Documento - En primera línea Julio - Septiembre 1999 Vol 3 No 3
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
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Vol. 3 Nº 3 Juio - Septiembre 1999 |
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En primera línea |
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Red de Acción Regional sobre Defensores de los Derechos Humanos |
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Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
AISLAMIENTO Y APOYO: LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AMAZONAS
Catherine Halvey, irlandesa, lleva trabajando 18 años en diferentes zonas de Brasil. Desde que, hace dos años, regresó a Manaus, capital del estado de Amazonas, ha trabajado para establecer el Centro de Derechos Humanos (Centro dos Direitos Humanos).
Catherine Halvey habló con Amnistía Internacional sobre algunas de sus experiencias como defensora de los derechos humanos en una zona tan remota.
ÍNDICE
Aislamiento y apoyo: la defensa de los derechos humanos en el amazonas . . . . . . . . . . . . .
Acompañamiento internacional: una forma de proteger a los defensores de los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . .
Misión política internacional de respaldo a los defensores de derechos humanos en Colombia .
Violación de los derechos de los defensores de los derechos humanos en todos los países . .
Casos de llamamiento . . . . . .
Tablón de anuncios . . . . . . . .
«Con la creación del Centro de Derechos Humanos tratamos de dar la gente una cultura de derechos humanos, ya que creemos que la percepción de los derechos humanos y el compromiso con éstos deben formar una parte mucho mayor del tejido de la sociedad moderna. Apenas habrá esperanza a menos que eduquemos a las personas en el compromiso con los derechos humanos. Por ello, uno de los proyectos del centro es establecer encargados de derechos humanos en los diferentes barrios de Manaus. Actualmente, más de la mitad de la población del estado deAmazonas vive en la ciudad. Muchos de sus habitantes son analfabetos. Hay un 80 por ciento de desempleo en Compensa, donde trabajo, lo que significa que la gente no tiene nada que hacer y a menudo se mezcla con aquéllos que controlan el narcotráfico, la violencia de las bandas, el robo de automóviles, etc. Éste es un problema enorme. Cada mes mantenemos sesiones con personas de diferentes barrios. Ellos nos ayudarán a componer una imagen más realista de las violaciones de derechos humanos en la ciudad, y esperamos que estos encargados de derechos humanos lleven un sentido de justicia a las vidas y las relaciones humanas. Éste es el mejor camino hacia adelante: el desarrollo de un centro de derechos humanos que forma parte del tejido de la sociedad al educar a ésta hacia una cultura de derechos humanos.
»También estamos estableciendo círculos de solidaridad con las madres de víctimas de la violencia —relacionada con la policía o con bandas— en los que aquéllas pueden compartir experiencias y penas y sentir que, por fin, existe un espacio en la sociedad que admite su sufrimiento y las ayuda a superarlo.
Catherine Halvey, del Centro de Derechos Humanos en Manaus, estado brasileño de Amazonas. ©AI
»Otro de nuestros proyectos es crear una base de datos. En este gran silencio no hay historia, ni una palabra sobre cómo han sufrido las personas, sobre quién sufre debido a la violencia, sobre si hay un modelo que se repite. No se ha escrito una línea, nadie habla sobre ello. Es uno de los motivos principales de que perdure la violencia. Por ello debemos crear la base de datos, lo que conlleva obtener ordenadores, dar cursos de capacitación y buscar información.
»Al hablar de la violencia en Manaus no estamos hablando de idealistas alzados en armas que luchan por alguna causa política. No está relacionada con uno u otro grupo político concreto. Los que recurren a este tipo de ruptura social para llevar a cabo sus violentas actividades ilegales son auténticos secuaces y criminales.
»La mayor violencia a la que nos enfrentamos actualmente se relaciona con las bandas llamadas gallieras, que actúan en Compensa y los distritos marginales. Las gallierasson grupos de jóvenes que se vuelven salvajes durante el fin de semana y matan a la gente. A menudo están vinculados a policías corruptos. Hacen el trabajo sucio a los agentes de policía. Informan sobre el paradero de narcóticos y armas, y hacen de mensajeros. Trabajan para policías corruptos, pero cuando llega la hora de aceptar responsabilidades, las gallierasson el blanco de toda la culpa y nadie ve a los verdaderos culpables.
«[...] Necesitamos una fuerza de seguridad que defienda a las personas, no que las aterrorice [...]»
»Estamos trabajando en el caso de Jacó Lopes Pereira, estudiante de 19 años de edad al que mataron en Manaus en julio del año pasado. Según los testigos principales, están implicados en su muerte miembros de la policía militar local. Todas las personas relacionadas con el caso han sido objeto de intimidación. Envenenaron a mi perro guardián. Compré otro, y a continuación también lo envenenaron. Y al tercero también. Recibí por teléfono amenazas, que disminuyeron cuando las denuncié a la policía. Luego, simplemente dejé de contestar el teléfono. A menudo había individuos en automóviles estacionados a la puerta de nuestros domicilios, vigilando nuestros movimientos. Estos vehículos también podían verse estacionados a la puerta de las casas de los testigos principales. Las familias sentían pánico y no deseaban seguir adelante con el caso.
