortura y asesinato de Ángel María Torres, su hermano Luis Napoleón Torres y Hugues Chaparro, y de otros actos de intimidación y abuso perpetrados contra la comunidad arhuaco.

-Pida que se emprenda una investigación judicial exhaustiva y eficaz sobre el caso, y que la lleven a cabo tribunales civiles, no militares. Pida también que se haga comparecer a los responsables de estos homicidios ante la justicia.

-Destaque el hecho de que otros dos indígenas arhuacos, Vicente y Amado Villafañe, fueron detenidos también el 29 de noviembre de 1990 y que, al parecer, fueron torturados. Pidan que se investigue también este caso y que se haga comparecer a los responsables ante la justicia.

-Señale que tiene conocimiento de la existencia de grupos de oposición armada en Colombia, que también han sido responsables de abusos contra las comunidades indígenas, y explique que Amnistía Internacional condena la tortura o el homicidio deliberado y arbitrario de no combatientes por los grupos de oposición armada, y que se opone a estas prácticas.

A quién debe enviar sus cartas

Instituciones oficiales

Organización colombiana que trabaja con los pueblos indígenas

Envíen a esta organización copia de las cartas remitidas a las autoridades colombianas para manifestar su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra las poblaciones indígenas.

Aumente el poder de sus cartas enviando una copia a la embajada de Colombia en su país.

ECUADOR: JOSÉ MARÍA CABASCANGO

José María Cabascango, de 28 años de edad, de lengua quechua y secretario de derechos humanos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fue detenido por el ejército el 11 de junio de 1991 en la provincia de Imbabura. Le detuvieron junto con otros dirigentes indígenas ecuatorianos durante una protesta pacífica (un bloqueo de carretera) llevada a cabo durante una visita a comunidades locales. Según informes, a los detenidos les vendaron los ojos y los esposaron antes de trasladarlos a la custodia del Servicio de Inteligencia Criminal (SIC).

Las detenciones se produjeron durante un paro de 48 horas convocado ese día por las comunidades indígenas de Imbabura. El paro contaba con el apoyo de la iglesia local, del sindicato de estudiantes y de otras organizaciones. Entre otras cosas, quienes participaban en el paro pedían la intervención estatal en los numerosos conflictos de tierras que afectaban a comunidades indígenas de la región; también pedían el desmantelamiento de los múltiples grupos paramilitares surgidos en zonas, entre ellas Imbabura, en las que había grupos indígenas implicados en dichos conflictos. Al parecer, algunos de estos grupos paramilitares actuaban con el consentimiento oficial o con la cooperación directa de las fuerzas oficiales. Los participantes en el paro pedían asimismo que se castigara a los que habían ordenado y los que habían llevado a cabo, ese mismo año, el homicidio de Julio Cabascango, dirigente indígena afiliado a CONAIE y primo de José María Cabascango. Además, pedían que el gobierno invirtiera en infraestructura de la región y que les prestara ayuda oficial para combatir la propagación del cólera en la zona.

Durante los dos días que duró el paro fueron detenidos 17 indígenas, entre los que se encontraba José María Cabascango, y resultaron heridos una decena de ellos, al parecer, cuando fueron agredidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

Según los informes, la mayoría de los detenidos fueron liberados el 12 de junio. Sin embargo, José María Cabascango permaneció detenido hasta el 13 de junio. Al parecer, mientras permaneció bajo custodia fue torturado: entre otras cosas, le colgaron por los pulgares, le golpearon en las orejas (lo que se conoce como "el teléfono"), le sometieron a simulacros de ejecución y le amenazaron de muerte.

Según un informe policial sobre el caso presentado ante el ministro de Gobierno y Policía, ninguno de los detenidos había sido maltratado. No obstante, las organizaciones de derechos humanos ecuatorianas que entrevistaron a José María Cabascango poco después de su liberación informaron que mostraba síntomas físicos y mentales que concordaban con sus denuncias. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), tenía señales en las manos que coincidían con su testimonio de haber sido colgado por los pulgares, y parecía traumatizado por la experiencia.

Se cree que los aproximadamente dos millones y medio o tres millones de indígenas de nueve grupos diferentes que viven en la costa al Pacífico de Ecuador, en la cuenca del Amazonas y en la sierra, constituyen al menos el 40 por ciento de la población del país. Los más numerosos son los grupos de habla quechua y los suhar de la sierra; los grupos más pequeños habitan las tierras bajas. Unidos, dan a Ecuador una de las proporciones de indígenas más altas de toda Latinoamérica. En la sierra, la mayoría obtienen a duras penas lo suficiente para vivir cultivando pequeños trozos de la árida tierra de Ecuador, mientras que los del Amazonas tienden a ser seminómadas.

