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11 DE JUNIO DE 1998

Argentina: La investigación sobre las «desapariciones», un paso adelante para pagar la deuda pendiente de la «guerra sucia»

La decisión judicial de intensificar las investigaciones sobre la suerte de los niños «desaparecidos», al ordenar la detención del que fue presidente de la primera junta militar argentina, es un paso en la dirección correcta para abordar la deuda pendiente de la «guerra sucia» que padeció el país, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Jorge Rafael Videla fue comandante del ejército y presidente de la junta militar de Argentina entre 1976 y 1981. Su detención el 9 de junio, por orden del juez federal Roberto Marquevich, en relación con las adopciones ilegales de cinco niños de los que se apropiaron las fuerzas de seguridad, cuyos padres «desaparecieron» entre 1976 y 1978, suscita nuevas esperanzas de esclarecer la suerte de miles de «desaparecidos» en Argentina.

Amnistía Internacional trabaja desde hace años en favor de los «desaparecidos» y ha pedido reiteradamente a los sucesivos gobiernos democráticos de Argentina que investiguen y hagan comparecer ante la justicia a los responsables de este delito.

El artículo 20.3 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la ONU, establece que: «La apropiación de niños de padres víctimas de desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de una madre víctima de una desaparición forzada, así como la falsificación o supresión de documentos que atestigüen su verdadera identidad, constituyen delitos de naturaleza sumamente grave que deberán ser castigados como tales».

«La impunidad que rodea los crímenes contra la humanidad cometidos durante los sucesivos gobiernos militares ha permitido que los autores no hayan sido castigados aún y que se haya hecho caso omiso del derecho de las víctimas y de sus familias a los principios de la justicia y la verdad», ha declarado Amnistía Internacional.

Información general

Durante el periodo de gobierno militar en Argentina (1976-1983), las fuerzas de seguridad secuestraron e hicieron «desaparecer» a miles de personas. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983 por el nuevo gobierno civil, enumeró 340 centros secretos de detención y registró 8.960 casos de «desaparición», advirtiendo que la cifra real podría ser superior. El informe de la CONADEP incluía también casos de mujeres embarazadas que dieron a luz en centros secretos de detención a quienes les arrebataron a sus hijos, que fueron entregados a matrimonios sin hijos relacionados con las fuerzas armadas o la policía para que los educaran como si fueran propios.

Con el tiempo han seguido apareciendo nuevas pruebas sobre la implicación sistemática de las fuerzas armadas en violaciones de derechos humanos durante el régimen militar. Las más recientes, en enero de 1998, fueron las declaraciones del ex capitán de fragata Alfredo Astiz, que confirmó otras revelaciones hechas por miembros de las fuerzas armadas en los últimos años sobre los delitos cometidos durante aquella época. Los delitos en cuestión incluyen el secuestro y la «desaparición» de unos doscientos niños a quienes sus familiares y la organización no gubernamental argentina Abuelas de la Plaza de Mayo siguen buscando.