»Durante la segunda vista del caso de Jacó, el policía a cargo me dijo que no podíamos tomar fotografías ni publicar nada, y la única persona a la que se permitió hacer declaraciones a la prensa fue uno de sus propios hombres. Así que queda mucho camino hasta que podamos desempeñar nuestra labor de forma adecuada.
»Nuestros contactos oficiales con la policía son cordiales. Ésta cuenta con algunas personas válidas, y deberíamos tratar de trabajar con ellas. Poco a poco, debemos establecer vínculos con ellas y desarrollar nuestro trabajo. Ellos deben arreglar sus asuntos. Necesitamos una fuerza de seguridad que defienda a las personas, no que las aterrorice. Considero que los grupos de derechos humanos deben ayudarles a lograrlo. ¿Quién si no lo hará?
»[...] El Centro de Derechos Humanos está tratando de cumplir la promesa que hizo Brasil al resto del mundo [...]»
»Brasil se ha comprometido ante el resto del mundo a tener consejos de derechos humanos en todos sus estados. Amazonas no tiene ninguno. Ante el cincuentenario de la Declaración de Derechos Humanostratamos de que se hiciera un estudio de los derechos humanos y la problemática local. El estado nos aseguró que todo estaba en orden con vistas a establecer un consejo de derechos humanos. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Necesitamos hacer pública esta falta de cumplimiento. El Centro de Derechos Humanos está tratando de cumplir la promesa que hizo Brasil al resto del mundo.
»En Amazonas estamos muy aislados. Hemos tenido que empezar de cero y establecer una red de apoyo. Debemos lograr que el gobierno central, en Brasilia, se interese y se sienta responsable de lo que ocurre. Actualmente no tenemos ningún apoyo de Brasilia, ningún contacto.
»En Amazonas no existen oficinas de organizaciones internacionales de derechos humanos. Confiamos en que, en algún momento, las organizaciones internacionales estudien qué puede hacerse con la región del Amazonas. Y no sólo el Amazonas de Brasil, sino también el Amazonas peruano y el Amazonas colombiano. Los problemas son muy similares. Queremos que las organizaciones de derechos humanos se planteen hacer algo en el Amazonas como región.
»Lo que verdaderamente preocupó a los que estaban detrás de la muerte de Jacó fue el hecho de que denunciáramos el caso ante Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Se pusieron furiosos. Me llamaron «perra », «bruja » y otros insultos que profirieron por teléfono. Lo hicieron porque yo declaré en público que estábamos haciendo campaña en favor de los derechos humanos incluso en la esfera local. No tememos exponer las atrocidades que se están cometiendo aquí. Creemos que es uno de nuestros puntos fuertes principales. Estamos sólo al comienzo. Llevamos en funcionamiento tan solo dos años y, hasta el momento, la respuesta de la comunidad internacional ha sido buena. Esperamos reforzarla. Esperamos que la comunidad internacional nos ayude a defendernos de modo que, pese al acoso, podamos continuar nuestro trabajo.»
ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL: UNA FORMA DE PROTEGER A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Un voluntario de PBI acompaña a Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Bogotá, Colombia. ©Jon Spaull
El concepto de presencia internacional como fuerza disuasoria de violaciones de derechos humanos se basa tanto en el análisis político como en la experiencia práctica. Las últimas dos décadas han sido testigo del aumento en el número de acuerdos y tratados internacionales sobre derechos humanos que han firmado los gobiernos de Latinoamérica; al mismo tiempo, se ha incrementado el número de organizaciones internacionales no gubernamentales que usan su presencia como método disuasorio, con el fin de ofrecer un elemento de protección a personas en riesgo de convertirse en víctimas de la violencia política. Cuando los agentes del Estado que violan los derechos humanos están sometidos a acuerdos internacionales, la presencia de observadores internacionales puede ayudar de manera eficaz a disuadir a los agresores de llevar a cabo ataques contra quienes promueven temas de derechos humanos y justicia social. Mientras Amnistía Internacional protege los derechos de los presos políticos ejerciendo presión mediante el envío masivo de cartas, el acompañamiento manifiesta una presión similar de modo más inmmediato, con personas concretas que arriesgan la vida para estar junto a los activistas de derechos humanos y prevenir así que los detengan o los ataquen.
Este aparente poder disuasorio para evitar violaciones de derechos humanos tiene sus raíces en una serie de factores complejos.
El acompañamiento individual es literalmente una personificación de la preocupación internacional sobre los derechos humanos, un recordatorio apremiante y visible para quienes usan la violencia de que ésta no pasará inadvertida. La premisa del acompañamiento es que se generará una respuesta internacional ante cualquier abuso del que la persona acompañante sea testigo. Detrás de tal respuesta yace la amenaza implícita de una presión diplomática, política y económica. Es posible que quienes respaldan esta violencia, al tratar de evitar tal presión, cambien en consecuencia su comportamiento.