La presión cada vez mayor ejercida sobre la tierra, atribuida por los grupos indígenas a la intrusión de las compañías petrolíferas, a los colonizadores, a los misioneros y al desarrollo turístico, así como al crecimiento natural de la población, unió a muchos grupos indígenas ecuatorianos en un levantamiento indígena, en junio de 1990. Encabezados por la CONAIE, los miembros de las comunidades indígenas bloquearon el acceso a las provincias de la sierra, ocuparon edificios públicos y cortaron los suministros de alimento a las ciudades, para pedir una solución a las cuestiones de tierras, en especial a las disputas en las que estaban implicados indígenas de la sierra que sentían que habían sido ignorados por las autoridades ecuatorianas o que les habían puesto obstáculos en los tribunales. Entre las peticiones se encontraban también los derechos inalienables de los pueblos indígenas a la autodeterminación, la reforma de la Constitución para reconocer a Ecuador como un Estado plurinacional, la recuperación y posesión comunal de los territorios indígenas ancestrales, la adopción del quechua como lengua oficial junto con el español, una infraestructura básica para las comunidades indígenas y la expulsión del grupo misionero Instituto Lingüístico de Verano.

Tras el levantamiento, el gobierno accedió a participar en un diálogo con los grupos indígenas sobre las peticiones planteadas durante el paro pero, según las comunidades indígenas, este diálogo no llevó a ningún resultado concreto, en especial en lo referente a la resolución de disputas de tierras. En algunas de las disputas más importantes estaban implicadas comunidades indígenas de Imbabura, y en algunos casos el resultado fue la expulsión de esas comunidades de las tierras que, según afirmaban, eran tradicionalmente suyas. Tal como lo ve CONAIE, la conquista y la mentalidad del "Destino Manifiesto" siguen prevaleciendo en los abusos de los militares, y afectan a una gran parte de la sociedad ecuatoriana y, especialmente, a los pueblos indígenas.

Durante el gobierno del presidente Rodrigo Borja (desde 1988 hasta el momento actual), Amnistía Internacional ha recibido informes sobre el uso generalizado de la tortura, sobre todo a manos del SIC, una rama de la Policía Nacional. El gobierno no ha investigado de manera sistemática todas las denuncias de tortura, y no ha hecho comparecer a los responsables ante la justicia.

Los informes indican que los agentes de policía han empleado frecuentemente la tortura como método para obtener información o confesiones de presuntos delincuentes. Según los informes, algunos detenidos han muerto bajo custodia a consecuencia de la tortura y los malos tratos.

El SIC iba a ser disuelto y reemplazado por la policía judicial por un decreto presidencial publicado en septiembre de 1991. Ese decreto se dictó a raíz de la publicación del informe de una comisión internacional especial designada por el gobierno para investigar la "desaparición" de dos hermanos, que había descubierto que: "... en los métodos de investigación criminal del SIC, existía ... una práctica sistemática de aplicación de la tortura, la detención arbitraria y el empleo de tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Qué puede hacer usted

Si considera que lo que ha leído sobre el caso de José María Cabascango es motivo de preocupación, transforme su inquietud en acción. Envíe cartas cortésmente redactadas (en español, siempre que sea posible) a las autoridades de Ecuador. Envíe también copia de sus cartas a la organización local que se ocupa de los asuntos indígenas para que sepan que gente de todo el mundo se preocupa por las violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas de Ecuador.

Qué debe decir en sus cartas

-Explique que su preocupación ha sido siempre el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Explique también que el año 1992 se conmemora en diversos países como el quinto centenario de la llegada de los europeos al continente. Por ello, parece un momento muy oportuno para destacar los motivos de preocupación relacionados con las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas de lo que hoy denominamos América, incluido el caso de José María Cabascango. Manifieste que su preocupación no desaparecerá cuando concluya el año 1992.

-Comunique a las autoridades que ha tenido conocimiento de la tortura de José María Cabascango y de otros actos de intimidación y abuso perpetrados contra las comunidades indígenas de Ecuador.

-Pida que se emprenda una investigación judicial exhaustiva y eficaz y que se haga comparecer a los responsables de su tortura ante la justicia.

-Pida a las autoridades que le informen del resultado de las investigaciones, solicite que le remitan información sobre este y otros casos, como el homicidio en 1990 de Julio Cabascango, y pida información sobre las medidas que piensan adoptar para evitar este tipo de abusos.

