PRIMER ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN

DE LA ONU SOBRE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS:

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Reflexión de Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional

La protección de los derechos humanos exige el reconocimiento del derecho a defenderlos. Este principio goza actualmente de una aceptación internacional y regional clara. Los dirigentes mundiales elogian las virtudes de los activistas de derechos humanos y los funcionarios del Estado adoptan con frecuencia su lenguaje. Sin embargo, pocos son los gobiernos latinoamericanos que han adoptado medidas concretas que transformen este principio en un cambio real para los activistas que, en el desempeño cotidiano de su trabajo, se enfrentan a obstáculos y hostigamiento y hasta se ponen personalmente en peligro.

El 9 de diciembre de 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (en adelante, la Declaración). La Declaración reconoce la legitimidad del trabajo de los defensores y establece una serie de principios para asegurar que los Estados colaboran con ellos, garantizándoles la libertad para desarrollar sus actividades sin obstáculos y sin la amenaza de sufrir represalias. La Declaración destaca como notable avance en la promoción del trabajo de los defensores y en la creación de normas para su protección.

En junio de 1999, la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció asimismo la legitimidad de quienes promueven los derechos humanos al aprobar una resolución que acordaba «reconocer y respaldar la tarea que desarrollan los Defensores de los Derechos Humanos». La resolución exhortaba a los Estados Miembros a «continuar sus esfuerzos tendientes a otorgar a los Defensores de los Derechos Humanos las garantías y facilidades necesarias a fin de seguir ejerciendo libremente sus tareas de promoción y protección de los derechos humanos [...]» y a adoptar asimismo «las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad e integridad de los mismos».

¿En qué medida han mejorado estas promesas la vida de quienes trabajan para defender los derechos de otras personas? A lo largo de 1999, numerosas autoridades de los gobiernos de Latinoamérica rechazaron públicamente los ataques contra los defensores al condenar su homicidio o su secuestro. Algunos gobiernos, entre ellos el colombiano, llegaron a ofrecer medidas especiales de protección, como chalecos antibalas o material de seguridad para las oficinas de organizaciones de derechos humanos. La verdadera pregunta, sin embargo, es la siguiente: ¿Adoptaron medidas los gobiernos para asegurar que se identificaba y juzgaba a quienes perpetraron estos delitos? ¿Levantaron las restricciones legales y burocráticas impuestas a algunos miembros de organizaciones de derechos humanos que intentaban investigar las denuncias de abusos gubernamentales? Los datos que Amnistía Internacional reunió durante 1999 parecen indicar que sólo en contadas ocasiones y sin convicción adoptaron los gobiernos medidas para proteger y promover el derecho a defender los derechos humanos.

El fracaso de algunos gobiernos latinoamericanos a la hora de aplicar la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos queda patente ante el hecho de que la represión de los defensores en 1999 tuvo la misma escala y magnitud que en años anteriores: Los defensores fueron víctimas de ejecución extrajudicial, secuestro, tortura, malos tratos, amenazas de muerte y hostigamiento; fueron detenidos arbitrariamente, perseguidos y sometidos a vigilancia.

La represión continuada de los defensores de los derechos humanos quedó reflejada en la Resolución 1999/3 de la Subcomisión de la ONU de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. La resolución, aprobada en agosto de 1999, condenó enérgicamente los asesinatos recientes de defensores de los derechos humanos en Colombia, Ecuador y Guatemala (así como en otros países) y exhortó «a los gobiernos de que se trata a no dejar impunes los crímenes contra los defensores de los derechos humanos, a permitir y facilitar todas las averiguaciones pertinentes y a asegurar que tribunales civiles juzguen y sancionen a los autores y que se indemnice a las familias de las víctimas, hasta de personas muertas hace mucho tiempo [...]».

En 1999 hubo más de diez ocasiones en las que se intentó acabar con la vida de algún defensor de los derechos humanos en Latinoamérica; al menos en cinco de ellas se logró. Más de ochenta defensores fueron objeto de amenazas u hostigamiento. Un número incontable de ellos tuvo que abandonar su país o su hogar para salvar la vida.

