Público

Amnistía Internacional

BOLIVIA

Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional presentados al ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia

Mayo del 2001 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 18/006/2001/s

DISTR: SC/CO/GR (19/00)

El 28 de febrero del 2001 el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia, el doctor Luis Angel Vásquez Villamor, visitó el Secretariado Internacional (SI) de Amnistía Internacional y se reunió con personal del SI a petición suya.

Durante la reunión, Amnistía Internacional presentó un memorándum (Aide Memoire) al ministro de Justicia y Derechos Humanos (TG AMR 18/01/2001) que recoje los motivos de preocupación de la organización con respecto a la situación de los derechos humanos en Bolivia. Entre otros, se incluyen el alto número de denuncias de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de medidas de emergencia y en el de la erradicación de hoja de coca en El Chapare, informes de muertes que por sus características parecen haber sido causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, la falta de investigaciones prontas, independientes, imparciales y conclusivas respecto a esas denuncias, las condiciones carcelarias y las amenazas contra los defensores de derechos humanos.

Este documento incluye el texto completo del memorándum presentado al ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia en febrero del 2001 en el que se describen en líneas generales los motivos de preocupación de Amnistía Internacional con respecto a la situación de los derechos humanos en Bolivia.

PALABRAS CLAVE:IMPUNIDAD1 / TORTURA/MALOS TRATOS / LEGISLACIÓN /SI / AI Y LOS GOBIERNOS

Este informe resume el documento titulado Bolivia: Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional presentados al ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia (Índice AI: AMR 18/006/01/s) emitido por Amnistía Internacional en mayo del 2001. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Encontrarán una amplia selección de material de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y si desean recibir nuestros comunicados de prensa por correo electrónico visiten, http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm.Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro/.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Amnistía Internacional

BOLIVIA

Resumen de los motivos de preocupación

de Amnistía Internacional presentados

al ministro de Justicia y Derechos Humanos

de Bolivia

Mayo del 2001

Índice AI: AMR 18/006/2001/s

Distr: SC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

BOLIVIA:

Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional presentados al ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia

El 28 de febrero del 2001 el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia, el doctor Luis Angel Vásquez Villamor, visitó el Secretariado Internacional (SI) de Amnistía Internacional y se reunió con personal del SI a petición suya.(1)

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Durante la reunión, Amnistía Internacional presentó un memorándum (Aide Memoire) al ministro de Justicia y Derechos Humanos (TG AMR 18/01/2001) que recoje los motivos de preocupación de la organización con respecto a la situación de los derechos humanos en Bolivia. Entre otros, se incluyen el alto número de denuncias de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de medidas de emergencia y en el de la erradicación de hoja de coca en El Chapare, informes de muertes que por sus características parecen haber sido causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, la falta de investigaciones prontas, independientes, imparciales y conclusivas respecto a esas denuncias, las condiciones carcelarias y las amenazas contra los defensores de derechos humanos.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos hizo las siguientes observaciones con respecto a la situación en el país:

•es necesaria una mayor coordinación en el seno del gobierno boliviano, teniendo bien presente que los derechos humanos no están en conflicto con otros objetivos;

•recientemente se ha alcanzado un acuerdo con las fuerzas armadas y con la policía boliviana para incluir la educación en derechos humanos en sus programas de formación;

•el nuevo Codigo de Procedimiento Penal entró en vigor a finales de mayo y principios de junio del 2000 y será plenamente vinculante a partir de mayo del 2001;

•la situación de las personas que permanecen detenidas sin haber sido condenadas es grave y no quedará resuelta con el nuevo Codigo de Procedimiento Penal;

•si bien es necesario humanizar los centros penitenciarios, la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal mejorará las condiciones en las cárceles;

•a los reclusos les asisten unas garantías mínimas y es conveniente que las prisiones cuenten con programas de reinserción. El ministro también anunció la desaparición en un plazo de dos años de las «carceletas», que son lugares en los que se mantiene recluidos a los presos preventivos en «depósito judicial» durante meses en condiciones infrahumanas en algunos centros penitenciarios;

•el ministro afirmó que se encargaría personalmente de comprobar que no se hacía uso de la celda de castigo conocida como «el bote» en la carcel de alta seguridad de San Pedro de Chonchocoro, donde delegados de Amnistía Internacional encontraron a dos presos, dos días después de que se les dijera que no se utilizaba.