La percepción e intereses de una amplia gama de actores clave en cada escenario son fundamentales a la hora de entender por qué el acompañamiento puede proteger vidas humanas. Si el agresor no es consciente de la presencia del acompañante en la escena de los hechos, es decir, la persona no es claramente visible, su impacto habrá sido prácticamente nulo. Se genera un efecto similar si al agresor no le consta que el acompañante representa a una organización internacional reconocida, o si el agresor no logra comprender la importancia de tal organización.
El acompañamiento alcanza su máxima efectividad cuando el agresor es sensible a presiones diplomáticas, políticas o económicas. Lo que implica que debe ser parte del aparato estatal, es decir, miembro de las fuerzas de seguridad, o debe estar relacionado con las autoridades del Estado. En consecuencia, cuanto más frágil sea el vínculo entre agresor y Estado, menor será la efectividad del acompañamiento en proteger contra violaciones de derechos humanos. Éste es uno de los motivos por los que el acompañamiento no siempre funciona en cualquier contexto.
A su vez, las personas que desempeñan el acompañamiento deben ser capaces de generar el grado de presión necesario para asegurar que su presencia constituye una fuerza disuasoria. Por ejemplo, se ha reconocido hace mucho tiempo que la presencia de cooperantes en comunidades de zonas en conflicto ha evitado incursiones contra la comunidad —normalmente por parte de las fuerzas armadas del Estado— debido a la naturaleza internacional de la organización representada por ciudadanos extranjeros. Es significante que la matanza de Xamán, Guatemala, el 5 de octubre de 1995, en la que 11 personas murieron abatidas por los disparos de soldados, ocurrió precisamente un día en que ningún cooperante visitó la comunidad, aunque ésta estaba acostumbrada a una presencia internacional constante.
El acompañamiento de observadores internacionales es, en resumen, una muestra de la preocupación que siente la comunidad internacional acerca de la situación que vive el país o respecto a un conflicto concreto.
El trabajo de las Brigadas Internacionales de Paz
Brigadas Internacionales de Paz (PBI, en su sigla inglesa) es una organización internacional no gubernamental que ha usado y desarrollado el acompañamiento internacional en varias zonas de conflicto en todo el mundo, entre ellas Sri Lanka, El Salvador y Guatemala, para proteger a los activistas que son objeto de ataques debido a su trabajo de promoción de los derechos humanos y la justicia social.
Desde 1994, PBI ha mantenido un equipo de observadores internacionales en Colombia: en Bogotá, en Barrancabermeja (Magdalena Medio) y en la región nordeste de Urabá. PBI trata de crear una red protectora alrededor de los miembros de organizaciones de derechos humanos que han solicitado su acompañamiento debido a los riesgos que corren frente a los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad En los últimos dos años, más de 25 activistas colombianos de derechos humanos han resultado muertos.. La efectividad de esta red protectora depende en parte de la habilidad de PBI para concienciar acerca de su papel en la protección de los derechos humanos y en la observación internacional de éstos. Por ello PBI mantiene abierto un diálogo constante con las autoridades tanto civiles como militares en el plano nacional y regional, así como con las ONG colombianas, la Iglesia, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que trabajan en Colombia. En la esfera internacional, PBI recibe apoyo de una amplia gama de instituciones, ONG, políticos, diplomáticos y parlamentarios que, cuando surge la necesidad, expresan ante las autoridades colombianas su apoyo a la labor de PBI. Este diálogo con las partes interesadas se ve reforzado con la producción y distribución de información mediante la que PBI describe y analiza su trabajo de observación.
Las oficinas del Instituto Popular de Capacitación en Medellín, Colombia, después del ataque con explosivos del 29 de agosto de 1999. ©IPC
Los voluntarios de PBI se someten a un cursillo intensivo de capacitación antes de unirse al Proyecto PBI - Colombia. Una vez en el equipo, ofrecen su presencia en las oficinas de organizaciones de derechos humanos y acompañan a defensores de los derechos humanos durante sus viajes a otras regiones de Colombia, o en actos públicos y, en algunas ocasiones en que se agrava el peligro, en sus propios domicilios.
Nueva presencia internacional en Medellín
Medellín es la segunda ciudad de Colombia, capital del departamento de Antioquia y uno de los centros sociales y políticos más importantes del país. La comunidad de defensores de los derechos humanos, de sólido pasado en Medellín, ha sido golpeada con dureza en los últimos años. Por ejemplo: en 1998, el abogado Jesús María Valle Jaramillo perdió la vida abatido en su oficina de Medellín por los disparos de pistoleros no identificados, después de que hubiera denunciado vínculos entre miembros del ejército colombiano y organizaciones paramilitares; a comienzos de año mataron a dos miembros de la rama en Medellín del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; también resultó muerto un prominente profesor universitario, Hernán Henao Delgado, que había estado investigando sobre derechos humanos en la Universidad de Antioquia, en Medellín; en febrero, un grupo armado secuestró a cuatro miembros del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se declararon responsables del secuestro de los defensores de los derechos huamanos, a quienes pusieron en libertad más adelante, siguiendo la protesta internacional. Ante condiciones tan hostiles, numerosas ONG de derechos humanos en Medellín han reducido el perfil de su trabajo para evitar convertirse en objeto de ataques, mientras otros defensores han dejado su trabajo o abandonado el país.