El año empezó con una campaña incesante de ataques contra los defensores de los derechos humanos por parte de las fuerzas paramilitares respaldadas por el ejército de Colombia. Éstas declararon públicamente su intención de «depurar» a las organizaciones de derechos humanos de lo que denominaban «infiltrados de la guerrilla». El 30 de enero, Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto González, abogados de derechos humanos del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), murieron abatidos por los disparos de dos hombres y una mujer que los seleccionaron específicamente de entre los pasajeros del autobús en que viajaban.

Tan sólo dos días antes de estos homicidios, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar, habían secuestrado a cuatro miembros del Instituto Popular de Capacitación (IPC) en Medellín, lo que desencadenó la condena internacional y nacional. Todos ellos recobraron finalmente la libertad.

Aunque el gobierno colombiano ha adoptado medidas para crear programas de protección para los defensores de los derechos humanos, no se está cumpliendo con las normas internacionales y Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para aquéllos que trabajan en la defensa y la promoción de los derechos humanos.

«Siempre hemos conversado sobre la capacidad que tenemos las personas en Colombia de soportar tanta crueldad y tanta tragedia y de la manera en que hemos tratado de superar tantas pérdidas. Pero como el círculo se ha ido cerrando y los que mueren son cada vez los más cercanos, queridos y conocidos, yo no creo que tengamos la misma fortaleza de antes», escribió un defensor en febrero de 1999.

En septiembre y octubre se registró un espectacular aumento de las amenazas y actos de hostigamiento contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en el Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez’ (PRODH), en México. Digna Ochoa y Plácido, coordinadora del área jurídica, fue víctima de un ataque, la ataron y la sometieron a interrogatorio durante varias horas. La Corte Interamericana dictó medidas cautelares para proteger a los miembros de la organización.

La detención del general Augusto Pinochet hizo albergar enormes esperanzas a los familiares de las personas «desaparecidas» durante el gobierno militar del periodo 1973-1990. Coincidió también con el aumento de las amenazas contra los grupos chilenos de derechos humanos que trabajan para descubrir la suerte de los «desaparecidos» y para poner fin a la impunidad que rodea estos casos. En Guatemala, también recibieron amenazas frecuentes los defensores que trabajan para lograr que comparezcan ante la justicia aquéllos que cometieron violaciones de derechos humanos en el pasado.

A pesar de las dificultades y contra todo pronóstico, la comunidad de derechos humanos de Latinoamérica continúa abriéndose paso y aumentando sus fuerzas y su determinación.

En Brasil, los activistas de derechos humanos participaron en la denuncia ante la opinión pública de las actividades de un brutal escuadrón de la muerte que actuaba con la complicidad de los funcionarios estatales en el estado amazónico de Acre. Ese escuadrón de la muerte presuntamente había sido el responsable del homicidio de decenas de personas entre los grupos marginales de la sociedad.

En Perú, las organizaciones de derechos humanos iniciaron una campaña nacional contra la tortura para instar a la creación de «zonas libres de tortura» en las que los agentes del Estado se comprometieran a eliminar esas prácticas de sus jurisdicciones. Instaron asimismo a que se aplicara de modo efectivo una nueva ley de reforma del Código Penal de Perú que incorporaba y tipificaba la tortura como delito. Entre 1988 y 1998, las organizaciones de derechos humanos en Perú recibieron más de cuatro mil denuncias de tortura.

En Venezuela, ante el proyecto de una nueva Constitución, los defensores formularon importantes recomendaciones relativas al derecho a la vida y la integridad personal y a la inclusión de los delitos de ejecución extrajudicial, sumaria y arbitraria, «desaparición», tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En centroamérica, los defensores guatemaltecos instaron a que se exhumaran los restos mortales de las víctimas a las que miembros de las fuerzas armadas habían quitado la vida en matanzas perpetradas en las zonas montañosas del país a comienzos de la década de los ochenta, e instaron asimismo a que se enjuiciara a los responsables de estos crímenes. Sigue sin conocerse la suerte y el paradero de numerosos «desaparecidos» en Latinoamérica, muchos de los cuales eran defensores de los derechos humanos.

