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ÍNDICE AI: AMR 18/02/98/s

9 DE ABRIL DE 1998

Bolivia: Inacción gubernamental tras la muerte de manifestantes

En vista de lo ocurrido durante los últimos días en La Paz y El Chapare al utilizar las fuerzas de seguridad bolivianas medios letales en enfrentamientos con manifestantes, Amnistía Internacional pide a las autoridades de Bolivia que cumplan las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, investiguen lo ocurrido y revelen el paradero y la identidad de todas las personas detenidas, heridas o muertas.

Miembros de la policía, el ejército y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) han disparado contra manifestantes que apoyaban la huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana desde el 1 de abril hasta la fecha. De acuerdo con los informes, han muerto al menos 10 personas y son decenas las que han resultado heridas.

Amnistía Internacional ha recibido información según la cual a Enrique Candia, maestro, le han tenido que amputar una pierna a causa de una bala disparada por la policía en la Paz. En la región de El Chapare han muerto dos cultivadores de coca, Benito Mamani y Agapito Checa, el primero por herida de arma de fuego y el segundo a causa de una paliza que recibió a manos de miembros de UMOPAR. Asimismo, más de 50 personas, entre ellas mujeres y niños, han resultado heridas durante actividades de las fuerzas de seguridad en las localidades de Villa Tunari y Shinahota. En esta última, varios niños sufrieron los efectos de los botes de gas lacrimógeno lanzados a la escuela.

«UMOPAR tiene un inquietante historial en lo que al uso de métodos brutales se refiere, y ahora la inacción de la autoridades encubre la magnitud de las recientes atrocidades», ha declarado Amnistía Internacional. «La falta de información oficial confirmada ha generado un clima de angustia entre muchas personas que intentan saber algo sobre familiares suyos de los han vuelto a tener noticia».

La situación resulta también preocupante porque, según informes, miembros de UMOPAR han hostigado a representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que han viajado a El Chapare para recoger información.

Amnistía Internacional insta a las autoridades a que entreguen los cadáveres de las personas muertas a sus familias, que según los informes están en poder de UMOPAR, y a que inicien de inmediato una investigación completa sobre lo ocurrido. Asimismo, las autoridades tienen que ofrecer información sobre el paradero y la condición jurídica de varios sindicalistas que, según informes, se encuentran detenidos; deben garantizar su seguridad física o, si no se les acusa de ningún delito, dejarlos en libertad.

Amnistía Internacional considera imperativo explicar de manera clara e inequívoca en todos los niveles de UMOPAR y de las fuerzas de seguridad que las violaciones de derechos humanos no se tolerarán.