Con el fin de ayudar a que los defensores de los derechos humanos en Medellín continúen su trabajo, el Proyecto PBI - Colombia establecerá un nuevo sub-equipo de cuatro voluntarios en esta ciudad antes de que acabe el año. PBI acompañará a organizaciones como el IPC y la Asociación de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES).
Pueden dirigirse a PBI Colombia en la dirección:pbicolombia@gn.apc.org
MISIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL DE RESPALDO A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
A continuación se insertan extractos del informe hecho público por la Misión Política Internacional de Respaldo a los Defensores de los Derechos Humanos en Colombia después de su visita al país en agosto de 1999.
«La Coordinación de ONG de Derechos Humanos de Colombia (Colombia-Europa-Estados Unidos) y el Comité Ad Hoc no gubernamental de Acción y Protección para los Defensores de los Derechos Humanos en Colombia tomaron la iniciativa de encargar a un conjunto de expertos en derechos humanos para que realizase un estudio sobre la situación de ataques y hostigamientos de que vienen siendo víctimas las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en Colombia. [...]
»La misión ha estado integrada por: Kerry Kennedy Cuomo, abogada fundadora del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, de Washington; Marvin Frankel, abogado, ex juez federal de EE. UU., ex presidente de la Junta Directiva del Comité de Abogados para los Derechos Humanos de Nueva York; Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, premio nacional de derechos humanos 1990; P. Luis Pérez Aguirre, director de Servicio de Paz y Justicia de Uruguay; Frank LaRue, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala; Francisco Soberón, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, delegado del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT), con sede en Ginebra; Margaret Popkin, directora en funciones del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y miembro de la Misión Técnica de Respaldo a los Defensores de Derechos Humanos en Colombia; Charles Roberts, intérprete. [...]
»La misión vio con profunda preocupación la situación grave de ataques y amenazas en contra de defensores de derechos humanos en Colombia. En los últimos dos años, cerca de 30 defensores han sido asesinados; uno ha sido desaparecido, cuatro secuestrados y posteriormente liberados, cuatro más se hallan detenidos, aproximadamente 70 han sido objeto de amenazas y hostigamiento directos; y al menos 27 han sido forzados al exilio para proteger su vida. Adicionalmente, varias sedes de organizaciones sindicales y de derechos humanos han sido objeto de atentados con bombas, que han destruido sus edificaciones. [...]
»Algunas de las conclusiones obtenidas [...] son las siguientes: [...]
* Con relación a algunas de las masacres de las que hemos obtenido información, en concreto de las producidas recientemente en La Gabarra, región del Catatumbo, hemos podido conocer cómo organizaciones no gubermanentales advirtieron a las autoridades públicas sobre la presencia de grupos paramilitares y el riesgo de que éstos produjeran una agresión contra la población, como finalmente ocurrió. Por su actitud de denuncia, representantes de dichas ONG han sufrido ataques desde algún sector del Ejército, de manera inadmisible, que ha tratado de vincularlos con la guerrilla, llegando a hablar de la "guerra jurídica y escrita", exponiéndolos a serios riesgos.
* Abogamos por la necesidad de la erradicación de actividades ilícitas en el seno de la Fuerza Pública que, bien por acción o por omisión, consienten tales conductas.
* [...] demandamos que se aborde una investigación penal seria, imparcial y efectiva de las violaciones cometidas contra las personas, organizaciones e instituciones que promueven y defienden los derechos humanos y asegurar la aplicación de sanciones a los autores materiales e intelectuales.
* Asumimos el reclamo de los defensores de derechos humanos y en tal sentido lo hemos transmitido a las autoridades públicas, de que los archivos de inteligencia sobre ellos y otras personas vinculadas a este ámbito sean comunicados a los interesados, y en su caso, rectificados, aclarados o eliminados.
* Vemos muy positiva la Directiva Presidencial 07 del 9 de septiembre de 1999, aunque pedimos expresamente que se traduzca en actuaciones específicas y concretas que conduzcan a una efectiva garantía y protección de los derechos y a las correspondientes sanciones de las violaciones de los mismos. [...]
* Consideramos imprescindible que la protección y seguridad de los defensores de derechos humanos sea plenamente garantizada por el Estado. En tal sentido pedimos al Ministerio del Interior que adopte todas las medidas necesarias para asegurar aquella y salvar los obstáculos surgidos hasta este momento.
* Pedimos que se reanude el espacio de diálogo entre las ONG defensoras de derechos humanos y las fuerzas armadas, asumiendo éstas la autocrítica de las distunciones internas que han llevado a la violación de los derechos fundamentales desde su seno. [...]