A quién debe enviar sus cartas

Instituciones oficiales

Organizaciones ecuatorianas que trabajan con los pueblos indígenas

Envíen a estas organizaciones copia de las cartas remitidas a las autoridades ecuatorianas para manifestar su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra las poblaciones indígenas.

Aumente el poder de sus cartas enviando una copia a la embajada de Ecuador en su país.

Qué puede hacer después

Este caso de llamamiento forma parte de una serie de casos similares elaborados por Amnistía Internacional en 1992. Si desea escribir en favor de otras víctimas de violaciones de los derechos humanos o si quiere participar en otras actividades de nuestra organización en relación con los pueblos indígenas de América durante 1992, póngase en contacto con la oficina de Amnistía Internacional de su país y comuníquele que desea participar en sus actividades.

ESTADOS UNIDOS

El personal de la Penitenciaría del Estado de Montana sometió a graves malos tratos a los presos de ese establecimiento, entre los que figuraban varios indígneas, tras un motín en la Unidad de Máxima de Seguridad de dicha prisión, el 22 de septiembre de 1991.

El director del Departamento de Prisiones de Montana encargó a un independiente Equipo Adminstrativo de Investigación del Instituto Nacional de Prisiones, organismo perteneciente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que investigara las circunstancias que rodearon el motín. El informe del equipo, publicado en diciembre de 1991, era muy crítico con respecto al personal de la Penitenciaría del Estado de Montana. Descubrió reiteradas infracciones de las normas de seguridad y abusos perpetrados contra los reos antes y después del motín.

El equipo de investigación averiguó que una vez que los guardias de la prisión retomaron el control de la Unidad de Máxima Seguridad, los presos tuvieron que desnudarse y les esposaron por detrás de la espalda. A continuación, unos 60 presos tuvieron que correr entre 60 ó 70 oficiales que les dieron puñetazos y patadas, les zancadillearon y les amenazaron con porras. Tras esto, les dejaron en el exterior tumbados boca abajo unas seis o siete horas desnudos y esposados. A algunos además les propinaron patadas mientras permanecieron en esa posición.

En octubre, a seis reclusos de los que se sospechaba que planeaban iniciar más disturbios, les desnudaron y les ataron piernas y manos (las manos iban esposadas por detrás de la espalda, los tobillos con grilletes, y entre las esposas pasaba una cadena, de forma que el cuerpo tenía que doblarse hacia atrás) sobre el suelo de sus celdas durante 23 ó 24 horas. Un médico posteriormente reconoció importantes heridas en las muñecas y señales de posibles lesiones en los nervios superficiales de las manos de cuatro de los reclusos.

A algunos presos les negaron el tratamiento médico oportuno para sus heridas. Donald Spotted Elk, indígena cheyene del norte, informó que durante dos meses y medio se negaron a atender su petición para que le quitaran el cristal que tenía clavado en el pie. "En la zona donde tenía el cristal, mi pie empezó a ponerse negro... No podía andar sin que se clavara más profundamente... Finalmente, me llevaron a un médico para que me interviniera quirúrgicamente y me quitara el pedazo de cristal de mi pie infectado. El médico dijo que estaba muy profundo debido a que había andado y me había apoyado sobre él y también a que no se había hecho nada durante todo este tiempo."

En cuanto a las condiciones generales, el equipo de investigación señaló que los guardias de la prisión, blancos en su mayoría, se habían burlado en ocasiones de los presos y les habían sometido a otros tratos humillantes. Amnistía Internacional ha recibido varias denuncias según las cuales el personal de la prisión ha insultado y tratado con mayor dureza a los presos indígenas de la Penitenciaría del Estado de Montana que al resto de los reclusos. El equipo de investigación citó a un preso sin antecedentes violentos y al que en un principio habían clasificado como "Mínimo 1" (el nivel de seguridad más bajo), al que reclasificaron como "Máximo" y enviaron a la Unidad de Máxima Seguridad por proferir insultos ante un guardia penitenciario.

A fines de enero de 1992, responsables del Departamento de Prisiones del Estado confirmaron que se había sancionado a siete guardias de la prisión por quebrantamiento de las normas en relación con el motín.