Este documento incluye el texto completo del memorándum presentado al ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia en febrero del 2001 en el que se describen en líneas generales los motivos de preocupación de Amnistía Internacional con respecto a la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Ref: TG AMR 18/01/2001

AMNISTÍA INTERNACIONAL

AIDE MEMOIRE

Para el

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

Febrero de 2001

PRESENTACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DR. LUIS ANGEL VÁSQUEZ, DE LAS PREOCUPACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL QUE REQUIEREN INMEDIATA ATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES BOLIVIANAS

Amnistía Internacional se permite presentar al Sr. Ministro las preocupaciones de la organización en materia de derechos humanos en la República de Bolivia, en tanto que las autoridades bolivianas son responsables de garantizar el respeto por los derechos humanos de acuerdo a la legislación nacional y a los tratados internacionales. Amnistía Internacional ha fomentado un diálogo fluido con las autoridades bolivianas y expresado sus preocupaciones en épocas recientes frente a miembros del gabinete del Sr. Presidente Hugo Banzer Suárez. La organización agradece la oportunidad ofrecida en esta ocasión por el Sr. Ministro de Justicia para continuar ese diálogo.

Amnistía Internacional ha mantenido en los últimos años una preocupación constante sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia, debido al alto número de denuncias de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de medidas de emergencia y en el de la erradicación de hoja de coca en El Chapare, informes de muertes que por sus características parecen haber sido causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, la falta de investigaciones prontas, independientes, imparciales y conclusivas respecto a esas denuncias, las condiciones carcelarias y las amenazas contra los defensores de derechos humanos.

Amnistía Internacional recibió con beneplácito la ratificación por el Estado boliviano en 1999 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantesde las Naciones Unidas. Bajo este tratado las autoridades bolivianas han reafirmado su compromiso de tomar efectivas medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para prevenir los actos de tortura en todo el territorio bajo su jurisdicción. No obstante, Amnistía Internacional permanece preocupada por la falta de investigación en la mayoría de las denuncias de tortura y malos tratos y por la lentitud con la que evolucionan las investigaciones que se ha informado se han iniciado. En muchos de estos casos, las investigaciones han demostrado poco progreso o han permanecido estancadas.

Amnistía Internacional basada en las denuncias recibidas sobre tortura, considera que la erradicación de la practica de la tortura y los malos tratos solo puede ser lograda por medio de una acción vigorosa y decidida por parte de las autoridades nacionales, departamentales y por parte del poder judicial. Amnistía Internacional considera de vital importancia que se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales sobre este tipo denuncias, que se hagan públicos los métodos de la investigación y sus conclusiones y que los responsables sean llevados ante la justicia. La aparente falta de acción por parte de las autoridades en situaciones semejantes produce la negativa impresión de que tales hechos son tolerados y e impulsa a que estos actos se repitan.

En este contexto y en base a denuncias recibidas en fechas recientes, nos permitimos presentarle las preocupaciones de la organización relacionadas con:

El uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo la muerte de cuatro personas por heridas de bala, entre ellas el menor Víctor Hugo Daza fallecido el día 8 de abril de 2000 en Cochabamba, durante las manifestaciones que tuvieron lugar en las poblaciones de Cochabamaba y Achacachi.

Las persistentes denuncias de tortura y malos tratos a detenidos comunes y durante operaciones de erradicación de la hoja de coca en El Chapare por parte de las fuerzas conjuntas, así como las denuncias de tortura y malos tratos a conscriptos.