* Por último [...], exhortamos a las autoridades públicas a cumplir los compromisos asumidos con las ONG el 16 de febrero de 1999, así como aplicar las múltiples recomendaciones emanadas de instancias intergubernamentales y de la comunidad internacional respecto de la protección de los defensores de derechos humanos.»
itap0 Santafé de Bogotá, Colombia, 23 de septiembre de 1999
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN TODOS LOS PAÍSES
La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos,
Guiándosepor los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos,
[...] Celebrandoque la Asamblea General haya aprobado la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos el 9 de diciembre de 1998,
Recordandoque la Declaración dice que el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria y que a los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos,
[...] Recordandotambién su resolución 1995/25, de 24 de agosto de 1995, relativa a la protección por las autoridades competentes de toda persona frente a la amenaza, represalia, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo, pacífico y no violento del derecho a tratar de lograr la protección de los derechos humanos,
Observandocon profunda preocupación que en muchos países, en contradicción con los compromisos y las obligaciones de los gobiernos, las personas y las organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos humanos hacen frente a amenazas, hostigamiento e inseguridad,
Profundamente preocupadapor el creciente número de informes sobre casos de defensores de los derechos humanos que han sido perseguidos por sus actividades en pro del reconocimiento, la promoción y la defensa de los derechos humanos por medio de detención, condena o prisión, o de muerte en circunstancias que no se han aclarado, o de la pérdida del empleo o la interdicción de ejercer su profesión, o por medio de la amenaza de suspensión o la suspensión de la personalidad jurídica de la organización a que pertenecen,
1. Insta a cada Estado a que en el ámbito de su jurisdicción disponga lo necesario para asegurar el efectivo cumplimiento de sus obligaciones en la esfera de los derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto en los distintos instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
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promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, y a que garantice a los individuos, los grupos, las asociaciones, las organizaciones y los órganos de la sociedad las condiciones necesarias para realizar plenamente sus actividades en pro del reconocimiento, la promoción y la defensa de los derechos humanos;
2. Insta a cada Estado a que en el ámbito de su jurisdicción disponga lo necesario para velar por la seguridad de todas las personas a que se refiere la Declaración, a quienes se reprima, hostigue o amenace en cualquier parte del mundo;
3. Condena enérgicamente el asesinato de las siguientes personas, a manos de quien haya sido, y pide a los respectivos gobiernos que hagan averiguaciones a fondo para dar con los autores y llevarlos ante los tribunales:
Jaime Garzón, periodista y activista humanitario, el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, Colombia;
Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto González, integrantes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el 31 de enero de 1999 en las cercanías de San Luis, Colombia;
Ingrid Washinawakatok, Lahe'ena Gay y Terence Freitas, activistas en favor de los derechos humanos, aprehendidos por hombres armados del movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Colombia el 25 de febrero de 1999 y encontrados muertos el 4 de marzo, del otro lado de la frontera con Venezuela;
Saúl Filormo Canar Pauta, secretario y miembro ejecutivo del movimiento cooperativista Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, secuestrado el 26 de noviembre de 1998 en Quito y encontrado muerto el 3 de diciembre de 1998 en Latacunga, Ecuador;
Rolando Duarte y José Alfredo Chacón Ramírez, en 1998, miembros del sindicato de trabajadores municipales de Zacapa, Guatemala; [...]
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
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4. Exhorta a los gobiernos de que se trata a no dejar impunes los crímenes contra los defensores de los derechos humanos, a permitir y facilitar todas las averiguaciones pertinentes y a asegurar que tribunales civiles juzguen y sancionen a los autores y que se indemnice a las familias de las víctimas, hasta de personas muertas hace mucho tiempo, tal como ha recomendado el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; [...]
Resolución de la Subcomisión 1999/3 (E/CN.4/SUB.2/RES/1999/3) Versión no editada de la ONU., aprobada el 20 de agosto de 1999
CASOS DE LLAMAMIENTO
Cuba: Fundación Lawton de Derechos Humanos
El Dr. Óscar Elías Biscet González, presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos, fue detenido el 14 de agosto de 1999 en un parque de Pedro Betancourt, provincia de Matanzas, junto con otras cuatro personas —todas ellas en libertad desde el día siguiente—. Se habían reunido en el parque para dar una charla sobre resistencia civil. Después de la detención, Biscet le dijo a un agente de policía: «Dios de ama». Entonces, según los informes, varios policías lo golpearon en la cara y en el cuello y le quemaron el codo con un cigarrillo. Sólo pararon ante los gritos de protesta de otros detenidos.
Biscet fue conducido a continuación a una celda individual, donde lo obligaron a desnudarse y lo golpearon de nuevo. Después lo encerraron en una celda sin ventanas, y le patearon los tobillos. Más tarde lo transfirieron al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), en La Habana, donde, según denunció, lo sometieron a tortura psicológica al interrogarlo repetidamente y amenazarlo con la cárcel caso de que organizara cualquier otra actividad disidente. Recobró la libertad el 16 de agosto de 1999.