En Colombia, los defensores han sido a menudo la única fuente fiable de información relativa a violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. A medida que se intensifica el conflicto en el país, se silencia a las víctimas de violaciones con el miedo a las represalias. Los defensores desempeñan en este contexto una función crucial al denunciar ante la comunidad internacional las atrocidades cometidas tanto por las fuerzas de seguridad como por la oposición armada.

El empeño y los logros de los defensores hacen realidad las aspiraciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los defensores aportan contribuciones clave para el fortalecimiento del Estado de Derecho y de los principios democráticos en sus países, incluso cuando les lleva a exponerse a situaciones difíciles o de peligro. Los Estados tienen ante sus sociedades la obligación moral de promover y proteger empeños de este tipo en el terreno de los derechos humanos. Ha llegado la hora de cumplir las promesas y los compromisos anunciados en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de modo que los defensores de esos derechos puedan disfrutar en su comunidad de la misma legitimidad y reconocimiento que les brinda claramente la comunidad internacional.

Las recomendaciones de Amnistía Internacional relativas a la aplicación de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU, se encuentran en Defensores de los derechos humanos en Latinoamérica: Más protección, menos persecución (Índice AI: AMR 01/02/99/s).

BRASIL:

DENUNCIAR A LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE

En septiembre de 1999 se puso fin al mandato de Hildebrando Pascoal como representante del Congreso Federal por el estado de Acre, al noroeste de Brasil. Las denuncias que condujeron a su destitución causaron estupor: se le acusaba de crear un escuadrón de la muerte responsable de más de sesenta homicidios, así como de haber participado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas durante el periodo en que fue comandante de la policía militar de Acre. Actualmente se encuentra en prisión en Brasilia pendiente de juicio, al igual que varios miembros más del escuadrón de la muerte. Esta es la historia de un defensor de los derechos humanos brasileño cuya labor fue fundamental para lograr el enjuiciamiento de Hildebrando Pascoal.

Me llamo Valdecir Nicacio Lima. Soy brasileño, abogado, y he trabajado siempre en la asistencia letrada a personas que sufren malos tratos en prisión así como en casos de víctimas de los escuadrones de la muerte. He trabajado en este terreno casi una década, pero en los últimos dos años se ha intensificado mi labor debido al notable incremento de las muertes a manos de escuadrones de la muerte —formados en mi estado por civiles y agentes de la policía militar—, con lo que el número de personas que solicitan mi ayuda también ha aumentado.

Siempre había trabajado con independencia de las instituciones del Estado o de otras organizaciones. Pero en 1997, debido a la gravedad de la situación, envié un informe a Amnistía Internacional en el que explicaba en detalle lo que ocurría en el estado de Acre. Mis dificultades aumentaron después del informe ya que los miembros del escuadrón se enteraron de que me había puesto en contacto con Amnistía Internacional. Empeoró aun más las cosas el hecho de que uno de los dirigentes del escuadrón se presentó como candidato y resultó elegido miembro del Congreso Federal.

Después de su elección, seguí informando al Congreso sobre los actos delictivos cometidos por este individuo y sus subordinados. Fue a raíz de estas investigaciones que el Congreso de Brasil confirmó las acusaciones de tráfico internacional de drogas y de homicidios por encargo perpetrados por este escuadrón de la muerte.

Como consecuencia de estas investigaciones, aumentaron las amenazas contra mi vida. Recibí amenazas de los jefes de la policía, civil y militar, algunos de los cuales eran oficiales de altísima graduación. En una ocasión dispararon contra mi casa. Todas estas amenazas dejaron claro que ninguna institución podría ponerme a salvo de las balas.

Al concluir la investigación, el Congreso brasileño destituyó al dirigente del escuadrón de la muerte que había sido elegido miembro del Congreso Federal. Los tribunales dictaron orden de detención contra él y contra más de treinta miembros de su escuadrón de la muerte, todos ellos policías civiles o militares. La presión, sin embargo, siguió siendo enorme y en agosto de 1999 decidí abandonar Brasil con mi familia.