En febrero de 1992, Amnistía Internacional escribió al director del Departamento de Prisiones de Montana para que constara su preocupación por el trato a los presos tras el motín, que en opinión de la organización puede considerarse tortura o trato cruel, inhumano y degradante. La organización felicitó al departamento por encargar la investigación. Admitió la gravedad del motín, así como la naturaleza extremadamente violenta de los actos perpetrados por algunos reclusos, que llegaron a asesinar a cinco reclusos sometidos a detención preventiva. Sin embargo, recalcó que las autoridades son responsables de garantizar que el personal penitenciario es totalmente consciente de la necesidad de que los reclusos sean tratados de forma humana en todo momento. Entre otras cosas, Amnistía Internacional instó a que, como medida prioritaria, se pusieran en práctica las recomendaciones del equipo de investigación sobre los criterios de utilización de las medidas de fuerza, castigo y disciplinarias para revisar y mitigar las condiciones en la Unidad de Máxima Seguridad.

Las estimaciones sobre el número de indígenas que habitaban los Estados Unidos antes del asentamiento de los europeos son variables. Algunas fuentes sugieren que la cifra podría haber sobrepasado los 12 millones. Las enfermedades, la desnutrición y los homicidios masivos diezmaron a la población nativa a lo largo de los siglos y en 1920 se calculaba que sólo sobrevivían 250.000. En la actualidad, residen en los Estados Unidos aproximadamente un millón y medio de indígenas, tanto en reservas como en ciudades y pueblos. Esta cifra constituye menos del uno por ciento de los 220 millones de habitantes con que cuenta en total Estados Unidos. Las condiciones sociales, culturales, económicas y lingüísticas de estos sectores varían considerablemente. Otros pueblos indígenas de los Estados Unidos son los hawaianos indígenas, que son los descendientes de los habitantes polinesios originales de las Islas de Hawaii, los inuit, los aleut y los indígenas de Alaska. Los hawaianos nativos (los que tienen más del 50 por ciento de sangre hawaiana) y los hawaianos (los que tienen menos del 50 por ciento de sangre hawaiana) totalizan el 18 por ciento de la población del Estado, mientras que los inuit, unos 30.000, son el grupo indígena más numeroso de Alaska, cuya población total es de 382.000 personas.

En Montana, los indígenas representan el cuatro por ciento de la población, sin embargo, en la Penitenciaría de ese Estado son entre el 18 y el 20 por ciento de los 1.200 reclusos. Dos de los presos condenados a muerte en esa Penitenciaría son indígenas; se trata de los hermanos Lester y Vern Kills On Top, a los que declararon culpables en juicios distintos del asesinato de un hombre blanco. En ambos casos, el veredicto lo pronunció un jurado exclusivamente blanco.

La mayor preocupación con respecto a los derechos humanos en Estados Unidos es la creciente aplicación de la pena de muerte. Desde mediados de los años setenta, fecha a partir de la cual empezaron a redactarse las leyes sobre pena de muerte vigentes en los estados, se ha ejecutado a 167 presos en 18 estados. Entre los reos ejecutados figuraban cinco que eran menores de 18 años en el momento del delito. Las normas internacionales admitidas prohíben categóricamente las ejecuciones de delincuentes juveniles. A fines de 1991, unos 45 indígenas figuraban entre los 2.547 presos condenados a muerte. Los estudios indican que la pena de muerte se impone de manera discriminatoria, de forma que en los casos de homicidios con víctimas blancas es mucho más probable que se imponga la pena de muerte que en los homicidios en los que la víctima era un miembro de una minoría étnica.

Amnistía Internacional ha investigado varios casos en los que se ha denunciado que quizá se han formulado cargos por delitos comunes por motivos políticos. Uno de estos casos es el de Leonard Peltier, dirigente del Movimiento Indígena Americano. Tras un tiroteo en la Reserva India de Pine Ridge, en Dakota del Sur, en 1975, en el curso del cual murieron dos agentes del FBI y un indígena, Leonardo Peltier huyó a Canadá. Fue extraditado a los Estados Unidos y declarado culpable de asesinato en 1977. El FBI admitió posteriormente haber falsificado las pruebas para garantizar su extradición, aunque durante el juicio no se utilizaron. El examen de estos y de otros factores ha llevado a Amnistía Internacional a manifestar públicamente en varias ocasiones que en su opinión se serviría mejor a la justicia si se volviera a juzgar a Leonard Peltier.

Amnistía Internacional ha investigado numerosas denuncias sobre presos de las prisiones estatales y federales y sobre personas detenidas por la policía que han sido sometidas a trato o castigo cruel, inhumano o degradante. En diciembre de 1991, escribió para expresar su preocupación por las condiciones de una nueva unidad de máxima seguridad de la Penitenciaría del Estado de Oklahoma. Esta unidad está destinada a los reclusos condenados a la pena de muerte. Los presos permanecen 23 horas al día confinados en celdas para dos personas. Estas celdas carecen de ventanas, luz natural y ventilación. De los 125 reos condenados a muerte en el estado de Oklahoma, 12 son indígneas.