Recientemente, Óscar Biscet ha tenido un perfil destacado en diversas actividades críticas de las políticas gubernamentales, y lo han detenido en varias ocasiones durante los últimos 12 meses. En julio de 1999, participó en una huelga de hambre que organizó un grupo de disidentes de La Habana conocido como los Ayunantes de Tamarindo 34. La huelga de 40 días comenzó el 7 de junio para exigir la puesta en libertad de todos los presos políticos y el respeto por los derechos humanos en Cuba. Durante el ayuno, Óscar Biscet organizó también una conferencia sobre presos políticos. Anteriormente lo habían detenido por breves periodos en julio, septiembre, noviembre y diciembre de 1998 y febrero de 1999.
Acción recomendada:
Escriba a las autoridades y solicite:
< que se realice una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias de que el Dr. Óscar Elías Biscet fue sometido a malos tratos el 14 de agosto de 1999;
< que se suspenda en sus funciones a los responsables con carácter inmediato y comparezcan ante la justicia;
< que se recuerden a los agentes de policía las normas internacionales sobre el trato a los reclusos y se les haga siempre responder de sus acciones.
Llamamientos a:
Fiscal General
Dr Juan Escalona Reguera
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
San Rafael 3, La Habana, Cuba
Telegramas: Fiscal General, La Habana, Cuba
Télex: 511456 fisge
Fax: + 53 7 57 07 95
Encabezamiento: Señor Fiscal General
Ministro de Relaciones Exteriores
Sr. Felipe Pérez Roque
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Calzada No. 360, Vedado, La Habana, Cuba
Telegramas: Ministro Relaciones Exteriores, la Habana, Cuba
Télex: 511122 / 511464 / 512950
Fax: + 53 7 335261 / 33 3085
Encabezamiento: Señor Ministro
México: hostigamiento a defensores de los derechos humanos
El 19 de agosto de 1999, tres miembros de del Centro de Derechos Humanos ''Fray Bartolomé de las Casas'', organización de derechos humanos con sede en San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, fueron retenidos contra su voluntad por un grupo de partidarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el gobierno, cuando se dirigían en vehículo hacia la comunidad de Viejo Velasco, en Chiapas, para investigar la presunta detención arbitraria de tres personas. Según los informes recibidos, los partidarios del PRI amenazaron e insultaron a los defensores de los derechos humanos, y les dijeron que incendiarían su automóvil si no abandonaban el lugar en menos de media hora. Después de que los dejaran libres, los defensores preguntaron a los soldados de la barrera militar cercana por qué no habían intervenido. Los soldados respondieron: «[E]sta gente es muy violenta y ni a nosotros nos hacen caso».
El 9 de agosto de 1999, Digna Ochoa y Plácido, abogada de derechos humanos que trabaja con el Centro de Derechos Humanos ''Miguel Agustín Pro Juárez'' (PRODH), de Ciudad de México, fue introducida a la fuerza en el asiento posterior de un automóvil por dos hombres no identificados, que le propinaron un puñetazo en el estómago. Cuando más tarde la dejaron en libertad, le advirtieron que la matarían si llamaba la atención sobre su caso.
El 3 de septiembre de 1999, el PRODH recibió tres cartas que incluían las siguientes amenazas: «Reverendo padre aquí está su sentencia de muerte»; «El que sigue es otro, hijos de puta. Así se los cargará su madre a todos». Junto a la amenaza de muerte se incluía una tarjeta de presentación de Digna Ochoa, presuntamente robada durante su secuestro. El 8 de septiembre de 1999, llegaron a las oficinas del PRODH otras cuatro cartas que contenían amenazas de muerte. Los miembros de la organización también han recibido en sus domicilios llamadas telefónicas amenazantes. El 14 de septiembre aparecieron en las oficinas del PRODH dos sobres blancos que contenían amenazas de muerte contra miembros de la organización.
Acción recomendada:
a0 Envíen mensajes por telegrama, fax, correo urgente o aéreo, en español o en su propio idioma:
< mostrando su preocupación por los actos de hostigamiento dirigidos contra defensores de los derechos humanos del PRODH, en México capital, y del Centro de Derechos Humanos ''Fray Bartolomé de las Casas'', en Chiapas, en agosto y septiembre de 1999;
< urgiendo a las autoridades mexicanas a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de estos actos de hostigamiento, hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante la justicia;
< pidiendo a las autoridades mexicanas que hagan público su rechazo a todo acto de hostigamiento e intimidación contra defensores de los derechos humanos en México, y que reconozcan la legítima contribución de los defensores a la promoción de los derechos humanos y del imperio de la ley;
< urgiendo al gobierno mexicano a asegurar que los principios y el espíritu que recoge la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos —aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998—, se trasladan a políticas y acciones concretas encaminadas a proteger a los defensores de los derechos humanos y a permitirles el desempeño de sus actividades sin obstáculos.