CASOS DE LLAMAMIENTO

CHILE: Persistentes amenazas contra los defensores de los derechos humanos

Desde la detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998, tanto las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado como los abogados y los activistas en Chile han sido creciente objeto de más actos de hostigamiento y de amenazas de muerte.

Defensores de los derechos humanos de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

El 15 de diciembre de 1999, Viviana Díaz Caro y Mireya García, presidenta y secretaria general, respectivamente, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, recibieron la última de una serie de amenazas dirigidas contra los miembros de esta organización. La amenaza afirmaba: «Que el viejito Pascuero nos regale la oportunidad de encontrarnos cara a cara durante el 2000 [...] y así poder volarte los sesos. Disfruta de tu última navidad [...] Para la próxima ya no estarás. Saludos a tu familia [...] Pascua Feliz para todos.»

El mensaje, enviado en forma de tarjeta de felicitación navideña, estaba firmado «FNL, Ediciones Villa Grimaldi». Villa Grimaldi fue un centro de tortura muy conocido que se utilizó en Santiago durante el régimen militar que estaba bajo el control de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El FNL (Frente Nacionalista Patria y Libertad) es un grupo de extrema derecha que actuó durante el régimen militar del general retirado Augusto Pinochet (1973-1990).

La Agrupación, creada durante los primeros años de gobierno del general Pinochet, ha hecho campaña para que las autoridades faciliten información sobre la suerte y el paradero de sus familiares. Cuando terminó el régimen militar se establecieron varios organismos gubernamentales cuyo objetivo es determinar la suerte de los «desaparecidos». No obstante, aunque hasta la fecha se han reconocido oficialmente más de mil casos de «desaparición», los esfuerzos judiciales para averiguar la verdad se han visto obstaculizados por los tribunales civiles y militares, que han ido archivando casos en virtud de la Ley de Amnistía de 1978. La Agrupación ha seguido persiguiendo su objetivo a través de las vías jurídicas nacionales e internacionales y mediante actividades públicas pacíficas.

Defensores de los derechos humanos de la Sección Chilena de Amnistía Internacional

El 18 de noviembre de 1999, un hombre que se identificó únicamente como un «amigo militar» llamó a la sede de Amnistía Internacional en la capital, Santiago, y advirtió de que Elías Padilla Ballestero, ex presidente de la Sección Chilena de Amnistía Internacional, iba a ser secuestrado. La amenaza se denunció inmediatamente ante la Policía de Investigaciones, la Unidad de Inteligencia y el Ministerio del Interior chilenos.

Ésta es la última de una serie de amenazas anónimas proferidas por teléfono y por correo electrónico contra el personal de la Sección Chilena de Amnistía Internacional.

Acción recomendada:

Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español o en su propio idioma:

• expresando preocupación por que Viviana Díaz y otras personas relacionadas con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos continúan recibiendo amenazadas de muerte;

• expresando preocupación por la amenaza de secuestro contra Elías Padilla;

• pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y del personal de la Sección Chilena de Amnistía Internacional;

• pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte recibidas por Viviana Díaz y Mireya García y sobre la amenaza de secuestrar a Elías Padilla; pidan que se hagan públicos sus resultados y se lleve ante la justicia a los responsables;

• instando a las autoridades a manifestar públicamente su repulsa ante cualquier acto de intimidación u hostigamiento contra los defensores de los derechos humanos, y a reconocer públicamente la importante contribución que los defensores hacen a la protección de esos derechos y a la promoción de una sociedad que los respete plenamente.

