AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: AMR 13/012/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 180/03

29 de julio de 2003

Argentina: es la hora de la justicia

Amnistía Internacional se congratula por la decisión del presidente Néstor Kirchner de revocar el Decreto número 1581/01, que prohibía la extradición solicitada judicialmente por otros países de personas presuntamente implicadas en violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de gobierno militar (1976-1983).

«Este es un importante paso adelante hacia el logro de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias después de casi tres décadas de lucha –ha declarado Amnistía Internacional–. Este decreto había frustrado los esfuerzos internacionales realizados por varios países para extraditar y juzgar –basándose en el principio de la jurisdicción universal– a los responsables de crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, "desapariciones" y torturas, cometidos en Argentina.»

Amnistía Internacional sigue pidiendo la eliminación de todos los obstáculos, incluidas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que dificultan la investigación y el enjuiciamiento de todas las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo del gobierno militar, que incluyen miles de «desapariciones», y no sólo casos de secuestros de menores.

Las decisiones de los tribunales inferiores de Argentina, que declararon nulas e inconstitucionales ambas leyes, siguen en espera de una resolución de la Corte Suprema argentina.

Las recientes declaraciones realizadas por el presidente Néstor Kirchner y ampliamente difundidas han establecido la determinación del actual gobierno de abordar la cultura de la impunidad en Argentina y reparar la pesada carga de la herencia de violaciones de derechos humanos y ausencia de justicia que ha calado en la historia reciente del país.

«Amnistía Internacional reconoce esa determinación. La organización espera que el vacío judicial que ha permitido que los graves crímenes cometidos durante el gobierno militar continúen sin castigo sea sustituido por tribunales independientes e imparciales que ofrezcan procedimientos judicialmente rápidos», subrayó Amnistía Internacional.

La declaración de nulidad de pleno derecho de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida abrirá la vía para que se haga justicia para miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad, eliminando al mismo tiempo medidas incompatibles con las obligaciones contraídas por Argentina en virtud del derecho internacional.

«Próximo a cumplirse el vigésimo aniversario del final del régimen militar en Argentina, la verdad y la justicia siguen mostrándose esquivas. El presidente Kirchner ha declarado públicamente que "una sociedad sin justicia ni memoria no tiene un destino". Es hora de que el pueblo argentino recupere el control de su propio destino», finalizó Amnistía Internacional.

Información general

El Decreto 1581/01, promulgado por el ex presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, prohibía la extradición de presuntos autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares de 1973 y 1983.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas por el Congreso argentino en 1986 y 1987, respectivamente, ignorando las enérgicas objeciones de las víctimas y sus familias, obstruyen efectivamente la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los gobiernos militares de 1976 a 1983 y son incompatibles con las obligaciones internacionales de Argentina de investigar, llevar a juicio y castigar a los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante dicho periodo. Las decisiones judiciales que declaraban nulas e inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida siguen en espera de una decisión final de la Corte Suprema de Justicia argentina.

Aunque las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron revocadas en marzo de 1998, se ha venido interpretando que la revocación carece de efectos retroactivos, por lo que los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares siguen estando cubiertos por ellas.

Sin embargo, desde 2001 ha habido varias sentencias importantes de jueces argentinos que declaraban que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida eran inconstitucionales y nulas de pleno derecho.

El Comité de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, han declarado que las amnistías y otras medidas que permiten que los responsables de violaciones de derechos humanos no sean castigados son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado.

Documento público

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