Qué puede hacer usted

Si lo que ha leído sobre los malos tratos a los presos de la Penitenciaría del Estado de Montana, entre los que figuraban indígenas, suscita su preocupación, transforme esta inquietud en acción. Remita cartas cortésmente redactadas (en inglés, si es posible) a las autoridades estatales y federales de Montana, Estados Unidos. Envíe copias de sus cartas a las organizaciones indígenas de los Estados Unidos para que sepan que personas de todo el mundo se preocupan por las violaciones de derechos humanos que se cometen contra los indígenas y otros presos.

Qué debe decir en sus cartas

-Explique a las autoridades que está informado sobre el motín que tuvo lugar en septiembre de 1991 en la Penitenciaría del Estado de Montana. Asimismo, manifieste que está preocupado por el trato posterior a los presos; y que dicho trato pudo considerarse tortura u otro castigo cruel inhumano o degradante.

-Felicite al Departamento de Prisiones de Montana por la rapidez con que ordenó una investigación para clarificar los hechos antes y después del juicio.

-Solicite que las recomendaciones del Equipo Administrativo de Investigación sobre la utilización de medidas de fuerza, de castigo y disciplinarias y la revisión y mejora de las condiciones de la Unidad de Máxima Seguridad se lleven a la práctica de forma prioritaria.

-Solicite al fiscal general de Montana que ordene un estudio para examinar si a los indígenas, en relación con otros delincuentes, les colocan de forma discriminatoria en régimen de máxima seguridad,

-Pregunte a las autoridades qué medidas se están adoptando para garantizar que los reclusos no serán objeto de tortura ni otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

A quién debe enviar sus cartas

Instituciones oficiales

Organizaciones estadounidenses que trabajan con los indígenas

Envíen a estas organizaciones copia de las cartas remitidas a las autoridades de Montana para manifestar su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra los indígenas.

Aumente el poder de sus cartas enviando una copia a la embajada de los Estados Unidos en su país.

GUATEMALA: MARÍA MEJÍA

María Mejía, de 47 años, indígena quiché y madre de dos hijos, murió por los disparos de dos agentes militares guatemaltecos en su casa de la aldea de Parraxtut Segundo Centro, departamento de El Quiché, el 17 de marzo de 1990. Su esposo, Pedro Castro Tojín, resultó gravemente herido en el ataque.

En el pasado, varios miembros de su familia habían recibido repetidas amenazas de muerte de estos mismos oficiales militares guatemaltecos y de otros, por su pertenencia al Consejo de Comunidades Étnicas "Runujel Junam" (CERJ), creado en 1988 para defender los derechos de los indígenas; también les amenazaban porque varios miembros de la familia se habían negado a servir en las Patrullas de Autodefensa Civil, teóricamente formadas por voluntarios.

Según el testimonio de Pedro Castro Tojín, dos hombres que decían pertenecer a un grupo guerrillero, pero a los que reconoció (y conocía) como comisionados militares (agentes civiles del ejército guatemalteco) llegaron a la casa de la familia a última hora de la tarde del 17 de marzo, y abrieron fuego: les hirieron a él y a su esposa. Luego mataron a María Mejía disparándole a quemarropa en la cabeza.

Los vecinos denunciaron el ataque, y al día siguiente llegaron agentes de policía y judiciales que acudían a investigar. Sin embargo, la investigación fue sumamente incompleta: no se tomaron fotografías, no se hizo ningún esfuerzo por recrear o tomar nota de la escena del crimen o por hallar pruebas materiales, y no se realizó autopsia alguna al cadáver de María Mejía.

Posteriormente, los familiares de María Mejía, los aldeanos afiliados al CERJ y los que testificaron respecto a su homicidio han recibido amenazas, en ocasiones de los mismos dos hombres que, según se cree, fueron responsables de su muerte. Las amenazas hicieron a algunos abandonar la aldea. Cuando, más avanzado el mes, intentaron regresar, fueron atacados por hombres armados que vestían de civil y obedecían órdenes del ejército.

Al final, los dos comisionados militares identificados como responsables de la ejecución extrajudicial de María Mejía fueron detenidos en mayo de 1990. Sin embargo, fueron liberados unos días después por falta de pruebas. El motivo que se dio fue que, según la ley guatemalteca, el testimonio de Pedro Castro Tojín podía ser desestimado como prueba por su relación personal con la víctima. La vista de apelación confirmó esta decisión.