Llamamientos a:
Presidente de la República
Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
México D.F, MÉXICO
Tfno: (+52 5) 515 9829 / 8256
Fax: (+52 5) 515 5729
Encabezamiento: Señor Presidente
Ministro del Interior
Sr. Diódoro Carrasco Altamirano
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso
Col. Juárez C.P.
06699 México D.F., MÉXICO
Tel: (+52 5) 535 6172 / 592 1141
Fax: (+52 5) 546 5350
Encabezamiento: Señor Secretario
Argentina: Amenazas contra la Asociación Madres de Plaza de Mayo
La Asociación Madres de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos de mujeres establecida para trabajar en favor de los hijos y familiares de éstas que «desaparecieron» durante los años de gobierno militar, en los que las fuerzas de seguridad secuestraron e hicieron «desaparecer» a miles de personas.
El 17 de septiembre de 1999, según los informes, se encontraron las siguientes pintadas en la sede y la librería de la organización: «Libertad a Massera», «Viva Massera» y «Viejas putas». El 23 de septiembre, recibieron por correo electrónico la siguiente amenaza: «[...] sus hijos eran unos locos judíos y terroristas de mierda que ni deberían haber tenido el orgullo de haber nacido en un país glorioso como es la patria nacional cristiana argentina». En el mensaje también se hacían responsables de las pintadas.
Al parecer, el 27 de septiembre Hebe Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, recibió una serie de llamadas telefónicas en las que alguien que decía representar al Comando Massera amenazó con volar la sede de la organización.
Se cree que este hostigamiento guarda relación con dos resoluciones judiciales emitidas por los tribunales argentinos en septiembre de 1999 contra Emilio Massera. Éste estaba al mando de la Marina durante el gobierno militar que detentó el poder de 1976 a 1983. El 1 de septiembre de 1999, la Corte Suprema de Argentina dictaminó que el ex almirante Massera debía pagar 120.000 dólares en concepto de indemnización a una víctima de violaciones de derechos humanos, por la «desaparición» de sus padres, su hermano, su hermana y su cuñada en julio de 1976. El 9 de septiembre de 1999, el máximo tribunal de Argentina, el Tribunal Federal, confirmó las actuaciones contra Emilio Massera por sustracción, retención y ocultación de menores, algunos de ellos nacidos en cautividad, muchos de los cuales fueron adoptados por miembros de las fuerzas de seguridad. Emilio Massera ha permanecido bajo arresto domiciliario desde noviembre de 1998.
Acción recomendada:
Envíen mensajes por telegrama, fax, correo urgente o aéreo, en español o en su propio idioma:
< expresando preocupación por las amenazas dirigidas contra los miembros de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y su presidenta, Hebe Bonafini;
< solicitando una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de las amenazas e intimidación, que se hagan públicos los resultados y se enjuicie a los responsables;
< urgiendo al gobierno argentino a asegurar que los principios y el espíritu que recoge la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos —aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998—, se trasladan a políticas y acciones concretas encaminadas a proteger a los defensores de los derechos humanos y a permitirles el desempeño de sus actividades sin obstáculos.
Llamamientos a:
Presidente
Exmo. Sr. Presidente de la República Argentina
Dr. Carlos Saúl Menem
Casa Rosada, Balcarce 50
Buenos Aires C.F., ARGENTINA
Telegramas: Presidente Menem, Buenos Aires, Argentina
Fax:+ 5411 4331 6376 / 4331 1849
Encabezamiento: Señor Presidente
Ministro del Interior
Sr Ministro del Interior
Dr Carlos Corach, Ministerio del Interior
25 de Mayo, 101, 1002 Buenos Aires C.F., ARGENTINA
Telegramas: Ministro Interior, Buenos Aires, Argentina
Fax:+ 5411 4331 1156
(si contesta una voz, diga ''me puede dar tono de fax, por favor'')
Encabezamiento: Señor Ministro
TABLÓN DE ANUNCIOS
Paraguay: Coordinación de ONG para defender los derechos humanos
El 22 de julio de este año se conformó formalmente la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). Integrada por 32 instituciones entre ONG, organizaciones civiles y sindicatos, persigue los siguientes objetivos:
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
- abConstituirse en un foro de intercambio de información y relacionamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
- abDefender y promover los derechos humanos fundamentales, establecidos en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
- abFortalecer la conciencia ciudadana en el cumplimiento y el reclamo de los derechos humanos.
- abEmprender acciones, campañas y producción de informes sobre la situación de los derechos humanos en el país.
- abApoyar a organizaciones y movimientos sociales en sus acciones por los derechos humanos y promover su vigencia en todos sus estamentos.
