Documento - Argentina: La verdad y la justicia, únicas vías para hacer frente al legado del pasado
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4 de julio de 2001 Documento público
Argentina: La verdad y la justicia, únicas vías para hacer frente al legado del pasado
La reciente decisión de la juez María Romilda Servini de Cubría de ordenar la detención preventiva del ex capitán de la Armada Alfredo Astiz como preparativo de su posible extradición a Italia constituye un satisfactorio progreso que debe impulsar a las autoridades argentinas a abordar los delitos cometidos durante el gobierno militar, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos ha manifestado: «El gobierno argentino debe ahora colaborar en la búsqueda de justicia respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (1976 - 1983) y debe remediar el hecho de que, hasta ahora, los gobiernos civiles de Argentina no han hecho frente de forma efectiva al legado del pasado».
Un tribunal italiano solicitó la detención de Alfredo Astiz, y se espera que pida su extradición por el presunto secuestro y «desaparición» de Angela Maria Aieta, Susana Pegoraro (que estaba encinta) y el padre de esta última, Giovanni Pegoraro. Las tres víctimas, de ascendencia italiana, «desaparecieron» en Argentina en 1976 y 1977, respectivamente.
Amnistía Internacional ha instado a los sucesivos gobiernos argentinos a colaborar con las autoridades judiciales extranjeras que han estado investigando casos individuales de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar. La organización también ha pedido al gobierno argentino que anule las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que durante más de 25 años han impedido que las víctimas y sus familiares accedan a la verdad y la justicia en Argentina.
En enero de 1998, el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz admitió públicamente su participación en las operaciones especiales organizadas por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, que incluían el secuestro y homicidio de personas consideradas «enemigos del gobierno militar». En aquella ocasión, Amnistía Internacional reiteró sus llamamientos a las autoridades argentinas para que investigaran exhaustivamente las declaraciones de Astiz, esclarecieran la suerte y el paradero de las víctimas y compensaran legalmente a las víctimas y sus familiares.
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