Técnicamente, el caso sigue investigándose, pero no se ha informado de ningún nuevo descubrimiento. Los abogados del CERJ que trabajan en el caso se han visto obligados a abandonarlo tras recibir amenazas de muerte escritas de un grupo anteriormente desconocido llamado Movimiento Indígena Utalán. Los que atacaron a María Mejía siguen en libertad.

Guatemala es uno de los países de las Américas que con mayor porcentaje de población indígena cuenta; según algunas fuentes, la proporción puede ser incluso de un 70 o un 75 por ciento. Según informes, se hablan más de 20 lenguas mayas. El grupo quiché, del nordeste del país, es el más grande de todos, y en el censo de 1950 (los censos posteriores no dividen a la población indígena por su etnia) se calculaba que pertenecían a él 339.332 personas, lo que suponía un 33,6 por ciento de la población indígena de Guatemala. Los indígenas guatemaltecos de los departamentos del altiplano, como El Quiché, en los que a finales de los setenta y principios de los ochenta hubo actividad guerrillera, se convirtieron en un importante objetivo para la política de contrainsurgencia del ejército durante esos años. Decenas de miles resultaron muertos, y miles más "desaparecieron", fueron desplazados u obligados a exiliarse por los sucesivos gobiernos militares que querían eliminar cualquier fuente potencial de simpatía política o apoyo logístico para la oposición armada. Desde entonces, los indígenas guatemaltecos de esas zonas han seguido sufriendo violaciones de derechos humanos en gran escala, y la situación se ha vuelto especialmente difícil para quienes, como María Mejía y su esposo, se han organizado para defender sus derechos. Amnistía Internacional sabe de nueve dirigentes o simpatizantes del CERJ a los que se ha dado muerte desde marzo de 1990, en circunstancias que sugieren la participación oficial; otros han "desaparecido".

Los opositores, o presuntos opositores, al gobierno han seguido sufriendo amenazas, hostigamiento, "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales, muchas veces tras ser torturados, en una pauta de violaciones de derechos humanos seguida de cerca por Amnistía Internacional desde hace más de dos décadas. Los abusos los llevan a cabo todas las secciones de la policía y del ejército que actúan tanto de uniforme como con ropas de civil, y que actúan a la manera de los llamados "escuadrones de la muerte". Entre las víctimas se encuentran miembros y dirigentes de sindicatos y movimientos populares, periodistas, políticos, estudiantes, abogados, activistas de derechos humanos y otras personas que han presionado para que se llevaran a cabo investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos o han participado en dichas investigaciones, así como indígenas que han tratado de organizarse para defender sus derechos o que simplemente residían en las zonas en conflicto entre el ejército guatemalteco y la oposición armada.

Amnistía Internacional siente también preocupación por el uso de la tortura bajo custodia policial; entre las víctimas más recientes se encuentran niños de la calle, algunos de ellos indígenas.

En los pocos casos en los que se han llevado a cabo investigaciones sobre los abusos, éstas han sido incompletas y han estado plagadas de irregularidades judiciales. Es rarísimo que los responsables de violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia.

Qué puede hacer usted

Si considera que lo que ha leído sobre el caso de María Mejía es motivo de preocupación, transforme su inquietud en acción. Envíe cartas cortésmente redactadas (en español, siempre que sea posible) a las autoridades de Guatemala. Envíe también copia de sus cartas a la organización local que se ocupa de los asuntos indígenas para que sepan que gente de todo el mundo se preocupa por las violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas de Guatemala.

Qué debe decir en sus cartas

-Explique que su preocupación ha sido siempre el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Explique también que el año 1992 se conmemora en diversos países como el quinto centenario de la llegada de los europeos al continente. Por ello, parece un momento muy oportuno para destacar los motivos de preocupación relacionados con las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas de lo que hoy denominamos América, incluido el caso de María Mejía. Manifieste que su preocupación no desaparecerá cuando concluya el año 1992.

-Comunique a las autoridades que ha tenido conocimiento del homicidio de María Mejía y de otros actos de intimidación y abuso perpetrados contra los miembros del CERJ.

-Pida que se emprenda una investigación judicial exhaustiva y eficaz y que se haga comparecer a los responsables de esta muerte ante la justicia.

-Pida a las autoridades que le informen del resultado de las investigaciones y pida información sobre las medidas que piensan adoptar para evitar los abusos contra miembros y simpatizantes del CERJ y otras organizaciones que trabajan en favor de los pueblos indígenas de Guatemala.