- abVelar por el cumplimiento e implementación por parte del Estado de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
Entre las principales actividades que se están llevando a cabo en este momento se encuentra el cabildeo por lograr que se nombre la defensoría del pueblo; la producción del Informe Anual de Derechos Humanos del Paraguay; el apoyo a la coordinadora de los derechos de la infancia y la adolescencia para lograr la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay; cabildeo para la ratificación de la Corte Penal Internacional por parte de Paraguay; y el apoyo a acciones de otras ONG y organizaciones civiles de la región.
La CODEHUPY participó en el cabildeo para lograr la presentación y el apoyo por parte del gobierno del Paraguay de la resolución sobre defensores de derechos humanos durante la última reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el pasado junio.
Se trata de la primera vez que las ONG paraguayas se unen para coordinar el trabajo de promoción de los derechos humanos. Las organizaciones que participan en la Coordinadora cubren diversos temas de derechos humanos, entre ellos el medioambiente, salud, objeción de conciencia, mujeres, derechos indígenas, tortura, menores y el derecho a la libertad de expresión.
Para más información diríjanse a: decidamos@sce.cnc.una.py o RíoParaguay 229 e/ José Berges y España telefax 222 828 / San Jose 568 c/Toledo telefax 201 481 Asunción, Paraguay
Colombia: El presidente ordena la cooperación con las organizaciones de derechos humanos
El 9 de septiembre de 1999, Día de los Derechos Humanos en Colombia, el presidente Andrés Prastana emitió la Directiva Presidencial 07 relativa al apoyo, la comunicación y la cooperación del Estado colombiano con las organizacions de derechos humanos, y que reitera la Directiva Presidencial 011 de junio de 1997, emitida por el ex presidente Ernesto Samper durante su mandato. La nueva Directiva ordena a todos los funcionarios que se abstengan de cuestionar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y de hacer acusaciones en falso que podrían comprometer la seguridad o la reputación de aquéllas. Requiere asimismo a todos los funcionarios que cooperen plenamente con las organizaciones de derechos humanos cuando se les solicite información o ayuda.
Aunque la declaración se ha recibido con satisfacción, preocupa a los grupos de derechos humanos el hecho de que, durante la administración de Samper, no llegó a exigirse el cumplimiento de la Directiva 011 y ésta, por consiguiente, no sirvió para evitar que el personal militar siguiera profiriendo regularmente acusaciones públicas sin fundamento con el objeto de minar la legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos humanos. De modo similar, la nueva Directiva 07 no menciona cómo se sancionará a aquéllos que la desobedezcan. Sin el compromiso de asegurar el cumplimiento rigoroso de la Directiva, los defensores de los derechos temen que haya pocas esperanzas de que su impacto sea relevante.
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Los grupos de derechos humanos insisten en que los funcionarios del Estado que desobedezcan la Directiva deberán encarar de inmediato una sanción pública con el fin de demostrar que los funcionarios no pueden levantar impunemente acusaciones en falso.
Perú: Retirada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El 7 de julio de 1999, el Congreso de Perú votó a favor de retirarse de la jusdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante los últimos meses, ésta ha determinado que se habían violado los derechos humanos de varias personas en Perú.
Según los grupos de derechos humanos, la retirada significa un gravísimo retroceso para la promoción y protección de los derechos humanos en Perú. Al negarse a reconocer como vinculante la jurisdicción de la Corte Interamericana, el gobierno peruano ha negado de hecho a las víctimas de abusos cualquier reparación ante un tribunal internacional.
Perú ha sido Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1978. En 1981, el país aceptó sin condiciones que la Corte Interamericana debería
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
conocer los temas relativos al cumplimiento de la Convención por parte de Perú, y se comprometió a atenerse al juicio de la Corte en cualquier caso en el que sea parte.
En Perú, recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de importancia vital. Miles de casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad entre 1980 y 1995 no pueden resolverse debido a que las investigaciones judiciales dentro del país están bloqueadas por dos Leyes de Amnistía que, en 1995, otorgaron inmunidad a los miembros de las
fuerzas de seguridad. Se ha negado un juicio con las debidas garantías a miles de presos acusados de cargos relacionados con el terrorismo, bajo procedimientos que violan de forma sistemática las normas internacionales sobre juicios con garantías.
La decisión de abandonar la jurisdicción de la Corte Interamericana es la última medida entre las que han adoptado los dos gobiernos del presidente Alberto Fujimori a lo largo de los últimos años, medidas que han servido para socavar el imperio de la ley y la protección de los derechos humanos.
Publico Amnistía Internacional, AMR 01/07/99
Ésta es una publicación elaborada por el Programa para Promover la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos en Latinoamérica, establecido por Amnistía Internacional en mayo de 1997 para dar seguimiento a la Conferencia sobre defensores (Bogotá, Colombia, mayo de 1996). Les rogamos difundan ampliamente este boletín.
Pueden solicitar más información e incorporarse al Programa o a la Red de Defensores, dirigiéndose a:
Programa sobre Defensores, Programa Regional para América
Secretariado Internacional, Amnistía Internacional
1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ
Reino Unido
(Tfno: +44 171 413 5952 / 5537; Correo electrónico: amnestyis@amnesty.org)
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