Las denuncias de detenciones arbitrarias y maltrato incluyendo a menores, durante el estado de sitio decretado en Bolivia del 8 al 20 de abril del año 2000. Amnistía Internacional presentó en su momento a las autoridades bolivianas la preocupación relacionada con la detención ilegal y denuncias de tortura de cuatro menores, David Goitia Benito (16), Franz Guzmán (14), Noel Guzmán (12) y Wilfredo Apaza (14).

La situación carcelaria en todo el país, incluyendo las llamadas carceletas,tanto en la zona de El Chapare como en Santa Cruz, Cochabamba y otras ciudades bolivianas. En este contexto ha sido motivo de gran preocupación, la tortura de dos presos en la cárcel de alta seguridad de San Pedro de Chonchocoro en La Paz. Los dos presos, el brasileño Carlos Alberto Simoes Junior y el peruano Juan Carlos Caballero, presentaban claras señales de tortura y se encontraban detenidos en condiciones inhumanas y degradantes en el lugar de castigo conocido como ''El Bote'' en junio de 2000.

Las repetidas amenazas y hostigamientos sufridos por los defensores de los Derechos Humanos en Bolivia. La preocupación de Amnistía Internacional ha aumentado ante las amenazas de muerte en agosto pasado al Sr. Sacha Llorenti Soliz, secretario de asuntos jurídicos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

Todas estas preocupaciones han sido repetidamente presentadas a las autoridades bolivianas. La organización lamenta no haber recibido en la mayoría de los casos información sobre las investigaciones iniciadas al respecto. Sin embargo confiamos conocer por parte de su ministerio las medidas que se han tomado tanto en la investigación como en la sanción respectiva en los casos de tortura y malos tratos.

La organización espera con especial interés conocer las medidas que la administración del Presidente Banzer ha adoptado para iniciar una reforma en la situación carcelaria boliviana y conocer los detalles de la actual situación de los presos Carlos Alberto Simoes Junior y Juan Carlos Caballero, así como las investigaciones que se han realizado respecto al mal trato y tortura observados.

Amnistía Internacional ha tomado atenta nota de la información suministrada a la organización sobre el Nuevo Código de Procedimiento Penal y espera con interés conocer las iniciativas que su ministerio está tomando y apoyando para facilitar su implementación. En este contexto Amnistía Internacional ha recibido información sobre el caso de María Raquel Gutiérrez Aguilar, ciudadana mexicana detenida en abril de 1992, en relación con actividades del grupo armado Ejercito Guerrillero Tupac Katari (EGTK). Aunque María Raquel Gutiérrez Aguilar está en libertad provisional desde 1997 al amparo de la Ley de Fianza Juratoria, en los casi nueve años que han transcurrido desde que se inició su caso judicial, el proceso en su contra no ha concluido. De acuerdo a las disposiciones del Articulo 29 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, respecto a la prescripción de la acción penal, María Raquel Gutiérrez Aguilar solicitó en julio del 2000 la extinción de la acción penal en su contra, solicitud que no le ha sido concedida(2).

Amnistía Internacional agradece la información que aclare la forma en que el Nuevo Código de Procedimiento Penal afecta la situación procesal de los numerosos procesos que no han concluido y por mucho han rebasado el plazo admisible para la conclusión de un proceso.

Con relación a miembros de este y otro grupos armados que aparecieron en Bolivia en 1989, Amnistía Internacional ha documentado las denuncias de violaciones de derechos humanos, entre ellas tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas detenidas a raíz de las actividades de estos grupos (Ver: ''Bolivia: Casos de tortura y ejecución extrajudicial cometidos según denuncias, por las fuerzas de seguridad bolivianas'', Indice de AI AMR 18/03/93 de septiembre de 1993 y ''Bolivia: En espera de Justicia. Tortura, ejecuciones extrajudiciales y sumarios legales'', Indice de AI AMR 18/09/96 de septiembre de 1996.)