A quién debe enviar sus cartas

Instituciones oficiales

Organización guatemalteca que trabaja con los pueblos indígenas

Envíe a esta organización copia de las cartas remitidas a las autoridades guatemaltecas para manifestar su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra las poblaciones indígenas.

Aumente el poder de sus cartas enviando una copia a la embajada de Ecuador en su país.

Qué puede hacer después

Este caso de llamamiento forma parte de una serie de casos similares elaborados por Amnistía Internacional en 1992. Si desea escribir en favor de otras víctimas de violaciones de los derechos humanos o si quiere participar en otras actividades de nuestra organización en relación con los pueblos indígenas de América durante 1992, póngase en contacto con la oficina de Amnistía Internacional de su país y comuníquele que desea participar en sus actividades.

MÉJICO: VÍCTOR PINEDA HENESTROSA

Víctor Pineda Henestrosa, dirigente indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca, "desapareció", según testigos presenciales, después de que un grupo de individuos armados, cuatro de los cuales parece ser que llevaban uniformes del ejército, le obligó a salir de su coche el 11 de julio de 1978. Según las declaraciones firmadas que los testigos realizaron ante el Ministerio Público de Juchitán, Víctor Pineda fue introducido en una furgoneta que partió en dirección desconocida. En el momento de su secuestro, Víctor Pineda era maestro en una escuela primaria. Dos años antes había trabajado como promotor agrario federal de la Secretaría de Reforma Agraria. Aunque era funcionario del Estado, apoyó abiertamente a los campesinos, en su mayoría pertenecientes a grupos indígenas como los zapotecas, en sus reclamaciones por las tierras en conflicto, que según los campesinos, habían sido transferidas ilegalmente por las autoridades a los poderosos caciques locales. Después de ser destituido de su puesto en favor de un promotor más aceptable para las autoridades locales, Víctor Pineda continuó actuando informalmente como asesor de los zapotecas y de otros campesinos. En el momento de su "desaparición" era representante local de tierras comunales, un puesto tradicional para el que había sido elegido por la comunidad zapoteca. Las personas de la zona han sugerido que quizá le secuestraron porque las autoridades locales estaban cada vez más preocupadas por su defensa del derecho de los zapotecas y otros campesinos sobre las tierras. Su familia denunció oficialmente su secuestro el mismo día en que se lo llevaron, pero no ha recibido ninguna información sobre su paradero. Los zapotecas y otros residentes de Juchistán, donde Víctor Pineda era bien conocido, organizaron protestas, tanto en esa zona como en la ciudad de México.

En 1979, el entonces procurador general de Justicia afirmó, según informes, que la ausencia de Víctor Pineda se debía a que se había unido a las guerrillas. Esta versión de los hechos fue la que también le ofreció a la familia de Víctor el general de la zona militar del Batallón 11. Sin embargo, las autoridades no ofrecieron ninguna prueba que avalara esta conclusión y la familia no ha tenido noticias de Víctor Pineda desde que "desapareció". La versión oficial de los hechos también ha sido puesta en duda por los testigos que nombraron a un sargento del Batallón 11 como uno de los soldados armados que secuestraron a Víctor Pineda. Por tanto, la opinión generalizada es que el Batallón 11 fue responsable de la "desaparición" de Víctor Pineda.

La familia de Víctor Pineda le ha buscado activamente. En 1990, su mujer formó parte de la delegación del Comité Eureka (un comité de familiares de "desaparecidos" y de presos políticos) al que el presidente Carlos Salinas de Gortari garantizó que haría todo cuanto estuviera en su mano para aclarar éste y otros casos de "desapariciones" similares. Algún tiempo después, ese mismo año, dos miembros del ejército fueron a Juchitán a investigar el secuestro de Víctor Pineda y tomaron declaración a su mujer y a dos testigos. Desde entonces, no se han tenido noticias de más investigaciones. Víctor Pineda sigue "desaparecido" y los responsables siguen en libertad.

Según los censos más recientes, de los 56 millones de habitantes con que cuenta México, se considera que al menos nueve millones son indígenas. Existen 56 grupos étnicos que viven por todo el país, especialmente en las zonas rurales del centro y del sur del país. Los grupos cuyos idiomas están más extendidos son los nahuatl, los mayas y los zapotecas, aunque los informes indican que en el país se hablan además otros 30 idiomas indígenas. Buena parte de los pueblos indígenas pertenecen al sector más pobre de la población e históricamente se han violado sus derechos culturales, sociales y económicos. También han sufrido violaciones individuales de derechos humanos como "desapariciones", ejecuciones extrajudiciales, tortura y encarcelamiento arbitrario.