Observen que el gobierno de Ricardo Lagos, elegido en fecha reciente, tomará posesión el 11 de marzo del 2000. Los llamamientos que envíen después del 5 de marzo deben remitirlos a:

Presidente de la República de Chile

Sr. Ricardo Lagos Escobar

Presidente de la República

Palacio de la Moneda

Santiago, Chile

Fax: +562 694 5080

Telegramas: Presidente, Santiago, Chile

Tratamiento: Sr. Presidente

Ministro del Interior

José Miguel Insulza Salinas

Ministro del Interior

Ministerio del Interior

Palacio de la Moneda

Santiago, Chile

Fax: +562 696 8740/699 2165

Telegramas: Ministro Interior, Santiago, Chile

Tratamiento: Sr. Ministro

Ministro de Justicia

José Antonio Gómez

Ministro de Justicia

Ministerio de Justicia

Morandé 107

Santiago, Chile

Fax: +562 695 4558 - 698 7098

Telegramas: Ministro Justicia, Santiago, Chile

Tratamiento: Sr. Ministro

COPIAS A:

Ministra de Asuntos Exteriores

María Soledad Alvear Valenzuela

Ministra de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Catedral 1158, Piso 3

Santiago, Chile

Fax: +56 2 696 8796 - 672 6274

Tratamiento: Sra. Ministra

Organización de derechos humanos

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Manuel Rodriguez 33

Santiago, Chile

Fax: + 562 698 8609

Diario

La Nación

Agustinas 1269, Santiago, Chile

Fax:+ 562 698 1059

Escriban también a su propio gobierno y a los representantes políticos de su país de los que sepan que han seguido los procedimientos judiciales contra el general retirado Pinochet.

EL SALVADOR: Continúa la impunidad para los homicidios de defensores de los derechos humanos

El 22 de diciembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos, concluyó que, «como consecuencia de la sanción de la Ley de Amnistía General, el Estado (salvadoreño) [...] ha violado el derecho a la justicia y su obligación de investigar, procesar y reparar» el homicidio de seis defensores de los derechos humanos cometido en 1989.

Los seis sacerdotes jesuitas murieron a manos de agentes del Estado pertenecientes a la Fuerza Armada salvadoreña en la Universidad Centroamericana, en San Salvador, el 16 de noviembre de 1989. Posteriormente, los dos únicos militares condenados por el asesinato a una pena de 30 años de cárcel recobraron la libertad cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General en marzo de 1993. Los miembros de la cúpula militar que planearon los asesinatos eludieron de este modo toda investigación, juicio y castigo. El informe de la CIDH insta al gobierno de El Salvador a que deje sin efecto la Ley de Amnistía General, y a que realice una investigación de los asesinatos completa, imparcial y efectiva, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas.

El 6 de enero del 2000, no obstante, el presidente de El Salvador, Francisco Flores, declaró que aplicar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reabrir el caso de los seis jesuitas significaría «abrir la puerta a un conflicto que ya dejamos atrás y los salvadoreños queremos voltear la página», con lo que hizo manifiesta su intención de hacer caso omiso de la resolución. Con esta decisión, el gobierno de El Salvador infringe sus obligaciones internacionales.

El recurso de impugnación de la legalidad de la Ley de Amnistía General, presentado en diciembre de 1997 por un particular, aún está pendiente de la decisión final de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

Acción recomendada:

Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español o en su propio idioma:

• expresando consternación y preocupación por que el gobierno de El Salvador parece no estar cumpliendo las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, que afirma que la Ley de Amnistía General de 1993 conculca el derecho internacional;

• instando al gobierno de El Salvador a que implemente las recomendaciones de la CIDH realizando investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la muerte de los seis defensores de los derechos humanos, que los resultados se hagan públicos y que se castigue a los culpables;

• poniendo de relieve el hecho de que la impunidad para los homicidas de defensores de los derechos humanos, sin importar cuánto tiempo ha transcurrido desde que se cometió el delito, sólo sirve para perpetuar la represión de aquéllos que defienden los derechos humanos, y suscita serias dudas respecto al compromiso por parte de los gobiernos de cumplir con sus obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos.