Aunque la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Bolivia, documentó las denuncias de violaciones de derechos humanos en su informe de julio de 1995 ''Denuncias de torturas a ciudadanos sindicados de alzamiento armado'', Amnistía Internacional no tiene conocimiento de investigaciones iniciadas sobre estos hechos.

En referencia a la situación de El Chapare, Amnistía Internacional ha continuado recibiendo denuncias recibidas sobre violaciones de derechos humanos registradas en esa zona durante los últimos meses del año pasado. La organización ha recibido también denuncias de que miembros de las fuerzas conjuntas allanaron innecesariamente domicilios y sustrajeron artículos de propiedad de los habitantes.

Según la información recibida, a raíz de los bloqueos de caminos entre Cochabamba, Chimoré y Santa Cruz realizados en septiembre pasado por productores de hoja de coca, las fuerzas conjuntas, compuestas por miembros del ejército y de la policía, aparentemente hicieron un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza al proceder a desbloquear las carreteras. Se ha indicado que los campesinos habrían recurrido a esta medida en reclamo, entre otras, del cumplimiento de los convenios firmados con el gobierno en octubre de 1997 y mayo de 1998 para la implementación de un programa de desarrollo alternativo al producto de la hoja de coca.

Entre los días 20 y 26 de septiembre 2000, organizaciones no gubernamentales e información de la prensa nacional e internacional registraron la muerte de seis personas en diferentes incidentes. Además de un número de heridos que sobrepasaría a los 80, entre ellos 29 militares. Se ha recibido así mismo información de denuncias de malos tratos y detenciones., incluyendo la de por lo menos tres menores de edad, en las localidades de Cesarzama, Villa Tunari y Puente Roto.

El 20 de septiembre 2000, el alcalde municipal de Chimoré, Epifanio Cruz, y otras seis personas fueron detenidas por varias horas en dependencias de UMOPAR (Unidad Móvil Para el Patrullaje Rural) donde no pudieron ser visitadas por miembros del Centro de Justicia y Derechos Humanos de Chimoré(3). Se informa que Epifanio Cruz presentaba múltiples contusiones y hematomas en la cabeza según el informe médico forense del Centro de Justicia y Derechos Humanos. En Villa Tunari, fue herido el secretario general de la Federación Especial de Campesinos del Trópico, Feliciano Mamani, quien, gracias a la intervención del Defensor del Pueblo, pudo ser trasladado a Santa Cruz para recibir atención médica en la Clínica Urkupiña.

Amnistía Internacional basa su labor en normas internacionales de derechos humanos proclamadas por la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas y de otros órganos intergubernamentales, normas que los Estados se comprometen a respetar. Nos dirigimos a los gobiernos debido a la obligación específica que estos han contraído de asegurar que los agentes del Estado actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos humanos fundamentales.

La organización considera que toda investigación relacionada con el accionar de las fuerzas de seguridad debe apegarse a las disposiciones del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y losPrincipios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas normas internacionales señalan límites estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente y que el uso de la fuerza letal solo deberá emplearse cuando sea inevitable para proteger vidas.

Amnistía Internacional pide al gobierno boliviano que asegure que todos los agentes de las fuerzas de seguridad reciben una capacitación apropiada en legislación nacional e internacional de derechos humanos y los medios para su protección, incluyendo los Códigos y Principios anteriormente citados.

En el contexto de la situación carcelaria, el cumplimiento y aplicación de lo estipulado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantesjunto con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, supondrían una mejora importante en la alarmante situación carcelaria del país.

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(1) El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia, el doctor Luis Angel Vásquez, se reunió con el director del Programa Regional para América, Javier Zúñiga, y con la investigadora de AI sobre Bolivia, Virginia Shoppee.

(2) Desde la presentación de esta preocupación al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el pedido de María Raquel Gutiérrez Aguilar para obtener la prescripción, fue otorgado en fallo del 29 de marzo 2001 por la Corte Superior de Distrito. Esta decisión será revisada por el Tribunal Constitucional.

(3) El Centro de Justicia y Derechos Humanos de Chimoré es una entidad dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.