AMNISTIA INTERNACIONAL

DECLARACION PÚBLICA

Índice AI: AMR 13/002/2009

26 de noviembre de 2009

Argentina: nueva amenaza de desalojo de una comunidad indígena pone en peligro a 40 familias

Amnistía Internacional expresa su preocupación por la nueva amenaza de desalojo que enfrentan 40 familias de la comunidad indígena de Quilmes en Colalao del Valle, provincia de Tucumán, si prospera una orden judicial para que abandonen sus tierras ancestrales.

El 17 de septiembre, las familias ya fueron desalojadas de sus tierras por más de 60 efectivos policiales. La comunidad indígena denunció que durante el operativo policial para proceder al desalojo fueron destruidas sus casas. Las familias se instalaron temporalmente al costado de la carretera y regresaron a sus tierras tradicionales a la semana siguiente tras retirarse la presencia policial de la zona. Sin embargo, se ha emitido una nueva orden judicial en su contra, motivo por el cual la comunidad podría ser desalojada nuevamente.

Amnistía Internacional lamenta que intereses económicos para explotar los recursos naturales de las tierras se antepongan a los derechos de las comunidades indígenas para mantener sus tierras ancestrales. La organizaciónhace un llamamiento al Estado argentino en su conjunto para que no ignore el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra tal y como lo establece la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que Argentina es Estado parte.

Además, la Ley de Emergencia 26.160 aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2006 prohíbe desalojar a la población indígena de sus tierras por un periodo de cuatro años, mientras se revisa y se registra la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Este nuevo caso en Colalao del Valle demuestra que a pesar de la existencia de la ley, las órdenes de desalojos siguen expidiéndose. Debido a la falta de avances para cumplir con esta normativa y tras la presión ejercida por organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas, el mismo parlamento aprobó recientemente una prórroga de los plazos dispuestos por la ley hasta el 23 de noviembre de 2013.

La violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina no es un tema menor. El pasado 12de octubre, también en la provincia de Tucumán, el líder de la comunidad indígena de los Chuchagasca, Javier Chocobar, de 68 años, fue asesinado y otras tres personas resultaron heridas de bala. Tres hombres están siendo investigados por su relación con esta muerte, dos de los cuales se encuentran en prisión preventiva. Por otra parte, el Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI), ha manifestado su intención de ser parte acusadora en el proceso. .

Amnistía Internacional manifiesta que es crucial que de una vez por todas las autoridades argentinas se tomen en serio sus obligaciones para poner fin a la discriminación y a las persistentes violaciones de derechos humanos contra las comunidades indígenas y garantizar que puedan vivir en sus tierras ancestrales sin temor a sufrir ataques o intimidaciones. Ante la nueva amenaza de desalojo, las autoridades competentes deben responder con medidas que aseguren el pleno respeto de los derechos de la comunidad indígena de Quilmes.

FIN/