La ciudad de Juchitán está situada cerca de la costa meridional del Istmo de Tehuantepec, en el estado suroriental de Oaxaca. Los habitantes indígenas zapotecas han conservado una fuerte personalidad cultural y, en la ciudad de Juchitán, el idioma y las costumbres zapotecas siguen siendo predominantes. A fines de los años setenta, el conflicto político en la región se intensificó como consecuencia del crecimiento de las organizaciones campesinas independientes como la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), de la que Víctor Pinedo era un miembro activo. Estas organizaciones participaron activamente en la política local presionando en favor de las reclamaciones de tierras de los campesinos, muchos de los cuales son zapotecas, zoques y huave, y combatiendo la falta de democracia en cuestiones municipales y comunitarias que en su opinión existía. Ha habido reiterados casos de violencia contra el COCEI y otras organizaciones campesinas independientes, y en algunos casos se ha llegado a la ejecución extrajudicial de sus miembros.

En México se han contabilizado más de 400 "desapariciones". Entre las víctimas figuran indígenas como Víctor Pineda Henestrosa. La mayoría de estas "desapariciones" se produjeron en la década de los años setenta y principios de los ochenta, pero al menos cuatro personas han "desaparecido" desde que el actual gobierno accedió al poder en 1988. A pesar de las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sigue sin conocerse el paradero de la mayoría de estas personas. Tampoco se ha llevado a los tribunales a los responsales.

Asimismo, desde hace muchos años, Amnistía Internacional viene recibiendo informes sobre la frecuente utilización de la tortura por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Algunos de estos casos han acabado con la muerte de la víctima.

Los miembros de las comunidades indígenas han sido con frecuencia víctimas de este tipo de abusos. A pesar de los reiterados anuncios oficiales y de algunas medidas aprobadas, según las autoridades, para poner fin a estas prácticas, como reformas legales y la creación en junio de 1990 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estas violaciones de derechos humanos han continuado, especialmente la práctica de la tortura y los malos tratos.

La organización también ha recibido ocasionalmente informes sobre ejecuciones extrajudiciales y homicidios arbitrarios cometidos por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Desde 1988, entre las víctimas figuran al menos dos activistas de derechos humanos.

La mayoría de los responsables de estos abusos han quedado sin castigo. Amnistía Internacional considera que si el gobierno mexicano no respeta su compromiso de aplicar medidas para poner fin a estos abusos, como poner en manos de la justicia a los responsables, tanto los pueblos indígenas como otros sectores de la población seguirán estando en peligro.

Qué puede hacer usted

Si lo que ha leído sobre el caso de Víctor Pineda suscita su preocupación, transforme esta inquietud en acción. Remita cartas cortésmente redactadas (en español, si es posible) a las autoridades mexicanas. Envíe copias de sus cartas a las organizaciones locales que se ocupan de los problemas indígenas para que sepan que personas de todo el mundo se preocupan por las violaciones de derechos humanos que se cometen contra los pueblos indígenas de México.

Qué debe decir en sus cartas

-Explique que siempre le ha preocupado el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Explique también que el año 1992 se conmemora en diversos países como el quinto centenario de la llegada de los europeos al continente. Por ello, parece un momento muy oportuno para destacar los motivos de preocupación relacionados con los casos no resueltos de violación de derechos humanos perpetrados contra los pueblos indígenas de lo que hoy denominamos América, como por ejemplo el de Víctor Pineda Henestrosa. Manifieste que su preocupación no desaparecerá cuando concluya el año 1992.

-Informe a las autoridades que ha leído sobre la "desaparición" de Víctor Pineda y sobre otros casos de intimidación y abusos sufridos por la comunidad indígena zapoteca en Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca. Exprese su preocupación por la aparente falta de investigación efectiva sobre su paradero y por el hecho de que las personas responsables de su "desaparición" siguen libres.

-Solicite que se emprenda una investigación exhaustiva y efectiva y que se ponga en manos de la justicia a los responsables de su "desaparición".

-Manifieste su preocupación por los informes sobre encarcelamientos arbitrarios, tortura y otras violaciones de derechos humanos perpetrados contra miembros de las comunidades indígenas de México. Asimismo, solicite información sobre las medidas que las autoridades tienen intención de adoptar para evitar este tipo de abusos.

A quién debe enviar sus cartas

Instituciones oficiales

Organizaciones mexicanas que trabajan con los pueblos indígenas

Envíen a estas organizaciones copia de las cartas remitidas a las autoridades mexicanas para manifestar su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra las poblaciones indígenas.

Aumente el poder de sus cartas remitiendo copias a la embajada de México en su país.