Llamamientos a:

Presidente de la República

Sr. Presidente Francisco Flores

Presidente de la República

Casa Presidencial

Avda. Los Diplomáticos

Bº San Jacinto

San Salvador, El Salvador

Fax: +503 281 0018/243 4912

Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente

Ministro de Justicia y Seguridad Pública

Sr. Francisco Bertrand Galindo

Ministro de Justicia y Seguridad Pública

5ª Calle Oriente Nº 42

Antiguo Local Policía Nacional

San Salvador, El Salvador

Fax: (503) 245 2650

Tratamiento: Sr. Ministro

Envíen copia de sus cartas a:

Ministra de Asuntos Exteriores

Lic. María Eugenia Brizuela de Avila

Ministra de Relaciones Exteriores Ministerio de Relaciones Exteriores

Alameda Manuel Enrique Araujo

Km. 6 ½ Carretera Santa Tecla

San Salvador, El Salvador

Fax: (503) 243 3710

Tratamiento: Sra. Ministra

Diarios

El Diario De Hoy

11 Calle Oriente, 271

San Salvador, El Salvador

Fax: (503) 271 2512

Correo-E: redaccion@elsalvador.com

La Prensa Gráfica

Final Boulevard Sta Elena

Calle Conchagua,

Antiguo Custcatlon,

Dpto de la Libertad

San Salvador, El Salvador

Fax: +503 289 1802/1

Correo-E: lpg@laprensa.com.sv

TABLÓN DE ANUNCIOS

BRASIL: Muerte de «Padre Chico»

El 19 de noviembre de 1999, murió de un ataque al corazón el sacerdote Francisco Reardon, coordinador de la Pastoral Carcelaria de la Conferencia Episcopal Brasileña (Pastoral Carcerária da CNBB). Nacido hace 59 años en Estados Unidos, «Padre Chico» —nombre con el que era conocido en Brasil, su país de adopción— fue un activista incansable en favor de los derechos humanos fundamentales de los presos.

«Padre Chico», figura clave de los derechos humanos en Brasil, había hecho campaña recientemente para poner de relieve las condiciones infrahumanas de las cárceles y comisarías de policía brasileñas. Trabajó asimismo en favor de los derechos de los presos de todo el mundo, y acababa de regresar de una conferencia en México, donde lo habían elegido vicepresidente de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica de Latinoamérica.

Logró aunar un profundo sentido de humanidad con la resolución de lograr verdadera eficacia. En la Casa de Detencão y en otras cárceles solía escuchar y confortar a los presos, incluso hacer bromas, pero al mismo tiempo asimilaba incontables detalles relativos a las quejas de los presos sobre palizas y otros abusos, y cuando regresaba a casa mecanografiaba toda la información o, más adelante, la almacenaba en su computadora. Una de sus mayores preocupaciones fue luchar por asistencia médica adecuada para los enfermos y los parapléjicos y por asistencia letrada apropiada.

«La muerte de “Padre Chico” ha sido un terrible golpe y una gran pérdida», declaró Javier Zúñiga, director del

Programa Regional para América del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. «Su energía, compasión y generosidad de espíritu han sido una fuente de inspiración para nosotros. Recordaremos sobre todo su profundo sentido de la dignidad humana.»

MÉXICO: Mensaje de agradecimiento de Digna Ochoa y Plácido por las muestras de solidaridad y apoyo

“En nombre propio y de mis amigos y compañeros del Centro Pro, deseo agradecer las muestras de solidaridad y apoyo que han tenido conmigo y con el Centro Prodh. En los últimos tiempos hemos estado sometidos a una campaña sistemática de agresiones, hostigamiento y amenazas de muerte por personas que se esconden en el anonimato. Sin duda, el origen de estas acciones está en la misma defensa y promoción de los derechos humanos que realizamos cotidianamente, pues mediante nuestro constante actuar de denuncia afectamos intereses, instituciones y autoridades y personas que se niegan a respetar los derechos humanos.

“Con todo, ha sido justamente la solidaridad de las personas, instituciones y medios de comunicación lo que nos ha fortalecido y alentado a continuar nuestro trabajo. Como Centro de Derechos Humanos estamos convencidos de que la defensa, promoción y respeto a éstos puede contribuir a que avancemos hacia una sociedad justa y equitativa para todos. Esperamos que este clima de amenazas y hostigamiento cese, y pedimos continuar atentos a cualquier nueva agresión que podamos sufrir los defensores de derechos humanos.”

Digna Ochoa y Plácido, coordinadora del área Jurídica del Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez»